Convocados por el Conicet y organizaciones científicas, investigadores y ciudadanos se movilizan este miércoles en defensa de la ciencia argentina. Denuncian recortes del 50% en la inversión estatal, salarios por el piso, parálisis en el ingreso de científicos y el éxodo forzado de jóvenes investigadores.

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico y tecnológico nacional, investigadores, becarios y trabajadores del sector marcharán este miércoles a las 13 hacia el Polo Científico en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna, tan contundente como urgente: “Sin ciencia no hay futuro”.

La protesta surge en respuesta a lo que desde distintos sectores ya definen como un “cientificidio”: recortes presupuestarios drásticos, paralización del ingreso a planta del CONICET, pérdida del poder adquisitivo de becas y sueldos, y un clima de hostigamiento discursivo que busca desprestigiar la labor científica.

La convocatoria, impulsada por numerosos institutos, universidades y colectivos de trabajadores de la ciencia, incluye una pieza audiovisual inspirada en El Eternauta, que apela a una memoria colectiva de resistencia ante lo que consideran una amenaza “tóxica” para el conocimiento nacional. La movilización principal será en Buenos Aires, pero se replicará en forma simultánea en ciudades de al menos ocho provincias.

El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt advirtió en las últimas horas que “la situación actual no es una crisis más, es un intento deliberado de destrucción de décadas de desarrollo científico. Lo que está ocurriendo no es negligencia: es una decisión política que nos quiere borrar del mapa”.

Durante el primer trimestre de 2025, la inversión nacional en ciencia se redujo a la mitad respecto al año anterior, lo que significa un retroceso presupuestario a valores de 2005. Según un informe del Grupo de Estudios en Política Científica (EPC), la caída acumulada prevista para 2025 supera el 55% si se compara con la década anterior, incumpliendo además la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología sancionada por unanimidad en 2021.

Además de denunciar la paralización del sistema, los convocantes advierten sobre las consecuencias estructurales del desguace: deserción de jóvenes investigadores, cierre de líneas de trabajo, cancelación de proyectos internacionales y una creciente dependencia del conocimiento importado.

“No sólo están desfinanciando la ciencia. Están destruyendo el tejido institucional que la sostiene”, alertaron desde la Red Federal de Afectadxs por el Recorte en CyT. “No es un reclamo corporativo: es la defensa de un derecho social al conocimiento y al desarrollo”, afirmaron.

La marcha de este miércoles no será sólo una postal del malestar del sector. Será también, advierten los organizadores, un llamado a la sociedad para impedir que el país quede definitivamente a oscuras en materia científica y tecnológica.

Cristina Kirchner convocó a una reunión extraordinaria del espacio con el objetivo de analizar para evaluar la “situación política y electoral” del país.

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este martes una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) donde insistió en advertir que el desdoblamiento electoral dispuesto en algunas provincias “le quita fuerza al proyecto nacional”.

La titular del PJ convocó a una reunión extraordinaria del espacio con el objetivo de analizar para evaluar la “situación política y electoral” del país.

“Tenemos que discutir con el Gobierno Nacional no una cuestión de territorio, sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta”, afirmó la senadora bonaerense Teresa García tras el encuentro en la sede del PJ, convocado por la propia Cristina Kirchner, quien preside el partido.

Al ser consultada sobre la situación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien convocó a comicios legislativos en su distrito para el 7 de septiembre, García aclaró que “no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones”.

No obstante, la legisladora recordó que “hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata”. Y agregó: “Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ, y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre”.

Por su parte, el senador José Mayans señaló tras el encuentro que se analizó “cómo trabajar en este tiempo con el hecho de que el Gobierno Nacional ha decidido no tratar el Presupuesto y maneja los fondos públicos a su antojo”.

“Analizamos la situación de algunas provincias, como Salta, Jujuy y Misiones, y tenemos un esquema nacional en donde La Libertad Avanza (LLA) tiene una presencia y un programa de gobierno que está afectando la vida de los argentinos porque, como dijo este gran actor, la gente no llega a fin de mes”, sostuvo Mayans, en clara alusión a Ricardo Darín, quien advirtió sobre el alza en el costo de vida.

Finalmente, la exsenadora Ana Almirón confirmó que Cristina Kirchner viajará el próximo sábado a Corrientes. La expresidenta mostró “preocupación no solo por el temporal, sino porque es un año electoral donde el peronismo quiere gobernar”, en referencia a los comicios ejecutivos en esa provincia que se llevarán a cabo el 31 de agosto.

Según información oficial, crecen las deudas de las familias argentinas porque el poder adquisitivo no alcanza para cubrir los gastos mensuales. El 91% de los hogares está endeudado según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). Entre los gastos más destacados se encuentran el rubro de alimentos que explica el 58% de las deudas con tarjeta de crédito.

Según el estudio, las deudas de las familias se tomaron en un 73% en el año 2024, tras las fuerte devaluación del gobierno de Javier Milei y consecuente inflación, que en el primer cuatrimestre acumuló un 64,99%. Durante ese año, el salario cayó entre un 10 y un 30% según el sector.

Mientras, los alimentos subieron en dólares en forma récord como lo comprobó la polémica en torno a una docena de empanadas que puede costar entre 20 y 50 dólares, un precio absolutamente delirante.

En el Consejo de la Magistratura había diferentes denuncias sobre un viaje pagado por el Grupo Clarín en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques. El viaje ¿de placer y negocios? fue a la mansión de Joe Lewis en la Patagonia.

El caso sería un escándalo en cualquier lado del mundo. Una empresa pagando favores a fiscales y jueces a cambio de ¿qué? Nunca lo sabremos porque los principales medios y ahora el Consejo de la Magistratura decidió archivar el tema gracias a la desidia de los jueces que participan en el mismo Consejo. Es decir: los jueces protegen a sus colegas. Una vergüenza.

La consultora Zuban Córdoba indagó acerca de la imagen de los hombres y mujeres más reconocidos de los medios y el resultado no es bueno para la mirada libertaria. Luis Majul es el periodista con peor imagen del país, con un 60% de rechazo. Es conocido por sus entrevistas obsecuentes al presidente Javier Milei.

En primer lugar, el trabajo revela que un periodista crítico del Gobierno nacional como Rolando Graña es quien tiene mejor imagen positiva y, además, un diferencial positivo por demás voluminoso. Lo sigue de lejos Antonio Laje. 

Entre los periodistas con imagen positiva más alta que la baja aparecen Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum, Carlos Pagni, Alejandro Bercovich, este último dueño del diferencial más alto de los medidos. También se suman en este grupo Daniel Ballester, María O´Donnell, Nancy Pazos, Reynaldo Sietecase, Hugo Alconada Mon, Ari Lijalad, Jorge Fontevecchia, Mariana Contartessi, Estefanía Pozzo y Noelia Barral Grigera.

El Banco Central reconoció que gastó USD 400 millones de las reservas para intervenir en el precio del dólar futuro, una opción que estaba explícitamente vedada en el el último acuerdo con el FMI. Al gobierno nacional no le importa nada con tal de mantener la ficción del dólar a 1000 pesos.   

El organismo que preside Santiago Bausili, socio fundador junto al ministro de Economía de la consultora Anker, publicó este viernes datos de la entidad monetaria al 30 de abril ,que muestran una posición vendedora en futuros por más de USD 408 millones. 

Desde que se firmó con el FMI, el gobierno no deja de perder reservas y apunta ahora a un nuevo blanqueo que permita “sacar los dólares del colchón”, provengan de actividades legales o no, según dijo el propio Javier Milei. ¿El FMI va a permitir que plata de delitos se usen en un blanqueo? Nadie lo tiene en claro y por eso todavía hay más dudas que certezas sobre la política libertaria.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

Por el ajuste de Javier Milei, el principal hospital pediátrico del país atraviesa una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales se fueron por los bajos salarios y la falta de respuesta oficial. “Hay riesgo de vida para los chicos”, denunció Norma Lezana, secretaria general de los profesionales del hospital.

Mientras el presidente Javier Milei se reúne con figuras del negacionismo sanitario como Robert Kennedy Jr., el Hospital Garrahan —referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad— vive una situación crítica. “Nos están llevando a todos a una situación muy límite”, denunció Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“El hospital está en una situación prácticamente de colapso”, alertó Lezana. Según la dirigente, ya se fueron más de 200 profesionales del equipo de salud, incluidos médicos de planta, residentes y becarios, debido a la crisis salarial y la falta total de respuestas por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. “No hay concursos para cubrir las vacantes. Los equipos se desarman y no se reemplaza a nadie”, explicó.

La gravedad de la situación quedó expuesta este lunes, cuando los residentes —cuyos salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de hasta 60 horas semanales— comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Como resultado, desde las 16 hasta las 8 de la mañana siguiente no hay guardias cubiertas. “Ayer hubo médicos que quedaron solos a cargo de 30 pacientes internados. Son chicos en cuidados intensivos y moderados, que en otros lugares estarían en terapia”, relató Lezana.

Según denunció, la dirección del hospital ignoró los pedidos de contingencia: “No suspendieron cirugías, no derivaron pacientes. No hicieron nada. A las 4 de la tarde respondieron que se arreglen como puedan”. Por esa desidia, presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital por abandono de persona.

Lezanano dejó dudas: “Nos están llevando a todos a una situación muy límite. No se puede pretender que un médico viva con 700 mil pesos. Tienen que trabajar después con aplicaciones, sin dormir. No dan más”.

Frente al colapso, hoy se realizará una asamblea en el hospital con participación de todos los sectores: profesionales, residentes, becarios y conducción intermedia. El objetivo es exigir una solución urgente, pero también apuntar más allá del conflicto salarial. “Estamos pidiendo una ley que blinde el financiamiento del Garrahan. Hay chicos y chicas que no encuentran atención en ningún otro lugar, ni siquiera en el sistema privado”, subrayó Lezana.

En paralelo, el gobierno nacional evita el tema. Mientras se multiplican los reclamos y las denuncias, el secretario de Salud Mario Lugones se mostró más interesado en la agenda internacional de la OMS y los protocolos ante una catástrofe nuclear, que en garantizar la atención médica a los niños y niñas de su propio país.

Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas conspirativas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen los mandatos impuestos desde Washington.

El gobierno de Javier profundiza su alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y esta vez lo hace en un área clave de la soberanía nacional: el sistema de salud. Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas antivacunas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen de cerca el modelo impulsado desde Washington, expandiendo las áreas de injerencia como ya sucedió con seguridad, energía y defensa.

Presentadas como una “modernización basada en evidencia científica”, las medidas apuntan a una “revisión profunda” del funcionamiento de los organismos nacionales de salud. Bajo el discurso de combatir la burocracia y actualizar normas, se abre paso a una reforma que responde más a la agenda de intereses extranjeros que a las necesidades del pueblo argentino. Todo esto sucede mientras el gobierno formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alejándose de consensos sanitarios internacionales y acercándose peligrosamente a posturas pseudocientíficas que han generado preocupación global.

La reunión entre Kennedy Jr. y los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger dejó en claro la sintonía ideológica: desregulación de obras sociales y prepagas, promoción de biosimilares sin regulación firme, implementación de receta electrónica, y reducción de estructuras estatales. Esta hoja de ruta no es otra cosa que una reproducción del modelo estadounidense que Kennedy Jr. viene promoviendo, incluso a costa de miles de empleos en la FDA y los CDC en su propio país.

Resulta alarmante que una figura tan cuestionada como Kennedy Jr., acusado de difundir desinformación sobre vacunas, con teorías desacreditadas incluso por su propia familia, sea recibida como socio estratégico para reconfigurar el sistema sanitario argentino.

Sus afirmaciones infundadas sobre el autismo, la seguridad de las vacunas, y su campaña contra la inmunización han sido refutadas ampliamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, es ahora él quien parece tener influencia directa sobre las políticas de salud pública en nuestro país.

La supuesta “eficiencia” que promueve Kennedy —basada en recortes, privatizaciones y un Estado ausente— ya ha mostrado sus consecuencias en EE.UU.: un sistema costoso, desigual, y con pobres resultados sanitarios. Exportar ese modelo a la Argentina no es solo un acto de imprudencia, sino una claudicación de la soberanía sanitaria.

Así, con cada paso, el gobierno de Javier no hace más que confirmar su vocación de subordinación: desde las decisiones económicas hasta las políticas de salud, el Estado argentino se entrega sin condiciones a los intereses de Washington, incluso cuando estos van en contra de la evidencia, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.