La inversión extranjera directa en Argentina sufrió una fuerte caída en los últimos meses, con una salida neta de casi 1.700 millones de dólares en el primer trimestre del año, según datos del Banco Central (BCRA).

En febrero, la fuga de capitales alcanzó los 1.050 millones de dólares, reflejando la falta de confianza del sector privado en el actual contexto económico. Esta tendencia no solo debilita las ya escasas reservas internacionales, que perforaron el nivel de los 26 mil millones de dólares, sino que también agrava las dificultades del país para atraer inversiones a largo plazo.

El deterioro de la inversión extranjera directa es un factor clave para el crecimiento económico, ya que estos capitales suelen estar destinados a sectores estratégicos como la industria, la infraestructura y la tecnología. La persistente incertidumbre económica, junto con la elevada carga tributaria y la inestabilidad normativa, desalienta la llegada de nuevas inversiones, afectando tanto la creación de empleo como la modernización del aparato productivo.

El pedido de la UIA: volver a tener políticas industriales

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten que, mientras el mundo desarrollado refuerza sus estrategias industriales en un contexto de creciente proteccionismo y competencia global, Argentina avanza en la dirección opuesta. La entidad insiste en la necesidad urgente de implementar un plan industrial integral que permita mejorar la competitividad del sector productivo y fortalecer las cadenas de valor estratégicas.

El informe del Centro de Estudios UIA destaca que países como Estados Unidos, la Unión Europea y China han intensificado sus políticas industriales, combinando incentivos con medidas proteccionistas para impulsar la producción local. En contraste, la falta de un plan industrial sólido en Argentina pone en riesgo la generación de empleo y el desarrollo tecnológico, aumentando la vulnerabilidad del sector manufacturero frente a la competencia internacional.

La UIA subraya que los cambios estructurales en la economía mundial, como la digitalización, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, requieren una estrategia industrial clara para no quedar relegados en el nuevo orden global. Sin políticas activas para incentivar la producción nacional, Argentina corre el riesgo de perder oportunidades estratégicas para el desarrollo y la generación de empleo de calidad.

A pesar del ordenamiento de algunas variables macroeconómicas y de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los inversores extranjeros continúan mostrando cautela. La inestabilidad normativa, la ausencia de incentivos adecuados y la falta de previsibilidad económica desalientan la llegada de nuevos capitales. En este escenario, la UIA reitera que es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para revertir esta tendencia y generar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo productivo. De lo contrario, Argentina seguirá perdiendo competitividad y profundizando su dependencia de sectores de baja productividad en un contexto internacional cada vez más desafiante que compite por el dominio de las tecnologías de frontera y trabajos de alta calidad.

El Poder Ejecutivo destinó $195.000 millones a beneficios impositivos para empresas Tech, con Mercado Libre como principal beneficiario.

En un contexto de ajuste fiscal que golpea a sectores clave y deja a muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) al borde del cierre, el Gobierno ha decidido otorgar exenciones impositivas por $195.000 millones a empresas del sector tecnológico, con Mercado Libre como principal beneficiaria. La medida, tomada por decreto, generó fuertes críticas debido a que prioriza a grandes corporaciones con utilidades millonarias que en muchos casos se giran al exterior, mientras otros sectores productivos se enfrentan a crecientes costos, una merma en el consumo y los efectos de la apertura importadora.

El decreto, publicado la semana pasada en simultáneo con la jornada de protestas y represión en el Congreso, amplía en un 30% el presupuesto destinado al régimen de Economía del Conocimiento en comparación con el año anterior, superando en 10 puntos la inflación proyectada. En contraste, el Presupuesto 2025 prevé aumentos mucho menores en áreas esenciales: solo un 1,7% para Capital Humano, 2,3% para Defensa y 3,6% para el Poder Judicial.

Este régimen, creado en 2019 como una evolución de la Ley de Software, otorga beneficios fiscales a empresas dedicadas a la exportación de software, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Sin embargo, aunque su objetivo inicial era fomentar la innovación y el empleo, su implementación ha favorecido principalmente a grandes compañías. Mercado Libre, que en los últimos tres años recibió USD 250 millones en incentivos, es el mayor beneficiario. A pesar de que el Gobierno no ha transparentado la información, fuentes del sector confirman que la empresa fundada por Marcos Galperin concentra buena parte de estos subsidios. En 2024, la compañía reportó ingresos por USD 21.000 millones y una valuación de USD 105.000 millones, pero destinó solo USD 75 millones a inversiones en Argentina, una cifra similar a lo que percibe en subsidios fiscales.

El esquema ofrece dos beneficios principales: un reintegro de contribuciones patronales y una reducción del impuesto a las ganancias, que alcanza el 20% para grandes empresas y el 60% para las más pequeñas. Sin embargo, el impacto real en las pymes es limitado, ya que según datos oficiales, 76 grandes compañías concentraban en 2023 el 50% de los empleados alcanzados por el régimen y absorbieron la mitad del cupo fiscal.

Además de Mercado Libre, entre las empresas que reciben estos beneficios se encuentran Globant, Accenture, Despegar y Capgemini. En el sector financiero y sindical han surgido fuertes críticas a la medida, señalando que los subsidios terminan beneficiando a un grupo reducido de firmas con sede en el exterior o en paraísos fiscales. “Año a año, los subsidios quedan en manos de grandes corporaciones que no reinvierten en el país”, denunció Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Desde esta entidad también se cuestiona la falta de transparencia en la asignación de los recursos y la ausencia de un convenio colectivo para los trabajadores del sector.

Sin embargo, para muchas pymes que enfrentan costos crecientes, tasas de interés elevadas y una caída en el consumo, la medida resulta un nuevo golpe. Mientras ellas luchan por no bajar sus persianas, las grandes empresas continúan recibiendo beneficios millonarios que no necesariamente se traducen en un mayor desarrollo productivo dentro del país.

La industria automotriz argentina enfrenta una crisis sin precedentes con despidos masivos y el cierre de líneas de producción en Toyota y Nissan, impulsados por la retracción del mercado interno y un cambio en la estrategia productiva de las empresas.

Toyota: Un Modelo de Expansión Convertido en Símbolo de Ajuste

La automotriz japonesa Toyota, que hasta hace poco era un motor de crecimiento industrial en Argentina, se ha transformado en un ejemplo de ajuste drástico. Desde enero de 2025, la empresa viene llevando a cabo despidos masivos en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Las desvinculaciones afectan tanto a operarios como a supervisores, incluyendo empleados con hasta dos décadas de antigüedad. Incluso representantes gremiales han sido alcanzados por el ajuste: de los 70 delegados que el gremio de mecánicos SMATA tenía en la empresa, solo quedan siete.

“Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente”, reveló una fuente interna. Se estima que la compañía ya ha despedido al menos a 150 trabajadores en lo que va del año y prevé una reducción mínima de 200 puestos en el corto plazo, debido a la caída de la demanda y a la automatización de ciertos procesos productivos.

Nissan: Fin de la Producción Local y Reducción de Personal

En paralelo, Nissan Argentina anunció su decisión de discontinuar la producción de la pickup Frontier en el país para fines de 2025, cerrando así un ciclo de ocho años de fabricación local. La medida responde a una estrategia global de la compañía y a la caída de ventas en el mercado interno y en destinos de exportación clave como Chile y Colombia.

El impacto ya se hace sentir en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde las suspensiones y planes de retiros voluntarios avanzan a un ritmo preocupante. “El año comenzó con un solo turno operativo, lo que implicó la suspensión de un turno completo”, afirmó Maximiliano Ponce, secretario de SMATA Córdoba. Actualmente, 120 trabajadores están suspendidos cobrando el 70% de su salario sin asistir a la planta, mientras que otros 400 operarios continúan trabajando, aunque sin certezas sobre su futuro.

Impacto en la Industria Autopartista

El cese de producción de Toyota y Nissan también afecta a los proveedores locales, con riesgo de cierre para varias empresas del sector autopartista. Un caso emblemático es el de Maxion Montich SA, fabricante de chasis para la Frontier y la Alaskan, que quedará fuera del nuevo esquema productivo de Renault a partir de 2026.

La preocupación crece entre los autopartistas debido a la proliferación de proyectos industriales con un bajo nivel de integración nacional. “Al menos dos proyectos que incluyen vehículos chinos ensamblados en Argentina sin muchas partes locales están a punto de ser anunciados. Esto reducirá la escala de producción y perjudicará a toda la industria”, advirtieron fuentes del sector.

La crisis en Toyota y Nissan marca un punto de inflexión en la industria automotriz argentina, con un futuro incierto para miles de trabajadores y proveedores que dependen de la producción local.

La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar uno de sus principales sostenes políticos.

Las últimas encuestas nacionales reflejan un cambio preocupante para Javier Milei: su imagen se deteriora con rapidez entre los jóvenes, uno de los pilares de su base electoral en 2023. La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar su sostén político.

Según un relevamiento conjunto de las consultoras Alaska y Trespuntozero, la gestión de Milei acumula un 55,1% de rechazo a nivel nacional y casi la mitad de los encuestados (47,6%) califica su desempeño como “muy malo”. La imagen positiva, por su parte, ha caído al 42%, consolidando un descenso que genera preocupación dentro de La Libertad Avanza.

Los jóvenes le dan la espalda: la primera gran fractura

El sector de 16 a 29 años, que en noviembre de 2024 respaldaba a Milei con un 63,9% de imagen positiva, ahora muestra una caída abrupta al 51,4%. Al mismo tiempo, el rechazo en esta franja etaria trepó al 48,5%, una cifra que evidencia el desencanto y la frustración de un sector que apostó por el presidente como alternativa al sistema tradicional.

El retroceso de Milei entre los jóvenes no es casualidad. Las promesas de transformación rápida y de mejora económica no se han materializado, y el ajuste ha golpeado con fuerza a la clase media y a los sectores juveniles. La falta de respuestas concretas a las demandas de empleo, educación y estabilidad económica ha erosionado la confianza de aquellos que lo vieron como un agente de cambio.

Un desgaste que se profundiza en otros sectores

El informe también resalta que el rechazo a Milei es más pronunciado entre las mujeres y los sectores de la clase media con educación secundaria completa. El 59% de las mujeres desaprueba su gestión, mientras que en los hombres la caída es más lenta, aunque también en descenso.

Además, las diferencias geográficas muestran un debilitamiento específico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la imagen positiva de Milei cae al 39,2%. En el interior del país, aunque el apoyo es ligeramente mayor (43,2%), la tendencia también es descendente.

Un futuro incierto para el oficialismo

Desde su pico de aprobación en noviembre de 2024 (51,5%), la imagen de Milei ha registrado un descenso constante. Pero es la fractura con el voto joven la que podría marcar un punto de inflexión en su futuro político. Sin la adhesión de quienes lo vieron como una esperanza de cambio, el presidente enfrenta un desafío clave para sostener su proyecto de cara a las elecciones de 2025.

El desencanto creciente refleja una realidad innegable: el desgaste del discurso libertario ante la falta de resultados tangibles. La incapacidad de Milei para cumplir las expectativas de sus votantes más fervientes deja en evidencia una crisis que podría redefinir el panorama político en los próximos meses.

El máximo tribunal desestimó los recursos de la coalición que encabeza Mauricio Macri en una causa por irregularidades en los gastos de campaña durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de la Justicia Electoral que sancionó a la coalición Cambiemos Buenos Aires por irregularidades en los informes finales de campaña de 2017, vinculadas a la utilización de aportantes falsos.

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los responsables de los partidos involucrados y confirmó la multa impuesta, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que deja sin posibilidad de apelación la sanción.

El caso se originó a raíz de una investigación periodística que reveló que 205 personas de bajos ingresos, beneficiarias de planes sociales, figuraban como donantes de fondos a la campaña de Cambiemos cuyo máximo referente era Mauricio Macri. Estas personas aparecían afiliadas al PRO y registradas como aportantes con sumas que iban desde $350 hasta $1.500, sin su conocimiento o consentimiento.

La causa fue tramitada por el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes financieros y aplicó multas a los partidos de la alianza. El magistrado cuestionó que la única explicación presentada por la agrupación fue la existencia de supuestos “errores en la carga de datos”, sin aportar pruebas documentales que lo acreditaran. De los 205 casos investigados, 79 personas negaron haber realizado contribuciones, mientras que 19 reconocieron haber hecho aportes, aunque solo una pudo presentar un comprobante.

En 2023, la Cámara Nacional Electoral ratificó la sanción y subrayó la necesidad de garantizar transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La resolución también dispuso investigar a los posibles responsables de estas irregularidades y estableció la pérdida de los aportes públicos extraordinarios que le hubieran correspondido a la coalición por dicha campaña.

Ante esta decisión, los partidos sancionados recurrieron a la Corte Suprema, argumentando que la Cámara Electoral había ignorado informes rectificatorios y omitido el tratamiento de cuestiones federales. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme el fallo, consolidando la condena contra Cambiemos por el uso de aportantes truchos en las elecciones de 2017.

El ministro Toto Caputo tiene una rara virtud: cada vez que habla logra el efecto contrario al buscado. Ayer salió otra vez a dar un mensaje público para tratar de calmar a los “mercados” pero la respuesta fue negativa. Aunque a Caputo y Milei les duela: los mercados financieros no la ven…

A la mañana dijo que el FMI les prestaría 20 mil millones de dólares y que llegarían de forma inmediata. Mintió. Solo un rato después, el FMI lo desmintió. Llegarán en cuotas, durante 4 años.

Caputo salió a hablar porque ese día tenía por delante vencimientos de deuda por 9.2 billones de pesos. Logró renovar 6.2 millones. Pero lo logró gracias al Banco Nación que compró 5.5 billones. Todo es tragicómico en el gobierno libertario: fueron salvados por un banco público, que ellos detestan y prefieren privatizar. ¿Si fuera privado hubiera comprado tanta deuda de Caputo?

Mientras, la jornada terminó con dólares financieros a 1300 y la brecha superando el 20%. El Central volvió a perder reservas y la presión devaluatora crece. El FMI mandará fondos recién a fines de abril. Será un mes largo.

Finalmente, confirmaron a Manuel Adorni, vocero presidencial, como principal aspirante a una banca en la Legislatura porteña en representación del bloque libertario.

“Eso hay que preguntarlo en la oficina de al lado mío”, se desentendió el Presidente en una entrevista en El Observador, antes de clamar por la postulación de Patricia Bullrich, que poco después, desde Córdoba, se bajó: “Creo que en esta oportunidad me quedo en el banco”, adujo. En el Ministerio de Seguridad apostaban a caballo ganador y postulaban a Adorni.

La primera idea fue mandar a Karina Milei pero la asesora estrella del presidente no dio el piné: fue malísima oradora en un par de actos públicos, lo que generó dudas entre los libertarios. Además, su intención de votos era baja y no podía permitirse un papelón electoral una persona de apellido Milei.

El sindicato de los choferes de colectivos mantenía un reclamo salarial que iba a paralizar todas las líneas este viernes.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había ratificado este miércoles el paro de colectivos de todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este viernes 28 de marzo ante la negativa de las cámaras empresarias a ofrecer incrementos salariales para los trabajadores del sector y tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno, que finalmente dictó conciliación obligatoria para desactivar la medida de fuerza.

“Informamos que en atención a la negativa empresaria a realizar algún ofrecimiento de incremento salarial, se ha dispuesto un paro de 24 horas para el día viernes 28 de marzo, a partir de las 00 HS“, había anunciado el miércoles la UTA en un comunicado.

El mensaje surgía después de la reunión virtual entre representantes de la UTA y de las cámaras empresarias que no llegó a buen puerto.

El sindicato apuntó a “la intransigencia empresaria”, quienes “no les interesa dejar a 9.000.000 pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad”.

La presidenta del PJ Nacional destrozó a Milei y el ministro Caputo por una nueva deuda con el FMI.

Cristina Fernández de Kirchner no se guardó nada y arremetió con dureza contra Javier Milei tras el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestará 20 mil millones de dólares a la Argentina. La expresidenta expuso la hipocresía del mandatario libertario, que pasó de criticar al organismo internacional a hipotecar el futuro del país con una nueva deuda millonaria.

“Che Milei, ¡vos que sos economista experto en crecimiento con o sin dinero!… ¿Me podés explicar cómo es que el Fondo le dio 45 mil millones de dólares a Macri en 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos 20 mil millones más, de los que tampoco verán nada?”, disparó CFK en sus redes sociales.

En su mensaje, la exmandataria denunció que estos préstamos descomunales sólo benefician a unos pocos y se pierden en la especulación financiera: “USTEDES RECIBIERON 65 MIL MILLONES DE DÓLARES, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas a fumar de acá a las elecciones de este año… ¿Y los chorros somos nosotros, que en lugar de pedirle dólares al Fondo, le pagamos toda la deuda?”.

CFK también recordó cómo advertió desde un principio que la falta de dólares y el endeudamiento eran los principales problemas del país. “Milei, te lo dije en febrero de 2024, cuando recién empezabas la gestión. El problema central de la Argentina era su economía bi-monetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento”, subrayó.

Con tono irónico, Fernández de Kirchner también se refirió a los reiterados cambios de discurso del presidente libertario: “Después de la cripto estafa de San Valentín me di cuenta de que sos muy mentiroso… Pasás de querer ‘cerrar el Banco Central’ a ‘fortalecer su balance’ pidiéndole dólares al Fondo Monetario”.

Por último, CFK señaló que hay un elemento común en el endeudamiento con el FMI: “¡Sí, adivinaste! Toto Caputo, el gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos… sus hijos y los hijos de sus hijos”.

Mientras Milei insiste en profundizar el modelo de ajuste y endeudamiento, la expresidenta expuso con claridad el cinismo de un gobierno que, por más que se llene la boca hablando de libertad, se somete sin pudor a los intereses del FMI.

El vocero presidencial defendió los millonarios sueldos de los senadores mientras el Gobierno niega aumentos a jubilados y trabajadores.

El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a mostrar el doble discurso del Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo ajustar a la “casta” y hoy justifica que un senador cobre $9 millones de pesos por mes mientras el salario mínimo vital y móvil no alcanza los $250 mil.

En una entrevista con Jonatan Viale, Adorni minimizó la indignación social frente a los escandalosos ingresos de los legisladores: “En realidad, a la gente no le molesta los 9 millones que gana un senador”, sostuvo, desestimando el enojo popular frente a esta desigualdad. Para el vocero, “lo que la gente aborrece es que uno te levante la manito de costado para aprobarse un aumento, o que sean tirapiedras legislativos, que se sientan a rechazarte todo”.

Pese a la evidente sorpresa del periodista, Adorni insistió: “A la gente le molesta que sean unos impresentables, no los 9 millones. Te quejás porque son unos impresentables”.

Las palabras del vocero presidencial resultan insólitas considerando que el propio Milei basó gran parte de su campaña en atacar a la “casta política” y en prometer que el ajuste no recaería sobre los trabajadores. Sin embargo, mientras el Gobierno niega aumentos a jubilados, docentes y empleados estatales, defiende los privilegios de quienes se sientan en el Congreso.

Por más que a Milei y su entorno les moleste, la indignación social es evidente. De hecho, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la imagen del oficialismo cayó por cuarto mes consecutivo. En marzo, el índice fue de 2,42 puntos, con una baja del 5,4% respecto del mes anterior.

El intento de justificar sueldos millonarios mientras se recortan derechos y se profundiza la desigualdad expone la verdadera orientación del Gobierno: ajustar a los de abajo mientras se protege a los privilegiados.