“Estamos ante un verdadero golpe institucional”, sentenció el senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista.

El senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista, Martín Doñate, presentó hoy una contundente denuncia penal contra el Dr. Manuel García Mansilla por usurpación de autoridad pública. Esta acción se produce tras la persistencia de García Mansilla en el ejercicio ilegítimo de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de que más de dos tercios del Senado rechazaron su designación.

“Estamos ante un verdadero golpe institucional. La permanencia de García Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, socava el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en Argentina”, afirmó Doñate.

El decreto presidencial que lo designó no solo violó el procedimiento establecido en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), sino que el Senado rechazó su pliego con una mayoría calificada el pasado 3 de abril. A pesar de ello, García Mansilla continúa firmando resoluciones en nombre de la Corte Suprema, lo que constituye una de las más graves afrentas al Estado de derecho desde el retorno de la democracia.

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado gravemente comprometida. ¿Qué garantías pueden tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión extranjera, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por alguien que usurpa un cargo en contra de la voluntad del Senado y de la Constitución?”, cuestionó el senador.

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que tipifica la usurpación de funciones públicas, como base de su denuncia. Sin embargo, advirtió que la investigación podría revelar otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, sostuvo. “Cada día que pasa agrava la situación jurídica de García Mansilla, quien es el máximo responsable de llevar a Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia, dejando una oscura mancha en la historia institucional del país”.

Finalmente, Doñate sentenció: “Si esto se permite y no se actúa de inmediato, mañana cualquier presidente podrá designar jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”.

Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos, miles de puesto de trabajo en riesgo.

La caída definitiva del Grupo Vicentin ya no admite eufemismos: la empresa que durante años fue emblema del agroexportador argentino hoy se desploma, envuelta en una crisis terminal, denuncias por estafa, y con más de mil trabajadores al borde del abismo laboral. Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos. La decisión se justifica, según ellos, como una “medida para proteger activos”, pero la realidad muestra otra cosa: una maniobra desesperada en el marco de una debacle financiera autogenerada y sostenida por años de impunidad.

La pesada herencia macrista

Desde 2019, Vicentin arrastra un default multimillonario que impactó de lleno en toda la cadena agroindustrial. Pero el epicentro del escándalo no está solo en la crisis económica, sino en lo que se investiga como una de las estafas más grandes contra el Estado argentino: durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Nación le otorgó a Vicentin créditos por 18.000 millones de pesos, a pesar de que ya no calificaba como sujeto de crédito y estaba bajo alerta por incumplimientos sistemáticos. Todo esto se hizo violando normativas bancarias y bajo una presunta connivencia con altos funcionarios del macrismo.

Por esta razón, Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, como Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente por “defraudación al Estado” en el marco del caso Vicentin. La denuncia recayó en el Juzgado Federal a cargo de Luis Rodríguez. Cabe recordar que la cerealera jamás devolvió esos 18.000 millones de pesos otorgados como crédito, lo que expone con crudeza el uso político y discrecional de los recursos públicos durante ese período.

Años después, la bomba estalló: la Justicia dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos del grupo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti–, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Las maniobras incluyeron falsificación de balances, simulación de operaciones, desvío de fondos y una operatoria sistemática para vaciar la firma mientras solicitaban ayuda estatal y posponían pagos a proveedores, trabajadores y entidades financieras.

Mientras tanto, más de 3.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, hoy enfrentan la incertidumbre absoluta, sin sueldos ni garantías. El gremio aceitero ya está en estado de alerta, y no se descartan medidas de fuerza. Además, la empresa adeuda más de 400 millones de pesos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría dejar sin electricidad a una de sus plantas.

La parálisis operativa también tiene un trasfondo político y judicial. La Corte Suprema de la Nación podría ser el próximo escenario del expediente, en medio de presiones para homologar un acuerdo concursal que la Justicia santafesina rechazó por sospechas de irregularidades. En este clima, las medidas desesperadas de la empresa parecen más una extorsión encubierta que un intento legítimo de recuperación.

El accionar fraudulento de los directivos de Vicentin no fue una casualidad ni una reacción a la crisis: fue un plan deliberado de saqueo, montado a través de una red de más de 30 empresas del grupo, diseñado para beneficiarse a costa de productores, acreedores y del Estado nacional. La justicia investiga además que parte del dinero extraído fue destinado a gastos personales, pagos a abogados en causas penales, y autoindemnizaciones millonarias, mientras los empleados ni siquiera cobraban sus sueldos.

A todo esto, se suma el testimonio del exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna, quien confesó que benefició a Vicentin durante el macrismo para evitar investigaciones por apropiación indebida de reintegros del IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. El engranaje del fraude no sólo fue empresarial: fue político, financiero y estatal.

Hoy, el caso Vicentin es símbolo de cómo los grandes grupos económicos pueden diseñar estafas de magnitud histórica con la complicidad del poder político. Y también es un llamado urgente a la Justicia: para que no vuelva a ocurrir, para que no gane la impunidad y para que el Estado recupere lo que es del pueblo.

Bullrich perdió la jurisdicción en la Ciudad tras la represión. Entre críticas, fallos adversos y protestas crecientes, su permanencia en el cargo está en duda.

Luego de la represión en la marcha de los jubilados, que dejó como saldo a varios manifestantes heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno incrustado en la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió un fuerte revés judicial: el juez Roberto Gallardo resolvió apartarla oficialmente de toda intervención en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, el control quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Gobierno porteño. De acuerdo al fallo, la medida responde a “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.

El despliegue del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por Bullrich desde el inicio de su gestión, quedó en el centro de la polémica tras la represión de la semana pasada. Diversos sectores políticos, sindicales y de derechos humanos reclamaron la renuncia de la funcionaria, a quien señalan como la principal responsable del accionar represivo. Según el fallo judicial, el Gobierno porteño nunca adhirió formalmente al plan del Ministerio de Seguridad, lo que debilita aún más su sustento legal.

A partir de ahora, las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— solo podrán actuar en las inmediaciones de edificios pertenecientes al Estado nacional, como el Congreso, y deberán abstenerse de intervenir en manifestaciones o cortes de calle. La única fuerza habilitada para intervenir será la Policía de la Ciudad.

Más adelante, el juez Gallardo argumentó su decisión en el contexto del paro general convocado por la CGT y las movilizaciones que se desarrollan todos los miércoles, señalando que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible” para la integridad física de quienes participan de las protestas. El magistrado también advirtió sobre el peligro de que se vulneren “la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física” de los manifestantes, por la presencia de fuerzas que no responden a la jurisdicción local.

En el mismo tono, el fallo remarca que este escenario “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. En ese sentido, Gallardo recordó que “hubo varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que derivaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, generando violencia, conflictos y caos”.

La decisión judicial limita severamente el margen de acción de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y confirma que, por más que desde el Gobierno nacional se intente imponer un modelo represivo, la Justicia porteña empieza a ponerle freno.

La carrera de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema está terminada. La semana pasada, el Senado de la Nación rechazó su pliego como juez del máximo tribunal. Tanto Mansilla como el gobierno de Javier Milei quieren la continuidad, pero no parece haber un escenario propiscio en ese sentido.

Por primera vez desde 1983, Milei impuso dos jueces en la Corte por decreto. Mauricio Macri había querido hacer lo mismo pero finalmente cambió de posición por el repudio social. La derecha republicana no es muy republicana…

Ahora, esa jugada fue rechazada por el Congreso. Los libertarios pretenden desoir al Senado y quieren que Mansilla continúe de cualquier modo, una idea que el magistrado comparte. Sin embargo, el rechazo social y del propio aparato judicial obligarían al juez a dar un paso al costado. El fin de semana salió el supremo Lorenzetti a pedir elegantemente su renuncia. El ex supremo Maqueda hizo lo mismo en otra entrevista periodística. Triste, solitario y final.

La diputada provincial y candidata a convencional constituyente, Amalia Granata, generó controversia al confirmar que su marido, Leonardo Squarzon, se desempeña como uno de sus asesores políticos en la Legislatura de Santa Fe. Cobrará más de 3 millones de pesos.

En declaraciones televisivas y en tono jocoso, Granata expresó: “Tengo mi Karino”.

La legisladora justificó la contratación de Squarzon argumentando una falta de confianza en otros colaboradores, tras haber experimentado la deserción de dos diputados de su espacio político. “No confío en nadie, me compraron dos diputados y quedé sola y soy la única oposición en la provincia”, aseveró Granata.

La decisión de designar a su marido como asesor causó sorpresa, especialmente al conocerse que Squarzon continúa desarrollando su actividad privada de manera paralela. Ante esto, Granata explicó: “Le dije que lo necesito, lo conocen más en la Legislatura de Santa Fe que a mí”.

Además, añadió detalles sobre el rol multifacético de su esposo: “Mi marido me hace de chofer además de todo lo que hace”.

Una fuerte interna sacude al Fondo Monetario Internacional en torno al nuevo préstamo por USD 20.000 millones que reclama con desesperación el gobierno de Javier Milei.

El directorio del organismo no logró alcanzar un acuerdo esta semana sobre el primer desembolso, y detrás del impasse no solo hay diferencias técnicas o fiscales, sino un creciente rechazo político a seguir apostando por un país que ya acumula una larga historia de incumplimientos. En el centro de las resistencias, una frase que se repite con creciente frecuencia en los pasillos del Fondo: “Caputo se la va a volver a timbear”.

Según fuentes al tanto de la reunión informal del board, la posición crítica fue encabezada por representantes de Europa, con el director español —bajo el gobierno de Pedro Sánchez— tomando distancia explícita del programa, al igual que las delegaciones de China, Brasil y Holanda. En off, algunos funcionarios del organismo no ocultan su desconfianza hacia el ministro de Economía argentino, Luis “Toto” Caputo, a quien responsabilizan por el manejo de los fondos del acuerdo anterior durante la gestión de Mauricio Macri.

“La experiencia no fue buena, y nada indica que esta vez será diferente”, deslizó con ironía un técnico europeo. “Estamos financiando el ajuste más brutal en décadas, sin garantías claras sobre cómo se van a usar los recursos”.

Sin respaldo de Trump y con frentes abiertos por todos lados

El Gobierno argentino confiaba en el respaldo de Donald Trump, quien con su retorno a la Casa Blanca volvió a tener peso clave en el FMI como principal accionista. Sin embargo, la jugada no salió como esperaba Milei: su viaje a Mar-a-Lago en busca de una foto con el expresidente fue un fracaso rotundo. No hubo encuentro, ni imagen, ni gesto de apoyo. Solo un frío vacío que dejó al libertario expuesto y debilitado ante el staff del Fondo.

Para empeorar el cuadro, el propio enviado de Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, le impuso condiciones durísimas: si Milei quiere apoyo norteamericano en el Fondo, debe romper definitivamente con China, cancelar el swap por USD 17.000 millones y subordinarse definitiva e incondicionalmente a Washington. Un planteo que, lejos de tranquilizar al FMI, introduce un nuevo frente de conflicto geopolítico, justo cuando Trump acaba de agitar el tablero global con aranceles generalizados y un giro proteccionista que alarma a Europa y Asia.

Un Fondo dividido, sin conducción y con muchas dudas

El escenario en el FMI es de máxima confusión. Estados Unidos, que históricamente marcaba el rumbo, hoy está sin representación formal en el directorio. No hay director designado, ni cuadros técnicos que ordenen las negociaciones. “Hay un vacío. Nada funciona sin un ordenador, y en este momento no hay un ordenador en ningún lado”, confió al portal LPO un funcionario de carrera del organismo.

Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo, tampoco esquivó las críticas a la política de Trump, y alertó que sus medidas comerciales representan un “riesgo significativo” para la economía mundial. En ese clima de tensión, la reunión del miércoles pasado en Washington fue, según Bloomberg, “áspera”. La discusión central giró en torno al monto del préstamo. Y la conclusión, seca y tajante: “No hubo acuerdo”.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la situación empeora. El dólar paralelo sube, los bonos caen y el riesgo país roza los 950 puntos. El Banco Central sigue malvendiendo reservas que no tiene, y Caputo espera señales que no llegan. En el FMI, la resistencia crece. Y la sensación de que esta película ya se vio —y terminó mal— se hace cada vez más fuerte.

La expresidenta reapareció en redes y cuestionó el discurso de Milei por el 2 de abril, criticó su alineamiento con Donald Trump y advirtió sobre el impacto económico de los aranceles impuestos a las exportaciones argentinas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este jueves con un extenso y filoso mensaje en redes sociales en el que cuestionó duramente al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, su alineamiento con Donald Trump y las consecuencias económicas de esa estrategia.

“Che Milei… ¿A dónde pensás llevar a la Argentina?”, comenzó el texto publicado en su cuenta de X (ex Twitter), donde acusó al jefe de Estado de “romper todo”, incluso “una de las pocas cosas en la que estamos de acuerdo todos los argentinos”.

Cristina apuntó principalmente contra el discurso que Milei dio el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que se refirió a los habitantes de las islas como “malvinenses” y propuso que “voten con los pies” para decidir su pertenencia nacional. Para la expresidenta, esas palabras “hicieron pelota 60 años de construcción política internacional” basada en el principio de integridad territorial. “No son ‘malvinenses’; son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas”, remarcó.

Además, denunció que ese mismo día se “valló la plaza” y no se permitió el ingreso a excombatientes al acto oficial, algo que calificó como una “violación a la Constitución Nacional”.

En la segunda parte del mensaje, la exmandataria se concentró en los efectos del viaje de Milei a Estados Unidos y los recientes anuncios de aranceles por parte de Trump. “Después del bombazo de Trump imponiendo aranceles de importación a diestra y siniestra (…) ¿a vos lo único que se te ocurre es hacer un posteo en inglés con la canción de Queen ‘Friends Will Be Friends’? ¿En serio?”, ironizó.

Cristina criticó con dureza la falta de resultados concretos del viaje presidencial: “Te metieron el mismo arancel que al resto de América del Sur, incluidos los gobiernos que vos llamás ‘comunistas’”, escribió. Y advirtió que, con el “dólar planchado” y las trabas a las exportaciones, Argentina se encuentra sin herramientas para competir en el mercado estadounidense.

En un tono más pedagógico, también recordó que ya había anticipado en febrero los efectos del “proteccionismo” trumpista, al que definió como el verdadero obstáculo para el crecimiento argentino. “Haceme caso por favor… Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero”, sentenció.

En un contundente postdata, la exmandataria trazó un paralelismo geopolítico entre las declaraciones de Milei y la posición rusa sobre Crimea: “¿Sabías que con lo que dijiste el 2 de abril sobre Malvinas le estás dando la razón a Putin en su conflicto con Ucrania?”, le preguntó al presidente. Y recordó que, en 2014, su gobierno votó en la ONU en contra de la anexión de Crimea a Rusia para mantener la coherencia en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

Finalmente, dejó una crítica punzante a la ortodoxia económica: “Saludos cordiales a toda la gilada autóctona que se desgañitó durante décadas pontificando el libre comercio… ¡Bienvenidos al mundo real!”

El presidente sólo recibió un premio de una ONG ultraderechista en un evento donde su discurso pasó desapercibido.

El octavo viaje de Javier Milei a Estados Unidos no dejó otra cosa que un premio ignoto entregado por una ONG de ultraderecha. Ni foto con Donald Trump, ni respaldo del Fondo Monetario Internacional, ni apoyo de la Casa Blanca, ni un solo anuncio económico. El presidente regresó al país con las manos vacías y un discurso que nadie escuchó: mientras hablaba en la cena de gala de la organización MACA, los murmullos y ruidos del salón no cesaban. Aplausos breves, más por protocolo que por entusiasmo, fueron el único eco que recibió.

El desaire fue más evidente por el fallido encuentro con el exmandatario republicano. Desde Casa Rosada intentaron explicar el papelón con una versión poco convincente: según ellos, Milei se retiró antes de que Trump llegara a la gala, debido a una supuesta demora por problemas técnicos en el helicóptero del magnate. Sin embargo, también circuló una versión inversa: habría sido Milei quien llegó tarde, y Trump quien se fue antes. Lo cierto es que la foto no ocurrió, y eso fue un golpe al relato presidencial.

La ceremonia tuvo lugar en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, donde el presidente argentino recibió el “Lion of Liberty Award” de parte de MACA, una organización que reproduce el discurso más extremo del Partido Republicano. Tras el premio, Milei dio un discurso que pasó desapercibido entre cubiertos, charlas de pasillo y falta de atención general. Ni siquiera pudo desplegar su ya clásico show con motosierra.

Acompañado por su hermana Karina Milei y por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el presidente esperaba capitalizar el viaje con gestos políticos que ayudaran a reforzar su debilitado frente interno. Pero no hubo ningún acercamiento con el FMI, ninguna reunión con funcionarios de Washington y ni una sola promesa de apoyo. Tampoco hubo avances en temas comerciales como la rebaja de aranceles o un posible acuerdo de libre comercio.

El regreso al país se dio apenas pasada la medianoche, en medio de otro revés: el Senado había rechazado la designación de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema, lo que enrareció aún más el clima en el oficialismo. El malhumor presidencial se hizo evidente, y ni Caputo ni Karina lograron torcer una agenda que se cerró sin resultados. La supuesta gira estratégica terminó convertida en una postal de aislamiento internacional.

Así, el Gobierno de La Libertad Avanza quedó una vez más expuesto en su sobredependencia de símbolos vacíos. El único logro del viaje fue una estatuilla de una organización marginal, que sirvió apenas para alimentar las redes sociales libertarias. Sin foto con Trump, sin acuerdos, sin inversiones y sin respaldo institucional, Milei regresó como se fue: solo, sin plan y con el orgullo herido.

La Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas denunció penalmente a Javier Milei por sus dichos en el acto por el 2 de Abril.

La Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de traición a la Patria, luego de que el mandatario relativizara la histórica posición diplomática argentina al sugerir que los actuales habitantes de las Islas Malvinas —los denominados kelpers— deberían tener la posibilidad de decidir sobre la soberanía del territorio.

Durante el acto oficial del pasado 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei expresó su deseo de que los malvinenses “voten con los pies” y elijan “ser argentinos”, en alusión a un supuesto derecho de autodeterminación que ha sido rechazado en reiteradas ocasiones por Argentina ante las Naciones Unidas. Esta declaración fue interpretada por los excombatientes como una concesión inaceptable al Reino Unido y un grave retroceso en la defensa de la soberanía nacional.

La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y está firmada por el presidente de la Confederación, Ramón Robles, junto al abogado Walter Di Giuseppe. En el escrito judicial, los excombatientes sostienen que el jefe de Estado “fijó una posición política contraria a la que la República Argentina ha mantenido históricamente y que además contradice la Constitución Nacional”.

“Lo que Milei planteó es inadmisible: otorgarles a los kelpers un rol de árbitros sobre un conflicto de soberanía es legitimar la ocupación colonial británica”, afirmaron los denunciantes. Y subrayaron que los habitantes actuales de las islas no constituyen una población originaria, sino que fueron establecidos allí por el Reino Unido tras la expulsión de autoridades argentinas y población nacional en 1833, en este sentido las declaraciones del presidente Milei convierten a los isleños en juez y parte en el conflicto.

Además, recordaron que el principio de autodeterminación no es aplicable en este caso, como se sostiene año tras año en el Comité de Descolonización de la ONU, que reconoce a las Islas Malvinas como un territorio en disputa entre Argentina y el Reino Unido, instando al diálogo bilateral sin incluir a los colonos como parte.

La denuncia se suma a antecedentes recientes: los excombatientes ya habían acusado por el mismo delito a la canciller Diana Mondino tras su anuncio de una “nueva etapa” en la relación bilateral con Londres (acuerdo Mondino-Lammy), y al excanciller macrista Jorge Faurie por declaraciones en las que afirmó que las islas “no pertenecen a la Argentina” además del escandaloso memorándum Fordari-Duncan suscrito en 2016, durante el cual el representante del gobierno macrista vicecanciller Carlos Foradori habría firmado el mismo en estado de alevosa borrachera, según declaró en su momento la parte británica.

“El Gobierno vuelve a recurrir a la vieja teoría de la seducción de los kelpers, una estrategia que solo ha servido para facilitar la permanencia británica en nuestras islas”, denunciaron los veteranos.

Paradójicamente, mientras el presidente rendía homenaje a los caídos en Retiro, varios veteranos denunciaron que no pudieron ingresar al acto conmemorativo. En su discurso, Milei sostuvo que la clave para recuperar las Malvinas no es la vía diplomática, sino convertir a Argentina en una potencia económica para que los isleños “prefieran ser argentinos”.

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción de los excombatientes, que consideran que Milei ha quebrado la línea de defensa de la soberanía nacional, y lo acusan de entregar los intereses de la Patria.

En un hecho histórico, el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los jueces que Javier Milei nombró por decreto en la Corte Suprema. Lo hizo por una mayoría abrumadora en los dos casos. El gobierno dijo que desconocerá al Senado. Crisis institucional en puerta.

La votación se resolvió con una mayoría abrumadora en ambos casos. A Lijo lo rechazaron 44 senadores y a García Mansilla 51. Ambos necesitaban dos tercios del Senado, es decir, 48 votos a favor sobre 72. Casi consiguieron lo mismo, pero al revés.

El gobierno había realizado un movimiento único desde 1983: meter en la Corte a jueces por decreto. Mansilla aceptó y de hecho ya firmó fallos judiciales. Mauricio Macri también había querido hacer lo mismo pero finalmente desistió. La pregunta ahora es: ¿Qué pasará con Mansilla, que ya asumió en la Corte? Milei amaga con desconocer al Congreso. ¿Se animará?