La agencia de noticias financieras Bloomberg publicó una extensa investigación en la que detalla el papel clave de Karina Milei en la recaudación de fondos para su hermano, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña electoral de 2023.

Según el informe, los empresarios que deseaban reunirse con el entonces candidato debían realizar pagos en efectivo de hasta 20.000 dólares, dinero que Karina Milei juntaba con celeridad en una bolsa sin ningún tipo de registro oficial.

El artículo, firmado por el periodista Ignacio Olivera Doll, describe cómo las reuniones tenían lugar en la torre Le Parc de Palermo, donde Milei cenaba con los empresarios tras haberse asegurado la recaudación. Los pagos, según Bloomberg, no fueron declarados como ingresos de campaña por La Libertad Avanza ni estaban registrados de ninguna otra manera.

El propio Javier Milei reconoció la existencia de estas cenas, argumentando que las veía como una extensión de su trabajo como consultor económico y defendiendo que su tiempo tenía un valor. Sin embargo, Bloomberg señala que recibir dinero sin documentación que acredite la fuente y el propósito de los pagos es ilegal, y que si los empresarios involucrados tenían intereses en decisiones políticas de Milei, podría haber sospechas de soborno. No obstante, hasta el momento no se han abierto investigaciones oficiales al respecto.

La investigación también menciona que, en los informes de financiamiento de campaña de Milei, solo aparecen tres donantes identificados, sin ninguna referencia a estas reuniones privadas. Esto contrasta con las normas de transparencia en otros países, donde los eventos de recaudación de fondos requieren la presentación de informes detallados sobre los aportantes y los montos entregados.

Las cenas organizadas por el entorno de Milei habrían recaudado alrededor de 10.000 dólares cada una en 2021 y 2022, cifra que aumentó a más de 20.000 en 2023. Entre los organizadores de estos encuentros figuran el empresario Darío Wasserman, actual director del Banco Nación, y Nicolás Posse, quien luego se convirtió en jefe de Gabinete de Milei. Wasserman reconoció a Bloomberg haber organizado algunas cenas, pero negó que se tratara de pagos directos al ahora presidente.

El escándalo en torno a la financiación de la campaña de Milei se suma a otras controversias, como la reciente promoción de la criptomoneda $LIBRA, señalada como una estafa, y las denuncias de la líder opositora Elisa Carrió, quien calificó a Karina Milei como la “cajera” del presidente. Mientras tanto, el Gobierno ha optado por no dar declaraciones sobre las revelaciones de Bloomberg.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que hasta hace poco Javier Milei señalaba como el mejor minitro de la historia del país, aseguró que el gobierno libertario está vendiendo dólares que los ahorristas tienen en el banco. Es ilegal pero Luis Caputo los estaría usando para mantener el dólar súper barato.

Así lo aseguró Cavallo en su blog y advirtió sobre la grave situación económica del país. Desde enero, el Banco Central dilapidó casi 8000 millones de dólares para mantener el actual esquema financiero, con el que se busca bajar la inflación. La suba de precios, sin embargo, podría ser del 3% en marzo.

Mientras, la gestión de Milei se aferra desesperadamente a un acuerdo con el FMI que le permita un ingreso de dólares que le permita zafar de la actual corrida cambiaria. El dólar libre llegó a los 1350 pesos en el día ayer y se agrandó la brecha. Milei y Caputo, al borde de un ataque de nervios.

El Gobierno libertario autorizó más aumentos que ya empezaron a golpear el bolsillo.

El Gobierno nacional ha anunciado un aumento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que entrará en vigor el 1° de abril, seguido de otro incremento que se implementará el 1° de mayo. Esta decisión fue formalizada a través del decreto 243/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según lo establecido, el impuesto sobre los combustibles líquidos para la nafta aumentará en $5,461 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $0,335. Para el gasoil, los aumentos serán de $4,266 en el impuesto general, $2,310 en el tratamiento diferencial para las zonas del sur del país y $0,486 en el tributo al dióxido de carbono. Estos incrementos son el resultado de actualizaciones pendientes de 2023 y 2024 que, por decisión del Poder Ejecutivo, habían sido postergadas en varias ocasiones.

Con este nuevo esquema, los efectos de las actualizaciones correspondientes al primer trimestre de 2024 se aplicarán parcialmente en abril, mientras que el resto, que incluye los ajustes de los tres trimestres restantes de 2024, se implementarán a partir del 1° de mayo. La actualización de estos tributos se realiza trimestralmente, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, acumulada desde enero de 2018.

El nuevo esquema se aplicará a todos los hechos imponibles que se produzcan entre el 1° y el 30 de abril, mientras que a partir de mayo comenzará a regir el incremento total por las actualizaciones acumuladas.

Advierten que el calculo realizado por el Gobierno tiene varias limitaciones y sesgos que no permiten brindar un panorama completo de la situación.

El Gobierno de Javier Milei celebró este lunes la publicación de los nuevos datos oficiales sobre pobreza en Argentina, que reflejan una fuerte caída en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, especialistas advierten que la metodología utilizada para medir la pobreza presenta serias limitaciones y podría estar ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad social del país.

De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza cayó al 38,1 % en el segundo semestre de 2024, registrando un retroceso de 14,8 puntos porcentuales respecto al primer semestre, cuando se ubicó en el 52,9 %, el nivel más alto desde 2003. La tasa de indigencia, por su parte, se redujo al 8,2 %, una caída de 9,9 puntos porcentuales en el mismo período.

Sin embargo, economistas y analistas sociales ponen en duda la validez de estos números, señalando que la medición oficial excluye sectores vulnerables y no refleja el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas de la población.

Metodología limitada y exclusión de sectores vulnerables

Uno de los principales cuestionamientos a las cifras oficiales es que el cálculo del Indec solo considera los 31 principales centros urbanos del país, lo que equivale a 29,8 millones de personas sobre una población total de aproximadamente 47 millones. “La medición cubre únicamente a ciudades de 100.000 o más habitantes, sin captar la situación en ciudades pequeñas o áreas rurales, donde la estructura de la pobreza podría ser distinta”, advirtió el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, el Indec mide la pobreza únicamente en función de los ingresos declarados por los hogares y su capacidad para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, sin considerar otros factores clave como el acceso a vivienda, salud o educación. Expertos del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina remarcan que la metodología actual no tiene en cuenta el peso creciente de los gastos fijos, como tarifas de servicios públicos o transporte, lo que impacta de manera significativa en la capacidad adquisitiva de los hogares.

“Las mejoras en el ingreso familiar real no implican necesariamente mejores consumos corrientes”, señala el ODSA, al advertir que, pese a la reducción oficial de la pobreza e indigencia, otros indicadores como la pobreza multidimensional, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a medicamentos y salud han seguido en aumento.

La pobreza encubierta: los “casi pobres”

El economista Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, sostiene que Argentina atraviesa una transformación estructural en la distribución del ingreso, con una clase media en rápido proceso de desaparición y un sector cada vez mayor de la población ubicado en la franja de los “casi pobres”. Este grupo tiene ingresos apenas superiores al umbral de pobreza, pero vive en condiciones similares a quienes están formalmente bajo la línea de pobreza.

Si se suman los pobres y los “casi pobres”, cerca del 80 % de la población argentina estaría en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo claro es el caso de los jubilados, muchos de los cuales sobreviven con pensiones apenas por encima de la línea de pobreza del Indec, pero muy por debajo del costo real de la canasta básica de la tercera edad calculada por la Defensoría de la Tercera Edad.

En paralelo, la demanda de asistencia alimentaria en comedores sociales ha crecido significativamente, y el número de personas en situación de calle en Buenos Aires y otras ciudades sigue en aumento. Según organizaciones sociales, la cantidad de personas sin techo en la capital oscila entre 4.000 y 12.000, dependiendo de la fuente consultada.

Deficiencias en la metodología del Indec

Especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que los bruscos cambios en los precios relativos durante 2024 distorsionan el índice de inflación y, por ende, afectan la medición de la pobreza por ingresos. Según el CEPA, la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) se basa en patrones de consumo desactualizados y en encuestas que no reflejan la estructura actual del gasto de los hogares.

Uno de los problemas clave es la utilización de la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/5 para estimar la relación entre gasto alimentario y no alimentario, lo que genera un coeficiente que subestima el peso de servicios y transporte en la economía de las familias. En un contexto de fuertes aumentos en estos rubros, la metodología del Indec no logra captar el impacto real en el poder adquisitivo de la población, lo que lleva a una subestimación de la pobreza.

El deterioro del poder adquisitivo y el consumo

A pesar de la desaceleración de la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores ha seguido deteriorándose. Según el último informe del Indec, los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 2,3 % en enero, mientras que los empleados públicos solo recibieron un incremento del 0,9 %. En ambos casos, la inflación erosionó los ingresos, lo que se reflejó en una caída del 10 % en el consumo de alimentos en el primer mes del año.

Las proyecciones privadas indican que la inflación habría vuelto a acelerarse en marzo, impulsada por aumentos en alimentos, transporte y educación. Consultoras como Analytica, LCG y Eco Go estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo se ubicó entre el 2,5 % y el 3 %, lo que afectará aún más el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Una imagen distorsionada de la pobreza

El análisis de los especialistas deja en evidencia que los datos oficiales sobre pobreza ofrecen solo una visión parcial de la realidad social de Argentina. La metodología utilizada por el Indec presenta serias limitaciones y no refleja adecuadamente el impacto del ajuste económico y la inflación en las condiciones de vida de la población.

El Gobierno de Milei deberá enfrentar en los próximos meses el desafío de explicar cómo conciliará su relato sobre la reducción de la pobreza con el deterioro evidente del poder adquisitivo y el creciente malestar social. Con una inflación en ascenso y paritarias aún insuficientes para compensar la pérdida de ingresos, la supuesta mejora de los indicadores sociales podría convertirse en una ilusión estadística de corta duración.

El expresidente Mauricio Macri arremetió contra el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció su candidatura a legislador porteño por fuera del PRO. “Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, que sigue siendo el adversario”, manifestó el lider del partido amarillo.

“Lamentablemente es todo por un tema personal de él. Él no quedó bien después de haber perdido esa interna”, aseguró.

Macri criticó la actitud de su exjefe de Gobierno en aquella contienda electoral. “Creyó que ya era presidente y perdió la interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente, y por paliza. Eso no lo ha podido superar, y termina tomando decisiones equivocadas”.

“Termina enfrentando a su propio partido, en vez de sumarse a dar una discusión dentro del partido, que es lo que corresponde”, lamentó.

Asimismo, advirtió sobre la fragmentación del espacio opositor. “El adversario no es el PRO. El adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos”, enfatizó.

El abogado de Cristina Kirchner denunció la falta de imparcialidad en la causa Vialidad y recusó a un juez designado por Milei.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, denunció este lunes que en el proceso judicial por la causa Vialidad se “limitó de manera incorrecta y arbitraria” la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, así como el análisis de los argumentos de la defensa por parte del tribunal. Además, advirtió sobre la falta de fundamentos jurídicos en la sentencia y la parcialidad de uno de los magistrados que debe intervenir en la revisión del caso.

En conferencia de prensa, Beraldi afirmó que “la sentencia carece de fundamento jurídico” y que “se han violentado reglas lógicas que llevan a conclusiones absurdas”. Según explicó, los criterios utilizados para absolver a otros imputados fueron descartados al momento de juzgar a la expresidenta, lo que evidencia “una contradicción insalvable” en la resolución judicial.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la recusación del juez en comisión, Diego García Mansilla, quien fue designado por el presidente Javier Milei a través del decreto 137, apenas tres días antes de que venciera el período de sesiones extraordinarias. “Esta designación ha sido severamente cuestionada desde distintos sectores políticos, señalando el grave problema de institucionalidad que implica”, sostuvo Beraldi, al advertir que el magistrado había declarado previamente en una audiencia pública que no aceptaría un nombramiento bajo esas condiciones.

Según el abogado de la exmandataria, la situación se agrava por la falta de estabilidad del juez designado y por la reciente intromisión de Milei en el debate público sobre la causa Vialidad. “El presidente directamente introduce en la discusión la existencia de esta causa y afirma que Cristina va presa. Es una manifestación extraordinariamente grave que puede significar una intromisión en el manejo de causas judiciales, algo expresamente prohibido por la Constitución”, advirtió.

Asimismo, Beraldi señaló que el Partido Justicialista, a través de sus senadores, ya manifestó su oposición a la designación de García Mansilla, lo que agrega un nuevo elemento de controversia. “Estamos frente a un panorama que inequívocamente determina que este juez no pueda intervenir en este proceso”, concluyó.

El planteo de la defensa se presentó en un escrito formal ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal garantice la imparcialidad en la revisión de la sentencia. La decisión del tribunal será clave en el futuro judicial de la expresidenta.

“No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral’”, aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

En una muestra más de su inconsistencia discursiva, Javier Milei guarda ahora un elocuente silencio ante la decisión del gobierno de utilizar fondos del FMI con fines electorales, una práctica que él mismo condenó con vehemencia en 2018. En aquel entonces, el economista libertario lanzó duras críticas contra el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, por querer usar las reservas del FMI para política monetaria. “La tensión con el Fondo es porque Caputo quería usar las reservas para hacer política monetaria. Y el Fondo le dijo: “No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral, fijate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares y le dieron solo 5 mil, porque le dijeron basta, no podes patinarte la guita en una ventura electoral” aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

El contraste no puede ser más evidente. Hace apenas unos años, Milei denunciaba que el uso de los fondos del FMI con objetivos políticos era una maniobra irresponsable que hipotecaba el futuro del país. Sus discursos se llenaban de frases tajantes sobre la necesidad de evitar la manipulación electoral de los recursos estatales. No obstante, ahora que su gobierno se enfrenta a dificultades económicas y la posibilidad de perder apoyo popular, la utilización de los mismos mecanismos que antes condenaba ya no parece molestarle.

Esta contradicción deja en evidencia la doble vara con la que Milei mide los hechos según su conveniencia política. Mientras que en la oposición se erigía como un defensor intransigente de la disciplina fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en el poder parece haber adoptado una visión mucho más pragmática, en la que las críticas del pasado se desvanecen ante la urgencia de sostener su administración.

El silencio de Milei sobre este tema no es un detalle menor. Refleja la transformación de un político que, a pesar de haber construido su imagen sobre la base de la intransigencia ideológica, ahora demuestra que sus principios pueden flexibilizarse cuando las circunstancias lo requieren. La pregunta que queda en el aire es si sus seguidores, aquellos que confiaron en su coherencia, seguirán justificando este cambio o si finalmente comenzarán a cuestionar la verdadera naturaleza de su liderazgo.

Es por la compra de cuatro buques guardacostas al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar envuelta en un escándalo de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, que supera los 325 millones de dólares, ha sido señalada por licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.

Este nuevo caso se suma a las denuncias que Bullrich ya enfrentó en su anterior paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue acusada de compras de armamento y equipamiento con sobreprecios y de favorecer a determinados proveedores de origen israelí en licitaciones irregulares.

En 2018, la misma empresa francesa Naval Group –entonces llamada DCNS– vendió cuatro patrulleros tipo OPV-90 clase “Gowind” a la Armada Argentina en una compra directa, con un costo señalado como excesivo, uno de los cuales ya era usado y presentó además problemas en su planta de propulsión. Ahora, nuevamente bajo la gestión de Bullrich, la compañía es beneficiada en un proceso plagado de sospechas.

Una licitación a medida de una empresa con historial de corrupción

La compra de estos cuatro Offshore Patrol Vessel (OPV) fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre. A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN), que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó con la adjudicación a Naval Group.

La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil. En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que refuerza las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.

Sospechas de fraude y perjuicio para la industria nacional

El ingeniero naval Raúl Podetti, quien llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini, denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.

Además, Podetti señala que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. “No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió. Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.

Vínculos con el acuerdo entre Milei y Macron

El proceso de compra de estos barcos tomó aún más velocidad tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron en noviembre de 2023. En ese encuentro, ambos mandatarios cerraron un acuerdo que incluye la adquisición de submarinos y patrulleros por una suma total de aproximadamente 2 mil millones de dólares, financiados por Francia.

Este vínculo diplomático genera aún más suspicacias sobre la falta de competencia real en la licitación y el rol de la gestión de Bullrich en favorecer a la empresa francesa, desestimando los reclamos del sector naval argentino.

Un patrón de corrupción repetido

Este escándalo refuerza el patrón de irregularidades que ya rodearon a Bullrich en el pasado. Durante el gobierno de Macri, su gestión en Seguridad fue cuestionada por compras directas de equipamiento militar con sobreprecios y adjudicaciones a proveedores sin licitación competitiva. En 2018, la compra de los patrulleros a Naval Group ya había sido señalada por haber costado el doble de su valor de mercado. A esto se suma el escandalo durante esos mismos años por la compra de cinco viejos cazabombarderos “Super Etendard Modernisé” (SEM) que llegaron totalmente fuera de servicio y que aun permanecen postrados en los hangares de la Aviación Naval de la Armada con futuro incierto.

Ahora, con una nueva denuncia en curso, la ministra vuelve a estar en el centro de un posible esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia investiga si se trata de un “delito en curso”, como sugirió la jueza Servini, las sospechas sobre la transparencia de la operación siguen creciendo.

Además, recusó al juez Manuel José García Mansilla designado por Milei, denunció que su nombramiento carece de imparcialidad y que no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir su condena en la causa Vialidad, que la enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación judicial se da en un contexto de creciente tensión política, con un Poder Judicial fuertemente cuestionado y un gobierno que no oculta su intención de verla tras las rejas.

El recurso llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su Recurso Extraordinario sin abordar, según su defensa, las violaciones a sus derechos constitucionales. En este marco, Kirchner recusó al juez Manuel José García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei, denunciando que su nombramiento carece de imparcialidad y no cumplió con los procedimientos constitucionales correspondientes.

Uno de los puntos más críticos del planteo de Kirchner es la injerencia del propio Milei en el proceso judicial. El presidente afirmó en reiteradas ocasiones que la exmandataria “va a ir presa”, lo que, según su defensa, representa una presión inadmisible sobre el Poder Judicial y pone en duda la imparcialidad del tribunal. En ese contexto, Kirchner impulsó una sesión especial en el Senado para rechazar la designación de García Mansilla, alegando que su nombramiento viola la Constitución Nacional.

El avance del caso hacia la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. El máximo tribunal deberá pronunciarse no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la independencia del sistema judicial en un escenario de creciente polarización política. Para su defensa, el proceso estuvo plagado de irregularidades y responde a una estrategia de persecución para sacarla del juego político.

Mientras la Corte analiza el expediente, la figura de Cristina Kirchner sigue dividiendo aguas en la sociedad argentina. Sus seguidores la ven como una víctima de un lawfare instrumentado por el poder económico y mediático, mientras que sus detractores sostienen que debe cumplir la condena por corrupción. La decisión del tribunal no solo impactará su futuro político y judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial en un contexto donde el oficialismo no oculta su voluntad de avanzar sobre otros sectores del Estado.

Así, el recurso de queja presentado por Kirchner ante la Corte Suprema no es solo un trámite judicial más, sino un capítulo clave en la disputa por el poder y el control de la Justicia en Argentina. El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá su destino, sino que también marcará el rumbo del país en un escenario de creciente enfrentamiento institucional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hablar y como suele hacerlo, trajo más dudas que certezas. Hace una semana dijo que el acuerdo con el FMI era por 20 mil millones de dólares y que ingresarían inmediatamente a las reservas. 

“Las reservas se van a ir a 50 mil millones y se van a despejar todas las dudas”, mintió hace solo 5 días. Hoy las reservas totales son de 25 mil millones. 

Ayer, en una entrevista con el vocero oficialista Luis Majul el ministro cambió el relato: dijo que el primer desembolso será “superior al 40%” de los 20 mil millones en negociación. Es decir, en una semana pasó de 20 mil millones a 6 mil millones. 

Después, el ministro volvió con el mismo discurso que ya tuvieron tanto él mismo (era funcionario), como Mauricio Macri en 2018, cuando se firmó el primer gran endeudamiento con el FMI. El acuerdo no es necesario, se toma por las dudas. “Llevamos a la práctica nuestro propio programa. Le mostramos al Fondo que teníamos razón. Le dijimos en septiembre: podemos continuar con nuestro programa o pueden subirse y darnos una mano”, aseguró. 

Mientras, la realidad va por otro lado. En enero de este año, las reservas brutas eran de 32 mil millones de dólares. Solo dos meses después bajaron a 25 mil millones. Es decir, Caputo dilapidó 7 mil millones de dólares para mantener su política de dólar súper barato. Ese número es superior a lo que desembolsaría el FMI.