Un día después de haber presentado una denuncia por injurias contra la periodista Julia Mengolini, el presidente Javier Milei decidió realizar dos nuevas presentaciones judiciales contra Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, en las que los acusó por el mismo delito. La estrategia del gobierno tiene que ver con distraer el ajuste y la inestabilidad de la economía. El dólar volvió a subir ayer.

Una denuncia engloba a los tres primeros periodistas, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. La otra denuncia, contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, la tramitará el Juzgado número 9 y en este caso, además del delito de “injurias”, incluye los de “calumnias” y “falsa imputación”.

De fondo, está la situación económica cada vez más inestable con un dólar que sube centavos todos los días y ya cerró a 1250 pesos. Se espera que en junio y julio la inflación esté otra vez por encima del 2%, mientras las paritarias no suben del 1%. La economía no cierra por ningún lado y el gobierno busca show. Si no hay pan, que haya circo.

La diputada de La Libertad Avanza cargó contra su compañera Marcela Pagano por participar de una sesión impulsada por la oposición. La acusó de responder a “intereses extranjeros” y de operar contra Javier Milei.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir el financiamiento universitario y la emergencia en hospitales no solo fue significativa por el temario, sino porque volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo libertario. La diputada Marcela Pagano, perteneciente a La Libertad Avanza, fue la única del bloque que bajó al recinto para habilitar el quórum junto a la oposición. Su presencia desató la furia de Lilia Lemoine, quien la acusó públicamente de estar conspirando contra el Gobierno.

“¿Qué carajos hacés dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?”, cuestionó un usuario en X. Lemoine no tardó en sumarse al reproche y redobló la apuesta: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio y la diputada Pagano acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque con los K que se llame ‘Unión Pro Los Chorros’?”, disparó.

Pagano llegó al recinto con termo y mate minutos antes de las 12:20, cuando aún faltaban varias bancas para alcanzar el quórum. Su ingreso fue clave para que la sesión comenzara, y fue leído por el resto del oficialismo como un gesto de deslealtad.

La rivalidad entre ambas diputadas no es nueva, pero esta vez escaló a niveles de acusación grave. Lemoine incluso deslizó vínculos de Pagano con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el venezolano SEBIN, y la acusó de tener una agenda ajena a los intereses del país. “No se trata de una pelea de minitas”, aclaró, “ella está trabajando con organismos contrarios al rumbo de nuestra política exterior”.

También criticó el supuesto interés de Pagano por integrar la Comisión de Juicio Político. “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz”, sostuvo Lemoine, sugiriendo que su colega busca socavar la figura presidencial desde adentro.

La interna libertaria suma así un nuevo capítulo que evidencia el creciente desgaste dentro de La Libertad Avanza, cada vez más fragmentado entre los leales a Javier Milei y quienes reclaman mayor autonomía parlamentaria.

Mientras el presidente de Brasil llega a Buenos Aires y visita a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, el gobierno de Milei evita el diálogo y redobla la persecución judicial contra la expresidenta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue autorizado por la Justicia a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 accedió al pedido presentado por su abogado, Alberto Beraldi, para habilitar la visita, en el marco de las normas restrictivas impuestas por los jueces.

Lula participará de la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque, pero no se reunirá con Javier Milei. El libertario, fiel a su estrategia de destruir puentes con los principales socios comerciales del país, optó por evitar cualquier contacto con el mandatario brasileño, con quien mantiene una tensión pública desde la campaña presidencial.

La visita de Lula se da en medio de una ofensiva judicial sostenida contra Cristina Kirchner. Mientras la expresidenta reclama que se le permita recibir visitas sin el corset procesal que impuso el TOF 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insisten en enviarla a una cárcel común. Argumentan que no existen razones para su morigeración, ignorando su edad, su rol institucional y el contexto político que rodea su condena.

La causa Vialidad, cuya sentencia aún no está firme, fue utilizada desde sus inicios como herramienta de disciplinamiento político. El intento de impedir incluso que reciba a un presidente extranjero en su domicilio exhibe el absurdo al que ha llegado la judicialización de la política en Argentina. Y la decisión del gobierno de no recibir a Lula confirma que no hay voluntad de recomponer la diplomacia regional: se gobierna con resentimiento y se desprecia la soberanía.

La Cámara Federal de Casación Penal tratará el próximo 7 de julio el nuevo recurso de los fiscales. Para entonces, Lula ya estará de regreso en Brasil. Y la Argentina, cada vez más sola.

La reunión de los ministros de Economía de 17 provincias con el enviado de Luis “Toto” Caputo terminó mal y ahora los gobernadores decidieron acelerar el paquete de leyes para cobrar los fondos que les retiene la Nación. Desde que llegó Javier Milei a Casa Rosada, el gobierno ajusta sobre las provincias para lograr un superávit “trucho”, como señalan desde las provincias.

“Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias,, cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias”, dijo Olivares, funcionario de la provincia de Santa Fe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la Coparticipación Federal cayó un de 3,9% interanual el último mes, pese a que la recaudación por IVA se incrementó 8,3% interanualmente en términos reales. El dato más fuerte es que el impuesto a las Ganancias se desplomó 18,7%, lo que según el informe constituye una pésima noticia para las arcas provinciales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cruzó fuertemente a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, a la que acusó de favorecer el narcotráfico en su provincia. Bomba.

Antes, la empresa había informado que iba a “diferenciar sus cargos según los impuestos locales de cada provincia”, siendo el distrito conducido por Maximiliano Pullaro uno de los lugares donde aumentarán los costos.

Tras darse a conocer la noticia, Olivares desmintió a la compañía líder en venta online y la acusó de “facilitar indirectamente las transacciones de los narcos“. No es la primera vez que se señala a Mercado Pago como una plataforma que permite transacciones irregulares sin mayores controles públicos.

Se prevén desembolsos iniciales por algo más de 380 millones de dólares para la compra de vehículos blindados y otros equipamientos.

En medio de un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud, la educación y la ciencia, el gobierno de Javier Milei avanza sin reparos en importantes desembolsos de fondos y endeudamiento para la compra de armas. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a Washington para mantener una reunión de alto nivel con el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde se discutirán nuevas compras de armamento que comprometerán cientos de millones de dólares.

El encuentro forma parte de la actualización del llamado “diálogo estratégico” entre Argentina y Estados Unidos, en el que se profundizará la cooperación en materia de defensa, ciberseguridad y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la visita será la negociación para la adquisición de vehículos blindados a rueda Stryker 8×8, fabricados por la empresa General Dynamics. La operación, según lo planteado por el propio gobierno en el presupuesto 2025, implicaría un desembolso inicial de más de 380 millones de dólares.

Esta compra se suma a la reciente incorporación de 24 cazas supersónicos F-16 adquiridos de segunda mano a Dinamarca, pero de origen estadounidense, en una operación que Petri calificó como “la más importante en décadas”. Ahora, Defensa planea adquirir 209 vehículos blindados en distintas versiones, incluyendo caza tanques, transportes de tropas y otras versiones especializadas, a través del programa estadounidense FMS (Foreign Military Sales), reservado para países aliados.

Mientras se afianzan los vínculos militares con Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza justifica internamente la necesidad de estas adquisiciones en nombre de la modernización del Ejército. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ajustan partidas esenciales y se promueven discursos de “austeridad” y “sacrificio” hacia la ciudadanía, se destinan recursos públicos millonarios a la compra de armamento en el exterior y en desconexión con la propia industria de defensa.

El viaje de Petri al Pentágono, acompañado por el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme, se da además en un momento propicio para fortalecer los lazos geopolíticos con Washington. Allí también se avanzará en acuerdos sobre ciberdefensa, en base a un memorándum firmado en marzo, y en la participación de Argentina en ejercicios combinados como UNITAS, maniobras con fuerzas especiales estadounidenses en regiones extremas del país y la posible instalación de una base militar estadounidense en la Isla de Tierra del Fuego.

El plan de “rearme nacional”, diseñado y defendido por el gobierno de Milei, se presenta como un avance estratégico. Pero para vastos sectores de la sociedad, golpeados por el ajuste, representa una clara señal de prioridades invertidas: se congelan fondos para la salud pública, se desfinancia la investigación científica y se limita el acceso a la educación superior verdaderos multiplicadores de la soberanía nacional, mientras se destinan cientos de millones de dólares a equipamientos de dudosa utilidad ya que responden mas a los alineamientos geopolíticos de turno que a las reales necesidades del instrumento militar del país.

La empresa Molinos Río de la Plata no acató la conciliación obligatoria, y procederá a nuevos despidos, además presiona para aplicar una rebaja salarial.

El conflicto laboral en la planta de Molinos Río de la Plata, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa su momento más crítico. La empresa no solo continúa con el despido de trabajadores, sino que también desconoce abiertamente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras presiona para imponer una rebaja salarial bajo amenaza de cierre.

Según denunció el delegado sindical Luciano Greco, la empresa impide el reingreso del personal cesanteado y avanza en una ofensiva que combina ajuste de plantilla, deterioro de condiciones laborales y un intento de disciplinamiento gremial. “Desde el 18 de junio, Molinos no acata la conciliación obligatoria y continúa con los despidos. Ahora, además, buscan aplicar una baja salarial extorsiva: nos dicen que si no aceptamos, pueden cerrar la planta”, advirtió.

El conflicto comenzó el 9 de mayo con un primer recorte de personal. Sin embargo, la situación se agravó con seis nuevos despidos el pasado 17 de junio, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado impulsado por la filial Buenos Aires del Sindicato de la Alimentación (STIA).

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la intensificación de ritmos de producción con menos personal, lo que, según Greco, compromete la seguridad e higiene en la planta y pone en riesgo la salud de los trabajadores, al violar normativas vigentes.

Desde la Comisión Interna denuncian además que la empresa está llevando adelante una “segunda etapa de reforma laboral y sindical de hecho”, en sintonía con el clima político nacional. Entre sus objetivos estarían el desmantelamiento de la negociación colectiva, la eliminación de derechos adquiridos y el reemplazo de personal sindicalizado por mano de obra precarizada.

El conflicto sigue sin solución a la vista. Con trabajadores en estado de alerta y movilización permanente, el reclamo central sigue siendo claro: cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y reincorporación de los despedidos.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Di Tella. El respaldo al mandatario cae con fuerza entre jóvenes y profesionales, dos sectores clave para su legitimidad.

La gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo ciudadano, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) difundido por la Universidad Di Tella, basado en una encuesta de la consultora Poliarquía. El informe revela que en junio la confianza cayó 4,6% respecto al mes anterior, marcando una tendencia descendente sostenida desde diciembre.

Lejos del entusiasmo que el propio Milei expresó por redes sociales tras la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —que mostró una suba interanual del 7,7% en abril—, los datos de percepción pública pintan otro panorama. La desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los argentinos vuelve a quedar en evidencia.

La medición ubicó el nivel de confianza en 2,34 puntos sobre un máximo de 5, el tercer registro más bajo desde el inicio de su mandato. Los sectores que más se alejaron del gobierno son los jóvenes y las personas con educación universitaria, grupos que alguna vez entusiasmaron a Milei y hoy parecen darle la espalda ante la falta de resultados concretos.

“Con este descenso, el ICG de junio vuelve prácticamente al mismo nivel que tuvo en abril, el punto más bajo del año, y consolida un deterioro progresivo de la confianza social en la administración libertaria”, señala el informe.

En lo que va de la gestión, el gobierno solo logró superar mínimamente en promedio los niveles de confianza que obtuvieron Macri y Fernández en sus primeros 18 meses. Pero ese consuelo estadístico pierde peso frente al dato político: Milei no logra transformar sus indicadores macroeconómicos en mejoras tangibles para la sociedad.

El desempleo, la caída del salario real y el ajuste en áreas clave como salud, educación y transporte han golpeado la calidad de vida, y eso se refleja en el ánimo social. La “esperanza libertaria” pierde fuerza, y el espejismo del “milagro económico” comienza a desgastarse frente al malestar cotidiano de amplios sectores de la población.

Milei podrá seguir celebrando gráficos, pero el termómetro social ya no le responde.

El Gobierno evitó la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, procesado y con prisión preventiva, aceptando su renuncia antes de que el Consejo de la Magistratura lo sancionara. Así, conservaría una jubilación de privilegio, pese a estar acusado de delitos graves. Crece el malestar por el doble discurso oficial.

En una decisión que genera críticas incluso dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta presuntos vínculos con el narcotráfico. La salida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aclaró que el exmagistrado ya no cuenta con fueros, aunque evitará la destitución por parte del Consejo de la Magistratura, medida que lo habría privado de su millonaria jubilación.

El caso provocó una oleada de cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político. Legisladores opositores señalaron que la jugada del Ejecutivo no solo blinda al exjuez de una sanción institucional, sino que contradice el discurso anticasta que Milei repite desde su campaña.

“En algún momento tendrán que explicar por qué no lo destituyeron. Bailaque debería haber sido apartado por sus vínculos con la corrupción, pero hoy se retira con todos sus beneficios intactos”, expresó la diputada santafesina Lionella Cattalini.

Bailaque está imputado por múltiples delitos: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal y vínculos con estructuras del narcotráfico. La causa es llevada adelante por la fiscalía federal y había sido avalada por el Juzgado Federal N°4 y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Desde el Gobierno intentaron matizar las críticas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que no se busca encubrir a nadie y que si la Justicia avanza con una condena firme e inhabilitación, el exjuez podría perder su jubilación. “No hay intocables”, insistió. Pero en los hechos, la renuncia aceptada por el Ejecutivo le abre una puerta lateral para salir del sistema judicial sin enfrentar las consecuencias institucionales más severas.

Mientras el oficialismo predica el fin de los privilegios, decisiones como esta alimentan la sospecha de que ciertas figuras, incluso cuestionadas, siguen contando con protección política. Para muchos, lo de Bailaque no fue una renuncia: fue una jubilación asistida desde Casa Rosada.

En junio y julio habrá subas significativas en servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda y la movilidad. La suba de precios en junio ya estaría de nuevo por arriba del 1,5% de mayo y en julio el número también estaría en el orden del 2%.

De esta manera, la inflación volverá a subir en un contexto donde el dólar está planchado desde principio de año, excepto un movimiento en marzo que subió el dólar un 20%. Ahora, muchos descartan que tarde o temprano el gobierno de Javier Milei deberá devaluar de nuevo, lo que volverá a meter presión sobre los precios que no paran de crecer cada mes.

Mientras, el gobierno mantiene las paritarias en torno al 1%, muy por debajo de la suba de precios, lo que golpea sobre el poder adquisitivo de la gente y sobre la actividad económica.