El gremio de controladores aéreos anunció seis jornadas de medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales. Denuncian que el Gobierno mantiene congeladas las negociaciones con EANA.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que representa a los controladores aéreos de todo el país, anunció un plan de lucha que comenzará este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de mayo, con paros escalonados de entre tres y cuatro horas por jornada.

Las medidas de fuerza, que alcanzarán a vuelos internacionales y de cabotaje, podrían provocar demoras y cancelaciones en aeropuertos clave del país. El conflicto se desata por la falta de respuestas del Gobierno nacional y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) frente a los reclamos salariales del sector, en medio de una brutal licuación de ingresos y un congelamiento de las paritarias.

“Desde hace meses venimos exigiendo una recomposición real del salario, pero la negativa del Gobierno y la falta de voluntad de diálogo con EANA nos obliga a tomar estas medidas”, señalaron desde Atepsa. La organización remarcó que se garantizarán los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios y estatales, pero advirtió que los servicios comerciales regulares se verán gravemente afectados.

El plan de acción arranca este sábado con una interrupción de cuatro horas en los vuelos internacionales, de 13 a 17, y continuará el domingo de 19 a 22 en los servicios de cabotaje. Las jornadas de protesta no serán consecutivas, pero están calendarizadas hasta el último día del mes, en caso de no haber acuerdo.

La situación abre un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei, que ya enfrenta paros en sectores estratégicos como el transporte, la industria electrónica fueguina, la salud y la educación. La motosierra no solo golpea el bolsillo de los trabajadores: ahora también pone en riesgo la operatividad aérea del país.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en 2023 que tiene casi 3 millones de dólares en el exterior. No los ingresó durante su gestión en el macrismo y tampoco los traerá ahora a pesar de sus políticas para “sacar los dólares del colchón”. Por lo visto, la economía de Javier Milei no le da confianza…

Ayer, el ministro se incomodó cuando un periodista le recordó que él mismo tiene dólares en el exterior. “No te pases de vivo”, le respondió Caputo muy enojado. No respondió si traerá la plata o no.

El gobierno anunció una serie de políticas que apuntan a relajar los controles estatales sobre el movimiento de fondos, con el objetivo de alentar que la gente saque los dólares del colchón. El FMI, por su parte, le advirtió que el país debe respetar las leyes internacionales contra el lavado y el financiamiento del terrorismo. Total normalidad.

La expresidenta hablará este domingo en el aniversario número 22 de la asunción de Néstor Kirchner. Su reaparición agita el mapa del peronismo en plena disputa por el liderazgo opositor.

Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá este domingo con un acto en la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 22 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. El evento, que se realizará en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, forma parte del “Encuentro de la Cultura Popular” y podrá seguirse en vivo por redes sociales. La actividad se enmarca bajo el lema: “El nacimiento de la Patria, a 22 años de Néstor Kirchner presidente”.

El regreso de la exmandataria se produce en medio de una creciente tensión interna en el peronismo. Su reaparición es leída como un gesto de reafirmación política, en un momento donde el kirchnerismo debate su conducción y estrategia. Cristina, alejada del centro de la escena desde diciembre, vuelve en una fecha cargada de simbolismo para recordar el legado de Néstor Kirchner y revitalizar su relación con la militancia.

Con Axel Kicillof proyectando autonomía desde la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei consolidando su agenda liberal, la palabra de Cristina será observada con atención por propios y ajenos. Su presencia podría significar un punto de inflexión para el peronismo, en busca de unidad y definición rumbo al 2025.

La economía se contrajo un 1,8% mensual en marzo según el INDEC, por lo cual se trató de la primera caída en casi un año y la más profunda desde diciembre de 2023. Sucedió en un mes con inestabilidad en los mercados financieros, frente a la expectativa de un cambio en el esquema cambiario en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El retroceso respecto de febrero se dio en medio de los cuestionamientos, tanto desde el FMI como de muchos economistas, al “crawling peg” del 1% mensual que venía aplicando el Banco Central (BCRA) para el precio del dólar, que estaba profundizando persistentemente el atraso cambiario.

¿La respuesta del gobierno cuál fue? Insistir con el atraso cambiario pero esta vez con un sistema de bandas de flotación que se sostiene con endeudamiento externo. Primero fueron los dólares del FMI y ahora se apunta los “dólares del colchón” en un blanqueo que apunta incluso a las actividades ilegales, como el narcotráfico.

La diputada Silvia Lospennato volvió a respaldar el ajuste de Javier Milei contra los jubilados este miércoles, cuando se plegó junto a todo el bloque PRO para no dar quórum en la sesión donde la oposición buscaba debatir la restitución de la moratoria previsional y el aumento de los haberes.

La contradicción es evidente: en campaña había sido durísima por el ajuste de Milei sobre los trabajadores pasivos. Pero unas horas después rechazó la posibilidad de aumentarle el ingreso a millones de jubilados.

“Si hicieran lo mismo que hicieron en el gobierno nacional, sabemos muy bien por dónde pasó la motosierra: pasó por jubilados”, había dicho Lospennato hace unos días. Ahora dio quorum para mantener la motosierra. Ahora se entiende por qué 9 de cada 10 porteños no quiso votarla.

El clima social en Argentina se vuelve cada vez más tenso luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto que, limita severamente el derecho constitucional a huelga en amplios sectores laborales. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con dureza, anunciando que recurrirá a la Justicia y no descarta nuevas medidas de fuerza.

A través del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió drásticamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introdujo la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta maniobra implica que, en caso de conflicto, deberá garantizarse entre el 50% y el 75% de la actividad, haciendo inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas laborales.

El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y forma parte del llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aunque su alcance excede ampliamente ese sector. Con este cambio, se incorporan como esenciales rubros como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros.

Golpe al derecho de protesta y reacción sindical

Desde el movimiento obrero, la reacción fue inmediata. La CGT denunció que se trata de una avanzada autoritaria para “aniquilar el derecho a huelga”, y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la central expresó:

“El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.

📢 EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍS

👉🏼 El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL

— CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025

Juristas especializados también alzaron la voz. El abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice las recomendaciones de la OIT, que considera esencial sólo a los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o la seguridad de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, señaló.

La conflictividad se profundiza

El decreto, firmado por gran parte del Gabinete, se suma a una serie de decisiones que han generado malestar y creciente conflictividad social. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales:

“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”.

GRAVE!!
EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO DE HUELGA!!

ESTE DECRETO FUE PEDIDO POR LAS MULTINACIONALES Y LOS EMPRESARIOS MILLONARIOS!!

El Decreto 340/25 es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones.… pic.twitter.com/sEBqyecv0j

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 21, 2025

ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y llamó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de vaciar los derechos laborales conquistados.

Un contexto de creciente polarización

La decisión del Gobierno de avanzar sin debate parlamentario sobre un derecho constitucional profundiza la fractura política y social del país. Mientras sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios sectores sociales y del arco político la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.

Con una movilización de la CGT en preparación, y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La puja entre el Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se instala así como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de mezquindad y desprecio por la salud pública, el intendente libertario rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido.

En un hecho que indigna por lo absurdo y que pone en evidencia la peligrosa radicalización ideológica de algunos dirigentes, el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, se niega a poner en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente nuevo, construido por el gobierno de Axel Kicillof, solo porque proviene de una gestión política distinta.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de desprecio por la salud pública, Egüen rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido. Una decisión que deja a más de 23.000 vecinos como rehenes de un capricho ideológico.

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en #25deMayo para brindarles a los vecinos una atención cercana y de calidad, el número 185 que finalizamos para seguir fortaleciendo el derecho a la salud en cada distrito.

Es el primer CAPS del que nos vamos a hacer… pic.twitter.com/pV6PS4cSr6

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2025

El CAPS cuenta con consultorios totalmente equipados, médicos generalistas, odontólogos, ginecología, salud mental, promotores sanitarios y personal de enfermería, todo listo para brindar atención primaria inmediata a la comunidad. Pero el intendente, alineado con La Libertad Avanza, prefirió cerrar las puertas antes que aceptar una obra proveniente de un gobierno que no es de su signo político.

Frente a esta negativa, el Gobierno de la Provincia anunció que asumirá la gestión directa del centro de salud para garantizar el acceso de los vecinos a la atención médica. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su sorpresa y tristeza:

“Es la primera vez que nos pasa en seis años de gestión. Siempre las diferencias políticas se pusieron a un lado para priorizar la salud. Esto es una pésima decisión de gestión”.

En una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el centro de salud 185 de @BAProvincia en 25 de Mayo. Enorme alegría por que el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal… pic.twitter.com/izGFqUIm5D

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2025

La actitud de Egüen no es un hecho aislado. El jefe comunal, que abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a las filas libertarias, ya protagonizó otros episodios polémicos, como amenazas a vecinos y despidos masivos de promotores de salud. Su gestión también frenó obras educativas y sociales, en línea con el negacionismo del Estado que pregona el oficialismo nacional.

La negativa a utilizar un centro de salud por cuestiones ideológicas no solo es insólita: es cruel y peligrosa. En un país donde la salud pública sigue siendo un derecho esencial, usar a la población como rehén política es una forma de violencia institucional que no puede naturalizarse ni pasar desapercibida.

Mientras el intendente juega a mostrarse “más libertario que nadie”, son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Porque en 25 de Mayo, como en tantos otros lugares, la necesidad no tiene partido político, pero el abandono sí tiene responsables.

En medio de un clima de tensión y represión, el gobierno de Javier Milei se niega a aumentar las jubilaciones y amenaza con vetar cualquier iniciativa que busque mejorar la situación de los jubilados.

La situación de los jubilados en Argentina se torna cada vez más crítica, y la represión sufrida por ellos frente al Congreso es un claro reflejo de la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las demandas de aumento en las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, la Casa Rosada presiona a gobernadores y diputados para boicotear cualquier intento de mejora. La oposición, que busca llevar al recinto un aumento del 7.2% en las jubilaciones, se enfrenta a un gobierno que ya ha anticipado su intención de vetar cualquier proyecto que comprometa su objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro que Milei no permitirá modificaciones al régimen previsional, argumentando que cualquier aumento se traduciría en un mayor déficit. Esta postura no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también refleja una falta de empatía hacia un sector de la población que ha sido históricamente vulnerable. Mientras el 27% de los jubilados percibe la mínima, que se encuentra congelada en 70 mil pesos desde que Milei asumió, el gobierno se niega a reconocer la urgencia de una solución.

La falta de quórum en la Cámara de Diputados se ha convertido en un obstáculo significativo para la oposición, que intenta avanzar con proyectos que beneficien a los jubilados. La estrategia del gobierno es clara: boicotear el quórum para evitar que se discutan iniciativas que incomoden a la administración de Milei. Esta táctica no solo demuestra la falta de voluntad política para abordar las necesidades de los jubilados, sino que también evidencia un desprecio por el proceso democrático y la voz de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos.

La responsabilidad de esta crisis recae directamente en Javier Milei y su gobierno, que han optado por un camino de ajuste y represión en lugar de buscar soluciones que garanticen el bienestar de los jubilados. La lucha por un aumento de emergencia y la defensa de los derechos de los jubilados no solo es una cuestión de justicia social, sino también un llamado a la dignidad de quienes han contribuido al país durante toda su vida. La sociedad no puede permitir que la represión y el ajuste se conviertan en la norma; es hora de exigir un cambio y poner fin a esta política que desatiende a los más vulnerables.

Empresarios de EE.UU. nucleados en AmCham marcaron diferencias con el modelo libertario: reclamos por la falta de institucionalidad, blanqueo a delitos financieros y ausencia de reglas claras

En una escena que dejó al descubierto un inédito cortocircuito, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) le bajó el pulgar al rumbo económico de Javier Milei y puso sobre la mesa críticas que incomodaron a la comitiva libertaria. Fue en el marco del AmCham Summit, el evento que reúne a representantes de las principales multinacionales norteamericanas en el país, donde por primera vez se escuchó un reclamo tan directo como inesperado: la falta de condiciones institucionales, la inseguridad jurídica y el aval implícito al ingreso de capitales sin control ni origen claro.

Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham y representante de JP Morgan en Argentina, fue la voz que encarnó la disconformidad. En un discurso que no pasó desapercibido, sostuvo que “Argentina no tiene la calidad institucional suficiente para garantizar inversiones a largo plazo” y cuestionó las señales contradictorias del gobierno, incluyendo su beneplácito hacia mecanismos como el “blanqueo de capitales” sin distinción entre fondos legales e ilegales.

“En ningún país serio se premia el narcotráfico, el contrabando o el delito financiero con un blanqueo”, sostuvo Gómez Minujín ante una sala repleta de CEOs, diplomáticos y funcionarios. El mensaje cayó como una bomba en Balcarce 50, que había apostado a este foro como vidriera internacional para atraer inversiones. La respuesta, sin embargo, fue un llamado de atención.

Además, el banquero apuntó contra el clima de incertidumbre que genera el propio gobierno. Criticó las constantes modificaciones del régimen cambiario, la falta de previsibilidad tributaria, y la asfixia que sufren las empresas por un marco regulatorio difuso y sin horizonte. Fue una enumeración que sonó a reprimenda, justo frente al equipo económico liderado por Luis Caputo y en presencia del propio presidente.

Milei, por su parte, sorprendió con un discurso corto —menos de 20 minutos— y con escasa capacidad de respuesta a las críticas. Evitó cualquier referencia directa al planteo de AmCham y se limitó a repetir sus habituales latiguillos: arengó a los empresarios a “invertir ahora que Argentina está baratísima” y prometió que el país será “una potencia mundial dentro de 30 años”. Cerró con su ya famosa expresión: “Vamos a crecer como pedo de buzo”, pero la frase, lejos de distender el clima, dejó perpleja a gran parte de la audiencia.

Al terminar, el desaire fue evidente: más de la mitad de los presentes se retiraron sin saludarlo, marcando distancia con el presidente y evidenciando que, esta vez, el intento de Milei por seducir al capital extranjero terminó con un portazo. El contraste fue notorio con la exposición de Caputo, que recibió más aplausos y se mostró dispuesto al intercambio técnico con los empresarios.

Lo que quedó en el aire no fue sólo una molestia diplomática, sino una señal política: incluso aquellos a quienes Milei dice defender —el gran capital extranjero— comienzan a tomar distancia ante la falta de reglas claras, el desprecio por los marcos legales y la peligrosa lógica de que todo dinero vale, sin importar de dónde viene.

El sueño del “paraíso libertario” empieza a resquebrajarse cuando ni siquiera sus potenciales beneficiarios lo compran.

La eliminación de aranceles a productos electrónicos importados encendió la protesta en Tierra del Fuego. Los gremios denuncian que la medida destruye el empleo industrial y entrega el mercado a empresas extranjeras.

Tierra del Fuego amaneció paralizada por completo este miércoles en respuesta al brutal ajuste del gobierno nacional sobre la industria electrónica. La decisión de eliminar aranceles e impuestos internos para productos importados desató un paro general encabezado por la UOM, ASIMRA y otros gremios, que advirtieron que la medida pone en riesgo más de 6000 puestos de trabajo.

El epicentro de la protesta se concentra en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se ubican las principales plantas de ensamblado de celulares, televisores y aires acondicionados del país. En 2024, la producción fueguina superó los 5,5 millones de celulares, lo que da dimensión del impacto que tendría la apertura indiscriminada del mercado.

“Están desmantelando el régimen industrial fueguino”, denunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, al criticar la eliminación del 16% de arancel que protegía la producción nacional. A su vez, la senadora Cristina López alertó que “las medidas responden a exigencias del FMI y no a las necesidades del país”.

La protesta incluye una amplia articulación sindical: además de la UOM y ASIMRA, se sumaron ATE, La Bancaria, ATSA, Judiciales, docentes, remiseros y choferes de colectivos. El único gremio exceptuado fue el de Petroleros, por encontrarse bajo conciliación obligatoria.

La medida oficial fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite la importación directa y con baja carga impositiva de celulares, televisores y aires. El Gobierno justifica el cambio con el argumento de que hará “más accesible la tecnología” para los consumidores, pero en Tierra del Fuego lo ven como una sentencia de muerte al entramado productivo que sustenta a miles de familias.

“Es una competencia desleal que destruye el empleo”, afirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las empresas más afectadas son Newsan y Mirgor, que concentran más del 87% de la producción local.

El paro incluye un acto central frente a la planta de Mirgor, donde se leerá un documento que convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a “defender la industria nacional y el trabajo argentino”.

El gobernador Gustavo Melella también expresó su rechazo: “Esto pone en riesgo no solo la economía fueguina, sino la estabilidad social de toda la provincia. Vamos a estar del lado de los trabajadores”.

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan de “modernización” basado en importaciones, Tierra del Fuego responde con una contundente señal de resistencia que pone en evidencia los costos humanos y productivos de las decisiones libertarias.