La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

En una decisión que genera serias sospechas de encubrimiento, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei. La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que toda la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos informes oficiales ni se conocen las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se ha revelado la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre ellos y funcionarios del Gobierno.

El cierre de la unidad se produce en un contexto de creciente tensión política: Cúneo Libarona volvió a ausentarse ante la Cámara de Diputados, que lo había citado para dar explicaciones sobre el escándalo. También faltó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios clave refuerza la idea de que se busca blindar al Presidente y su entorno de eventuales consecuencias judiciales.

La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025, encomendando a la Oficina Anticorrupción la tarea de investigar posibles irregularidades o hechos de corrupción relacionados con el criptoactivo. Bajo la conducción de María Florencia Zicavo, la unidad tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y estaba encargada de responder a los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, con su disolución prematura y sin informes disponibles, crecen las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el caso antes de que puedan esclarecerse responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación, pero sin el respaldo de una estructura creada específicamente para ello.

Para muchos, el cierre de la UTI no es más que una jugada para garantizar la impunidad presidencial en uno de los mayores escándalos financieros de esta gestión.

El presidente Javier Milei volvió a desatar una fuerte polémica al elogiar nuevamente a los evasores fiscales y burlarse abiertamente de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En una entrevista reciente, el mandatario defendió sin reparos el nuevo esquema de blanqueo de capitales —que permitiría ingresar dólares al sistema sin pagar impuestos ni explicar su origen— y lanzó duras críticas contra los contribuyentes: “Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema”, afirmó.

Con un tono desafiante, Milei calificó de “ofensivo” el término contribuyente, y señaló que no tiene intención de premiar ni compensar a quienes pagan sus impuestos: “El que pudo zafar, genial”, declaró. Fue más allá aún al insinuar que si más personas hubieran evadido, el sistema político habría colapsado: “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos”, disparó.

Fiel a su ideología libertaria, el presidente reiteró que “los impuestos son un robo” y sostuvo que quienes evadieron no cometieron ningún delito desconociendo el enorme daño que genera la evasión impositiva en los países en vías de desarrollo. En su visión, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema simplemente intentaron protegerse del “impuesto inflacionario” y de las “garras del Estado”.

¿A medida del narco? un blanqueo sin preguntas ni impuestos

En cuanto al plan económico, Milei explicó que el nuevo blanqueo de capitales permitirá ingresar dólares sin cuestionamientos sobre su origen: “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, declaró, minimizando incluso la posibilidad de que los fondos provengan de actividades ilícitas. “Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía”, añadió.

Según el presidente, la medida será anunciada una vez que cuente con blindaje legal, y está siendo elaborada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, ARCA y el Ministerio de Justicia. Estiman que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema que podrían “revolucionar la economía” si se liberan.

Lejos de un objetivo recaudatorio, Milei presentó la iniciativa como un acto de “liberación”: un mecanismo para que los argentinos “usen su dinero” sin penalidades ni controles.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo político y social, al poner en duda desde la propia presidencia la legitimidad del sistema tributario y al elogiar abiertamente prácticas que tradicionalmente se consideran delitos fiscales.

El presidente defendió su proyecto de blanqueo de capitales y reconoció que podría ser usado por narcos. “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”, aseguró.

Javier Milei volvió a dejar declaraciones explosivas que generaron fuerte preocupación. Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+, el presidente admitió sin filtros que su proyecto de blanqueo de capitales puede ser utilizado por el narcotráfico.

Al ser consultado sobre los riesgos del nuevo régimen, Milei respondió: “¿Qué pasa si blanquea un narco? Y bueno, es un tema de seguridad. Mi trabajo es que la economía crezca, que los precios no suban”. Luego agregó, sin dudar: “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”.

El blanqueo de capitales forma parte de la Ley Bases impulsada por el oficialismo y permitiría legalizar dinero en efectivo, criptomonedas, bienes en el exterior o cuentas bancarias sin explicar su origen, con alícuotas mínimas y sin penalidades.

Lejos de tomar distancia de posibles usos ilícitos, Milei blanqueó que no le importa si el dinero proviene del narcotráfico, contrabando o evasión fiscal, siempre que entre al sistema. “Mi foco es el crecimiento económico, lo otro es problema de Bullrich”, ironizó en referencia a su ministra de Seguridad.

Las declaraciones del Presidente generaron fuertes críticas desde sectores judiciales, políticos y económicos, que advirtieron que un blanqueo sin controles puede facilitar el lavado de dinero y profundizar redes delictivas.

Además, varios especialistas recordaron que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un factor que distorsiona la economía, impulsa la violencia y corrompe estructuras estatales.

Con esta postura, Milei vuelve a mostrar su desprecio por los marcos legales y los controles institucionales, favoreciendo un modelo donde la impunidad financiera y la opacidad sean la norma

ATE se moviliza al Ministerio de Economía para exigir paritarias sin techo y denunciar la política de despidos masivos. El gremio acusa al Gobierno de “hambrear y destruir” el empleo público.

En el marco de una jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La consigna es clara: paritarias libres, reincorporación de los despedidos y freno al vaciamiento del Estado.

“El Gobierno hambrea, despide y destruye el aparato estatal”, denunció el gremio en un comunicado que apuntó directamente contra el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

Despidos y deterioro salarial
Desde diciembre, el sindicato denuncia una ola sistemática de cesantías que, aseguran, busca reducir al mínimo la estructura pública, tercerizar funciones estratégicas y precarizar a los trabajadores del Estado.

“Sabemos que parte del plan de vaciamiento del Estado es arrojarnos a la pobreza. Por eso vamos a seguir luchando por nuestro poder adquisitivo y por una vida digna para todas y todos”, sostuvo ATE tras un plenario de delegados que resolvió la medida.

El salario no alcanza
Según estimaciones del gremio, el salario promedio de un trabajador estatal ronda los $750.000, una cifra que, frente a la línea de pobreza —que en abril superó los $1.147.000 para una familia tipo con vivienda propia—, resulta “claramente insuficiente y ofensiva”.

Los incrementos salariales otorgados hasta ahora tanto por el Gobierno nacional como por el porteño “no cubren ni la mitad de la inflación acumulada”, aseguran desde ATE, que además reclama la inmediata apertura de negociaciones salariales sin imposiciones ni techos.

Ajuste en tiempo real
En medio de un discurso oficial que celebra el “déficit cero” y el recorte del gasto público, los trabajadores estatales advierten que detrás de los números prolijos hay miles de despidos, oficinas desmanteladas y funciones claves abandonadas.

“Nos enfrentamos a un modelo que busca destruir el Estado para entregarlo a los privados”, advierten desde ATE, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuesta a sus demandas.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con elogios de los mercados, en la calle crece la protesta de quienes sienten que ese ajuste se paga, una vez más, con el bolsillo y el trabajo de los de abajo.

Una de cada tres pymes perdió mercado frente a la avalancha de productos extranjeros. Mientras caen la producción y el empleo, Milei baja aranceles y festeja la competencia “libre”.

La política de apertura comercial del Gobierno nacional ya muestra sus consecuencias: el 30% de las pymes industriales perdió participación de mercado por el avance de las importaciones, mientras que un 42% se siente directamente amenazada por la entrada de productos del exterior. Así lo revela el último informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que alerta sobre el deterioro acelerado del tejido productivo nacional.

El fenómeno golpea con especial fuerza a sectores clave como la metalmecánica (60% de afectadas), textiles y calzado (57%) y la industria química (44%). El estudio, que releva a más de 500 empresas de todo el país, advierte que se alcanzaron niveles de vulnerabilidad superiores incluso a los registrados en los picos de crisis de 2016 y 2018.

“Se vende más, pero se produce menos”
Uno de los datos más llamativos es la desconexión entre ventas y producción: en el primer trimestre del año, las ventas deflactadas subieron un 15%, pero la producción cayó un 3%. La explicación es alarmante: muchas pymes están dejando de fabricar para dedicarse a vender productos terminados importados.

“El interrogante es si este repunte comercial se traducirá en reactivación productiva o si, por el contrario, consolidará un modelo de sustitución de producción nacional por bienes foráneos”, indica la FOP.

Menos trabajo, más costos
En paralelo, el empleo en el sector pyme industrial se redujo un 5%, mientras que los aumentos de costos siguen asfixiando a las empresas:

• El 64% reportó caída de ventas.
• El 51% sufrió alzas en los costos laborales.
• El 41% denunció aumentos en materias primas.

Pese a este escenario, el Gobierno insiste en profundizar el rumbo: recientemente redujo aranceles a celulares y electrónicos, lo que representa un nuevo golpe para las industrias locales.

Una economía abierta… pero para unos pocos
Aunque el oficialismo intentó compensar la crisis con la quita de retenciones a las exportaciones de pymes (del 3% al 5% para unas 3.800 empresas), la medida luce insuficiente frente a la velocidad con la que se achica el mercado interno.

Con una macro inestable, consumo deprimido y avalancha importadora, cada vez más empresas se enfrentan a un dilema existencial: reconvertirse o desaparecer. El Gobierno, por ahora, no parece dispuesto a ofrecer otra opción.

El funcionario de Javier Milei reconoció públicamente que elimina regulaciones de la ANMAT porque se lo piden empresarios conocidos. Lo hizo sin pudor durante un evento en la Bolsa de Comercio.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, volvió a generar polémica al reconocer sin filtros que desregula normativas estatales por pedido de empresarios amigos.”La semana pasada me escribe un conocido diciendo ‘Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?’. No podría estar más de acuerdo”, arrancó su anuncio el exministro de Macri y la Alianza.

La frase, dicha con naturalidad y sin ningún reparo ético, confirma lo que muchos sectores vienen denunciando: el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno no responde a un plan institucional sino a intereses particulares.

La revelación dejó al descubierto la falta de controles, el favoritismo empresarial y la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de funcionarios que, en lugar de velar por el interés público, atienden pedidos personales.

En el mismo mensaje, Sturzenegger defendió el rumbo económico del gobierno y planteó que las regulaciones estatales solo generan “trabas”. Sin embargo, su ejemplo concreto con la ANMAT generó un fuerte rechazo, dado que este organismo cumple un rol clave en la fiscalización de medicamentos, alimentos y productos de salud pública.

El dato sobresaliente de las elecciones fue la bajísima participación electoral, que fue del 53,3%, la más baja desde la crisis de 2001. La gente está desencantada con la política y el gobierno de Javier Milei no debería ignorar ese dato.

Si se toman en cuenta todas las elecciones generales en la Ciudad durante los últimos 25 años, el promedio de participación ronda el 77%. El pico más alto fue en 1983, con un 85,8%, y el más bajo en 2003, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA.

El índice también refleja lo ocurrido en las PASO, instauradas en la ciudad en 2015. En ese primer año, la participación en las primarias fue prácticamente igual a la de las generales, pero desde 2017 en adelante, los electores mostraron una mayor tendencia a votar en las generales. La mayor diferencia entre ambas se dio en 2023, con un 70,4% en las primarias, frente a un 76,7% en las generales.

Al día después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei dijo en una entrevista que es un “resultado inapelable” la victoria de Manuel Adorni, al mismo tiempo que se mostró envalentonado sobre el futuro: “Vamos a dar otro batacazo en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

En ese sentido, el líder libertario gozó el triunfo sobre su enemigo íntimo, Mauricio Macri, el gran perdedor de la jornada. “Debería entender que su momento ya pasó”, expresó el mandatario.

Ahora se vendrá el salto de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza. Macri se queda solo, mientras su fuerza política se desbarranca, después de largos fracasos en la gestión porteña y en la Nación. La gente no ovlida…

En un escenario de participación históricamente baja, el vocero presidencial Manuel Adorni logró una resonante victoria para La Libertad Avanza, imponiéndose en la mayoría de las comunas, incluso en bastiones tradicionales del PRO.

Las elecciones legislativas de este domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires marcaron un hito político y social. En un escenario que se caracterizó por una participación históricamente baja y alta fragmentación partidaria, el vocero presidencial Manuel Adorni logró una resonante victoria para La Libertad Avanza, imponiéndose en la mayoría de las comunas, incluso en bastiones tradicionales del PRO. A pesar del contexto de apatía ciudadana, Adorni capitalizó el respaldo al oficialismo nacional y se consolidó como la nueva figura dominante del escenario porteño.

Una jornada marcada por la apatía y la baja participación

Según datos oficiales del Instituto de Gestión Electoral, la participación fue del 56 %, la más baja en 28 años. Esto representa una caída de 20 puntos con respecto a las elecciones generales de 2023 y más de 17 puntos comparado con las legislativas de 2021. Este fenómeno de creciente ausentismo no fue exclusivo de CABA: otras provincias como Santa Fe, Chaco, Salta y San Luis también registraron cifras preocupantemente bajas. Analistas señalan el desencanto con la política, la falta de competitividad y la insatisfacción social como causas de esta tendencia.

Buena performance de Leandro Santoro

En ese marco, Leandro Santoro, líder de Es Ahora Buenos Aires, protagonizó una destacada performance y quedó en segundo lugar por un margen muy estrecho, mostrándose como el principal contrapeso urbano a La Libertad Avanza. Su espacio ganó en seis comunas, ubicadas en zonas históricamente progresistas y populares.

Catástrofe en el PRO

La gran derrotada de la jornada fue la fuerza creada por Mauricio Macri. El PRO, que esta vez compitió bajo el sello Buenos Aires Primero, no ganó en ninguna de las 15 comunas. Incluso en distritos emblemáticos como Recoleta, Belgrano y Palermo, Silvia Lospennato apenas alcanzó el segundo lugar, desplazada por Adorni y acechada de cerca por Santoro.

En la Comuna 2 (Recoleta), símbolo del macrismo, Manuel Adorni se impuso con el 37,90 % de los votos, dejando a Lospennato con un lejano 22,48 %, mientras Santoro alcanzó el 16,54 %. En Palermo (Comuna 14), Adorni volvió a liderar con el 35,06 %, mientras que PRO y Santoro empataron técnicamente con 20,74 % y 20,36 % respectivamente.

Los resultados marcan un giro profundo en el mapa electoral porteño. La Libertad Avanza se impuso en nueve comunas, Es Ahora Buenos Aires en seis, y el PRO quedó completamente relegado. En 2021, el partido amarillo había alcanzado el 46 % de los votos y dominado ampliamente la Ciudad.

Desde el búnker del PRO en San Telmo, Lospennato reconoció la derrota con un tono combativo: “No son los resultados que esperábamos. Esta fue una campaña muy difícil, llena de insultos y noticias falsas. Intentaron quebrarme, pero no lo lograron”.

Más allá de los resultados partidarios, la elección dejó una señal de alerta para todo el sistema político: la participación ciudadana en CABA alcanzó su nivel más bajo desde 1997, reavivando el debate sobre la desafección democrática y el compromiso cívico en la Argentina.

La justicia ratificó el procesamiento del clan Etchevehere, entre los que figuran Sebastián Etchevehere, ex candidato de Milei en Entre Ríos y Luis Miguel Etchevehere, quien fuera ministro de Mauricio Macri, en una causa por vaciamiento y estafa agravada en perjuicio de la histórica empresa periodística El Diario de Paraná

La resolución judicial refuerza las acusaciones por administración fraudulenta contra varios miembros del clan Etchevehere, entre ellos su hermano Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri.

El fallo, firmado por los jueces María de Luján Giorgio, Gustavo Pimentel y Evangelina Bruzzo, confirmó las responsabilidades de Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere, junto a su madre Leonor Marcial, en el vaciamiento de la firma Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), ex propietaria del medio. La denuncia fue impulsada por Dolores Etchevehere, también parte de la familia, quien había acusado a sus hermanos por apropiación indebida de bienes y fondos de la empresa. Ella fue recientemente absuelta en la causa de usurpación del campo familiar, relacionado con el Proyecto Artigas.

Este domingo 18 de mayo se cumplieron siete años del despido masivo e intempestivo de más de 80 trabajadores de El Diario, quienes aún reclaman el pago de indemnizaciones. “Instamos a que la justicia acelere los tiempos”, reclamó Silvio Méndez, uno de los periodistas cesanteados, al recordar el impacto social y humano de la maniobra empresarial que dejó a decenas sin empleo ni reparación.

Los jueces señalaron que los Etchevehere ejecutaron maniobras deliberadas para saquear activos de la empresa y llevarla al colapso económico, tras lo cual iniciaron un concurso de acreedores aún no resuelto por el juez Ángel Moia. Mientras tanto, una posible salida aparece con un grupo empresario rosarino interesado en recuperar el medio y asumir el pasivo laboral.

Un candidato con fuertes vínculos con la dictadura

Sebastián Etchevehere, quien en 2023 fue candidato de Javier Milei en Entre Ríos, está casado con Isabel Rodríguez Varela, hija de Alberto Rodríguez Varela, Ministro de Justicia de la dictadura de Jorge Rafael Videla (1978–1981). Este último no sólo fue funcionario de facto, sino que también fue abogado defensor de Videla durante el histórico Juicio a las Juntas, promoviendo la estrategia de que los tribunales civiles eran “incompetentes” para juzgar crímenes de lesa humanidad.

Rodríguez Varela también se destacó por su militancia en defensa del golpe de Estado y la represión ilegal. Durante una clase pública en la Universidad Católica Argentina (UCA), llegó a invitar al propio Videla, beneficiado por los indultos de Carlos Menem, para defender su visión de una “guerra interna” y justificar los crímenes cometidos entre 1976 y 1983.