El Presidente argentino, anunció que destinará el monto a iniciativas diplomáticas y organizaciones afines al relato del régimen gobernado por Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional.

En un país donde los hospitales públicos como el Garrahan enfrentan serios recortes presupuestarios y se niega un mísero aumento a los jubilados, el presidente Javier Milei decidió destinar un millón de dólares —provenientes del Premio Génesis, otorgado por el Estado de Israel— a organizaciones que promueven su agenda geopolítica bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo.

El mandatario argentino, primer no judío en recibir dicho premio, anunció que el dinero será donado a iniciativas diplomáticas alineadas con los intereses de Israel, incluyendo un impulso regional para replicar los llamados Acuerdos de Abraham, que buscan el reconocimiento del Estado israelí por parte de más países latinoamericanos. El gesto, celebrado por sectores afines al gobierno israelí, llega en un momento en el que ese país es ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por los crímenes de guerra y el genocidio en curso en Gaza.

Breaking News: The ICC's Pre-Trial Chamber has just issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant.
As the int'l community braces for potential repercussions, we must work together to keep the flame of accountbility… https://t.co/Z8Qdutt0az

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024

Durante su discurso, Milei volvió a reiterar su alineamiento ideológico con Israel, citando a Borges y afirmando que “toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, en clara sintonía con la narrativa oficial israelí.

En un contexto nacional marcado por el ajuste feroz, la inflación galopante, el abandono de los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales, la decisión de Milei de donar este dinero a un país seriamente cuestionado por la comunidad internacional, refuerza una vez más las prioridades de su gobierno: afianzar alianzas internacionales ideológicas, aunque sea a costa del sufrimiento de su propio pueblo y la sangre de miles de inocentes en la Franja de Gaza.

José Luis Espert fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina luego de referirse a Florencia Kirchner como una “hija de una gran puta”.

Un escándalo sacudió la Universidad Católica Argentina (UCA) durante el simposio de comunicación política “#CongresoBA”, cuando el diputado libertario y candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, protagonizó un episodio lamentable que terminó con su expulsión del evento en medio de un abucheo generalizado.

En un tono eufórico y provocador, Espert se refirió a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una frase absolutamente violenta y ofensiva: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, lanzó sin reparos desde el escenario, buscando una complicidad que no encontró.

Lejos de generar risas o aprobación, como aparentemente esperaba, el comentario encendió la indignación del auditorio. Jóvenes asistentes comenzaron a insultarlo y a tildarlo de “gorila”, mientras el clima se tornaba cada vez más tenso y su presencia en el lugar se hacia insostenible. El abucheo fue masivo e inmediato, y obligó a Espert a abandonar el recinto escoltado por personal de seguridad.

El bochornoso episodio, además de exponer el nivel de violencia verbal al que algunos dirigentes están dispuestos a llegar, generó un rechazo transversal por el tono misógino y deshumanizante del insulto, impropio de cualquier espacio democrático y aún más grave viniendo de un funcionario electo.

Espert intentó luego minimizar lo ocurrido, asegurando que no fue expulsado sino que “cerró el panel”. Sin embargo, tras su intervención continuaron en el programa los dirigentes Maxi Abad (UCR) y Sergio Uñac (PJ), desmintiendo sus dichos.

El incidente no solo empañó el desarrollo del evento, sino que reavivó la discusión sobre los límites del discurso político y la necesidad urgente de erradicar la violencia verbal y el odio en el espacio público.

En un hecho que generó profunda indignación y bronca, se conoció que la ministra Bullrich intervino directamente en la entrega de 160 viviendas del plan Procrear ubicadas en Avellaneda, pese a que estas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias y vecinos de la zona.

En un hecho que desató un fuerte repudio social y político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un nuevo escándalo al encabezar la entrega de 160 viviendas del plan Procrear a las fuerzas federales, pese a que esas propiedades ya habían sido sorteadas y adjudicadas legalmente a familias trabajadoras del partido bonaerense de Avellaneda.

La entrega, realizada en el complejo habitacional conocido como edificio Sagol, se llevó adelante con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un acto oficial que expuso una decisión altamente cuestionada tanto desde el punto de vista ético como legal.

Los departamentos, ubicados a pocas cuadras del centro de Avellaneda, forman parte de un desarrollo urbanístico iniciado en 2021 como parte del plan Procrear II, que fue desmantelado oficialmente este lunes mediante la Resolución 764/2025, firmada por Caputo. A través de esta maniobra administrativa, el Gobierno nacional logró disolver el fideicomiso que sustentaba el programa y disponer de las viviendas ya adjudicadas como si se tratara de un bien ocioso.

Horas antes del acto, los edificios amanecieron con pintadas anónimas que expresaban el rechazo popular: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura” fueron algunas de las frases que reflejan el malestar vecinal. Las familias adjudicatarias, muchas de las cuales habían sido notificadas formalmente y esperaban desde hace meses la entrega de las llaves, fueron desplazadas sin ninguna explicación oficial.

Según fuentes del municipio de Avellaneda, la decisión fue unilateral y arbitraria, sin consulta ni coordinación con autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. “Esto es un atropello. Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo”, agregó.

El acto fue justificado por el Gobierno como parte de una “respuesta estructural” a las necesidades habitacionales del personal de las fuerzas federales. En un comunicado, la Policía Federal Argentina aseguró que las propiedades serán ahora administradas directamente por las fuerzas, con el objetivo de “garantizar su cuidado y mantenimiento”.

Sin embargo, desde diversos sectores advierten que se está utilizando el aparato del Estado para militarizar una política pública pensada para familias trabajadoras, despojando a ciudadanos comunes del fruto de años de espera y esfuerzo.

Desmantelamiento del Procrear

El escándalo se inscribe en una política sistemática de desmantelamiento de los programas de vivienda implementada por el Gobierno desde fines de 2023. A través de distintos decretos y resoluciones —entre ellos el Decreto 1018/2024 (eliminación del Procrear original), el Decreto 6/2025 (supresión del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social), y el Decreto 312/2025 (disolución del Fondo de Integración Socio Urbana)— se fueron desarticulando los pilares del sistema de acceso habitacional subsidiado.

El impacto del Procrear en números

Lanzado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Procrear fue una de las políticas más importantes en materia de acceso a la vivienda. A través de créditos accesibles y desarrollos urbanísticos, el programa permitió que decenas de miles de familias accedieran a su primer hogar.

Solo entre 2021 y 2023, bajo el programa Procrear II, se liquidaron más de 65 mil créditos para construcción, y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando también empleo en el sector de la construcción.

Los perfiles de beneficiarios revelan una clara orientación social:

• El 85% eran menores de 45 años
• El 52% tenía hijos a cargo
• El 57% de los hogares estaba encabezado por mujeres
• Y el 85% contaba con trabajo formal en relación de dependencia

Hoy, muchas de esas familias ven frustrado su sueño por una decisión política que prioriza a las fuerzas de seguridad por sobre el derecho social a la vivienda, en un acto que ya ha sido comparado con los métodos autoritarios de los años más oscuros de la historia argentina.

Reacciones y posibles medidas judiciales

Desde el municipio, se evalúa iniciar acciones judiciales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios originales. Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya manifestaron su rechazo y convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.

Mientras tanto, Patricia Bullrich suma otro episodio a su extensa lista de controversias. Esta vez, con consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias que ven cómo el Estado les da la espalda y vulnera derechos adquiridos en nombre de una supuesta “reorganización” que encubre el desmantelamiento de las políticas sociales.

La desocupación en la Ciudad trepó al 7,8% en el primer trimestre del 2025 frente al 7,5% del mismo período del año pasado, según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA). Aunque, en la variación intertrimestral el desempleo subió 1,1 puntos porcentuales, desde 6,7%. Es un crecimiento del 10% en tres meses.

Al desagregar por género, la tasa femenina se alza hasta el 8,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) de mujeres, frente a la masculina de 7,1%.

Mientras que, la tasa de desocupación en la Zona Sur marcó el 10,9% y se colocó por encima del total de la Ciudad (7,8%). Se trata de indicadores muy malos para la ciudad más rica del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, contó a través de su cuenta de X que se comunicó con Cristina Kirchner, la ex jefa de Estado que fue proscripta por el poder judicial luego de su decisión de ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Es la principal dirigente de la oposición.

El mandatario brasileño brindó algunos detalles de la conversación en su perfil de la red social. “Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando”, indicó el brasileño.

También destacó el consejo que le ofreció en el intercambio que ambos líderes mantuvieron. “Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, escribió. La frase cobra importancia con el contexto: Lula Da Silva también fue condenado y encarcelado en su país en una causa armada por un sector del poder judicial que no le dejó ser candidato. Gracias a esa intervención judicial se impuso Jair Bolsonaro. Total normalidad. Con el tiempo, se develó que la causa era totalmente irregular y la Corte decidió su liberación. El trabajo ya había sido hecho: Bolsonaro fue presidente.

El diputado nacional del Frente de Todos cargó contra el cerco judicial, mediático y político que busca eliminar a Cristina Kirchner del escenario político. Reivindicó las gestiones de Néstor y Cristina, y denunció el poder acumulado del Grupo Clarín.

En una entrevista con el programa Minuto Uno, Máximo Kirchner volvió a poner en palabras el clima de persecución que atraviesa el movimiento nacional y popular. Con un diagnóstico duro sobre el presente político y económico, apuntó contra el gobierno de Javier Milei, el poder judicial y los medios concentrados. “El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular”, aseguró.

“Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar. Cuando el proceso se inició la casta política como dice el presidente no podía caminar por la calle”, recordó Máximo, contrastando la legitimidad de origen y de salida del kirchnerismo con el descrédito que atraviesa la dirigencia actual.

Más adelante, alertó sobre el efecto disciplinador que busca generar el sistema de poder sobre el peronismo: “Cuando uno ve qué hacen con la figura de Cristina ¿quién va a animarse? Es la imagen de Cristina de ‘la cabeza en la pica’”. En ese sentido, advirtió que “para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios”, en alusión a los magistrados del Poder Judicial alineados con los intereses del oficialismo.

“El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular”, sostuvo el diputado, marcando que el revanchismo no es sólo contra una figura, sino contra un proyecto de país.

Finalmente, cuestionó el poder económico y mediático que se fortaleció mientras la población se empobrecía: “En los últimos 10 años a la gente le fue muy mal y al Grupo Clarín le fue muy bien. Se quedó con todo, ahora sumó Telefónica y reconstruyó EnTel”.

“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, denunció el gobernador, que lo vinculó con la decisión de Estados Unidos de prohibirle el ingreso.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una grave acusación contra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), al señalar que la entidad empresarial norteamericana presionó para que la Justicia dictara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio El Destape, vinculando esta supuesta presión con la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a la ex mandataria. “Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión. Obviamente tiene una magnitud internacional”, advirtió.

Kicillof no dudó en calificar el fallo de la Corte como un “desastre”, y subrayó que la causa judicial estuvo “absolutamente toqueteada y preparada para condenarla sin pruebas y por fuera del derecho”. Para el mandatario provincial, la sentencia no sólo carece de sustento jurídico, sino que tiene un claro carácter político y geopolítico: “El fallo tiene vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica”.

En ese sentido, denunció que la condena busca disciplinar a la dirigencia política y silenciar voces opositoras. “La condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable. No se encontraron subejecuciones ni desvíos de fondos. Ni siquiera hay un hecho comprobable, una afirmación concreta”, aseguró.

“Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo. Si no les gusta lo que hace determinado funcionario, aunque haya sido dos veces presidenta, te cae una condena sin pruebas”, cuestionó el gobernador, y señaló que la ofensiva judicial y política se inscribe en un contexto más amplio: “Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte”.

Kicillof concluyó con un mensaje desafiante: “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar ni va a tomar amenazas, por más tremendas que sean”.

La manifestación de los miércoles podría convertirse en un nuevo epicentro del descontento popular, con una convocatoria ampliada tras el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta.

La movilización habitual de los jubilados frente al Congreso de la Nación, que se realiza cada miércoles, podría adquirir este 11 de junio un carácter excepcional. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Kirchner, organizaciones sociales, sindicales y políticas anticipan una jornada de protesta masiva, en defensa no solo de los derechos previsionales y el hospital Garrahan, sino también de la expresidenta.

La convocatoria, que comenzó como un reclamo encabezado por jubilados autoconvocados, se amplió en las últimas semanas ante la crisis económica, el recorte de medicamentos del PAMI, la eliminación de la moratoria previsional, el veto presidencial a la suba de haberes y el conflicto salarial con médicos residentes del hospital pediátrico Garrahan. En ese contexto, la decisión judicial conocida este martes operó como catalizador y podría convertir la marcha de este miércoles en un nuevo punto de inflexión político.

Por su parte, la Cámara de Diputados envió este martes al Senado los proyectos aprobados sobre el aumento a los jubilados y el bono que perciben los adultos que cobran el haber mínimo, la extensión de la moratoria por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad, con el fin de actualizar las prestaciones. Los proyectos son rechazados por el Gobierno nacional, que sostiene que tienen un impacto de 12 mil millones dólares y que, por ese motivo, vetará las propuestas.

Presencia multisectorial y clima de tensión

Se espera la participación de gremios, organismos de derechos humanos, docentes universitarios, colectivos de discapacidad, movimientos feministas y agrupaciones como el Movimiento Evita, la UTEP y la CTA. También podrían sumarse dirigentes políticos del oficialismo y sectores del peronismo que ya manifestaron su rechazo al fallo judicial. La consigna predominante será el rechazo al ajuste económico, la defensa de la democracia y la denuncia de lo que consideran una proscripción política.

Desde las organizaciones convocantes se prevé concentrar desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, con columnas sobre avenida Rivadavia, Callao y Entre Ríos. La jornada se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad y con vallados reforzados, como ya ocurrió en movilizaciones anteriores. La tensión podría escalar si se repite la represión de semanas pasadas. El protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad derivó en detenciones, uso de gas pimienta y heridos entre los manifestantes.

Contexto político: del fallo a la calle

El fallo de la Corte Suprema, que rechazó los recursos presentados por la defensa de CFK y dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, alteró el clima político en todo el país. Las expresiones de apoyo a la exmandataria se multiplicaron durante el martes, con marchas en el AMBA, actos en Rosario, protestas en Chaco y vigilias frente a su domicilio en Constitución.

En ese marco, la marcha de los jubilados aparece como el primer espacio de protesta con proyección nacional tras el fallo. Referentes como Axel Kicillof, Carlos Heller, Oscar Parrilli y Sergio Palazzo ya habían anticipado la necesidad de una reacción colectiva. Desde sectores kirchneristas señalan que “el pueblo va a salir a la calle”.

Un símbolo del malestar social

Más allá del impacto político del fallo, la marcha del miércoles también pone en evidencia el delicado contexto social que atraviesa el país. Los jubilados denuncian el deterioro del poder adquisitivo, la caída de los haberes mínimos, el aumento en medicamentos y alimentos, y el vaciamiento progresivo del sistema previsional.

La decisión de Javier Milei de vetar la ley que garantizaba un aumento de emergencia para jubilaciones —aprobada por amplia mayoría en el Congreso— fue duramente criticada. Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una forma de evitar “el populismo fiscal”, pero desde la oposición lo consideran un acto de insensibilidad social.

Entre las consignas anticipadas, se destaca la exigencia de “una justicia al servicio de la democracia y no de los poderes corporativos”. También se espera una declaración conjunta por parte de la multisectorial, que incluiría una crítica a la Corte Suprema, al gobierno nacional y una defensa explícita de Kirchner como símbolo de resistencia política. Desde organismos de derechos humanos advirtieron sobre la necesidad de garantizar el derecho a la protesta.

Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, que simpatiza con las políticas de Javier Milei, realizada entre el 21 y el 29 de mayo de 2025, indica que Cristina Fernández de Kirchner es vista por el 35% de los consultados como la principal líder de la oposición al gobierno de Javier Milei. Le siguen Axel Kicillof con un 14% y Mauricio Macri con apenas un 3%. Un 27% considera que actualmente no hay una figura opositora clara.

La encuesta se conoce al mismo tiempo que la Corte Suprema de justicia decidió que CFK no pueda ser candidata en provincia de Buenos Aires, al confirmar una causa irregular en su contra por la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Otro dato clave del relevamiento es que el 50% de los votantes se inclina por un modelo de Estado más grande que ofrezca servicios públicos, en contraposición al modelo de Estado mínimo que impulsa el presidente Milei. Sobre ese Estado más grande es que quieren avanzar las elites argentinas y para eso era necesario sacar de la cancha a la principal dirigente opositora. La Corte les dio el gusto.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó “su profunda preocupación ante las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de la Nación que deja firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad”.

La entidad lamentó que el dictamen “se haya emitido bajo fuertes presiones políticas y mediáticas, a una semana de conocerse la postulación a legisladora de la Provincia de Buenos Aires por parte de la principal figura de la oposición y presidenta del Partido Justicialista”. El poder judicial decidió eliminar a la principal candidata de la oposición.

“No puede ignorarse que el proceso contra la dos veces presidenta estuvo plagado de fuertes y fundadas sospechas de lawfare, agravadas ante los nulos avances en la investigación sobre el atentado que ella misma sufrió en 2022. Al mismo tiempo, quedaron sin efecto causas que afectan a representantes de los sectores políticos y económicos que hoy festejan el fallo junto con el actual Presidente”, insistieron los empresarios.