El gobierno de Javier Milei decidió suspender el desfile militar por el Día de la Independencia, programado para el próximo miércoles 9 de julio, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa. La razón: Milei no quiere cruzarse con la vicepresidenta Victoria Villarruel, una grieta cada vez más profunda que ya parece no tener vuelta atrás.

Según los voceros del gobierno, la medida busca recortar 1000 millones de pesos, que costaría el desfile. Pero lo extraño es que fue el propio el gobierno el que volvió con la rutina de realizar desfiles militares el 9 de Julio. ¿El año pasado no importaban esos fondos y ahora sí?

El gobierno no quiere tener una foto de Milei con Villarruel, en un tema donde la vicepresidenta es más fuerte como la agenda militar o nacionalista. Milei es presidente que odia al Estado y así lo dijo más de una vez. ¿Con motosierra puede haber fuerzas armadas equipadas y con buenos salarios?

En medio de una fuerte caída del turismo receptivo, el Gobierno de Javier Milei analiza aplicar una alícuota diferencial de IVA para el sector. Según confirmó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se imitaría el modelo de algunos países de la Unión Europea, donde el Impuesto al Valor Agregado para las actividades empleo intensivas es del 10%.

El funcionario dijo que buscan hacer la estructura de costos más competitiva sin “devaluar, ni dar subsidios” y afirmó que “Argentina no es un país caro, es un país valioso”. Scioli rechazó “dar subsidios” pero pondría un esquema diferencial de impuestos. ¿No es un subsidio?

De fondo está la política de dólar súper barato que disparó la inflación en dólares en el país y volvió a la Argentina u país muy caro. El gobierno defiende esa estrategia en nombre de una baja de inflación que se mantiene en torno al 2% mensual, un número muy alto.

El presidente anunció la cancelación del tradicional desfile militar por el 9 de Julio en Plaza de Mayo, medida que fue interpretada como parte de su política de ajuste y desconocimiento de símbolos históricos y patrios.

El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia programado para el próximo miércoles. Según confirmó Noticias Argentinas, fuentes del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, indicaron que la decisión se tomó para ahorrar $1.000 millones.

Sin embargo, la medida no es el ajuste en si, columna vertebral del gobierno cuyo ahorro fue en detrimento de hospitales, universidades, ciencia, comedores populares y género, entre otras áreas, sino que el propio Milei remarcó en más de una ocasión que su Gobierno vino a reivindicar el rol de las fuerzas armadas.

Así, el año pasado, el desfile del 9 de julio se realizó sobre un tramo de Av. Libertador, en el barrio porteño de Palermo, donde se estuvieron más de 6.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas.

El del año pasado implicó un costo de más de 720 millones de pesos y, al actualizarlo por inflación, su realización de este año demandaría casi 1.000 millones de pesos.

El desfile militar del 9 de Julio fue una tradición durante décadas, hasta que se dejó de hacer con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, decisión que permaneció durante las dos gestiones posteriores de Cristina Kirchner. 

El presidente de Brasil se reunió con la expresidenta en su domicilio, en un gesto que expuso el aislamiento internacional del gobierno argentino y reavivó las denuncias por persecución judicial.

Cristina Kirchner reapareció públicamente este jueves tras recibir en su casa del barrio de Constitución al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro, autorizado por el Tribunal Oral Federal N°2, duró aproximadamente una hora y fue difundido por la propia exmandataria en sus redes, junto a un texto donde volvió a denunciar la “subordinación” de la Justicia al poder económico.

“Su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”, escribió Cristina, en alusión directa a la persecución judicial que dice sufrir y que la mantiene con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. En ese sentido, trazó un paralelismo con el calvario judicial vivido por el propio Lula, antes de su regreso a la presidencia de Brasil.

La exmandataria remarcó que el encuentro ocurre en un contexto de “deriva autoritaria” del gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar “terrorismo de Estado de baja intensidad”, por las recientes detenciones de militantes, el espionaje a opositores y la represión en las calles. “Nos costó demasiado construir la democracia como para permitir que la desmantelen paso a paso”, advirtió.

Lula llegó al país para participar de la cumbre del Mercosur, pero no mantuvo encuentros oficiales con el presidente argentino. Su visita a Cristina, en cambio, fue leída como un fuerte gesto de respaldo político que dejó en evidencia el aislamiento diplomático de Milei, sin reuniones bilaterales ni respaldo visible por parte del líder del principal socio regional.

En el mismo mensaje, la ex presidenta denunció las consecuencias del ajuste económico: “Con la ola polar que tenemos, lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas”, disparó contra el aumento de tarifas. También anticipó que tras las elecciones de octubre, el Gobierno buscará avanzar con reformas estructurales: “Ya Caputo anunció que se viene la verdadera motosierra: reforma previsional, laboral y fiscal”.

Finalmente, Cristina cerró con una alusión al futuro político: “Este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos”.

Mientras el ministro ironiza con frases de canchero, crece la presión sobre el tipo de cambio y se desarma el “carry trade”. El Gobierno apela al endeudamiento y la venta de activos públicos para frenar la sangría de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó las alertas sobre el tipo de cambio oficial con una frase provocadora que no cayó bien en los mercados: “¿Te parece que el dólar está barato? Comprá, campeón”. Horas después, la cotización subió al nivel más alto desde que rige el sistema de bandas, reflejando que los operadores financieros tomaron nota… y se fueron al dólar.

Caputo habló en el IAE Summit con un tono despreocupado ante un contexto que dista mucho de serlo. El Banco JP Morgan recomendó a sus clientes desarmar posiciones en pesos, marcando el principio del fin del “carry trade” y anticipando un giro en las expectativas. Mientras tanto, el déficit de cuenta corriente y la caída de reservas sin respaldo de dólares genuinos comienzan a preocupar incluso a los inversores más optimistas.

“Hay gente que necesita que a la Argentina le vaya mal”, sostuvo el ministro en una suerte de cruzada contra empresarios, periodistas y opositores, a los que acusó de operar en contra del gobierno. Sin embargo, evitó referirse a las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros y a la ausencia de dólares producto de exportaciones reales.

La jornada posterior a sus dichos mostró un dólar oficial trepando hasta los $1.255, una señal clara de que el mercado no comparte el optimismo oficial. La confianza en el esquema actual, sostenido artificialmente por deuda y liquidaciones estacionales, se debilita a medida que se aproxima el final de la cosecha gruesa.

Aún así, Caputo insistió en que el déficit de cuenta corriente “se puso de moda” y negó cualquier similitud con crisis anteriores. No explicó por qué esta vez sería distinto ni cómo piensa el Ejecutivo sostener el sistema sin ingreso neto de divisas.

El Gobierno espera cerrar acuerdos con el FMI y acelerar privatizaciones para sumar reservas, aunque ninguna de esas vías garantiza ingresos inmediatos ni permanentes. En paralelo, crecen las sospechas sobre nuevas devaluaciones o restricciones cambiarias si la situación se agrava antes de octubre.

Mientras la economía se sostiene con alfileres y la inflación aún no cede, el Gobierno elige el sarcasmo y la negación como política comunicacional. Pero los mercados, ajenos a las chicanas, ya comenzaron a pasar factura.

Mientras el gobierno lo anuncia como una “modernización” de la defensa, la realidad muestra otra cosa: se trata de blindados con 25 años de antigüedad, comprados a Estados Unidos en medio de un brutal ajuste que castiga a jubilados, trabajadores y áreas sensibles como salud y educación.

La reciente firma de un acuerdo entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobierno de Estados Unidos para adquirir vehículos blindados M1126 Stryker vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué necesidad tiene la Argentina de comprar material militar de segunda mano, diseñado a fines del siglo pasado, y con un desempeño que ha sido ampliamente cuestionado incluso por el propio Pentágono?

Los Stryker son blindados 8×8 que comenzaron a fabricarse en el año 2002, a partir de una plataforma de diseño canadiense de los años 90. Tuvieron su debut operativo en Irak y Afganistán, donde enfrentaron enormes dificultades frente a entornos hostiles. En esos teatros, las tropas estadounidenses reportaron vulnerabilidades críticas ante artefactos explosivos improvisados (IED), limitaciones en la movilidad en terrenos difíciles, y un blindaje insuficiente frente a armamento moderno.

Un sistema que ya no cumple con los estándares de hoy

En la actualidad, buena parte de los ejércitos más avanzados están dando pasos hacia vehículos con mejor protección activa, mayor interoperabilidad digital, sistemas de control remoto de armamento y blindajes modulares de nueva generación. En ese contexto, el M1126 Stryker quedó relegado a tareas secundarias o directamente fue dado de baja en unidades estadounidenses.

De hecho, el Ejército de Estados Unidos lleva años desarrollando reemplazos para los Stryker, incluyendo variantes más modernas con torretas automatizadas, capacidad antiaérea y mejoras estructurales que no estarán presentes en los vehículos adquiridos por la Argentina.

Expertos en defensa advierten que los modelos ofrecidos en el marco del programa Foreign Military Sales suelen ser lotes excedentes del stock norteamericano, reacondicionados para la exportación. Es decir, no se trata de equipamiento de última generación, como intenta vender el gobierno de Javier Milei, sino de tecnología pasada de moda con altos costos de mantenimiento y bajo rendimiento en operaciones reales.

Compra sin sentido estratégico

Lejos de responder a una necesidad táctica o a un plan de defensa nacional, la incorporación de estos blindados parece tener más que ver con una alineación ideológica con Estados Unidos que con una decisión técnica racional. No hay hipótesis de conflicto que justifique la incorporación de este material. Tampoco existe una industria nacional que pueda integrarse a este sistema, por lo que se incrementará la dependencia en repuestos importados y asistencia logística externa.

Además, la llegada de las unidades está prevista para 2025 o 2026, lo que echa por tierra cualquier argumento sobre la urgencia de modernización. Para entonces, los Stryker tendrán casi tres décadas de antigüedad desde su diseño original, y seguirán quedando más atrás frente a los avances tecnológicos globales.

Tecnología vieja a precio de nueva

Todo esto en un contexto económico crítico, en el que el gobierno se niega a homologar paritarias, congela jubilaciones y recorta áreas sensibles del Estado. Se gasta en blindados viejos lo que se le niega a la salud, la educación o la seguridad alimentaria. La defensa de la soberanía no se construye comprando chatarra militar, sino fortaleciendo una política propia, con industria nacional, innovación tecnológica y prioridades claras.

El verdadero “riesgo” que enfrenta hoy la Argentina no está en amenazas externas ficticias, sino en la destrucción sistemática de su tejido social. Y para eso, ningún blindado viejo servirá como escudo.

Mientras ajusta jubilados, ataca periodistas y sigue sin homologar paritarias el gobierno de Javier Milei volvió a dar muestras de cuáles son sus verdaderas prioridades.

En medio de una feroz ofensiva contra el pueblo trabajador, con jubilaciones de miseria, salarios pulverizados y tarifazos generalizados, el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció con entusiasmo la compra de vehículos militares usados a Estados Unidos. Se trata de los blindados 8×8 M1126 Stryker, con más de 25 años de antigüedad, que llegarían a la Argentina recién entre fines de 2025 y 2026.

La adquisición se formalizó en el Pentágono, donde Petri firmó junto al secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, una carta de aceptación en el marco del programa Foreign Military Sales. Según el funcionario argentino, esta operación forma parte de una “modernización” de las Fuerzas Armadas y un “fortalecimiento de la alianza estratégica” con Estados Unidos, país que Milei ha definido como su principal socio geopolítico.

Lo que no dijo el ministro es que los Stryker son vehículos retirados del servicio activo en otras partes del mundo, con un historial que incluye su uso en zonas de conflicto como Irak, Afganistán y, más recientemente, Ucrania. Tampoco mencionó el costo millonario que implicará este acuerdo, en un momento en que el gobierno se niega a homologar aumentos salariales, veta mejoras para jubilados y recorta partidas presupuestarias esenciales.

Ajuste para los de abajo, negocios para los de siempre

La decisión de destinar recursos a la compra de material bélico usado mientras se le niega un plato de comida caliente a miles de argentinos expone con crudeza el modelo de país que propone Milei. Un modelo donde se prioriza el alineamiento geopolítico con Washington, aunque eso implique hipotecar soberanía, endeudar al Estado y abandonar a su pueblo.

Mientras los hospitales no tienen insumos, las universidades luchan por subsistir y los comedores populares cierran por falta de recursos, el gobierno festeja la llegada de un puñado de blindados viejos, a cuenta gotas, y celebra una “modernización” que tiene más de museo militar que de verdadera estrategia de defensa nacional.

Un discurso de guerra para encubrir la entrega

En un tono más propio de un operador del Pentágono que de un funcionario argentino, Petri reivindicó la política exterior de Donald Trump y lanzó declaraciones alarmantes sobre “nuevas amenazas híbridas”, “terrorismo internacional” y la defensa de “valores democráticos” compartidos. Palabras grandilocuentes que intentan justificar una agenda militarista en tiempos de hambre.

“El régimen iraní lo entendió con crudeza: la destrucción de sus instalaciones nucleares fue el resultado de una decisión valiente. Trump demostró que no se negocia con terroristas, se los derrota. Nosotros creemos lo mismo”, sentenció Petri, dejando en evidencia la peligrosa orientación ideológica que hoy domina la política de defensa argentina.

¿Soberanía o subordinación?

Lejos de garantizar soberanía, como pretende vender el gobierno, estas compras refuerzan una política de subordinación que ya se vio reflejada con la adquisición de los aviones F-16 a Dinamarca. En ambos casos, el discurso de “defensa nacional” encubre un modelo de dependencia y gasto militar injustificable en un país con más del 50% de pobreza infantil.

En definitiva, mientras el pueblo argentino paga la crisis con hambre, desempleo y represión, el gobierno de Milei gasta millones en equipamiento militar viejo para congraciarse con Washington. No se trata de fortalecer la defensa, sino de blindar un proyecto de ajuste que solo puede sostenerse con represión.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, sumó un nuevo capítulo al desmantelamiento del sistema sanitario. En una decisión que generó indignación generalizada, se eliminó un subsidio histórico que sostenía entre el 50% y el 70% del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia con más de 80 años de trayectoria en el país.

La medida, tomada de forma abrupta y sin alternativas de transición, pone en riesgo la continuidad de esta organización pionera en la atención, investigación y acompañamiento de personas que viven con hemofilia, una enfermedad crónica que requiere tratamientos especializados e interdisciplinarios.

Desde la Fundación lanzaron una “carta abierta a la comunidad” en la que advierten que la situación es crítica: “Hoy nos encontramos con la enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar”. Denuncian que el Estado nacional les negó el subsidio sin previo aviso, impidiéndoles adaptarse o buscar soluciones sostenibles. “Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos”, lamenta el comunicado.

El impacto de la decisión se hizo sentir rápidamente en redes sociales, donde la frase “La crueldad avanza” se volvió eco del repudio generalizado. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también se pronunció con dureza: “El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado e investigación de pacientes con hemofilia”.

María Belén Robert, presidenta de la Fundación, expresó en diálogo con Radio 10: “Estamos pidiendo ayuda y una reconsideración por parte del Estado. Sabemos que podemos colaborar, pero exigimos que en salud se manejen otros conceptos, no es la suma ni la resta”.

Mientras tanto, la Fundación lanzó una campaña de emergencia para recibir donaciones individuales que les permitan seguir operando. “Hoy estamos en peligro”, advierten. El alias bancario para colaborar es SOMOS.FUNDACION.FH (Banco Nación).

Este nuevo acto de insensibilidad del gobierno de Javier Milei no solo ataca una institución fundamental para la salud pública, sino que expone el avance de una lógica despiadada que deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La salud, nuevamente, es víctima del ajuste.

La frase es de Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en libertad al sacerdote condenado por abusar de menores en el Seminario de Paraná.

Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz, rompió el silencio luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera su sobreseimiento. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alegó que los delitos habían prescripto, pese a tratarse de abusos sexuales contra menores de entre 12 y 15 años, cometidos entre 1988 y 1992.

“La Corte Suprema no dijo que era inocente, sino que la acción penal estaba prescripta desde 2005”, explicó Hilarza en diálogo con AM530. “No lo absolvieron porque no cometió el delito, sino por un tecnicismo”. Ilarraz había sido condenado por la Justicia de Entre Ríos en 2018 a 25 años de prisión, pero cumplía condena bajo arresto domiciliario. “Hace unos días le sacaron la tobillera. Ahora anda libre”, denunció.

Hilarza dejó en claro la magnitud del daño: “Ilarraz abusó de más de setenta chicos”, afirmó. “Solo siete nos animamos a hacer la denuncia, años después, cuando pudimos hacerlo realmente. Este hombre hizo aberraciones con chicos de 12 y 13 años, muchos venían de pueblos rurales. Dormíamos cien chicos juntos en un pabellón y él se aprovechaba del llanto de los más vulnerables. También manipulaba a las familias”, relató.

La denuncia pública comenzó en 2012, gracias a la investigación de la revista Análisis. Pero la historia de encubrimiento fue mucho más larga. “La Iglesia de Paraná sabía todo desde 1985. Lo mandaron a Roma, después a Córdoba, más tarde a Tucumán. Nunca lo investigaron seriamente. A mí me llamaron tres veces para declarar en causas canónicas. La tercera vez ya no quise saber más nada”, contó.

En 2024, el Papa Francisco lo expulsó del estado clerical tras encontrarlo culpable en una investigación canónica. “La justicia civil lo condenó. La justicia vaticana también. Y ahora la Corte Suprema lo deja libre. Eligieron tomar este caso, entre tantos, para beneficiar a un abusador”, cuestionó Hilarza.

Finalmente, advirtió sobre los efectos concretos del fallo: “Hay un compañero que trabaja a 300 metros de donde vive Ilarraz. Se lo puede cruzar en cualquier momento. Imaginate lo que es eso después de haberlo llevado a juicio durante casi diez años”.

El sobreseimiento no solo desconoce la gravedad del daño causado, sino que vuelve a dejar a las víctimas solas. La Corte Suprema eligió aplicar la prescripción antes que garantizar justicia frente a delitos aberrantes cometidos contra niños.

La expresidenta Cristina Kirchner cruzó a la Corte Suprema de Justicia por el sobreseimiento del cura Justo José Ilarraz, condenado por abuso de menores y expulsado de la Iglesia católica por el papa Francisco. “Sin palabras”, escribió Cristina. ¿La Corte Suprema ahora defiende a pedófilos?

A través de su cuenta de X, Cristina compartió un artículo periodístico donde se informa que el máximo tribunal sobreseyó al cura porque los abusos, cometidos entre 1988 y 1992 contra siete chicos que se encontraban a su cargo. La Corte Suprema se tomó de una irregularidad procesal para decir que los aberrantes crímenes “prescribieron”. El cura, libre.

“En el año 2024 nuestro papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó. Sin palabras”, sostuvo la expresidenta en un posteo.