Casi el 70% de los empresarios del sector de la construcción aseguran que su nivel de actividad disminuyó en comparación con el año anterior, según el Estudio de Opinión Construya (EOC), realizado entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2025.

La industria de la construcción atraviesa una de sus peores crisis en años. Un contundente 70% de los empresarios del sector afirma que su nivel de actividad cayó respecto al año anterior, según revela el último Estudio de Opinión Construya (EOC), realizado entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2025, con la participación de más de 500 profesionales de todo el país.

El desplome es generalizado: la caída se refleja en todas las regiones de Argentina, sin excepción. Entre las principales causas, los empresarios destacan el aumento de costos, la baja demanda y la incertidumbre económica. Factores que no solo paralizan obras sino que también agravan un escenario donde el acceso al financiamiento es cada vez más limitado: un 30% de los encuestados se autofinancia, y un 24% directamente no accede a ningún tipo de crédito.

En este contexto, resulta llamativo que el Indicador de Expectativas Construya (IEC) aún muestre señales de optimismo para los próximos 12 meses. En la región de Buenos Aires, por ejemplo, un 45% de los empresarios espera un repunte en su actividad. Sin embargo, ese “optimismo” choca con los datos actuales, y plantea dudas sobre cuán sustentadas están esas expectativas frente a una economía en evidente retroceso.

El informe también resalta una paradoja estructural: a pesar de la crisis, la construcción sigue siendo considerada por muchos como el “mejor método de ahorro”. El 35% de los encuestados reafirma su rol estratégico en la economía nacional. Pero hoy, ese rol parece más simbólico que real, frente a un desplome de actividad que pone en jaque a uno de los sectores más dinámicos del país.

Este informe se suma a una serie de señales alarmantes en otras industrias clave. La industria panadera, por ejemplo, también atraviesa una situación crítica: desde la llegada de Javier Milei al gobierno, más de 1.100 panaderías han cerrado, y solo en la última semana se registraron doce cierres en la provincia de Buenos Aires. Los panaderos advierten que “vamos camino a la extinción”, golpeados por los constantes aumentos de insumos que en algunos casos llegaron al 10% solo esta semana.

En conjunto, estos datos muestran una realidad que contradice el discurso oficial de recuperación y crecimiento. La economía real, medida en producción, empleo y consumo, parece estar contando una historia muy distinta.

El gobierno de Javier Milei sacó un bono en los mercados internacionales que le permitió quedarse con mil millones de dólares de reservas. Pero para hacerlo, debió dar una tasa del 30% anual, algo inédito a nivel mundial.

“El bono tiene una tasa del 30% en pesos, a 5 años, si el dólar se mantiene fijo, es una tasa extraordinaria, no existe en el mundo. No es extraordinario, es obsceno”, resumió un especialista que conoce el mercado en diálogo con Primereando las noticias.

Desesperado por mantener el dólar planchado, en una neoconvertibilidad, el gobierno necesita sumar dólares de cualquier modo y para eso apuesto al endeudamiento masivo. El sábado pasado, la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, advirtió que “un nuevo default está cerca”. En el mismo sentido, se expidió el economista peronista Guillermo Moreno: “Es un bono delirante, como mínimo se va a reestructurar en el futuro. Es un bono que compraron los amigos de Caputo, que le deben favores, porque vienen ganando como nunca”.

Para disfrazar el ajuste y sus consecuencias sociales, el Gobierno de Javier Milei salió a anunciar el Servicio Militar Voluntario, algo que existe desde 1994, cuando dejó de ser obligatorio.

Para presentar como novedoso algo muy viejo, la gestión libertaria presentó algunas modificaciones menores como la ampliación de edad, que antes era hasta los 24 años y ahora es hasta los 28. Antes solo alcanzaba con la escuela primaria y ahora se necesita secundario complero.

Ante un ajuste que empieza a generar mucho rechazo social – solo esta semana hubo protestas de docentes, jubilados, médicos y trabajadores de Tierra del Fuego -, el gobierno busca ganar la agenda con bombas de humo. Esta vez: una “noticia” que solo tiene 30 años de vigencia…

En la respuesta oficial, Capital Humano sostuvo que su situación “no representaba una problemática social”.

La Dirección de Asistencia Directa del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, le negó la ayuda a una familia de Misiones que había solicitado un comunicador dinámico para su hijo de 17 años con parálisis cerebral. En un dictamen oficial, el organismo consideró que la discapacidad del joven “no representaba una problemática social que ameritara su intervención”, una frase que desató un amplio repudio.

La respuesta fue firmada el 22 de mayo por la médica del área, Cecilia López, y dirigida a los padres del joven. Allí se rechazó la entrega del dispositivo que le habría permitido comunicarse con su entorno, asistir a clases y expresar necesidades básicas. La familia ya había agotado otras instancias —como obras sociales y organismos provinciales— antes de recurrir al Estado nacional, que finalmente desestimó el pedido con una frase inhumana y discriminatoria.

La historia fue difundida por el portal Redacción Misiones, donde se detalló que el joven vivía en Posadas, cursaba la secundaria y que sus docentes, al no poder comunicarse con él, hacían esfuerzos por interpretar sus gestos y movimientos. “No era una demanda caprichosa. Era un derecho a la educación y a la comunicación”, explicó una fuente cercana a la familia. La Ley de Discapacidad 22.431 obliga al Estado a garantizar el acceso a ayudas técnicas, algo que fue ignorado.

El repudio fue inmediato: la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) expresó su preocupación por el precedente que sentaba esta decisión. “Decir que una discapacidad no representa una problemática social es negar la existencia de barreras estructurales”, denunciaron. Mientras tanto, el joven sigue esperando una herramienta básica para poder ser escuchado, en un país donde, al parecer, la crueldad se convirtió en política de Estado.

El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones. Endurece las condiciones de ingreso y permanencia, y habilita el cobro a extranjeros en hospitales y universidades.

Bajo el paraguas del DNU 366/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reforma de fondo en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de acceso y permanencia para personas extranjeras y habilitando el arancelamiento en servicios públicos clave como salud y educación superior.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine las categorías migratorias —transitorio, temporario, permanente— y subordina el acceso a derechos fundamentales a la condición legal de residencia. Aunque mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar niveles obligatorios, la novedad está en lo que excluye: las universidades podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y el sistema de salud quedará restringido a quienes no acrediten seguro o paguen por adelantado.

“Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”, reza el texto en referencia a los hospitales públicos. En paralelo, las universidades estatales tendrán vía libre para cobrar por la educación de extranjeros sin residencia permanente.

La política de expulsión también se recrudece. La Dirección Nacional de Migraciones podrá revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, el trámite no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía.

Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno exigen a los extranjeros demostrar ingresos suficientes y carecer de antecedentes penales, incluso para casos de reunificación familiar. Sólo los hijos de argentinos conservarán automáticamente el estatus de residentes permanentes.

Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios ya expresaron su rechazo. “Es un retroceso brutal. Se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”, señalaron desde la Cátedra de Migraciones de la UBA. En tanto, asociaciones de profesionales de la salud alertaron que la medida pondrá en riesgo la vida de miles de personas que hoy acceden a controles, tratamientos y cirugías en hospitales públicos.

La Argentina, que en 2004 fue ejemplo global con una ley migratoria basada en derechos humanos, se aleja ahora de aquel paradigma. Con el DNU 366/2025, la política migratoria adopta una lógica punitiva y excluyente, en línea con el proyecto de Estado mínimo que impulsa el oficialismo.

“Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando”, escribió la dirigente en su cuenta de X.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó con dureza contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el ajuste presupuestario que afecta al Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país. “Con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso”, advirtió Carrió desde su cuenta en la red social X, en un mensaje que resonó con fuerza en el escenario político.

Carrió calificó la situación del hospital como un “escándalo moral” y aseguró que desde su espacio continuarán denunciando lo que consideran una política de ajuste inhumana. “Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando”, enfatizó la dirigente, visiblemente indignada por la situación.

Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escandalo moral, seguimos denunciando.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 28, 2025

La polémica surge en medio del conflicto entre el personal del Garrahan y el Gobierno nacional, a raíz del congelamiento presupuestario que se mantiene desde 2023. Los trabajadores del hospital habían anunciado un paro para este jueves, en reclamo de una actualización del presupuesto, mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Según trascendió, en los últimos dos años alrededor de 200 profesionales renunciaron al hospital, migrando al ámbito privado por mejores oportunidades.

Sin embargo, la medida de fuerza fue suspendida luego de que el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, dictara la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. La resolución también intimó a los gremios ATE y a la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan a cesar cualquier medida de acción directa durante ese período.

Más allá del paréntesis impuesto por la conciliación, Carrió volvió a colocarse en el centro de la escena con su advertencia directa al ministro Caputo. Su declaración suma tensión a un conflicto que no parece haber llegado a su fin y que pone en el foco la delicada situación del sistema de salud pública frente a los recortes del Gobierno.

Según datos oficiales del INDEC, en abril de 2025 las importaciones crecieron un alarmante 37,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones apenas aumentaron un 2,3%.

La política de apertura irrestricta a las importaciones está generando un grave deterioro del superávit comercial argentino. Según datos oficiales del INDEC, en abril de 2025 las importaciones crecieron un alarmante 37,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones apenas aumentaron un 2,3%. El resultado fue una caída estrepitosa del superávit comercial, que pasó de 1.807 millones de dólares en abril de 2024 a tan solo 204 millones este año.

Esta tendencia no es aislada. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el saldo comercial se redujo a 1.265 millones de dólares, muy lejos de los 6.208 millones registrados en igual período del año pasado. La causa central de este desbalance es el crecimiento desmedido de las importaciones (+35,7%), muy por encima del modesto incremento de las exportaciones (+5,8%).

De continuar esta dinámica, el país podría ingresar en un déficit comercial en los próximos meses, lo que implica que saldrán más dólares del país por importaciones que los que ingresen por exportaciones. Este desequilibrio amenaza con desestabilizar el ya frágil esquema económico del gobierno, que se apoya en anclas como el “dólar barato” para contener la inflación. Sin embargo, este mismo dólar bajo incentiva la compra de productos extranjeros y desalienta las ventas al exterior, acelerando la pérdida de divisas comerciales.

Esto no solo compromete la sostenibilidad externa de la economía, sino también el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho pacto exige para 2025 un superávit comercial equivalente al 1,3% del PBI (unos 9.000 millones de dólares), meta que se aleja peligrosamente con cada mes que pasa. El plan proyectaba un aumento del 8,1% en exportaciones y del 14,6% en importaciones, pero la realidad muestra un desborde por el lado de las compras externas.

Además, el perfil de las importaciones actuales pone en duda el argumento de que el aumento se debe a una expansión productiva. El crecimiento más pronunciado se dio en rubros no esenciales para el desarrollo industrial: la importación de automóviles se disparó un 101,6% en el primer cuatrimestre del año, y los bienes de consumo aumentaron un 69,1%, acercándose peligrosamente al nivel de los bienes de capital. En abril, solo el 73% de las importaciones estuvo destinado a la producción, cuando históricamente ese porcentaje ronda el 80%.

Por el lado de las exportaciones, además del efecto negativo del tipo de cambio, se suma el impacto de la guerra comercial iniciada por el gobierno de EE. UU. Bajo el liderazgo de Donald Trump, se han establecido nuevas barreras arancelarias que afectan a los productos argentinos. Aunque el sector primario mostró cierto dinamismo (+9,4% en cereales, pescados y mariscos), otros sectores clave como los combustibles y las manufacturas agroindustriales sufrieron retrocesos por la baja de precios internacionales.

En este contexto, la política de apertura importadora no solo reduce la competitividad externa, sino que debilita una de las pocas fuentes genuinas de dólares para el país. Sin un cambio de rumbo, el superávit comercial —vital para sostener la economía y honrar compromisos internacionales— podría desaparecer por completo, arrastrando consigo al resto del modelo económico.

El presidente, Javier Milei, viajó el 3 de abril a Estados Unidos para forzar una foto con su par norteamericano Donald Trump. La historia es conocida: el magnate nunca llegó a la fiesta donde estaba Milei y la foto no se concretó.

El viaje no tuvo sentido pero le costó caro a la Argentina, porque en total salió $125.126.722,45, unos U$S 114.323,18 a dólar oficial de ese momento.

Así se desprende de un pedido de información que el medio Corta le realizó a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales. Entre otros gastos del viaje sin sentido, fue el hospedaje de los hermanos Milei en sendas habitaciones de lujo que costaron cerca de 5 millones de pesos. Plata hay…

El ex director de Anses en Cipolletti, Río Negro, denunció que dirgientes libertarios le exigían entregar el 10% de su sueldo para continuar al frente del organismo. Además, dijo que cuando fue nombraron le pidieron una caja de champaña que salía un millón y medio de pesos, afirmó el medio La Política Online. Total normalidad.

Los escándalos de corrupción en Pami y Anses se multiplican en varias ciudades del país, sin que haya mayor repercusión mediática. Los medios Clarín y La Nación protegen al gobierno de Javier Milei. No quieren dar malas noticias antes de las elecciones.

La denuncia la hizo Rafael Cuchinelli que fue hasta el 22 de mayo director de la regional de Anses en la localidad rionegrina.

Con cifras que exhiben como trofeo, el Gobierno admite haber destruido casi el 10% del empleo público. El desguace estatal se profundiza con impactos críticos en salud, educación, ciencia y derechos sociales.

A 17 meses del inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei difundió con orgullo un balance lapidario: casi 48.000 trabajadores estatales fueron despedidos. El dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quien además anunció que el recorte “se profundizará en los próximos meses”.

Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su planta laboral en un 9,6%, con especial impacto en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y 16,4%, respectivamente. El informe cuantifica el “ahorro” en 1.885 millones de dólares anuales, sin contemplar el costo social de semejante poda.

El ajuste no se limitó a despidos de planta: los contratos bajo Ley Marco se redujeron un 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) se desplomó en un 55%. A pesar de las advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro del servicio público, el Gobierno insiste en que sólo se sostendrán “las áreas que cumplan una misión esencial”, sin definir qué significa esa categoría.

Mientras tanto, los efectos del vaciamiento ya se sienten: hospitales sin personal suficiente, proyectos científicos paralizados, oficinas de atención ciudadana cerradas y programas sociales desmantelados. La lógica, denuncian sindicatos y especialistas, responde a un plan ideológico de desarticulación del Estado como garante de derechos.

En paralelo, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia, mientras desfinancia áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género. “Esta no es una reestructuración, es una demolición”, advirtieron desde ATE, que prepara nuevas medidas de fuerza ante lo que describen como una “ola de despidos arbitrarios y generalizados”.

Desde Casa Rosada, la narrativa es otra. El informe de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de “eficiencia” y anuncia más motosierra: nuevas desvinculaciones y supresión de organismos considerados “innecesarios”.