Mientras el gobierno lo anuncia como una “modernización” de la defensa, la realidad muestra otra cosa: se trata de blindados con 25 años de antigüedad, comprados a Estados Unidos en medio de un brutal ajuste que castiga a jubilados, trabajadores y áreas sensibles como salud y educación.

La reciente firma de un acuerdo entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobierno de Estados Unidos para adquirir vehículos blindados M1126 Stryker vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué necesidad tiene la Argentina de comprar material militar de segunda mano, diseñado a fines del siglo pasado, y con un desempeño que ha sido ampliamente cuestionado incluso por el propio Pentágono?

Los Stryker son blindados 8×8 que comenzaron a fabricarse en el año 2002, a partir de una plataforma de diseño canadiense de los años 90. Tuvieron su debut operativo en Irak y Afganistán, donde enfrentaron enormes dificultades frente a entornos hostiles. En esos teatros, las tropas estadounidenses reportaron vulnerabilidades críticas ante artefactos explosivos improvisados (IED), limitaciones en la movilidad en terrenos difíciles, y un blindaje insuficiente frente a armamento moderno.

Un sistema que ya no cumple con los estándares de hoy

En la actualidad, buena parte de los ejércitos más avanzados están dando pasos hacia vehículos con mejor protección activa, mayor interoperabilidad digital, sistemas de control remoto de armamento y blindajes modulares de nueva generación. En ese contexto, el M1126 Stryker quedó relegado a tareas secundarias o directamente fue dado de baja en unidades estadounidenses.

De hecho, el Ejército de Estados Unidos lleva años desarrollando reemplazos para los Stryker, incluyendo variantes más modernas con torretas automatizadas, capacidad antiaérea y mejoras estructurales que no estarán presentes en los vehículos adquiridos por la Argentina.

Expertos en defensa advierten que los modelos ofrecidos en el marco del programa Foreign Military Sales suelen ser lotes excedentes del stock norteamericano, reacondicionados para la exportación. Es decir, no se trata de equipamiento de última generación, como intenta vender el gobierno de Javier Milei, sino de tecnología pasada de moda con altos costos de mantenimiento y bajo rendimiento en operaciones reales.

Compra sin sentido estratégico

Lejos de responder a una necesidad táctica o a un plan de defensa nacional, la incorporación de estos blindados parece tener más que ver con una alineación ideológica con Estados Unidos que con una decisión técnica racional. No hay hipótesis de conflicto que justifique la incorporación de este material. Tampoco existe una industria nacional que pueda integrarse a este sistema, por lo que se incrementará la dependencia en repuestos importados y asistencia logística externa.

Además, la llegada de las unidades está prevista para 2025 o 2026, lo que echa por tierra cualquier argumento sobre la urgencia de modernización. Para entonces, los Stryker tendrán casi tres décadas de antigüedad desde su diseño original, y seguirán quedando más atrás frente a los avances tecnológicos globales.

Tecnología vieja a precio de nueva

Todo esto en un contexto económico crítico, en el que el gobierno se niega a homologar paritarias, congela jubilaciones y recorta áreas sensibles del Estado. Se gasta en blindados viejos lo que se le niega a la salud, la educación o la seguridad alimentaria. La defensa de la soberanía no se construye comprando chatarra militar, sino fortaleciendo una política propia, con industria nacional, innovación tecnológica y prioridades claras.

El verdadero “riesgo” que enfrenta hoy la Argentina no está en amenazas externas ficticias, sino en la destrucción sistemática de su tejido social. Y para eso, ningún blindado viejo servirá como escudo.

Mientras ajusta jubilados, ataca periodistas y sigue sin homologar paritarias el gobierno de Javier Milei volvió a dar muestras de cuáles son sus verdaderas prioridades.

En medio de una feroz ofensiva contra el pueblo trabajador, con jubilaciones de miseria, salarios pulverizados y tarifazos generalizados, el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció con entusiasmo la compra de vehículos militares usados a Estados Unidos. Se trata de los blindados 8×8 M1126 Stryker, con más de 25 años de antigüedad, que llegarían a la Argentina recién entre fines de 2025 y 2026.

La adquisición se formalizó en el Pentágono, donde Petri firmó junto al secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, una carta de aceptación en el marco del programa Foreign Military Sales. Según el funcionario argentino, esta operación forma parte de una “modernización” de las Fuerzas Armadas y un “fortalecimiento de la alianza estratégica” con Estados Unidos, país que Milei ha definido como su principal socio geopolítico.

Lo que no dijo el ministro es que los Stryker son vehículos retirados del servicio activo en otras partes del mundo, con un historial que incluye su uso en zonas de conflicto como Irak, Afganistán y, más recientemente, Ucrania. Tampoco mencionó el costo millonario que implicará este acuerdo, en un momento en que el gobierno se niega a homologar aumentos salariales, veta mejoras para jubilados y recorta partidas presupuestarias esenciales.

Ajuste para los de abajo, negocios para los de siempre

La decisión de destinar recursos a la compra de material bélico usado mientras se le niega un plato de comida caliente a miles de argentinos expone con crudeza el modelo de país que propone Milei. Un modelo donde se prioriza el alineamiento geopolítico con Washington, aunque eso implique hipotecar soberanía, endeudar al Estado y abandonar a su pueblo.

Mientras los hospitales no tienen insumos, las universidades luchan por subsistir y los comedores populares cierran por falta de recursos, el gobierno festeja la llegada de un puñado de blindados viejos, a cuenta gotas, y celebra una “modernización” que tiene más de museo militar que de verdadera estrategia de defensa nacional.

Un discurso de guerra para encubrir la entrega

En un tono más propio de un operador del Pentágono que de un funcionario argentino, Petri reivindicó la política exterior de Donald Trump y lanzó declaraciones alarmantes sobre “nuevas amenazas híbridas”, “terrorismo internacional” y la defensa de “valores democráticos” compartidos. Palabras grandilocuentes que intentan justificar una agenda militarista en tiempos de hambre.

“El régimen iraní lo entendió con crudeza: la destrucción de sus instalaciones nucleares fue el resultado de una decisión valiente. Trump demostró que no se negocia con terroristas, se los derrota. Nosotros creemos lo mismo”, sentenció Petri, dejando en evidencia la peligrosa orientación ideológica que hoy domina la política de defensa argentina.

¿Soberanía o subordinación?

Lejos de garantizar soberanía, como pretende vender el gobierno, estas compras refuerzan una política de subordinación que ya se vio reflejada con la adquisición de los aviones F-16 a Dinamarca. En ambos casos, el discurso de “defensa nacional” encubre un modelo de dependencia y gasto militar injustificable en un país con más del 50% de pobreza infantil.

En definitiva, mientras el pueblo argentino paga la crisis con hambre, desempleo y represión, el gobierno de Milei gasta millones en equipamiento militar viejo para congraciarse con Washington. No se trata de fortalecer la defensa, sino de blindar un proyecto de ajuste que solo puede sostenerse con represión.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, sumó un nuevo capítulo al desmantelamiento del sistema sanitario. En una decisión que generó indignación generalizada, se eliminó un subsidio histórico que sostenía entre el 50% y el 70% del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia con más de 80 años de trayectoria en el país.

La medida, tomada de forma abrupta y sin alternativas de transición, pone en riesgo la continuidad de esta organización pionera en la atención, investigación y acompañamiento de personas que viven con hemofilia, una enfermedad crónica que requiere tratamientos especializados e interdisciplinarios.

Desde la Fundación lanzaron una “carta abierta a la comunidad” en la que advierten que la situación es crítica: “Hoy nos encontramos con la enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar”. Denuncian que el Estado nacional les negó el subsidio sin previo aviso, impidiéndoles adaptarse o buscar soluciones sostenibles. “Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos”, lamenta el comunicado.

El impacto de la decisión se hizo sentir rápidamente en redes sociales, donde la frase “La crueldad avanza” se volvió eco del repudio generalizado. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también se pronunció con dureza: “El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado e investigación de pacientes con hemofilia”.

María Belén Robert, presidenta de la Fundación, expresó en diálogo con Radio 10: “Estamos pidiendo ayuda y una reconsideración por parte del Estado. Sabemos que podemos colaborar, pero exigimos que en salud se manejen otros conceptos, no es la suma ni la resta”.

Mientras tanto, la Fundación lanzó una campaña de emergencia para recibir donaciones individuales que les permitan seguir operando. “Hoy estamos en peligro”, advierten. El alias bancario para colaborar es SOMOS.FUNDACION.FH (Banco Nación).

Este nuevo acto de insensibilidad del gobierno de Javier Milei no solo ataca una institución fundamental para la salud pública, sino que expone el avance de una lógica despiadada que deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La salud, nuevamente, es víctima del ajuste.

La frase es de Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en libertad al sacerdote condenado por abusar de menores en el Seminario de Paraná.

Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz, rompió el silencio luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera su sobreseimiento. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alegó que los delitos habían prescripto, pese a tratarse de abusos sexuales contra menores de entre 12 y 15 años, cometidos entre 1988 y 1992.

“La Corte Suprema no dijo que era inocente, sino que la acción penal estaba prescripta desde 2005”, explicó Hilarza en diálogo con AM530. “No lo absolvieron porque no cometió el delito, sino por un tecnicismo”. Ilarraz había sido condenado por la Justicia de Entre Ríos en 2018 a 25 años de prisión, pero cumplía condena bajo arresto domiciliario. “Hace unos días le sacaron la tobillera. Ahora anda libre”, denunció.

Hilarza dejó en claro la magnitud del daño: “Ilarraz abusó de más de setenta chicos”, afirmó. “Solo siete nos animamos a hacer la denuncia, años después, cuando pudimos hacerlo realmente. Este hombre hizo aberraciones con chicos de 12 y 13 años, muchos venían de pueblos rurales. Dormíamos cien chicos juntos en un pabellón y él se aprovechaba del llanto de los más vulnerables. También manipulaba a las familias”, relató.

La denuncia pública comenzó en 2012, gracias a la investigación de la revista Análisis. Pero la historia de encubrimiento fue mucho más larga. “La Iglesia de Paraná sabía todo desde 1985. Lo mandaron a Roma, después a Córdoba, más tarde a Tucumán. Nunca lo investigaron seriamente. A mí me llamaron tres veces para declarar en causas canónicas. La tercera vez ya no quise saber más nada”, contó.

En 2024, el Papa Francisco lo expulsó del estado clerical tras encontrarlo culpable en una investigación canónica. “La justicia civil lo condenó. La justicia vaticana también. Y ahora la Corte Suprema lo deja libre. Eligieron tomar este caso, entre tantos, para beneficiar a un abusador”, cuestionó Hilarza.

Finalmente, advirtió sobre los efectos concretos del fallo: “Hay un compañero que trabaja a 300 metros de donde vive Ilarraz. Se lo puede cruzar en cualquier momento. Imaginate lo que es eso después de haberlo llevado a juicio durante casi diez años”.

El sobreseimiento no solo desconoce la gravedad del daño causado, sino que vuelve a dejar a las víctimas solas. La Corte Suprema eligió aplicar la prescripción antes que garantizar justicia frente a delitos aberrantes cometidos contra niños.

La expresidenta Cristina Kirchner cruzó a la Corte Suprema de Justicia por el sobreseimiento del cura Justo José Ilarraz, condenado por abuso de menores y expulsado de la Iglesia católica por el papa Francisco. “Sin palabras”, escribió Cristina. ¿La Corte Suprema ahora defiende a pedófilos?

A través de su cuenta de X, Cristina compartió un artículo periodístico donde se informa que el máximo tribunal sobreseyó al cura porque los abusos, cometidos entre 1988 y 1992 contra siete chicos que se encontraban a su cargo. La Corte Suprema se tomó de una irregularidad procesal para decir que los aberrantes crímenes “prescribieron”. El cura, libre.

“En el año 2024 nuestro papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó. Sin palabras”, sostuvo la expresidenta en un posteo.

Un día después de haber presentado una denuncia por injurias contra la periodista Julia Mengolini, el presidente Javier Milei decidió realizar dos nuevas presentaciones judiciales contra Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, en las que los acusó por el mismo delito. La estrategia del gobierno tiene que ver con distraer el ajuste y la inestabilidad de la economía. El dólar volvió a subir ayer.

Una denuncia engloba a los tres primeros periodistas, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. La otra denuncia, contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, la tramitará el Juzgado número 9 y en este caso, además del delito de “injurias”, incluye los de “calumnias” y “falsa imputación”.

De fondo, está la situación económica cada vez más inestable con un dólar que sube centavos todos los días y ya cerró a 1250 pesos. Se espera que en junio y julio la inflación esté otra vez por encima del 2%, mientras las paritarias no suben del 1%. La economía no cierra por ningún lado y el gobierno busca show. Si no hay pan, que haya circo.

La diputada de La Libertad Avanza cargó contra su compañera Marcela Pagano por participar de una sesión impulsada por la oposición. La acusó de responder a “intereses extranjeros” y de operar contra Javier Milei.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir el financiamiento universitario y la emergencia en hospitales no solo fue significativa por el temario, sino porque volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo libertario. La diputada Marcela Pagano, perteneciente a La Libertad Avanza, fue la única del bloque que bajó al recinto para habilitar el quórum junto a la oposición. Su presencia desató la furia de Lilia Lemoine, quien la acusó públicamente de estar conspirando contra el Gobierno.

“¿Qué carajos hacés dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?”, cuestionó un usuario en X. Lemoine no tardó en sumarse al reproche y redobló la apuesta: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio y la diputada Pagano acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque con los K que se llame ‘Unión Pro Los Chorros’?”, disparó.

Pagano llegó al recinto con termo y mate minutos antes de las 12:20, cuando aún faltaban varias bancas para alcanzar el quórum. Su ingreso fue clave para que la sesión comenzara, y fue leído por el resto del oficialismo como un gesto de deslealtad.

La rivalidad entre ambas diputadas no es nueva, pero esta vez escaló a niveles de acusación grave. Lemoine incluso deslizó vínculos de Pagano con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el venezolano SEBIN, y la acusó de tener una agenda ajena a los intereses del país. “No se trata de una pelea de minitas”, aclaró, “ella está trabajando con organismos contrarios al rumbo de nuestra política exterior”.

También criticó el supuesto interés de Pagano por integrar la Comisión de Juicio Político. “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz”, sostuvo Lemoine, sugiriendo que su colega busca socavar la figura presidencial desde adentro.

La interna libertaria suma así un nuevo capítulo que evidencia el creciente desgaste dentro de La Libertad Avanza, cada vez más fragmentado entre los leales a Javier Milei y quienes reclaman mayor autonomía parlamentaria.

Mientras el presidente de Brasil llega a Buenos Aires y visita a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, el gobierno de Milei evita el diálogo y redobla la persecución judicial contra la expresidenta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue autorizado por la Justicia a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 accedió al pedido presentado por su abogado, Alberto Beraldi, para habilitar la visita, en el marco de las normas restrictivas impuestas por los jueces.

Lula participará de la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque, pero no se reunirá con Javier Milei. El libertario, fiel a su estrategia de destruir puentes con los principales socios comerciales del país, optó por evitar cualquier contacto con el mandatario brasileño, con quien mantiene una tensión pública desde la campaña presidencial.

La visita de Lula se da en medio de una ofensiva judicial sostenida contra Cristina Kirchner. Mientras la expresidenta reclama que se le permita recibir visitas sin el corset procesal que impuso el TOF 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insisten en enviarla a una cárcel común. Argumentan que no existen razones para su morigeración, ignorando su edad, su rol institucional y el contexto político que rodea su condena.

La causa Vialidad, cuya sentencia aún no está firme, fue utilizada desde sus inicios como herramienta de disciplinamiento político. El intento de impedir incluso que reciba a un presidente extranjero en su domicilio exhibe el absurdo al que ha llegado la judicialización de la política en Argentina. Y la decisión del gobierno de no recibir a Lula confirma que no hay voluntad de recomponer la diplomacia regional: se gobierna con resentimiento y se desprecia la soberanía.

La Cámara Federal de Casación Penal tratará el próximo 7 de julio el nuevo recurso de los fiscales. Para entonces, Lula ya estará de regreso en Brasil. Y la Argentina, cada vez más sola.

La reunión de los ministros de Economía de 17 provincias con el enviado de Luis “Toto” Caputo terminó mal y ahora los gobernadores decidieron acelerar el paquete de leyes para cobrar los fondos que les retiene la Nación. Desde que llegó Javier Milei a Casa Rosada, el gobierno ajusta sobre las provincias para lograr un superávit “trucho”, como señalan desde las provincias.

“Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias,, cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias”, dijo Olivares, funcionario de la provincia de Santa Fe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la Coparticipación Federal cayó un de 3,9% interanual el último mes, pese a que la recaudación por IVA se incrementó 8,3% interanualmente en términos reales. El dato más fuerte es que el impuesto a las Ganancias se desplomó 18,7%, lo que según el informe constituye una pésima noticia para las arcas provinciales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cruzó fuertemente a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, a la que acusó de favorecer el narcotráfico en su provincia. Bomba.

Antes, la empresa había informado que iba a “diferenciar sus cargos según los impuestos locales de cada provincia”, siendo el distrito conducido por Maximiliano Pullaro uno de los lugares donde aumentarán los costos.

Tras darse a conocer la noticia, Olivares desmintió a la compañía líder en venta online y la acusó de “facilitar indirectamente las transacciones de los narcos“. No es la primera vez que se señala a Mercado Pago como una plataforma que permite transacciones irregulares sin mayores controles públicos.