El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, Alberto Kohan, lanzó una polémica propuesta al cuestionar duramente el funcionamiento del Congreso de la Nación y sugerir su posible disolución, al considerar que se ha convertido en un freno para la gestión del presidente Javier Milei.

“En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”, expresó Kohan tratando de justificarse, al referirse a los incidentes ocurridos en la Cámara de Diputados durante una sesión especial convocada por la oposición. En ese contexto, hubo fuertes cruces e insultos entre legisladores mientras se discutían proyectos como el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

El exfuncionario menemista calificó el accionar parlamentario de este año como “tristes espectáculos” y planteó la necesidad de repensar el sistema institucional argentino:

“A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

Kohan también criticó la estructura actual del Congreso, particularmente el tamaño del Senado, y lo comparó con el de otros países:

“Estados Unidos, con 500 millones de habitantes, tiene 100 senadores. Nosotros, con 52 millones, tenemos 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del ’94”.

Aunque reconoció que el país necesita tiempo para mejorar sus instituciones —“Inglaterra tiene 800 años de sistema legislativo y aún así tiene líos”—, insistió en que la situación actual del Parlamento argentino obstaculiza la posibilidad de llevar adelante cambios profundos y propuso en ese contexto a una salida a la Fujimori aunque maquillada de parlamentarismo británico.

En una línea más política, Kohan elogió a Milei y lo vinculó ideológicamente con el expresidente Menem:

“Milei es menemista en el fondo de todo porque reconoce lo que Menem hizo durante su gobierno. Ojalá sepa cómo aplicar la autoridad”.

Finalmente, subrayó la necesidad de renovación política:

“Hoy estamos en una época en la que necesitamos algo distinto y no se puede seguir gobernando con los mismos de siempre”.

El socavamiento financiero a las provincias y las exigencias partidarias impuestas desde Buenos Aires enfrían los acuerdos distritales. El “libertarismo puro” choca con los intereses de los gobernadores aliados.

El sociólogo, investigador de sociedad, cultura y religiones, Fortunato Mallimaci, dialogó con Caballero de día acerca de los vínculos entre la política y la religión en el gobierno de Javier Milei y las implicancias institucionales de su discurso mesiánico.

El experimento electoral que La Libertad Avanza pretende replicar en las provincias comienza a evidenciar grietas. Gobernadores que hasta hace poco se mostraban abiertos al diálogo con la Casa Rosada ahora se repliegan, molestos por las imposiciones de Karina Milei y la falta de respuestas ante las urgencias financieras locales.

Mientras desde Buenos Aires se pretende imponer nombre, color y listas en cada distrito, los aliados naturales del oficialismo nacional encuentran cada vez menos motivos para subordinar sus marcas locales a un sello que, más allá del éxito en la Ciudad, no ha logrado tracción masiva en el interior.

La negativa del radical Gustavo Valdés en Corrientes a sellar una alianza electoral con el Gobierno marcó un punto de inflexión. En la Rosada temen un “efecto contagio” entre gobernadores que hasta ahora sostenían con pinzas su cercanía a la administración libertaria.

El pedido de Milei no es menor: que todos los frentes provinciales se llamen La Libertad Avanza, lleven el color violeta y se construyan sobre las condiciones impuestas desde Capital. Para fuerzas con poder territorial consolidado –como la UCR en Mendoza o Corrientes–, el costo simbólico y operativo resulta desproporcionado frente a los beneficios inciertos.

En paralelo, la presión fiscal, la eliminación de transferencias discrecionales y la paralización de obras nacionales alimentan el malestar incluso entre los mandatarios más permeables al armado electoral libertario. Gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Claudio Poggi (San Luis) exigen garantías económicas que el Ejecutivo no parece dispuesto a ofrecer.

La situación se agrava por las internas dentro del propio oficialismo. En provincias como Chaco o Córdoba, los armados están cruzados por tensiones sobre las listas y los liderazgos. Mientras tanto, en la Ciudad, el laboratorio libertario prepara su apuesta fuerte: enfrentar al PRO con una boleta encabezada posiblemente por Patricia Bullrich para el Senado, como parte de la guerra fría entre los hermanos Milei y Jorge Macri.

En resumen, lo que en 2023 fue un aluvión electoral disruptivo, en 2025 podría transformarse en una fuerza encerrada en su propio diseño centralista, sin capacidad real de seducir a los jefes territoriales que le dieron aire en el Congreso. La supuesta “federación de libertarios” corre el riesgo de deshilacharse antes de ver la luz.

Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y vinculado al Gobierno, registró múltiples irregularidades, según la Justicia, al ingresar al país en febrero de este año. Manuel Adorni había asegurado que se cumplieron con todos los controles.

Un escándalo sacude al Gobierno de Javier Milei tras confirmarse que un jet privado vinculado a su entorno más cercano ingresó al país con 10 valijas sin control aduanero, provenientes de Miami. Las nuevas pruebas difundidas por la Justicia revelan que el vuelo, operado por la empresa Royal Class y perteneciente al empresario Leonardo Scatturice —nuevo dueño de Flybondi y asesor con línea directa a la Casa Rosada—, violó múltiples protocolos de ingreso al país el pasado 26 de febrero.

Imágenes, valijas y un “orden de arriba”

La aeronave, un Bombardier N18RU, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con una tripulación que incluía a Laura Belén Arrieta, azafata y militante de la CPAC, el espacio fundamentalista y ultraconservador internacional que hoy articula con sectores del Gobierno libertario. En el avión también viajaban José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Según imágenes obtenidas por la Justicia y reveladas este domingo por el programa ¿Y mañana qué? (TN), el avión declaró solo cinco valijas, pero se observa el ingreso de diez al territorio nacional sin pasar por el escáner ni control policial.

Estas revelaciones contradicen directamente la versión oficial. El vocero presidencial Manuel Adorni había negado cualquier irregularidad y aseguró que el avión fue sometido a los “controles de rutina”. Sin embargo, el dictamen judicial apunta a una “orden directa del personal aduanero” para desviar a los pasajeros sin revisión, en un contexto donde no había congestión ni razones operativas para el trato preferencial.

Zonas grises y una Justicia en alerta

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) lidera la causa, que ya arrojó evidencias sobre graves irregularidades: falta de registros migratorios precisos, inconsistencias en los datos del origen y destino del vuelo (figura Fort Lauderdale, pero salió de Opa-locka, Miami) y vacíos de vigilancia en las grabaciones del hangar privado donde el avión permaneció ocho días. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por su parte, tampoco dejó constancia del movimiento de la aeronave.

La sospecha de connivencia estatal en un posible caso de contrabando no solo se sostiene en los registros irregulares, sino también en el perfil del empresario al mando del avión.

Scatturice: del espionaje a los negocios con el Estado

Leonardo Scatturice no es un nombre más. Ex agente de inteligencia y vinculado al mundo de los espías —cercano a Fernando Pocino y enfrentado a Antonio Stiuso—, hoy opera desde Miami como lobbista y organizador de eventos para la CPAC. Su empresa, Tactic Global, tiene nexos con el trumpismo y ha proveído al Estado argentino a través de plataformas como Educ.Ar y Trenes Argentinos.

En los últimos meses, su cercanía a Santiago Caputo, cerebro estratégico del Gobierno quien esta fortaleciendo el aparato de espionaje del triangulo de hierro del gobierno, se volvió cada vez más visible. Fue clave en la designación de Andrés Vázquez al frente de la DGI y, junto a Arrieta, orquestó la participación de Javier Milei en la CPAC de Washington, donde el presidente anunció su intención de firmar un tratado de libre comercio con Donald Trump.

El escándalo también expone una nueva dimensión del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Fue el canal TN quien accedió al dictamen judicial de más de 60 páginas y lo difundió en medio del enfrentamiento con el oficialismo. Así, mientras el Ejecutivo intenta desmentir cualquier anomalía, parte del aparato mediático —hasta hace poco afín al mileísmo— exhibe pruebas del tratamiento privilegiado que recibió el vuelo del entorno presidencial.

Una sombra sobre el discurso anticasta

El caso de “los bolsos de Milei” golpea directamente la retórica anticorrupción del presidente que se suma a otros escándalos como el de la criptoestafa de $Libra y el destino de los fondos reservados de la SIDE. Mientras se ajustan cuentas, se reducen partidas sensibles y se proclama una cruzada contra los privilegios de la casta, un jet privado vinculado al poder aterriza en Aeroparque, burla todos los controles y desaparece ocho días después rumbo a París.

La Justicia sigue investigando. Pero los hechos ya desataron un temblor político que deja al descubierto una red de influencias, opacidad y privilegios que contradicen de lleno el relato libertario.

Durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich destinó el 25% del presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para facilitar el negocio de parques eólicos donde participó la familia Macri y el futbolista Carlos Tévez y que derivó en una causa que la justicia federal. Por supuesto, la causa está dormida. Los jueces no avanzan en expedientes que involucren a macristas o libertarios.

Según la denuncia, Dietrich ordenó que vehículos y personal de Seguridad Vial acompañaran a los camiones que trasladaban las aspas de los molinos hasta los parques eólicos.

Si bien los camiones ocupaban algo más que un carril entero, que los componentes llegaran a destino era una cuestión que debían resolver los privados. Pero no fue así: Dietrich puso el Estado – el mismo que la derecha busca achicar – a disposición de que Macri y Tevez puedan hacer negocios. Total normalidad.

La Asamblea y el Consejo Directivo del PRO bonaerense definió la conformación de un frente electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El “frente” – así fue presentado – implica que las boletas sean violeta y que el nombre sea “La libertad Avanza” o similar. ¿Frente o desaparición?

“Hay que ganarle al populismo”, aseguró Cristian Ritondo que negó que el acuerdo implique una desaparición del PRO, aunque ese nombre no aparezca en las boletas. Se espera negociar que algunos nombres amarillos encabecen en unos pocos municipios.
“Lo venimos trabajando con seriedad, sin improvisaciones ni especulaciones personales. Todos los que participamos hoy tenemos en claro que hay un objetivo común: ganar la elección del 7 de septiembre”, explicó el PRO en un comunicado. Todo llega a su final: el del PRO bonaerense fue triste y solitario.

La acusan de ordenar detenciones arbitrarias y allanamientos violentos por un hecho que no constituye delito penal. La denuncia ya fue presentada ante el Consejo de la Magistratura.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura por ordenar la detención de cinco militantes en un operativo calificado como “desproporcionado, violento e injustificable” por consejeros y dirigentes de la oposición.

La presentación fue impulsada por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, quienes acusaron a la magistrada de utilizar la estructura judicial como herramienta de persecución política. “Se trata de un caso de abuso de poder gravísimo. Se allanaron viviendas de madrugada, se detuvo a mujeres y militantes sociales sin elementos que justifiquen esas decisiones, y se las trasladó a cárceles de máxima seguridad como si fueran peligrosas delincuentes”, denunciaron.

Los hechos que motivaron la detención de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes —todas personas vinculadas a espacios del peronismo— no representan, según los denunciantes, ningún tipo penal. “A lo sumo, se trata de una contravención municipal, pero Arroyo Salgado decidió tratarlas como criminales. Eso es persecución política disfrazada de legalidad”, apuntó Recalde.

Siley, por su parte, subrayó la gravedad institucional del caso: “Se usaron recursos del Estado para montar un espectáculo judicial, se las incomunicó, se las maltrató y no se brindó ninguna información concreta porque el expediente permanece bajo secreto de sumario. Es un uso autoritario del poder judicial para amedrentar a la militancia”.

La denuncia ya ingresó formalmente al Consejo de la Magistratura, donde los consejeros esperan un pronto tratamiento. “Tenemos ciudadanas y ciudadanos detenidos ilegalmente por razones políticas. Arroyo Salgado no puede seguir escondiéndose detrás del cargo”, insistieron.

La situación se suma a un clima de creciente tensión en el frente judicial, con denuncias de represión, espionaje, lawfare y un Poder Judicial cada vez más alineado con los sectores más duros del oficialismo. La figura de Arroyo Salgado —exesposa de Alberto Nisman y con historial de intervenciones controversiales— vuelve a quedar bajo la lupa.

Por Santiago Masetti/ Con un importante homenaje en el Centro Cultural de Carabineros, la embajada de Argelia conmemoró el 63º aniversario de su independencia. La embajadora Faiza Rahim Latrous reafirmó el compromiso de su país con las causas saharaui y palestina.

En un acto cargado de solidaridad y fraternidad internacional, la embajada de Argelia en Chile celebró este jueves el Día de la Independencia de su país, al conmemorarse 63 años de la gesta histórica que puso fin al colonialismo francés en 1962. La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de Carabineros de Santiago de Chile y contó con la presencia de representantes diplomáticos, autoridades locales, referentes políticos locales y miembros de la comunidad internacional.

Durante su discurso, la embajadora Faiza Rahim Latrous evocó la lucha heroica del pueblo argelino por su libertad y destacó el carácter ejemplar de ese proceso de descolonización: “La independencia de Argelia no es solo una fecha para la memoria nacional, es también una inspiración para todos los pueblos que luchan por su autodeterminación”.

En ese sentido, Latrous expresó el respaldo firme de Argelia a las causas del pueblo saharaui y del pueblo palestino, reafirmando la tradición diplomática argelina de apoyo a los movimientos de liberación nacional.

Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, referente de la Asociación Chilena de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática e integrante de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, expresó a través de sus redes sociales: “Desde Chile, abrazamos al pueblo argelino que conquistó su independencia de manera heroica y ejemplar, inspiración para los pueblos libres y soberanos del mundo”.

La jornada incluyó intervenciones culturales, interpretaciones musicales y una recepción que unió a las delegaciones presentes bajo el signo de la solidaridad y el anticolonialismo.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza por escrachar el domicilio de Espert.

En medio del fuerte rechazo social y político generado por la detención de un grupo de militantes acusados de realizar un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió este viernes otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Alessia Abaigar , una de las cinco jóvenes detenidas.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, pese a padecer una enfermedad autoinmune que requiere atención médica constante. La jueza dispuso que deberá cumplir su arresto con tobillera electrónica , y dio un plazo de una hora a su defensa para presentar el domicilio donde se cumplirá la medida.

El caso tomó estado público cuando los cinco detenidos —entre ellos Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes— fueron imputados por hechos que consistieron en la colocación de un pasacalles y estiércol frente a la residencia del legislador libertario. Para sectores de la oposición, la detención fue una respuesta desproporcionada ante una acción política simbólica.

Denuncias de persecución judicial

Desde sus defensas, los imputados denunciaron una “persecución judicial y mediática” , al considerar que se les está criminalizando una acción política sin violencia ni afectación real de bienes. Incluso, organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Procuración Penitenciaria de la Nación pidieron la excarcelación inmediata de los detenidos, señalando que la decisión de encarcelarlos fue “forzada y desproporcionada” .

Según estas entidades, la privación de la libertad solo debería aplicarse si existen riesgos reales de fuga o de obstaculización de la justicia, algo que no estaría presente en este caso. Además, recordaron que el hecho investigado podría ser catalogado como una simple contravención municipal.

Denuncia contra la jueza

Este viernes también se presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley acusaron a la magistrada por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por ordenar allanamientos violentos, mantener incomunicados a los detenidos, secuestrarles celulares y trasladarlos a cárceles de máxima seguridad por una contravención menor.

“Presentamos una denuncia por mal desempeño contra Sandra Arroyo Salgado por la arbitraria detención de militantes por expresarse políticamente”, aseguró Recalde. Por su parte, Siley describió una serie de irregularidades durante el operativo: allanamientos en horas de la madrugada, perturbación de hogares ajenos al caso, malos tratos y falta de claridad sobre los delitos imputados.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, en un contexto de escasez de divisas.

Con temperaturas bajo cero en gran parte del país y una demanda energética en alza, la Argentina quedó esta semana sin gas. Industrias paralizadas, estaciones de GNC cerradas y hogares con suministro limitado. Pero lo más grave no es la emergencia actual, sino la causa estructural: el freno a obras de infraestructura fundamentales que el gobierno de Javier Milei paralizó deliberadamente al asumir.

Gas de sobra, infraestructura abandonada

En Vaca Muerta hay gas para más de 30 años de autoabastecimiento, con un excedente que podría generar saldos exportables millonarios. Sin embargo, la crisis de abastecimiento revela el profundo desacople entre una producción hidrocarburífera en niveles récord y una infraestructura inconclusa. El motivo es claro: el ajuste libertario y el freno total a la obra pública.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, justo en un contexto de escasez de divisas.

Las obras paralizadas por Milei que agravaron la crisis

1. Finalización de las Plantas Compresoras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)
   Estas instalaciones permitirían duplicar la capacidad de transporte del gasoducto desde Vaca Muerta. Con un avance del 80% al final del gobierno anterior, fueron abandonadas por Milei pese a que su finalización costaba unos 50 millones de dólares. Hoy, por no terminarlas, el Estado deberá gastar más de 500 millones en importaciones de GNL.
2. Segundo Tramo del GPNK hasta San Jerónimo, Santa Fe
   La obra ampliaría significativamente el alcance del gas patagónico al centro y norte del país. Su paralización impide expandir la red nacional de gas natural y restringe tanto el consumo interno como las exportaciones.
3. Reversión del Gasoducto Norte
   Esta obra permitiría llevar gas de Vaca Muerta al noroeste argentino, reemplazando el suministro boliviano, que hoy cubre apenas una sexta parte del consumo de esa región. Aunque el gobierno anunció su reactivación, las obras avanzan con extrema lentitud. El proyecto contempla:
   • 123 km de nuevo tendido entre Tío Pujio y La Carlota
   • 62 km de ampliación del Gasoducto Norte
   • Adaptación de plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta
   A pesar de su urgencia, nada de esto estará operativo en el invierno de 2025.

¿Privados al rescate? Un modelo inviable

El modelo libertario que propone Milei —obra pública financiada 100% por privados— no tiene sustento real. Ni siquiera en Chile, país que el presidente usa como ejemplo, esto ocurre: solo el 15% de la obra pública es financiada por el sector privado. En Argentina, intentos anteriores como los PPP impulsados por Mauricio Macri fracasaron. Recién con intervención estatal, y gracias a fondos como el impuesto a las grandes fortunas de 2021, se avanzó con el GPNK.

Hoy, ningún actor privado quiere asumir el riesgo de financiar obras de semejante envergadura, menos aún con tarifas congeladas o inciertas y una economía en recesión.

El costo del ajuste: frío, parálisis y dependencia

Mientras se proclama un ajuste “heroico”, el freno a estas obras estratégicas no solo paraliza la economía, sino que incrementa la dependencia energética externa, desperdicia el potencial exportador de Vaca Muerta y deja sin gas a miles de argentinos. La pregunta es inevitable: ¿a dónde va la plata del ajuste y de la motosierra libertaria, si no se invierte en lo esencial?

El Gobierno de Javier Milei oficializó en las últimas horas dos medidas que van en línea con su agenda de ajuste fiscal y desregulación del mercado energético, en medio de la crisis de abastecimiento inédita de gas natural que golpea a buena parte del país.

En medio de una de las crisis más severas de abastecimiento de gas en años y con una ola de frío polar que afecta a buena parte del país, el Gobierno nacional decidió aplicar un nuevo aumento en el recargo que pagan los usuarios residenciales, una medida que impactará directamente en las facturas del servicio y en el precio de las garrafas en un momento extremadamente delicado para buena parte de la población.

El Ministerio de Economía, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), elevó del 6,2% al 6,4% la sobretasa que pagan más de la mitad de los hogares del país para financiar los subsidios del régimen de “zona fría”. Esta suba, que se oficializó mediante la Resolución 444/2025, se convierte en el tercer incremento consecutivo del año y se da en un contexto de fuerte presión sobre los usuarios que ya enfrentan inexplicables interrupciones en el suministro y aumentos acumulados.

También aumentan las garrafas

Además, el Gobierno eliminó los precios de referencia para las garrafas de gas licuado, que hasta ahora servían para contener los valores en zonas sin acceso a la red. Esto significa que el precio quedará totalmente liberado al mercado, una medida que, según especialistas, podría generar fuertes aumentos en regiones aisladas y con menor competencia golpeando especialmente a los sectores mas humildes que utilizan este tipo de suministro.

Ambas decisiones se enmarcan en el plan oficial de ajuste fiscal y desregulación del sector energético, que busca reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas. Sin embargo, el efecto directo es un mayor costo para millones de familias que dependen del gas para cocinar y calefaccionarse en pleno invierno.

La sobretasa por zona fría fue creada para reducir el impacto tarifario en regiones con climas más hostiles, pero su financiamiento proviene de un recargo sobre el resto de los usuarios del país. El actual Gobierno considera que el régimen, ampliado en 2021 para incluir a más provincias, es insostenible y está motivado por razones políticas más que climáticas. Por eso, analiza una posible reforma que podría dejar fuera del beneficio a numerosas localidades.

En paralelo, también se redujo el beneficio a usuarios que tenían más de un medidor bajo el régimen de zona fría: sólo el domicilio principal mantendrá el 50% de descuento, mientras que los adicionales recibirán un recorte al 30%.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que la demanda de garrafas se disparó por las bajas temperaturas, y que el sector está trabajando al límite para sostener el abastecimiento. Según el Censo 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros como fuente principal de energía, lo que pone en evidencia la gravedad del impacto que podría tener la liberalización de precios en este segmento.

Así, mientras gran parte del país soporta temperaturas bajo cero y cortes de gas, las decisiones oficiales en nombre del ajuste fiscal trasladan más presión a los hogares, especialmente a los más vulnerables y a quienes viven fuera del sistema de redes.