Mientras la justicia opera contra la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei sigue con su política de deuda y más deuda externa. Ahora busca colocar un REPO para quedarse con 2 mil millones de dólares. ¿Quién pagará la fiesta?
Ya quedó lejos la frase de Milei de campaña que toda deuda era una estafa porque involucraba a las futuras generaciones, que quedaban endeudadas por una decisión de la que no habían participado. Esa frase fue una mentira más del líder libertario. En un año y medio ya tomó más de 30 mil millones de dólares.
La lógica de endeudamiento genera dudas en el mercado lo que hace que el riesgo país siga alto, porque todo el mundo duda de la sustentabilidad de un esquema que no genera dólares genuinos a partir de exportaciones. Los mercados empiezan a creer que la fiesta actual en algún momento habrá que pagarla y no quieren estar para llevarse la peor parte.
A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la sede del PJ con un mensaje fuerte: denunció el rol de la Justicia como garante del poder económico, criticó el modelo de Milei y llamó a reorganizar al peronismo para enfrentar el ajuste.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista Nacional al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Ante una militancia atenta y movilizada, volvió a cuestionar con dureza a la Corte Suprema por su rol en el armado de causas judiciales y el sostenimiento de un modelo de impunidad para los poderosos. Criticó también el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al que definió como un “experimento anarco-capitalista” con consecuencias devastadoras para las mayorías populares. En un llamado a la reconstrucción del peronismo, convocó a recuperar el sentido colectivo del proyecto nacional y popular y advirtió sobre los desafíos que enfrentan quienes aspiran a representar una alternativa al actual modelo de exclusión.
“La casualidad no es una categoría política”: memoria, historia y proyecto
Desde la sede del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público para recordar a los fusilados del 9 de junio de 1956, a 69 años de los crímenes de José León Suárez. En un encendido discurso, vinculó aquel episodio con una historia de persecución que se repite cuando el peronismo accede al poder.
“Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista”, recordó, y planteó que la violencia contra el movimiento nacional no es nueva ni casual. “La casualidad no es una categoría política”, advirtió. En su repaso, unió el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, los fusilamientos del ‘56 y el intento de asesinato que sufrió en 2022. “Siempre está el mismo núcleo detrás: los que no toleran un modelo de inclusión ni de distribución del ingreso”.
Cristina sostuvo que las políticas de memoria no pueden reducirse a lo simbólico. “No es solo rendir homenaje a quienes lucharon: es entender por qué lucharon. Por qué los fusilaron. Y por qué, cuando hay un gobierno nacional y popular, lo combaten con tanta saña”.
Un nuevo partido militar: la justicia como brazo político del poder
Uno de los ejes más duros del discurso estuvo dirigido al Poder Judicial, al que definió como el nuevo partido del poder económico. “Ya no hace falta instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, pero judicial”, ironizó.
Cuestionó duramente a la Corte Suprema por mantener vigente el DNU 70/23 de Javier Milei. “Ese decreto es una verdadera reforma constitucional encubierta”, denunció. Y comparó: “¿Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático, que hubiera tocado intereses de la economía concentrada? No le daban más de 15 o 20 días”.
Para Cristina, el Poder Judicial no actúa como contralor de Milei, sino como garantía de su blindaje: “La Corte es la guardia pretoriana del poder económico”. También cuestionó el avance del Grupo Clarín sobre el mercado de las telecomunicaciones y el rol pasivo del Estado: “A los argentinos les va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Me gustaría verlo con el mismo tono con el que se dirige a los pibes del Garrahan o a los discapacitados, ahora que la Justicia le aprobó a Clarín la adquisición de Telefónica”.
Diagnóstico y futuro: autocrítica, organización y lucha
La expresidenta también habló del presente del peronismo, y planteó la necesidad de retomar el sentido colectivo de la política. “Este es un problema que no es nuevo en el peronismo. Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y alguien se asume como un proyecto personal”, reflexionó. “No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atravesó y atraviesa la organización popular”.
Cristina no dudó en calificar al actual gobierno como “un cachivache”, pero advirtió que detrás del caos hay un objetivo claro: destruir toda posibilidad de organización popular. “La historia demuestra que más allá de las persecuciones y proscripciones, finalmente el pueblo se termina organizando, casi en defensa propia”, afirmó.
Y cerró con una consigna que funciona también como advertencia: “Siempre el pueblo regresa. Tal vez con otros nombres, tal vez de distintas formas, pero siempre hay un modo de organización popular”.
La expresidenta encabezará este lunes un acto en el PJ nacional tras una reunión de urgencia en el Instituto Patria con sectores políticos, sociales y sindicales, en medio de rumores sobre una inminente confirmación judicial de su condena en la causa Vialidad.
En medio de una creciente tensión política y judicial, Cristina Fernández de Kirchner convocó a un encuentro de urgencia este lunes en el Instituto Patria , donde recibirá a diputados, senadores, dirigentes sindicales, sociales y militantes , para coordinar una respuesta colectiva ante la posibilidad de que la Corte Suprema confirme su condena en la causa Vialidad .
El acto está previsto para las 18 horas en la sede porteña del Partido Justicialista , y será una reaparición pública clave de CFK, quien viene denunciando una campaña de persecución judicial y política desde distintos sectores del poder. La cita se da luego de que trascendiera que el máximo tribunal podría ratificar la condena de seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y confirmada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024.
“Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia”, dijeron fuentes cercanas a la exmandataria. Y agregaron: “Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde el ’83 para adelante y empieza la democracia con proscripciones, como nos tocó vivir con Perón”.
De confirmarse el fallo, CFK quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos y sería automáticamente baja de las listas electorales , lo que la sacaría de la cancha política precisamente en un año electoral. La semana pasada, anunció su candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral , decisión que parece haber acelerado los tiempos judiciales.
Según versiones periodísticas, la Corte podría tomar una decisión el martes a las 10 de la mañana . El máximo tribunal tiene tres caminos posibles: rechazar el recurso de queja estrictamente formal y dejar firme la sentencia; aceptarlo y revisar el caso, tal vez incluso ampliando la condena; o pedir el expediente completo para avanzar en el análisis de los recursos.
Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que detrás de esta movida están Mauricio Macri, Javier Milei y los grandes grupos económicos , y aseguran que “lo que les da miedo es lo que puede llegar a significar una vuelta de Cristina al gobierno”. Además, criticaron duramente al Ejecutivo: “Dicen que no quieren que vaya presa, pero son unos falsos y unos hipócritas. Tienen miedo y por eso la buscan proscribir”.
En ese marco, figuras del peronismo como Leopoldo Moreau , Oscar Parilli y Martín Sabatella expresaron su rechazo al proceso judicial, calificándolo como una maniobra política disfrazada de jurídica. “Quieren tomar una decisión política disfrazada de jurídica, pero no engañan a nadie”, lanzó Moreau. Mientras que Sabatella señaló: “Ya no saben qué hacer porque donde esté y como sea, Cristina es y seguirá siendo la líder popular más importante del presente y el futuro”.
Aunque algunos sectores del PJ nacional y provincial han mostrado cierta distancia con CFK en los últimos meses, el anuncio de su candidatura y el avance judicial podrían funcionar como un factor de unidad. No está confirmada la presencia de gobernadores ni del jefe de Gobierno bonaerense, Axel Kicillof , con quien el clima sigue tenso.
La jornada del lunes tendrá dos partes definidas: primero, una reunión estratégica en el Instituto Patria , abierta incluso a “gente suelta”, según describieron, y luego el acto en el PJ nacional, donde CFK encabezará un homenaje a los fusilados de José León Suárez , hecho histórico ocurrido el 9 de junio de 1956 durante la resistencia peronista al golpe militar.
Este escenario marca un punto de inflexión en la política argentina. O se profundiza la fractura interna del peronismo y el ajuste oficialista, o se activa una respuesta unitaria del campo popular frente a lo que consideran una nueva forma de proscripción política bajo el paraguas judicial .
Si la Corte avanza con una decisión judicial arbitraria, se decretará una huelga general, se saldrá a las calles y se cortarán autopistas en todo el país.
Así lo aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, en declaraciones a Siempre es hoy, al referirse al escenario que podría abrirse ante un fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.
“Estamos organizándonos con otras agrupaciones, dentro del PJ y fuera de él. Si toman una decisión arbitraria contra Cristina, vamos a hacerlo sentir en la calle. No podemos permitir que un poder del Estado ponga en jaque la calidad democrática de la Nación, sólo por intereses políticos”, advirtió el dirigente sindical, que ratificó el compromiso del movimiento obrero con la defensa de los liderazgos populares y el Estado de Derecho.
Manrique planteó que lo que está en discusión excede a una figura individual: “Todos los laburantes y los compañeros tienen que entender que la democracia es un bien común que debemos cuidar entre todos. Esto no es un tema de Cristina y nada más. Porque hoy puede ser Cristina, pero si esto lo permitimos en silencio, dentro de tres meses le empiezan una causa a otro dirigente, y en 2027 estamos en la misma situación. Así le puede pasar a cualquier representante del campo nacional y popular”.
El diputado confirmó que varios sindicatos ya acordaron una línea de acción ante una eventual medida contra la expresidenta. “Estamos estudiando, en caso de que se cometa una injusticia de esa magnitud —como encarcelar a Cristina con una causa judicial armada— decretar una huelga, salir a las calles, cortar las autopistas. No vamos a mirar para otro lado”, afirmó.
“Muchos gremios ya definimos que si esto se lleva adelante, pararemos, nos movilizaremos y enfrentaremos las consecuencias que tengamos que enfrentar. Esta pelea no es sólo por una persona, es por la democracia argentina”, concluyó Manrique.
Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.
La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente comohomicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.
La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.
En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.
Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.
El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.
Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- y un incremento del bono extraordinario, que se elevaría a $110.000. Además del Plan de Pago de Deuda Previsional y ley 27.260, de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados para restablecer la moratoria jubilatoria.
Se sabe: el gobierno de Javier Milei no quiere nada para jubilados amparado en una motosierra que golpea con fuerza a los trabajadores pasivos. Mientras, se impulsan blanqueos masivos y se bajaron impuestos a los sectores más ricos. Hay prioridades libertarias.
Ahora será debatido en el Senado donde la oposición tendría los números para avanzar con la iniciativa que enoja al gobierno nacional que prometió un veto pero debe asegurarse los números en el Congreso para que el veto no se rechace.
En Misiones votó apenas el 50% del padrón en otra elección local marcada por el ausentisomo electoral. La gente se interesa cada vez menos por una política que no le da respuesta ni la interpela.
En ese contexto, La Libertad Avanza volvió a perder como pasó en otras elecciones en el interior aunque se consolidó como segunda fuerza. El ganador fue otra vez el peronismo, en su versión Frente Renovador. Así las cosas, el mandatario Hugo Passalacqua no tendrá comprometida la gobernabilidad.
Patricia Bullrich, avanza con un proyecto polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.
El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.
El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965)para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo elpatrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.
Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal puedarealizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.
Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.
El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI)con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.
Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.
En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritariosimilar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionalesque protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.
El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.
El intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el PJ en Corrientes, Martín Ascúa lanzó una advertencia al presidente Javier Milei y expresó su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner durante el acto que compartieron en esa ciudad.
En un encendido discurso, el candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Corrientes lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por lo que calificó como una “brutal política de ajuste” que está asfixiando a las provincias y golpeando a los sectores más vulnerables.
Con tono desafiante y visiblemente indignado, el referente justicialista no se guardó nada: “Si seguís atacando al pueblo correntino, te vamos a meter la motosierra en el culo”, lanzó ante una multitud que lo aplaudía. La frase, cargada de indignación, hace alusión directa al símbolo más representativo del discurso libertario de Milei, pero con un giro provocador y confrontativo.
El candidato también acusó al gobierno nacional de “abandonar a Corrientes a su suerte” y denunció la paralización de obras públicas, el recorte de subsidios y la falta de respuestas ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa la provincia.
“Corrientes no es tierra de cobardes ni de sumisos. Vamos a defender a nuestra gente con uñas y dientes, y no vamos a permitir que desde Buenos Aires nos sigan ajustando sin medir consecuencias”, aseguró.
Las declaraciones generaron revuelo en el ámbito político y fueron rápidamente replicadas en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones tanto de apoyo como de repudio.
Con un clima electoral cada vez más tenso, este cruce directo con la Casa Rosada marca un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores del interior, especialmente aquellos que denuncian haber sido relegados por el ajuste libertario.
Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.
Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.
“Dicen que estoy acabada, entonces: ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”, desafió la ex presidenta durante un acto en apoyo a Martín Ascúa, candidato a gobernador de Corrientes. Kirchner vinculó directamente su candidatura con el recrudecimiento de las presiones judiciales y mediáticas: “Anuncié mi candidatura y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa”.
La verdad es que estoy muy feliz de estar acá en Corrientes, tierra de coraje y tierra de valientes. Cuando el coraje y la valentía se hacen propósito estamos frente a la organización y la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear.
La expresidenta no evitó referirse a los rumores sobre una inminente decisión de la Corte Suprema que podría confirmar su condena y habilitar su detención. “Piden que me metan presa. Me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo”, advirtió, en alusión al intento de magnicidio que sufrió en 2022 y a la historia de violencia política que ha atravesado el peronismo.
Proscripciones de ayer y de hoy
En tono desafiante y visiblemente combativa, Cristina comparó su situación con la proscripción sufrida por Juan Domingo Perón: “En los sesenta Perón fue candidato a vicegobernador de Framini y no lo dejaron competir. Pero sirvió para darle visibilidad”. Así, envió un claro mensaje al establishment político y judicial: no piensa callarse ni hacerse a un lado.
Kirchner también hizo una crítica interna al peronismo al afirmar que “a diferencia de algunos dirigentes de nuestra fuerza, el poder económico no tropieza dos veces con la misma piedra”. Según su lectura, los sectores de poder buscan evitar que sea candidata para no repetir el impacto que tuvo su regreso en 2019 sobre el gobierno de Mauricio Macri.
La exmandataria apuntó duramente contra el presidente Javier Milei por los recortes en áreas sensibles: “Tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, ¿cómo se puede ser tan energúmeno, tan hijo de puta?”, lanzó, en referencia a la reducción de ayudas a personas con discapacidad.
Y también criticó a los gobernadores que acompañaron al actual gobierno libertario: “A los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurado algo, se los van a comer los piojos”. Cerró con una advertencia política: “El gobierno del libertario es como el yogur, tiene vencimiento. Sólo que no trae en la tapa la fecha”.
Cristina Kirchner vuelve al centro del escenario con un discurso que denuncia sin rodeos la persecución política, reivindica su rol histórico y deja en claro que no piensa retirarse en silencio.
