El Presidente acusó al grupo de “extorsionador” debido a la “falta de pauta y sobres” y lo calificó como “el gran operador argentino”.
El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra el Grupo Clarín, a quien acusó de “extorsionar” al gobierno debido a la “falta de pauta oficial y sobres”, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el multimedios más poderoso del país.
“Clarín es el gran operador argentino”, disparó Milei, en una declaración que no deja lugar a dudas sobre su percepción del rol que el conglomerado mediático cumple en la escena política y económica nacional. Con estas palabras, el mandatario profundizó su embestida contra la corporación dirigida por Héctor Magnetto, señalándola como una fuerza que intenta condicionar al gobierno a través de operaciones mediáticas.
Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? Fin. https://t.co/ghKoAARxRY
La crítica de Milei se da en un contexto de tensión creciente, en el que el presidente ha optado por desafiar abiertamente a los grandes medios de comunicación que –según sostiene– formaban parte de una red de privilegios alimentada por el dinero público. “Se terminó el negocio de la pauta millonaria”, ha repetido en varias ocasiones, en línea con su discurso de ajuste del gasto estatal y transparencia.
Este nuevo round con Clarín marca un punto álgido en la relación entre la Casa Rosada y el emporio comunicacional, y refuerza la narrativa de Milei sobre la resistencia que enfrenta por parte de sectores del poder tradicional que ven amenazados sus intereses. Mientras tanto, desde el Grupo Clarín aún no hubo una respuesta oficial a las acusaciones del jefe de Estado.
Chats, documentos oficiales y vínculos con el Ministerio de Seguridad exponen una trama que va más allá de una simple infracción administrativa.
Una denuncia anónima destapó una de las tramas político-policiales más graves desde el regreso de la democracia. Lo que comenzó como una sospecha sobre una veintena de efectivos de la Policía Ecológica bonaerense terminó por confirmar la existencia de una red interna de apoyo partidario al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. Con documentos oficiales, chats de WhatsApp, uso de recursos públicos y contactos con el Ministerio de Seguridad, el caso ya está en manos de la justicia y podría derivar en detenciones.
La causa, que recayó en la fiscalía platense de Juan Cruz Condomí Alcorta, surgió tras detectarse que 24 agentes, entre ellos dos comisarios, integraban un grupo de WhatsApp denominado “Grupo Rocket”, desde donde organizaban tareas proselitistas en favor de Bondarenko, mientras cumplían funciones activas en dependencias policiales. Uno de los mensajes clave del grupo rezaba: “Estoy yendo para la Casa Rosada”, lo que confirma una conexión directa con el poder central.
Maximiliano Bondarenko fue concejal de Florencio Varela y actualmente se desempeña como referente de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral bonaerense. Abiertamente alineado con Patricia Bullrich y Javier Milei, fue uno de los impulsores de la candidatura libertaria en el conurbano sur. Su historial político muestra un derrotero de saltos partidarios: en 2015 ingresó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador, luego se acercó a Juntos por el Cambio y más recientemente fue adoptado como figura por el espacio libertario. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro del escándalo.
Maximiliano Bondarenko y Patricia Bullrich
Entre las pruebas que obran en la investigación figuran documentos oficiales emitidos desde computadoras de la Policía Ecológica con membrete de La Libertad Avanza, dirigidos al intendente de Florencio Varela para obtener información estratégica sobre cámaras de seguridad y móviles policiales. En los hechos, los efectivos actuaban como asesores de campaña de Bondarenko, en horario laboral y con recursos del Estado.
Según el periodista Nicolás Lantos, el objetivo de este grupo no era solamente electoral. Se encontraron mensajes que hacían alusión a un plan de purga dentro de la estructura policial, con la intención de desplazar cuadros jerárquicos y posicionar a referentes afines. El proyecto político era ambicioso: desde colaborar en la campaña hasta soñar con el control del Ministerio de Seguridad bonaerense si La Libertad Avanza lograba hacer pie en la provincia.
Uno de los policías involucrados, el comisario Manuel Ortiz Valenzuela, tiene antecedentes preocupantes. Ya en 2005 había sido desafectado de la fuerza por el entonces ministro León Arslanián por presuntas irregularidades vinculadas a hechos de corrupción. Sin embargo, reapareció en funciones gracias a una designación judicial y hoy figura entre los principales sospechados de liderar la red operativa pro-Bondarenko.
Consultado por el caso, el gobernador Axel Kicillof fue claro: “La verdad que la cuestión esta es delicada, tiene que ver con una investigación que está llevando asuntos internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial. Así que para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas, nada más que eso”.
Para el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, el caso va aún más allá: “Estaban organizando una purga policial. Esto ya lo vivimos en los 90, cuando policías retirados manejaban la fuerza y eso derivó en el crimen de José Luis Cabezas. Es peligroso y antidemocrático”.
Patrullero de la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires
Pese a la gravedad del asunto, el gobierno nacional se mantiene en silencio. Patricia Bullrich, lejos de repudiar la injerencia política en la fuerza, usó el escándalo como plataforma para relanzar la campaña de LLA en la provincia. “Kicillof odia a la policía”, dijo, victimizando al candidato investigado y transformando el episodio en una oportunidad de propaganda.
Mientras La Libertad Avanza denunciaba sin pruebas un supuesto fraude electoral, se descubrió que sus propios cuadros planificaban desde adentro del Estado una estrategia para condicionar al sistema democrático. La evidencia es contundente: lo que operaba en la comisaría no era solo un grupo de campaña, sino una red de poder con ambiciones institucionales.
El escándalo recién comienza. La pregunta ahora es hasta dónde llega el “Grupo Rocket” y cuántos más como él se están incubando bajo el paraguas libertario.
Con relatos ficticios casi idénticos sobre juicios laborales y sin pruebas concretas, cuentas afines al oficialismo viralizaron en redes sociales una narrativa destinada a instalar la necesidad de una reforma laboral.
El Gobierno de Javier Milei activó a pleno su maquinaria digital para militar la reforma laboral, desplegando trolls y comunicadores oficialistas que, en una campaña coordinada, inundaron las redes con relatos casi calcados de empleadores “perjudicados” por juicios laborales. Sin pruebas concretas y repitiendo estructuras narrativas sospechosamente similares, estas publicaciones buscaron instalar la idea de que la legislación vigente “ahoga” a las pymes y desalienta el empleo.
La estrategia, rápidamente detectada por usuarios, reveló la coordinación del aparato comunicacional libertario. Historias que en apariencia mostraban experiencias personales de pequeños empresarios se replicaron con mínimos cambios: alguien abre un local, contrata empleados “en blanco” y termina arruinado por una denuncia laboral —siempre con cifras similares y el mismo final trágico. El mensaje es uno solo: la solución es una “reforma laboral moderna”.
Dos de los casos más difundidos fueron los publicados por la cuenta fan del periodista oficialista Esteban Trebucq (@peladodelatv), el usuario @indignadoxd y el influencer Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_), quienes repitieron el libreto casi al pie de la letra. De hecho, el propio Casaretto admitió que no vivió el caso y que otros simplemente replicaron su historia. Al quedar en evidencia la maniobra, varias cuentas eliminaron sus posteos, aunque el contenido ya había sido ampliamente compartido por cuentas con fuerte presencia oficialista.
No se trata de un error aislado, sino de una táctica ya conocida: instalar una idea fuerza mediante relatos emocionales, virales y sin verificación. En este caso, el objetivo es claro: demonizar los derechos laborales y justificar su desguace bajo el lema de una “modernización necesaria”.
Pero lo que se presenta como espontáneo y genuino forma parte de una operación deliberada para manipular el debate público. La falta de evidencias, la repetición estructural y la aparición sincronizada de los mensajes revelan una estrategia propagandística clásica, basada en la apelación al miedo y la empatía falsa.
Desde el sindicalismo y los sectores del trabajo organizado ya alertaron sobre este frente digital. Denuncian que esta ofensiva busca legitimar una reforma regresiva que solo pretende debilitar la posición de los trabajadores, flexibilizar las condiciones de contratación y facilitar despidos con menores costos para las empresas.
Mientras el Gobierno agita fantasmas y fabrica historias, los sindicatos advierten que la verdadera historia es otra: detrás de cada relato armado hay un intento por barrer con décadas de derechos laborales conquistados. Y esta batalla, hoy, también se libra en el terreno de las redes sociales.
Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.
En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.
A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.
El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.
La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.
La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.
Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.
El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.
Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.
El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.
La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.
Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.
Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.
El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedó en el centro de una fuerte denuncia por presunto direccionamiento de fondos públicos a favor de su hijo. Según una investigación de El Disenso, replicada por el portal Diagonales, el municipio adjudicó durante 2024 al menos $261 millones a BigTree Studio SRL, una empresa donde trabaja Lucio Valenzuela, hijo del jefe comunal. La compañía también fue contratada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que le pagó US$252.000 por el desarrollo de un software, en una operación que compromete además al Gobierno nacional.
Valenzuela, que lleva casi diez años al frente del municipio y recientemente abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, se perfila como uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Casa Rosada, reforzada en los últimos meses, fue evidente en su participación en distintas reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, aunque evitó aparecer en la foto protocolar tras la firma del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad con Axel Kicillof.
De acuerdo con la denuncia, BigTree Studio ya había recibido contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero los vínculos con el Estado se profundizaron desde que Valenzuela alineó su figura con el oficialismo libertario. El escándalo puso en agenda posibles conflictos de interés, ya que los contratos acumulados por la empresa vinculada a su familia superarían los $500 millones, sumando fondos municipales y nacionales.
La revelación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición local y provincial, que pidió explicaciones públicas y una investigación formal sobre el manejo de los recursos públicos. En medio de su proyección política como referente bonaerense del oficialismo, el intendente enfrenta ahora acusaciones que podrían afectar su estrategia electoral y su imagen ante la ciudadanía.
“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, informaron desde la firma estatal de agua de Israel, Mekorot.
La empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, desmintió públicamente su posible desembarco en AySA y dejó en una situación incómoda al gobierno de Javier Milei, que en los últimos días había alentado versiones sobre una eventual privatización de la compañía argentina con participación israelí. Aclaración importante: en Israel, modelo defendido por Milei, es el Estado el que se ocupa de un servicio esencial como el agua.
“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, sostuvo Diego Berger, coordinador de proyectos especiales en el exterior de Mekorot, en declaraciones a Radio Jai. “No solo no estamos interesados, sino que directamente no podemos comprar AySA. Está totalmente prohibido para nosotros participar o comprar cualquier cosa en el exterior”, remarcó el funcionario.
El episodio dejó en evidencia el apuro del oficialismo en presentar avances concretos en su plan de privatizaciones, en este caso sin el debido respaldo de los actores involucrados. Mekorot es una compañía pública dependiente del Estado de Israel y considerada estratégica en términos de seguridad hídrica, por lo que sus operaciones están sujetas a fuertes restricciones normativas en el plano internacional.
Desesperado por los dólares, Milei quiere prácticamente regalar la empresa que gestiona el agua y las cloacas en CABA y Gran Buenos Aires. Podría lograr solo un ingreso de 500 millones de dólares pero la desesperación es total. En la década de 1990 AYSA fue privatizada con logros pésimos que obligaron a su reestatización unos años después.
Manuel Adorni puso en palabras lo que Javier Milei ya había dejado entrever con crudeza: la relación política entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel está completamente rota. En una nueva conferencia desde Casa Rosada, el portavoz presidencial ratificó que la titular del Senado no forma parte del proyecto del Ejecutivo, ni de su núcleo de gestión.
Lo hizo pocas horas después de que Milei calificara públicamente a su compañera de fórmula como “la bruta traidora” durante un acto partidario en Córdoba. “Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto”, afirmó Adorni con contundencia.
Y aunque intentó esquivar los términos duros utilizados por Milei, dejó claro que no se trata de una opinión nueva. “Ya lo hemos dicho una y mil veces”, remarcó. Según su explicación, Villarruel fue excluida del funcionamiento interno del Gobierno “hace muchísimo tiempo” y no participa ni en las decisiones ni en la hoja de ruta de la administración libertaria.
La tensión entre Milei y Villarruel se agravó en las últimas semanas, especialmente por el armado de listas en la interna del oficialismo. Pero Adorni minimizó cualquier impacto institucional de esta grieta. “Son cuestiones del día a día, de la política y de la dinámica del gobierno”, señaló, y aseguró que no ve razones para dramatizar la situación: “Creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones”.
Cuando fue consultado sobre la viabilidad de una gestión en medio de semejante distanciamiento,buscó mostrar fortaleza: “Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”. Además, insistió en que el Gobierno no se ve afectado por la interna con Villarruel, a quien prácticamente desconoce como integrante activa del Ejecutivo.
“Simplemente no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más para decir”, concluyó. La declaración pública de Milei –con insulto incluido– y la confirmación oficial de Adorni sobre el quiebre total con Villarruel evidencian que el vínculo quedó más deteriorado que nunca.
Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO apoyara el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó Cristian Ritondo.
En una decisión que ha generado indignación en Bahía Blanca, el bloque del PRO confirmó que apoyará el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia, a pesar de haber votado a favor de ella semanas atrás. La medida preveía 200 mil millones de pesos para reconstruir la ciudad tras las devastadoras inundaciones que la golpearon en marzo.
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, fue quien blanqueó el cambio de postura en una entrevista con la señal de streaming Neura, donde sostuvo:
“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata.”
Este giro abrupto se produce después de que el PRO sellara un acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que deja en evidencia que las prioridades del partido están más alineadas con los pactos de poder que con las necesidades urgentes de los vecinos de Bahía Blanca.
Votaron a favor y ahora se dan vuelta
En la madrugada del 5 de junio, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por Buenos Aires votaron a favor de los cambios que introdujo el Senado a la media sanción original, incluyendo la asignación específica de fondos para la emergencia. Sin embargo, tras el veto presidencial, el PRO decidió darle la espalda a esa misma ley.
Ritondo intentó justificar el cambio con argumentos ambiguos:
“Ya le dijimos [al Gobierno] cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo.”
Con esta postura, el PRO avala que el Poder Ejecutivo ignore una emergencia social concreta, aludiendo a cuestiones fiscales y de autonomía administrativa, en lugar de defender a las comunidades devastadas.
Una traición a los bahienses
La ley vetada fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso y contemplaba medidas concretas: suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, prórroga de impuestos, asistencia previsional, y reasignación de partidas presupuestarias para atender a Bahía Blanca y Coronel Rosales.
Sin embargo, el Gobierno de Milei la vetó con el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal, minimizando el impacto humano del desastre.
Con su apoyo al veto, el PRO deja clara su prioridad: no es la gente, es el ajuste en beneficio de unos pocos. Entre los diputados que hoy defienden la decisión presidencial figuran nombres como Martín Ardohain, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal y Martín Yeza, entre otros.
Esta traición política al pueblo de Bahía Blanca marca un antes y un después en la relación del PRO con su electorado. Porque cuando más se necesitaba solidaridad, eligieron la obediencia a Milei por encima del compromiso con los afectados.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.
La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.
El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.
La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.
A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.
La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.
El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.
Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.
El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.
