La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.

El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.

Una vez más la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos.

En lugar de dar explicaciones sobre el escándalo que salpica a Karina Milei por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos, como si se tratara de una burda remake de la Guerra Fría.

Bullrich justificó así los pedidos de allanamientos contra periodistas y medios críticos, asegurando que lo que en realidad está en juego es “una operación impresionante de inteligencia” para grabar reuniones en Casa Rosada. Lo que la ministra presentó como “inédito e increíble” no es que haya un funcionario hablando de coimas, sino que los audios se hayan difundido.

Lejos de reconocer la gravedad del contenido de esas grabaciones, Bullrich prefirió hablar de conspiraciones extranjeras. Con tono dramático, advirtió sobre “exagentes rusos” y el “chavismo”, mezclando en un mismo párrafo el avión venezolano, el Tren de Aragua y hasta el secuestro de un gendarme. Todo servía para sostener el relato de que detrás de los audios no hay corrupción, sino un plan internacional para desestabilizar al Gobierno.

Como si no bastara, también apuntó contra periodistas y canales de televisión, a los que acusó de “operar electoralmente” más que informar.

El patrón es claro: frente a un escándalo que compromete a la hermana del presidente, Bullrich responde con teorías conspirativas cada vez más inverosímiles. Hoy son espías rusos y chavistas; mañana, quién sabe. Lo único evidente es que el Gobierno prefiere hablar de fantasmas antes que explicar lo que pasó en su propia casa.

Tras la filtración de audios que comprometen a la hermana del presidente, el gobierno de Milei consiguió una cautelar que prohíbe su difusión.

El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en su cruzada contra la libertad de expresión: consiguió que la Justicia ordene frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia, presentada por la Casa Rosada, recayó en el Juzgado Federal 12. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, intentando así justificar la censura judicial.

El juez Alejandro Patricio Maraniello dispuso el “cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno”, medida que fue celebrada por el oficialismo como un supuesto resguardo de la “privacidad institucional”. En los hechos, sin embargo, se trata de un claro avance contra el derecho de la sociedad a informarse y contra la labor periodística.

Entre los apuntados por el Gobierno se encuentran periodistas y comunicadores como Mauro Federico y Jorge Rial, además de medios digitales. La Justicia incluso ordenó allanamientos en domicilios particulares y en espacios de prensa, lo que fue denunciado por especialistas como un grave antecedente de persecución y amedrentamiento.

El Ejecutivo insiste en que se trató de “una operación para desestabilizar al país en plena campaña electoral”, pero evita dar explicaciones sobre el contenido de las grabaciones que salpican a la hermana del Presidente. Con este argumento, intenta instalar que las denuncias de corrupción son parte de una conspiración, cuando en realidad se trata de hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

Lejos de garantizar transparencia, el oficialismo apuesta al silencio y la intimidación: prefiere apelar a la censura antes que enfrentar la verdad. La medida cautelar, apoyada por la Casa Rosada, marca un retroceso democrático alarmante, ya que restringe el debate público y criminaliza a periodistas y medios que solo cumplen con su tarea de informar.

En un contexto de creciente escándalo político, el Gobierno opta por blindar a Karina Milei y por usar a la Justicia como herramienta de encubrimiento. El mensaje es claro: proteger a la casta gobernante, aunque sea a costa de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información.

El Presidente viaja este jueves a Los Ángeles y Las Vegas para reunirse con empresarios mientras crece la tensión por los conflictos sociales y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei, involucrada en la polémica, se bajó de la comitiva.

En medio de un clima de conflictos sociales, reclamos salariales y protestas en todo el país, el presidente Javier Milei viajará este jueves 4 de septiembre a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas.

La decisión generó críticas tanto en la oposición como dentro de su propio espacio, ya que el mandatario se ausentará en plena campaña bonaerense y no participará del cierre previsto por La Libertad Avanza este miércoles en Moreno.

El itinerario oficial, confirmado por Casa Rosada, incluye encuentros con un grupo reducido de inversores y potenciales socios estratégicos. Si bien aún no se conoce la comitiva definitiva, se espera que lo acompañen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

La gran ausente será Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave de su entorno, quien decidió bajarse del viaje tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a funcionarios cercanos a su área.

El viaje también levantó polémica por la coincidencia con la presentación de su expareja, Fátima Florez, en el Hotel Casino Sahara de Las Vegas, donde la humorista actuará el viernes y sábado en el marco del Mes de la Hispanidad. Aunque Milei negó cualquier reconciliación, su entorno teme que la exposición mediática pueda opacar los objetivos políticos del viaje.

El Presidente regresará recién el sábado 6 de septiembre, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que su fuerza política se juega un resultado clave.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS, la defensa de los empresarios Kovalivker recurrió a un insólito planteo que revela el desconcierto frente a las pruebas que los comprometen.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por pago de sobornos que se abrió tras los audios filtrados con conversaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Denunciaron una “caza de brujas” y sostuvieron que las grabaciones están adulteradas y fueron obtenidas de manera ilegal.

En un escrito presentado ante la Justicia, el abogado de la familia, Martín Magram, pidió que se dicte la nulidad “de carácter absoluto por violación al derecho a defensa en un proceso”, al señalar que la causa provocó un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.

El defensor representa a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —uno de ellos encontrado con 260 mil dólares en su poder al intentar fugarse— y a su padre, Eduardo Kovalivker. El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, que instruye el expediente.

El pedido de nulidad se conoció el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la empresa, en Belgrano. Según la investigación, la firma habría sido parte de un esquema de retornos vinculados con compras millonarias de medicamentos para la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, sostuvo el abogado en el escrito.

Magram agregó que el proceso se lleva adelante con “oscurantismo” y comparó la investigación con “épocas superadas donde la delación y la sospecha infundada eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.

Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el defensor enfatizó que “no es posible concederles ningún valor como prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o personal”.

La inversión se hunde y los dólares se agolpan para salir. Los datos presentados por el Banco Central son contundentes. La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI.

La fotografía que acaba de publicar el Banco Central no deja lugar a matices: la economía perdió en siete meses más de USD 14.000 millones, una fuga de divisas mayor al desembolso que realizó el FMI este año.

La Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco trae alivio: en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI, y los datos de 2025 solo encuentran un antecedente peor en 2017. La inversión, motor de cualquier recuperación, está en su punto más débil en casi una década.

En el balance cambiario, el rojo es asfixiante. Solo en julio, la formación de activos externos del sector privado no financiero marcó un negativo de USD 5.432 millones. En paralelo, 1,3 millones de personas corrieron a comprar dólares por un total de USD 3.408 millones, mientras apenas 576 mil se animaron a vender.

El déficit de turismo y consumos con tarjeta también marcó récord: USD 963 millones en julio, de los cuales 728 millones fueron por viajes, 146 millones por servicios digitales y 89 millones por compras vía courier.

La ironía en la City sintetiza el humor del mercado: “El FMI entra por Ezeiza, los dólares salen por Aeroparque”, graficó un banquero. El economista Jorge Neyro sumó: “Casi 90 millones de dólares al mes se van solo por Shein y Amazon”.

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparó el escenario con el macrismo: “La compra de dólares entre abril y julio supera lo girado por el FMI este año y está muy por encima del promedio mensual de la fuga en tiempos de Macri”.

Mientras tanto, en redes sociales, el analista Juancito Nieve lo resumió con sarcasmo: “Déficit de cuenta corriente por boom de inversiones. Confirmen después si importamos más bienes de capital que camperas de Zara”.

El contraste con el discurso oficial es brutal. El Gobierno habla de confianza y reformas, pero los datos muestran lo contrario: los dólares se escapan y la inversión se hunde. Un industrial lo dijo en voz baja, pero con contundencia: “Este modelo nos pide paciencia, pero los capitales ya votaron. Y votaron irse”.

Karina Milei es considerada “el jefe” de La Libertad Avanza pero por estas horas no le salen las cosas muy bien. Está atravesando la peor semana desde que asumió el rol de operadora política de su hermano. El estallido de un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad la dejó en el ojo de la tormenta, con audios que la vinculan directamente a un circuito de retornos millonarios en contratos de medicamentos. Se habla de 800 mil dólares por mes solo en ANDIS. La Justicia ya inició allanamientos y secuestros de documentación, mientras se multiplican las denuncias de abogados y referentes opositores que califican la trama como uno de los episodios de corrupción más graves desde el regreso de la democracia.

El costo político no tardó en aparecer. En Corrientes, donde viajó a reforzar la campaña libertaria, Karina Milei y Martín Menem fueron recibidos con abucheos, pancartas acusatorias y empujones que forzaron la suspensión de un acto. El fracaso electoral se coronó con la magra performance del candidato de La Libertad Avanza en la provincia, que quedó lejos de los primeros lugares, consolidando la imagen de un armado debilitado y sin inserción real en el interior. Salió cuarto y sacó un poco más de lo que se le atribuye por retornos a Karina: 9%.

En paralelo, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, a quien definió como “el jefe en su prime”, en un intento de cerrar filas frente a la ofensiva judicial y mediática. Otros referentes libertarios, como Martín Menem, también pusieron “las manos en el fuego” por Karina, aunque el blindaje no alcanzó para frenar el impacto de las revelaciones ni el desgaste interno que ya se percibe en el oficialismo.

El escándalo estalla en la antesala de elecciones clave, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. La combinación de sospechas de corrupción, actos fallidos y candidatos sin peso territorial abre un escenario complejo para el Gobierno, que había hecho de la lucha contra “la casta” su principal bandera. La semana negra de Karina Milei expuso, con crudeza, las fragilidades de un proyecto político que enfrenta cada vez más dudas de cara al futuro.

Las elecciones provinciales en Corrientes marcaron un fuerte traspié para La Libertad Avanza. El espacio decidió jugar con candidatos propios: el diputado nacional Lisandro Almirón encabezó la fórmula para gobernador acompañado por Evelyn Karsten como vice, en un armado que buscaba consolidar la presencia libertaria en la provincia. Fue una decisión de Karina Milei y Lule Menem que terminó en fracaso rotundo. Ironía del destino: sacaron casi el mismo porcentaje que se vincula a los supuestos retornos que el gobierno le pide a muchos empresarios.

Finalmente, Almirón quedó cuarto, con menos del 10% de los votos —en torno al 8 o 9%—, muy lejos del oficialismo de Juan Pablo Valdés, que se impuso con comodidad con más del 50%. El peronismo, pese a sus divisiones, también logró superar a los libertarios y mantener representación.

La responsable política del armado fue Karina, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia. Ella impulsó la estrategia de competir con candidatos propios y rechazó de plano cualquier acuerdo con el oficialismo correntino, convencida de que la marca Milei alcanzaba para posicionar al espacio en el electorado.

El saldo fue negativo: el aislamiento estratégico dejó al libertarismo sin volumen electoral y sin incidencia en la política local. La derrota expuso las limitaciones de un proyecto que, sin estructura ni alianzas, depende en exceso de la figura presidencial y muestra enormes dificultades para proyectarse en el interior del país.

El presidente de la Fábrica Argentina de Aviones quedó en medio de una incómoda y confusa situación tras denuncias de un pago irregular reclamado a empresas privadas.

El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez, en Córdoba, donde la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se ve envuelta en un explosivo caso de presuntos pagos irregulares que podrían configurar un esquema de “retornos” en beneficio de la cúpula libertaria.

El presidente de FAdeA, Julio Manco, quedó en el centro de la polémica tras las denuncias que lo involucran a él y a su entorno en un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación, destinado a desarrollar nuevos servicios de mantenimiento para aeronaves ejecutivas y helicópteros.

Según trascendió, una empleada vinculada al gerente comercial de FAdeA, Pablo Salort, habría retirado de manera insólita una suma en efectivo cercana a 10 mil dólares, tras solicitar originalmente 30 mil. El hecho fue filmado, denunciado internamente y quedó registrado ante escribano público. El episodio, con fuertes sospechas de “retorno” en contratos inflados, fue elevado al área de Asuntos Legales, Ética y Compliance de la propia fábrica.

La denuncia recuerda al caso Spagnuolo, donde también se investigan supuestos retornos a través de contratos con empresas privadas que involucran al Laboratorio Suizo-Argentino, a Lule y Martín Menem, e incluso a Karina Milei.

Una trama de poder y negocios

Manco, designado en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla, intentó bajar el perfil del escándalo. Según versiones internas, incluso habría buscado desplazar a los empleados denunciantes, entre ellos Juan Ronco, analista de Desarrollo de Negocios.

Las sospechas también alcanzan al contrato firmado con Alta Aviación, que en la gestión anterior estaba tasado en 10 mil dólares mensuales por el arrendamiento de un hangar y horas técnicas a 45 dólares. Con Manco, el monto bajó a 2 mil dólares mensuales, con seis meses de gracia y 25 dólares la hora, lo que disparó las críticas internas y acrecentó las dudas sobre la transparencia de la operación.

Manco y Salort se conocen desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando el hoy presidente de FAdeA estuvo a cargo de la flota aérea presidencial y mantuvo vínculos con Airbus, donde Salort oficiaba de intermediario. Testigos de la época recuerdan incluso viajes juntos a la planta de Airbus Helicopters en Francia.

Escándalo en puerta y la justicia en la mira

El caso ya llegó al despacho de Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, quien tiene bajo supervisión a FAdeA en el marco del plan de privatizaciones. El affaire Manco-Salort amenaza con convertirse en otro escándalo nacional y agravar la crisis política de Milei, cuya gestión viene golpeada por denuncias de corrupción en distintos frentes.

Lejos de ser un hecho aislado, lo ocurrido en Córdoba parece confirmar que la ola de coimas y retornos empieza a salpicar también al sector científico-tecnológico, hasta ahora presentado como “intocable” por el oficialismo.

La camioneta Ford Ranger blanca matricula ABO35IH utilizada por el presidente Javier Milei durante su fallida caravana por Lomas de Zamora, tiene un extenso historial de infracciones impagas, acumulando un total de $41.095.095.

La fallida caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora no solo dejó imágenes de violencia y caos, sino también un nuevo escándalo alrededor del vehículo en el que se trasladó el Presidente. La camioneta Ford Ranger blanca en la que viajó acumula 213 multas de tránsito impagas en la Ciudad de Buenos Aires, que totalizan $41.095.095.

El historial de infracciones se remonta a 2019 y está encabezado por 138 excesos de velocidad, además de 66 sanciones por circular indebidamente en carriles rápidos, diferenciados o del Metrobus. El listado incluye también multas por manejar con el celular, usar auriculares, pasar semáforos en rojo, estacionar en zonas prohibidas, evadir peajes, no identificar al conductor y hasta transitar en áreas restringidas por peso o tamaño.

El miércoles, Milei encabezó una recorrida por el sur del conurbano junto a su hermana Karina, José Luis Espert y Sebastián Pareja. La actividad, pensada para mostrar candidatos de La Libertad Avanza, terminó abruptamente cuando la caravana fue atacada a pedradas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. La comitiva apenas pudo avanzar unas veinte cuadras antes de detenerse en medio de los incidentes, que forzaron a Milei a continuar en un vehículo alternativo fuertemente blindado y la bochornosa huida del candidato José Luis Espert en una motocicleta.

Lejos de condenar lo ocurrido, el Presidente relativizó la violencia al día siguiente en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP): “Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana. Era un espectáculo increíble, se veía la desesperación. La verdad que eso a mí no me va a asustar”.

Ahora, a la polémica por la fallida gira se suma el fuerte cuestionamiento por el uso de una camioneta con una deuda millonaria en infracciones de tránsito, que pone bajo la lupa los cuidados y responsabilidades del entorno presidencial.