Un informe de JP Morgan recomendó que los fondos de inversión abandonen Argentina por el brutal déficit externo y el atraso cambiario. Ahora trascendió que otro fondo de inversión, Pimco, redujo posiciones por USD 1.600 millones, lo que podría profundizar la desconfianza de los mercados.

En 2025, el déficit externo fue récord, de USD 5.100 millones. El informe de JP Morgan titulado “Tomándose un respiro”, insta a “dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos” ante posibles ruidos electorales y salidas por turismo.

“Si Pimco se está yendo, es porque algo huele mal”. Otro especialista agregó: “Ya les pasó antes. La escena de hecho guarda similitudes con la crisis del 2017/18 del macrismo: un mercado que se adelanta, capitales que buscan la salida”, destacaron operadores de mercado.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa realizada en 2012. En diálogo con El Destape 1070, Rucci reclamó una defensa firme de la soberanía energética y de los recursos naturales del país:

“Argentina puede apelar el fallo o directamente desconocerlo”, sostuvo.

Rucci remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros, en especial en un contexto en el que el país busca potenciar su producción en Vaca Muerta.

“Las cortes extranjeras nunca van a fallar a favor de nuestro país. Poner un recurso estratégico como el energético en manos de un juez extranjero es inadmisible”, advirtió.
Y fue aún más categórico:
“Vivir de los fondos buitres es poner a la Argentina de rodillas ante los norteamericanos”.

El dirigente sindical, con amplia experiencia en el sector, advirtió sobre el modus operandi de los fondos especulativos:

🗨️ Marcelo Rucci se opinó sobre la noticia de la entrega del 51% de las acciones de YPF: "Esta dependencia de las Cortes extranjeras nunca van a favor de nuestro país porque históricamente nunca lo han hecho" pic.twitter.com/8eDE0xWn9C

— eldestape1070 (@eldestape_radio) June 30, 2025

“Ya sabemos cómo actúan los fondos buitres. Por eso, hay que litigar en la Argentina y defender nuestra soberanía jurídica”.

Críticas a la gestión energética y advertencia por el gasoducto

Además del reclamo geopolítico, Rucci apuntó contra el Gobierno por no avanzar en decisiones clave para el desarrollo energético del país. En ese sentido, expresó su preocupación por el estancamiento de la infraestructura de transporte de gas y petróleo.

“El gobierno no ha dado pasos para la reversión del gasoducto”, señaló.

“Las inversiones están puestas en los caños que van hacia Río Negro, pero estamos en un cuello de botella y no se puede sacar toda la producción”, agregó.

Para Rucci, el desarrollo de los hidrocarburos representa una de las principales salidas económicas para la Argentina:

“Una de las grandes salidas para este país es el gas y el petróleo. No creo que haya un gobierno que quiera desaprovechar esa posibilidad, pero hoy se lo está ignorando”.

Con sus declaraciones, Rucci no solo dejó en claro su rechazo al fallo judicial extranjero, sino que también llamó a una defensa activa de los intereses nacionales frente a presiones externas, en especial en el ámbito de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas.

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford y Eton Capital en 14 días.

La jueza Loretta Preska , del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los “fondos buitres” Burford y Eton Capital , como parte del pago por la condena relacionada con la expropiación de la petrolera en 2012.

La medida forma parte de una estrategia legal que busca cobrar el monto establecido en una sentencia previa, que fijó en US$ 16.100 millones el valor total de la deuda impaga. El fallo obliga al país a depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon Corporation (BNYM) dentro de los 14 días posteriores a la fecha del fallo . Además, se instruye a BNYM a iniciar la transferencia de dichas acciones a los demandantes dentro de un día hábil desde que sean depositadas.

En su fundamentación, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida” , indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York” .

El tribunal se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras , argumentando que Argentina utilizó esas mismas acciones para actividades comerciales en Estados Unidos , como el programa de ADRs, la cotización en la NYSE, el registro ante la SEC y la venta de bonos a inversores estadounidenses, lo cual elimina cualquier protección soberana sobre ellas .

Además, la jueza rechazó la aplicación del Artículo 10 de la Ley argentina de Expropiación de YPF, que prohíbe la transferencia de acciones sin autorización del Congreso Nacional. Señaló que no hay un “verdadero conflicto” entre ambas normativas , ya que Argentina puede cumplir con el fallo cambiando la ley o negociando una salida política.

“Incluso si hubiera un conflicto, los intereses de Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias son prioritarios”, aseguró el dictamen.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF comenzaron a caer : en Wall Street perdieron más del 8% , mientras que en la bolsa local la baja fue del 6% poco después del mediodía. El índice Merval también sufrió una corrección superior al 3% .

Este nuevo giro judicial pone nuevamente en jaque la estabilidad económica y financiera del país, afectando directamente a uno de los activos estratégicos más importantes para la soberanía energética argentina .

La Mesa de Enlace, conformada por Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina, lanzó un fuerte comunicado criticando al gobierno de Javier Milei por eliminar la baja transitoria de retenciones a la soja y el maíz.

Este martes venció la baja transitoria de derechos de exportación para soja y maíz, una medida implementada por el gobierno nacional a fines de enero que reducía las alícuotas desde el 33% al 26% para el poroto de soja , del 31% al 24,5% para aceite y harina de soja , y del 12% al 9,5% para el maíz .

Pese a las expectativas generadas por la supuesta afinidad entre sectores del agronegocio y La Libertad Avanza, el gobierno decidió no extender la medida , manteniendo únicamente la rebaja para trigo y cebada, cultivos que actualmente están en época de siembra.

“No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”, denunciaron las entidades agropecuarias en un comunicado conjunto.

Las cuatro entidades remarcaron que “el cuestionamiento principal de los Derechos de Exportación (DEX) es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” , que históricamente ha generado retraso tecnológico, productivo y social , afectando la competitividad del sector y limitando el desarrollo federal del país.

Además, advirtieron que la eliminación de la baja temporal pone mayor presión fiscal sobre el campo , “asfixiante, inequitativa e injusta”, en momentos en que aún queda aproximadamente el 70% de la cosecha gruesa por comercializar .

En este contexto, se aceleró en los últimos días la presentación de declaraciones juradas para liquidar exportaciones , en un intento de aprovechar los últimos días de alícuotas reducidas.

La crítica también fue política: la Mesa de Enlace recordó que hace meses viene reclamando medidas definitivas , no solo coyunturales, que atiendan de fondo los problemas estructurales del campo argentino. “El campo argentino requiere reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”, concluyeron.

En un fallo histórico, la Justicia invalidó el DNU 340/2025, que restringía derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de huelga. La CGT celebró la decisión que refuerza la división de poderes y marca un límite claro al Ejecutivo libertario.

En un fallo categórico y definitivo, la Justicia laboral propinó un durísimo revés al gobierno de Javier Milei: declaró la inconstitucionalidad del DNU 340/2025, que intentaba restringir el derecho a huelga y la libertad sindical. La sentencia, dictada el 30 de junio por la jueza Moira Fullana, constituye un golpazo judicial que refuerza los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y blinda los derechos laborales.

El fallo invalida los artículos 2 y 3 del decreto que pretendía imponer severas restricciones al derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales”. Según la Justicia, el gobierno libertario violó no solo la Constitución Nacional sino también tratados internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

Un decreto inconstitucional y sin justificación

La acción fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció que el DNU avanzaba sobre facultades exclusivas del Congreso –en pleno funcionamiento– y atacaba de forma directa el derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y otros instrumentos internacionales.

La jueza Fullana remarcó que el Ejecutivo no justificó la supuesta urgencia ni las condiciones excepcionales requeridas para legislar por decreto, lo que dejó al DNU sin sustento legal. “El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional no deja margen de interpretación: el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto salvo en situaciones extraordinarias, y este no fue el caso”, expresó en los fundamentos.

Además, el decreto imponía servicios mínimos del 50% al 75% en sectores como la Marina Mercante y actividades conexas, lo cual fue considerado una “avanzada regresiva” por parte de la CGT y una clara erosión de la libertad sindical.

Impacto político y laboral

El fallo es más que una resolución judicial: es un freno institucional al autoritarismo normativo del gobierno de Milei, que busca concentrar poder mediante decretos sin aval legislativo. La CGT celebró el fallo como una victoria en defensa de los derechos laborales y la división de poderes. “Este fallo no solo derriba el DNU, sino que deja en claro que no todo vale en nombre del ajuste o la emergencia”, declaró un vocero sindical.

La jueza también señaló que la ampliación de más de 60 sectores como “esenciales” desbordaba tanto la legislación nacional como los estándares internacionales. “La libertad sindical no puede ser erosionada bajo pretextos de emergencia económica o sectorial”, sentenció.

Próximos pasos y tensión institucional

El gobierno aún no reaccionó oficialmente, pero se prevé que apelará ante la Corte Suprema, que ya tiene pendiente pronunciarse sobre otro decreto clave del oficialismo: el controvertido DNU 70/2023.

Mientras tanto, la Justicia impuso costas al Estado y fijó honorarios legales elevados, en lo que constituye también una sanción económica al intento del Ejecutivo de legislar por decreto en detrimento de los derechos sociales.

El fallo de Fullana representa una alerta temprana frente a los intentos del gobierno de gobernar por fuera del Congreso. La sentencia deja un mensaje claro: ni la urgencia autodeclarada ni la ideología de mercado justifican la vulneración de derechos constitucionales.

El banco más influyente de Wall Street encendió una señal de alarma sobre el rumbo económico de la Argentina. En un giro respecto de su postura previa, JP Morgan recomendó a los inversores desarmar posiciones en bonos en pesos y refugiarse en dólares, citando preocupaciones por la fragilidad cambiaria y el incierto panorama político.

El informe, titulado “Tomándose un respiro”, refleja un volantazo en la estrategia del banco, que hasta hace pocas semanas mantenía una posición favorable al carry trade argentino, alentado por la estabilidad del tipo de cambio y la promesa de desinflación.

“Preferimos dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”, señalaron los economistas de JP Morgan, aludiendo a factores como el fin del pico de ingresos del agro, la presión por la salida de dólares vía turismo, y señales de intervención en el mercado de futuros.

En abril, tras el levantamiento parcial del cepo y la implementación de un nuevo régimen cambiario, el banco había apostado por instrumentos en pesos a corto plazo, anticipando una brecha cambiaria acotada y un escenario más predecible. Esa apuesta ahora parece haberse agotado.

Aunque la entidad mantiene una mirada optimista para el mediano plazo —destacando avances fiscales y desaceleración inflacionaria—, considera que el contexto actual amerita cautela. “Estamos tomando ganancias y reduciendo exposición”, concluyó el informe.

La recomendación de JP Morgan marca un fuerte cambio de clima entre los grandes jugadores financieros y pone en duda la estabilidad del esquema económico argentino a corto plazo.

Lejos de disipar las dudas, colocan en el centro de la escena al presidente argentino Javier Milei, a quien Davis responsabilizó por el derrumbe del proyecto y la pérdida de millones de dólares de pequeños inversores.

La investigación judicial por el colapso de la criptomoneda $LIBRA dio un giro decisivo en las últimas horas, luego de que Hayden Davis, el empresario estadounidense sindicado como el creador del proyecto, declarara ante la Justicia federal de Nueva York. En una comparecencia esperada, Davis apuntó directamente al presidente argentino Javier Milei, a quien responsabilizó por el derrumbe del token y las millonarias pérdidas sufridas por miles de pequeños inversores.

“La eliminación del posteo alimentó las sospechas de fraude y destruyó la confianza en $LIBRA”, afirmó Davis ante el tribunal, en referencia al mensaje que Milei había publicado —y luego borrado— en la red social X, donde inicialmente promocionó el proyecto.

En su testimonio, Davis negó que $LIBRA haya sido una estafa. Aseguró que la criptomoneda nació como una iniciativa legítima, destinada a impulsar a pequeñas empresas y financiar proyectos educativos en Argentina. Según su relato, la caída fue consecuencia directa del retiro público del respaldo presidencial y de la posterior intervención judicial, que paralizó el desarrollo del token.

Además, el empresario se desligó de los llamados “snipers”, inversores que compraron masivamente en el lanzamiento del token para luego vender con ganancias rápidas. “No tenía conocimiento previo de su existencia ni vínculo alguno con ellos”, declaró, en un intento por desmarcarse de las acusaciones de manipulación del mercado.

Davis también buscó limitar el alcance territorial del caso. Sostuvo que no participó en la administración del sitio web del proyecto desde Nueva York ni dirigió campañas promocionales en ese estado.

Aunque Javier Milei no figura como imputado en la causa, su nombre quedó en el centro de la escena judicial y mediática. Las declaraciones de Davis abren un debate profundo sobre la responsabilidad política y ética del mandatario frente a un escándalo que afectó a miles de ahorristas.

Mientras tanto, la Justicia de EE.UU. mantiene congelados cerca de 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al caso. La investigación continúa para determinar si hubo delitos financieros, manipulación del mercado o uso de información privilegiada en la operatoria de $LIBRA.

El Balance Cambiario del BCRA registró un déficit de u$s939 millones solo en el mes de mayo, lo que supera ampliamente el récord negativo de mayo de 2024 (u$s551 millones). Así las cosas, el déficit acumulado en la cuenta corriente, que incluye todos los ítems vinculados a la generación/demanda de dólares, de lo que va de 2025 es de 5 mil millones de dólares.

Hay que recordar que en la primera parte del año, se encuentra la mayor parte de los ingresos provenientes del agro, lo que empeora la cuestión. El rojo se explica por la apertura de importaciones, el turismo en el exterior, el pago de la deuda y la estrategia de dólar baratísimo. Argentina podría tener un rojo en 2025 de 15 mil millones de dólares. No cierra por ningún lado.

Eso explica el leve aumento del dólar oficial que llegó al 1200 pero que el mercado descarta que estará en 1400 pesos o más para fin de año. Por ahora, el gobierno de Javier Milei interviene para mantener la divisa a raya pero la dinámica de dólares se volverá imposible con el correr de los meses. No hay bicicleta financiera que pueda contener una pésima gestión económica. Eso explica que los mercados financieros hayan decidido no bajar el riesgo país.

El Gobierno volvió a ajustar el impuesto a los combustibles, y prepara una escalada de aumentos para agosto. Naftas y gasoil seguirán subiendo en un contexto de inflación persistente y salarios estancados.

El Gobierno nacional confirmó este jueves un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles, medida que impactará en los precios al surtidor en las próximas horas. Así lo establece el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial, que actualiza la carga impositiva sobre las naftas y el gasoil.

En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $6,620 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,405 por litro en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste será de $5,346 por litro en el gravamen principal, $2,895 adicionales por la alícuota diferencial que rige en zonas como la Patagonia, y $0,609 por litro en el impuesto ambiental.

La medida oficializa una nueva transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores hacia el fisco, y forma parte de una estrategia fiscal que, lejos de bajar impuestos como prometió Javier Milei, los indexa por inflación. En paralelo, el Gobierno pospuso para agosto la aplicación del grueso de los aumentos pendientes desde 2024, lo que augura una segunda ola de incrementos en los próximos meses.

Según el decreto, todavía resta aplicar la actualización correspondiente a parte del primer trimestre de 2024 y a la totalidad del segundo, tercero y cuarto trimestres del mismo año, así como al primer trimestre de 2025. El Gobierno reconoce que las subas debieron haberse aplicado en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la evolución del IPC del INDEC, pero decidió “escalonar” el ajuste para evitar un alza súbita.

Sin embargo, lo que en los papeles parece una moderación, en la práctica es una bomba de tiempo para el bolsillo: en pleno invierno, con aumentos acumulados en alimentos, tarifas y prepagas, los combustibles volverán a subir por partida doble.

A esto se suma la decisión de las petroleras privadas que ya remarcaron sus precios un 5% la semana pasada, aduciendo un rebote internacional del barril de crudo por el conflicto entre Israel e Irán. Con este nuevo ajuste fiscal, las empresas volverán a trasladar el costo a los consumidores.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con que el ajuste “ya terminó” y se niega a discutir la caída del poder adquisitivo, el parate del consumo y la creciente conflictividad social. Pero en los surtidores, en la góndola y en la vida cotidiana, el experimento libertario se siente cada vez más como un tarifazo sin fin.

El Gobierno oficializó la suba de las alícuotas para los principales cultivos del país y volvió a incumplir sus promesas de campaña. Productores advierten que la medida desalienta inversiones y profundiza la crisis del interior.

El Gobierno nacional decidió reinstaurar las retenciones plenas a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que revierte parcialmente los beneficios fiscales temporales otorgados a principios de año, entra en vigencia desde el 1° de julio.

Así, la soja volverá a tributar un 33% de derecho de exportación, el maíz y el sorgo el 12%, y el girasol el 7%. Sólo el trigo y la cebada conservarán —hasta el 31 de marzo de 2026— una alícuota reducida del 9,5%. Todo esto, en medio de un contexto de precios internacionales a la baja y sequías intermitentes que afectan la producción.

La decisión golpea directamente al corazón productivo del país y contradice el discurso oficial de “libertad económica” con el que Javier Milei llegó al poder. Durante su campaña, prometió eliminar gradualmente las retenciones, pero a seis meses de gestión no solo no lo hizo, sino que reinstauró las que había quitado. En los hechos, volvió a colocar sobre el campo la mochila fiscal que tanto cuestionó.

En paralelo, la administración busca calmar las cuentas públicas ante un nuevo monitoreo del FMI. A pesar del ingreso de unos US$ 5.000 millones en las últimas dos semanas por adelantamiento de ventas (producto de la especulación previa al aumento), el Banco Central aún está lejos de cumplir las metas de reservas comprometidas con el organismo internacional. Según se supo, hay un déficit superior a los US$ 2.000 millones respecto a lo exigido.

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Mientras las grandes exportadoras, nucleadas en CIARA-CEC, se mostraron conformes con la prórroga para el trigo y la cebada, las entidades representativas de los productores (CRA, Coninagro y la Sociedad Rural) expresaron preocupación y malestar por la suba. “Es una medida regresiva que ahoga al interior productivo y frena cualquier intento de inversión”, señalaron desde CRA.

La Sociedad Rural, en particular, evitó declaraciones altisonantes: debe recibir al presidente en los próximos días en la tradicional exposición de Palermo. Pero puertas adentro, el enojo es evidente.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei deja en claro que su programa económico no es contra la “casta”, sino contra el aparato productivo nacional. Un modelo que, lejos de liberar, ajusta y recauda a expensas de quienes todavía generan empleo, valor agregado y dólares genuinos.