“Yo puedo hacerte un buen artículo, hablar con los medios… con Rolando Graña, por ejemplo”, dijo el ministro de Justicia, en un video que lo muestra negociando con Tim Ballard en Nueva York.

Un video grabado con cámara oculta expuso al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo su red de contactos políticos, judiciales y mediáticos a Tim Ballard, ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y fundador de una organización internacional cuestionada por sus métodos. La reunión tuvo lugar en Nueva York, y las imágenes lo muestran dispuesto a intervenir para “cambiar la imagen” del activista en la Argentina.

En la grabación, Cúneo Libarona asegura poder organizarle reuniones con jueces, influir en medios de comunicación y hasta modificar un proyecto de ley antes de que llegue al Congreso. “Yo puedo hablar con diputados, con jueces de diferentes fueros, ver el proyecto antes, ayudarte a armar algo lindo”, se lo escucha decir, sin disimulo.

Las reacciones no tardaron en llegar: desde distintos espacios políticos reclamaron su renuncia inmediata y denunciaron tráfico de influencias. El escándalo pone en jaque el relato oficialista contra la “casta”, dejando al descubierto prácticas que contradicen el discurso de transparencia institucional.

Por ahora, el gobierno guarda silencio. Mientras tanto, crece la presión pública ante un episodio que pone al Ministerio de Justicia en el centro de una crisis de credibilidad, y que expone hasta qué punto el poder se pone al servicio de intereses privados en la gestión de Milei.

Agosto arranca con aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

El inicio de agosto trae consigo una serie de aumentos en diversos rubros que afectarán la economía familiar y contribuirán a la inflación en las próximas semanas.

A días de conocerse los datos del IPC de julio, que se espera reflejen nuevamente un aumento significativo, los nuevos ajustes en tarifas y precios ya comienzan a sentirse, impactando en los gastos diarios de las familias argentinas.

Transporte público: Los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentarán a $506,29, mientras que en las líneas provinciales del conurbano alcanzarán los $509,19. Por su parte, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para las líneas nacionales permanecerán en $451. En el subte, el pasaje con tarjeta SUBE llegará a $1.032, incrementando notablemente el costo para los usuarios.

Servicios públicos: Las facturas de electricidad, gas y agua también verán sus precios elevarse. Las tarifas eléctricas en el AMBA aumentarán en promedio un 2%, mientras que el gas tendrá un incremento entre 2,6% y 2,8%. El agua, en tanto, subirá un 1%, impactando en los gastos mensuales de las familias.

Prepagas: Los planes de salud en las prepagas subirán entre 1,3% y 1,95%, en línea con la inflación, lo que representará un gasto adicional para las familias que dependen de estos servicios.

Alquileres: Quienes tienen contratos regidos por la ley anterior afrontarán una actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 121,6% para agosto, duplicando los costos en comparación con años anteriores.

Combustibles: Durante julio, YPF aplicó dos aumentos acumulados del 6% en nafta y gasoil, tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono. Para agosto, se espera que vuelvan a subir, completando la suba correspondiente al primer trimestre de 2024, en un contexto de aumentos constantes que presionan los bolsillos de los consumidores.

Estos nuevos aumentos en tarifas y precios son una muestra clara de cómo la inflación y las decisiones económicas continuarán afectando el poder adquisitivo en el mes de agosto y, probablemente, en meses próximos.

Dos organizaciones de derechos humanos israelíes denunciaron públicamente a su propio gobierno por estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Se trata de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) que expusieron en una conferencia de prensa un informe en el que señalan que la ofensiva militar en el enclave palestino cumple con los elementos que configuran ese crimen según la Convención de Ginebra.

“Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre en este momento”, sostuvo la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar el trabajo. El hecho sucede mientras el gobierno de Javier Milei respalda el genocidio que Israel lleva adelante sobre la población civil de Gaza.

El pronunciamiento coincide con la implementación de las primeras pausas humanitarias anunciadas por el Ejército israelí, que permiten el ingreso diario de ayuda durante diez horas. Sin embargo, desde el terreno aseguran que las medidas no alcanzan para contener el colapso humanitario.

Las ONG alertaron que los esfuerzos de asistencia son limitados y, según testigos, solo una parte de la ayuda lanzada por aire llegó efectivamente a destino. Para Médicos Sin Fronteras, esta estrategia es “ineficaz y peligrosa”, al obligar a la población a moverse por zonas militarizadas para conseguir comida.

El informe presentado por PHRI describe un colapso absoluto del sistema de salud, mientras que B’Tselem acompaña con una recopilación de declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según el documento, evidencian la intención deliberada de destruir a la sociedad palestina. La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, expresó que “nada te prepara para darte cuenta de que sos parte de una sociedad que comete genocidio”. Y lamentó: “Este es un momento profundamente doloroso para nosotros”.

Aunque Israel negó sistemáticamente que esté provocando una hambruna, organizaciones internacionales y gobiernos aliados empiezan a expresar reservas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una aparición pública que “esos niños se ven muy hambrientos”. Sin embargo, atribuyó la responsabilidad a Hamas. También el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación como “una absoluta catástrofe humanitaria”.

La crítica de las ONG israelíes también advierte que el silencio y la falta de acción frente a la tragedia en Gaza son parte del problema. “Hay una combinación aterradora de circunstancias”, explicó Novak, que van desde políticas de asfixia económica hasta bombardeos sobre infraestructura civil. El documento concluye que el Estado de Israel lleva adelante una política destinada a “destruir intencionadamente la sociedad palestina”.

El gobierno israelí rechazó las acusaciones. Su portavoz, David Mencer, sostuvo que no tienen “ningún sentido” si se toma en cuenta que se han enviado “1,9 millones de toneladas de ayuda”. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu reafirmó que la ofensiva continuará “hasta eliminar a Hamas y traer de regreso a nuestros rehenes”, insistiendo en que ambos objetivos son inseparables.

Si bien organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían acusado a Israel de cometer actos genocidas, las acusaciones provenientes desde el seno de Israel adquieren mayor peso. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto un proceso contra el Estado israelí, iniciado por Sudáfrica, mientras la cifra de víctimas y el colapso humanitario siguen en ascenso.

Con tasas que llegaron hasta el 65,3% anual, el Ministerio de Economía —a cargo de Luis Caputo— adjudicó alrededor de $9 billones en letras y bonos en la última licitación de julio. El objetivo era cubrir vencimientos por más de $11 billones, por lo que la colocación logró refinanciar el 76% de los compromisos. El interés del mercado fue moderado: las ofertas superaron apenas en $400.000 millones el monto finalmente tomado por el Tesoro.

Lejos quedó la propuesta de Javier Milei de cerrar el Banco Central. No solo no se cierra sino que emite pesos más que nunca. Además, toma deuda en pesos y en dólares como nunca antes. ¿Bomba explosiva?

La operación sirvió para cerrar un mes marcado por la tensión financiera, tras la decisión oficial de discontinuar las LEFI, un instrumento clave que había funcionado como válvula de liquidez diaria para los bancos.

Pero el frente financiero continúa abierto y se vuelve más exigente: entre agosto y octubre, el Tesoro enfrenta vencimientos por unos $70 billones. Ese volumen plantea un doble desafío para el Gobierno: sostener el financiamiento en pesos sin convalidar tasas cada vez más altas y, al mismo tiempo, evitar una nueva escalada de tensiones cambiarias e inflacionarias. En un contexto donde el mercado ya descuenta un escenario de devaluación tras las elecciones de octubre, cada licitación se vuelve una prueba de fuego.

En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.

Carlos Raimundi acusó al futuro embajador norteamericano Peter Lamelas de querer hacer negocios con los recursos naturales. “Vienen por el agua para el fracking y las cripto”, alerta, porque su verdadero objetivo es quedarse con ese recurso clave de la Argentina.

El exembajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó una fuerte advertencia sobre la llegada de Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en Argentina. Según Raimundi, Lamelas no llega con fines diplomáticos sino con intereses económicos concretos: apropiarse de los recursos naturales clave del país, en especial el agua.

“Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios. Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, la inteligencia artificial y las criptomonedas”, denunció Raimundi en declaraciones a Splendid AM 990.

El excanciller criticó duramente el discurso de Lamelas ante el Senado de EE.UU., donde el designado embajador aseguró que planea “viajar por las provincias, apoyar a Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia”.

Para Raimundi, esas declaraciones son “coloniales e inaceptables”:

“Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso a intervenir en nuestra soberanía”.

Un plan para balcanizar al Estado nacional

Raimundi también alertó sobre el riesgo de una “balcanización” del país, al promover relaciones directas entre Estados Unidos y las provincias, salteando al gobierno federal:

“Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación. Es un intento de desmembrar al Estado”.

El agua en la mira: la privatización de AySA y la llegada de empresas extranjeras

La advertencia cobra especial gravedad en el marco del posible avance en la privatización de AySA, la empresa estatal que administra el agua potable en el AMBA. Raimundi vinculó esta maniobra con los intereses de Lamelas y apuntó directamente a Mekorot, la empresa estatal israelí que controla el suministro de agua en los territorios ocupados de Palestina:

“Imaginen si eso pasa acá. Mekorot hoy le corta el agua al pueblo palestino. No es una fantasía, es un riesgo real para la soberanía argentina”.

El exembajador subrayó que hay herramientas legales para frenar este intento de privatización:

“Existe un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza la mayoría estatal en AySA. Además, podría requerirse mayoría especial en el Congreso”.

Raimundi también responsabilizó al Congreso por su pasividad ante estos avances:

“Muchos legisladores aceptan estas cosas por miedo o conveniencia. Es consecuencia de una derrota cultural. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que reconstruir sentido y explicarle a cada argentino lo que está en juego”.

Finalmente, exigió una respuesta institucional clara y contundente ante las declaraciones del futuro embajador:

“Es inadmisible que un representante extranjero nos diga con quién comerciar o qué hacer con nuestra vicepresidenta. El Parlamento debe pronunciarse en bloque. Si no reaccionamos, la entrega será total”.

Y concluyó con un mensaje de esperanza:

“Esto va a cambiar cuando cambie el clima político. La gente va a volver a ver con claridad el desquicio que están haciendo con la Argentina. No tengo dudas de que va a reaccionar”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está ultimando los detalles de su visita a nuestro pais para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, seria hacia fines de agosto, según publicaron hoy distintos medios de Israel.

En un contexto de creciente indignación global frente a lo que múltiples organismos internacionales, gobiernos y organizaciones humanitarias —incluidas algunas israelíes— ya califican abiertamente como un genocidio en la Franja de Gaza, el presidente argentino Javier Milei se alista para recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia fines de agosto.

La visita, según confirmaron medios israelíes como Times of Israel y la emisora pública Kan, estaría en proceso de organización avanzada y se presenta como una “devolución de gentilezas” tras el reciente viaje de Milei a Israel, donde ratificó su alineamiento incondicional con el gobierno israelí y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El aliado de Milei con orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Sin embargo, Netanyahu no llega como un líder cualquiera. Sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la actual ofensiva en Gaza, en la que, según informes recientes, más de 58 mil personas han muerto y más de 139 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

A esta tragedia se suma el colapso total del sistema de salud, la destrucción de infraestructura civil y la imposición de un bloqueo alimentario que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Marco Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), ha colocado a Gaza en “el peor escenario de hambruna en este siglo”, comparable con los desastres humanitarios de Etiopía o Biafra.

Incluso dentro de Israel, organizaciones como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusan abiertamente a Netanyahu de liderar “acciones sistemáticas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina” y califican la ofensiva como un acto de genocidio.

Pese a todo esto, y mientras 27 países —incluidos Francia, Italia y el Reino Unido— junto con Brasil y Sudáfrica exigen un alto al fuego y acusan formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno argentino ha optado por profundizar su alianza política con un mandatario señalado por la justicia internacional.

La visita de Netanyahu, de concretarse, lo convertiría en el primer jefe de Estado con orden de arresto por crímenes de guerra recibido oficialmente por la Casa Rosada en tiempos democráticos recientes.

En una región y un mundo cada vez más conmovidos por las imágenes de niños esqueléticos, periodistas muriendo de hambre y poblaciones enteras atrapadas bajo fuego, la recepción a Netanyahu por parte de Milei no sólo representa un alineamiento político: también implica una toma de posición frente a las normas del derecho internacional humanitario y los valores universales de los derechos humanos.

Mariano Cúneo Libarona presentó la declaración jurada del período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Los datos evidencian un incremento en su fortuna del 47,7%. 

El ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, declaró un aumento patrimonial explosivo del 47,7% en apenas un año, alcanzando una fortuna oficial de $18.089 millones según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Esto representa un incremento de casi $6 mil millones respecto a los $12.242 millones que había declarado en 2023.

El crecimiento es tan significativo como llamativo: $5.846 millones en doce meses, una cifra que no encuentra respaldo en sus ingresos laborales o rentas, que apenas alcanzaron los $975 millones. La evolución de su patrimonio se explica, en cambio, por la revaluación de inmuebles, la compra de nuevas propiedades en Buenos Aires, y un fuerte incremento de depósitos bancarios en el exterior, especialmente en Suiza y Estados Unidos.

Menos activos en el país, más dinero afuera

Mientras su riqueza global se disparó, sus activos en Argentina cayeron casi un 50%, marcando una clara tendencia a trasladar su capital fuera del país. También se redujeron notablemente sus tenencias en fondos comunes de inversión y fideicomisos. En contraste, sus depósitos en el extranjero crecieron en más de $1.000 millones, con una presencia destacada en bancos de Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos y Uruguay.

Dos nuevas propiedades y 28 inmuebles en Argentina

Cúneo Libarona declaró en total 28 inmuebles en Argentina y sumó dos nuevas propiedades en 2024: un departamento de 60 m² por $72 millones y otro de 187 m² por más de $309 millones, ambos en Capital Federal. El valor de su cartera inmobiliaria subió de manera notable, pasando de $600 millones a más de $2.587 millones, gracias a una revalorización de bienes que cuadruplicó su valor.

Su vivienda personal también experimentó una fuerte revaluación: de $74 millones en 2023 pasó a casi $297 millones en 2024.

En el extranjero, el ministro es dueño de un departamento de 70 m² en Miami Beach, valuado en $336 millones, y posee el 25% de una casa de veraneo en Punta del Este, valuada en más de $20 millones.

Bancos en el exterior

El titular de la cartera de Justicia informó tener $14.123 millones en depósitos bancarios en el exterior, un salto respecto a los $13.124 millones del año anterior. En Suiza, su principal plaza financiera, declaró $6.746 millones. También posee una cuenta en Puerto Rico con $2.422 millones, depósitos en EE.UU. por $4.688 millones (más de $1.200 millones adicionales respecto a 2023) y una sorprendente alza en su cuenta uruguaya, que pasó de apenas $3,8 millones a $265 millones, un incremento del 6.800%.

Otros bienes y deudas

En paralelo, el ministro declaró más de $151 millones en bonos y títulos, una reducción en sus fondos comunes (de $63 millones a solo $3 millones) y una baja drástica en créditos declarados. También desapareció de su patrimonio el fideicomiso Lacroze, uno de sus activos más relevantes en 2023.

Llamativamente, los bienes del hogar también se multiplicaron, pasando de $51 millones a casi $167 millones. Sus deudas, por otro lado, crecieron a $4,7 millones, una cifra marginal si se la compara con su patrimonio total.

El Nobel de Economía advirtió que Argentina enfrenta una nueva crisis por la deuda con el FMI, criticó el rol de Luis Caputo en los gobiernos de Macri y Milei, y afirmó que el país “no es viable” con el nivel actual de endeudamiento.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz alertó que la Argentina “está a las puertas de otra crisis” económica, producto de un esquema de endeudamiento externo que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y se profundizó con el actual gobierno de Javier Milei. El economista apuntó directamente contra el ministro Luis Caputo, responsable de ambas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. “El país no es viable”, sentenció.

Durante una conferencia brindada en el Festival Gabo en Colombia, Stiglitz propuso un modelo de “capitalismo progresista”, en el que el Estado recupere mecanismos de control frente al poder financiero. En ese marco, trazó un paralelismo entre Macri y Milei, al advertir que ambos recurrieron al FMI con resultados que auguran una nueva crisis.

Recordó que el gobierno de Macri tomó un préstamo por 44 mil millones de dólares para abrir la economía, pero denunció que “los más ricos de Argentina sacaron el dinero sin que se comprobara en qué lo usaron”. Ese ciclo de fuga y endeudamiento, dijo, “cambió el país”: “Macri llegó con problemas económicos, pero sin una crisis de deuda. Cuando se fue, dejó una. Fue un pésimo manejo de los mercados abiertos que los llevó a la crisis actual”.

Stiglitz remarcó que ese “mal manejo” estuvo a cargo de Luis Caputo, quien fue secretario y luego ministro de Finanzas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, como ministro de Economía de Milei, repite el esquema: “Lo que acaba de ocurrir bajo la administración Milei engrandece el problema. No pudieron pagar los 44 mil millones, y el FMI les ha prestado otros 20 mil millones que tampoco van a poder pagar”.

Para el Nobel, la aparente baja de la inflación no debería interpretarse como un logro sólido. “La inflación se ha reducido porque lograron mantener estable la tasa de cambio. Eso ayudó a contenerla. Pero el país no es viable con más de 56 mil millones de dólares en deuda. No van a poder pagar esto”, advirtió.

“Lo que acaba de ocurrir bajo la administración Milei engrandece el problema. No pudieron pagar los 44 mil millones, y el FMI les ha prestado otros 20 mil millones que tampoco van a poder pagar”, Joseph Stiglitz.

Las declaraciones de Stiglitz llegaron pocas horas después de que Caputo celebrara la aprobación de la última revisión del acuerdo con el FMI, a pesar de no haber cumplido con la meta de acumulación de reservas. Desde el programa oficialista Carajo, el funcionario calificó la renegociación como “un excelente acuerdo para el país” y confió en que “va a ayudar significativamente a que la Argentina recupere el acceso a los mercados”.

Sobre el incumplimiento del objetivo de reservas, Caputo se excusó: “El problema es que, si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, esas reservas se van en pagos de deuda. Eso es lo que ha pasado en estos 18 meses”.

Frente a la expectativa del Gobierno de volver a los mercados internacionales con tasas cercanas al 9%, Stiglitz fue tajante: “Aunque ahora las cifras se vean bien en términos de inflación, si analizamos dónde está Argentina, está en puertas de otra crisis. En unos años veremos las consecuencias”.

El sindicato de trabajadores de la aerolínea low cost confirmó una huelga nacional por falta de avances salariales. Se verán afectados vuelos de cabotaje e internacionales.

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció un paro total de actividades para el viernes 1º de agosto, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida alcanzará tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en un momento clave del recambio turístico por el cierre de las vacaciones de invierno.

Según el gremio, la decisión se tomó tras “meses sin avances concretos en las negociaciones” con la empresa. “La paciencia llegó a un límite”, aseguró Diego Bitschin, secretario general del sindicato y piloto de la compañía. El dirigente sostuvo que, pese a haber suspendido acciones gremiales durante un mes, JetSmart no presentó “una propuesta concreta que garantice un salario digno”.

En un comunicado, la ASTJ también expresó su rechazo al arribo de tripulaciones extranjeras para operar vuelos locales. “Siguen llegando tripulaciones de Chile y Perú con mejores condiciones laborales y salariales que las nuestras”, señalaron.

Desde JetSmart respondieron que mantienen la disposición al diálogo y afirmaron haber presentado propuestas “que buscan un punto de equilibrio”, aunque aún no fueron aceptadas por el gremio. “Nuestra intención es garantizar la sostenibilidad operativa en Argentina y en toda la región”, informó la empresa.

La medida de fuerza podría generar complicaciones operativas en los principales aeropuertos del país justo en el momento del regreso turístico y en plena temporada alta.