La ex presidenta criticó duramente al presidente por sus recientes decisiones económicas, acusándolo de incoherencias y de priorizar los votos a costa de políticas perjudiciales para el país.

Cristina Kirchner no dejó pasar las contradicciones en las recientes declaraciones de Javier Milei. En un mensaje publicado en sus redes, la vicepresidenta le dedicó duras palabras, comenzando por señalar un cambio de discurso en el mandatario: “El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una ‘estabilización exitosa’. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra…”.

Kirchner apuntó también a la destitución de varios funcionarios clave, comenzando con Sonia Cavallo, hija del exministro Domingo Cavallo, a quien Milei había elogiado en su momento: “COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO ‘EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA’ A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE”. Además, hizo referencia a la salida del titular de la ANSES, quien, según la vicepresidenta, cometió un grave error al anunciar la suba de la edad jubilatoria en un año electoral: “¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria. Clarín te clavó la tapa el lunes y… AFUERA!”

A lo largo de su mensaje, Cristina Kirchner destacó lo que considera una falta de coherencia en la gestión de Milei, y lo acusó de cuidar su imagen a costa de las medidas económicas. “Estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo”, le reprochó, mencionando las políticas de control del tipo de cambio implementadas en otras épocas.

Por otro lado, la vicepresidenta cuestionó la negación de Milei sobre la existencia del “carry trade” – operación financiera en la que se aprovecha la diferencia entre el rendimiento de dos monedas–, asegurando que el mandatario está usando la diferencia entre el dólar devaluado y los altos intereses del peso a su favor: “¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?”

Finalmente, Cristina se mostró crítica respecto a las declaraciones de Milei sobre la inflación y el dólar. La vicepresidenta lo citó cuando afirmó: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. El nivel del dólar depende de la escala nominal. NOSOTROS NO ESTAMOS MOTIVANDO UNA BAJA DEL DÓLAR”. Kirchner respondió con una dura acusación sobre el uso de las reservas del Banco Central para mantener el dólar bajo control: “Y los dólares que compraste con el ‘superávit’ por el ajuste sobre los jubilados, la educación, la salud y las provincias, ¿Dónde están?”

En el cierre de su mensaje, Cristina le dedicó una crítica a la explicación del ministro de Economía, Luciano “Toto” Caputo, quien había declarado que en Argentina “EL DÓLAR NO ESTÁ ATRASADO… SINO QUE SON LOS PRECIOS LOS QUE ESTÁN ADELANTADOS”. La vicepresidenta ironizó: “¡De antología! ‘PRECIOS ADELANTADOS’. Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca?”

Con este mensaje, Cristina Kirchner no solo respondió a las críticas de Milei, sino que también aprovechó para mostrar su postura crítica sobre las políticas económicas del gobierno actual, especialmente en torno al manejo del dólar y las reservas del Banco Central.

Advierten que la medida oficializada por Donald Trump será un golpe muy duro para industrias clave del sector como Aluar y el Grupo Techint.

Mientras el presidente argentino Javier Milei mantiene su apuesta por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la administración de Donald Trump toma el camino opuesto: la imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero argentino. La medida, que afectará exportaciones por unos USD 600 millones anuales, pone en jaque a empresas clave del sector y deja en evidencia la falta de reciprocidad en la relación comercial entre ambos países.

El impacto más fuerte lo sufrirá Aluar, la única productora de aluminio en Argentina, que el año pasado exportó USD 530 millones a Estados Unidos, lo que representa el 40% de su producción. También serán alcanzadas Ternium y Tenaris, del Grupo Techint, que en 2024 enviaron más de USD 100 millones en acero al mercado estadounidense.

El endurecimiento comercial de Trump contrasta con la visión aperturista de Milei, quien ha hecho de su alineamiento automático con Estados Unidos un eje central de su política exterior. Sin embargo, lejos de avanzar en un acuerdo que beneficie a la Argentina, Washington refuerza barreras comerciales que pueden extenderse a otros sectores.

Con Macri paso lo mismo

La situación recuerda los antecedentes de la relación entre Argentina y Trump: en 2018, su administración impuso aranceles similares que incluyo otros productos como los limones, aunque el gobierno de Mauricio Macri logró un acuerdo de exención parcial. Sin embargo, en 2019, a días de la salida de Macri, Trump restableció los aranceles de manera abrupta.

Ahora, el escenario se repite, pero con un gobierno argentino que apuesta ciegamente a profundizar sus lazos de subordinación con la Casa Blanca. Habrá que ver si Milei logra revertir la medida o si su estrategia de acercamiento a Trump termina generando más costos que beneficios para la economía argentina, en especial cuando el gobierno libertario por decidió desde hace tiempo renunciar a otros bloques comerciales como los BRICS o proponer el desmantelamiento del MERCOSUR (cuyo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea aun esta lejos de materializarse) y apostar todo a una nueva era de “relaciones carnales” con los Estados Unidos.

“Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con el 5%. Gana 25 mil pesos por día”, denuncó el hombre ante Bullrich. Mirá el video.

Patricia Bullrich quedó en el centro de las críticas tras una insólita respuesta a los gendarmes que reclamaban por sus bajos salarios. Durante su visita a Salta, la ministra de Seguridad se enfrentó a un reclamo directo por parte del padre de un gendarme, quien le expresó la angustiante situación económica que atraviesa su hijo.

“Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con el 5%. Gana 25 mil pesos por día”, denuncó el hombre ante Bullrich. La funcionaria intentó justificar la postura del Gobierno al asegurar que se está haciendo “un esfuerzo enorme” para atender los reclamos salariales. “El gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el 1,5% y el 1%, lo que suma un 7,89%. Nadie está recibiendo ese aumento”, se defendió.

Sin embargo, la respuesta no logró apaciguar el malestar. En referencia a los elevados costos de los alquileres, Bullrich aseguró que se está evaluando otorgar viviendas del plan Procrear a los gendarmes, a pesar de que dicho programa fue eliminado en noviembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei. “Estamos trabajando para que nos den planes Procrear para viviendas”, afirmó.

El padre del gendarme insistió con el reclamo: “Cinco por ciento no es nada, gana 750 mil pesos por mes y paga 400 mil pesos de alquiler”. Ante la presión, Bullrich intentó pedir paciencia: “En la medida que el país vaya creciendo, los vamos a ir mejorando. Ténganme confianza, estoy con ustedes”.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar en soluciones habitacionales y defendió el aumento otorgado: “Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes Procrear. Ténganme confianza que vamos a ir mejorando. El 5%, más el 1,5%, más el 1%, es el 7,89%. Camioneros cerró el 1%”, comparó.

No obstante, la comparación resultó completamente errada. En realidad, el sindicato de Camioneros acordó un aumento del 5,5% por tres meses, además de un bono de 600 mil pesos, lo que dejó en evidencia la inconsistencia de sus declaraciones.

El reclamo de los gendarmes y las manifestaciones de sus familiares no cesan, dejando a Bullrich cada vez más comprometida frente a una situación que parece lejos de resolverse.

Mediante un decreto publicado este lunes, el Gobierno dio el primer paso formal para la privatización del sistema ferroviario, se prevé incluso la venta de todo el material rodante propiedad del Estado nacional.

Con la publicación del decreto 67/2025, el Gobierno de Javier Milei ha dado un paso definitivo en la privatización del sistema ferroviario de cargas, iniciando el proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC). Esta medida no solo implica la entrega de la operación y administración de las vías a operadores privados, sino también el remate del material rodante que el Estado había adquirido con fondos públicos en los últimos años.

El decreto establece que la privatización se llevará a cabo mediante la “desintegración vertical” del sistema, fragmentando la red ferroviaria en lotes y concesionando por separado la infraestructura, los talleres y el material rodante. No obstante, una de las decisiones más controvertidas es la venta de locomotoras y vagones del Estado mediante subasta pública. Los ingresos obtenidos de estas ventas serán destinados a financiar obras en las vías concesionadas, lo que implica que bienes adquiridos con recursos nacionales serán liquidados en favor de operadores privados.

Este esquema profundiza el desmantelamiento del sistema ferroviario, superando incluso la política de concesiones de los años 90, cuando el Estado mantenía la propiedad del material rodante. Al privatizar no solo la operación sino también los activos físicos, el Gobierno elimina cualquier posibilidad futura de que el Estado recupere la administración de las cargas ferroviarias, dejándolo sin herramientas para intervenir en caso de incumplimientos o fracasos de las concesionarias.

El material rodante a subastar incluye locomotoras y vagones adquiridos en el marco de los acuerdos de financiación con China, los cuales permitieron renovar y ampliar la flota del sistema de cargas, especialmente en las líneas Belgrano y San Martín. Sin embargo, algunos de estos equipos aún no han sido completamente pagados, lo que podría generar trabas legales para su venta inmediata.

La medida también despierta interrogantes sobre su encuadre legal. La privatización de TAC choca con la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015, que establece el acceso abierto a la infraestructura ferroviaria y la integración del sistema bajo administración estatal. Además, el desmembramiento del sistema ferroviario añade una nueva capa de fragmentación a un sector que ya ha sufrido las consecuencias de la falta de inversión privada en los corredores concesionados.

La desinversión y el abandono del sector ferroviario de cargas por parte del capital privado en las últimas décadas fueron las razones principales por las que el Estado tuvo que retomar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Gracias a las inversiones estatales, se logró revertir parcialmente el deterioro de la infraestructura y aumentar la cantidad de cargas transportadas. Ahora, esas inversiones financiadas con fondos públicos serán entregadas a operadores privados, sin garantía alguna de que se mantengan o amplíen las mejoras logradas en la última década.

La privatización de TAC y el remate de su material rodante no solo marcan la entrega del sistema ferroviario de cargas al sector privado, sino que también eliminan cualquier posibilidad de que el Estado intervenga ante el posible incumplimiento de las concesiones. Con esta decisión, el Gobierno desmantela de manera irreversible un recurso estratégico para el desarrollo productivo del país y abre la puerta a una nueva crisis ferroviaria.

El gobierno de Javier Milei no para de caer en las encuestas.

La consultora Zuban-Córdoba publicó su nuevo trabajo titulado “Tecnofeudalismo vs Democracia” en el que recogen la percepción de los argentinos con el gobierno. La encuesta destaca que un 53,6 por ciento de los consultados asegura que Milei lleva al país va por la dirección incorrecta contra un 43,9 que sostiene que estamos en la dirección correcta.

En relación a la aprobación del gobierno, un 54,1 (un aumento de dos puntos) lo rechaza contra un 45,1 que lo respalda mientas que la imagen negativa de Milei trepó a 53,8 por ciento, 1,3 mas que en la medición anterior.

Al margen de los datos negativos, un 44 por ciento reconoce que hay mayor estabilidad económica y que la inflación se desaceleró.

Bullrich trató de “inútil y panelista de TV” al ministro de seguridad porteño y este le reprochó la falta de obras.

La fuga de seis presos de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito desató un nuevo enfrentamiento entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Lejos de articular respuestas concretas, el cruce entre ambos dejó en evidencia la falta de coordinación y la tendencia a deslindar responsabilidades en lugar de abordar soluciones de fondo.

Bullrich criticó con dureza a Wolff a través de sus redes sociales, acusándolo de no asumir la responsabilidad sobre los detenidos y de limitarse a justificarse sin resolver el problema. “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”, disparó la ministra de Milei. También le reprochó que la Ciudad no se haga cargo de los presos bajo su órbita, como sí ocurre en las provincias.

Ministro @WolffWaldo, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el… pic.twitter.com/y676IkQGC1

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

En respuesta, Wolff convocó a una conferencia de prensa en la que atribuyó la crisis carcelaria porteña a la superpoblación y a la falta de infraestructura penitenciaria. Además, denunció que la reciente fuga no fue un escape convencional, sino un acto de “connivencia y negligencia”. “Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta”, sostuvo.

El ministro porteño también se defendió asegurando que la Ciudad carga con un problema heredado del gobierno nacional anterior y que los detenidos deberían estar en cárceles federales. “El 95% de los 2300 detenidos en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir condena en cárceles federales”, señaló, denunciando que la situación le cuesta a la Ciudad 100 millones de dólares al año y la pérdida de más de 3000 efectivos policiales en tareas de custodia.

Patricia, sin mentiras ni chicanas.

Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos.
Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy.

El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la… https://t.co/ihC3mOUh19

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 10, 2025

Lejos de apaciguarse, el cruce continuó con nuevas acusaciones de Bullrich, quien insistió en que la Ciudad ya había firmado un convenio para la transferencia de los detenidos y que, en lugar de resolver el problema, Wolff busca deslindar responsabilidades. “¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden?”, cuestionó la ministra.

Sin acuerdos a la vista y con la crisis penitenciaria en escalada, la disputa entre Bullrich y Wolff dejó en evidencia una gestión fragmentada y una preocupante falta de soluciones estructurales. Mientras tanto, la seguridad en la Ciudad sigue siendo rehén de un intercambio de reproches sin resultados concretos.

Primer juicio político contra un libertario.

La intendenta libertaria de Anisacate, Natalia Contini -quien saltó a la fama hace un año, cuando removió del pueblo cordobés la estatua de Néstor Kirchner-, deberá sortear un proceso de revocatoria de mandato impulsado por un grupo de vecinos que la acusan de incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad y corrupción.

El pedido de revocatoria a la libertaria fue formalmente iniciado. Ahora la Justicia provincial (a través del juez de Paz de esa localidad) deberá convalidar que el porcentaje de vecinos que pide abrir el proceso de referendum es válido de acuerdo a la ley cordobesa.

Es el primer juicio político contra un mandatario libertario aunque puede no ser el último. De hecho, muchos diputados y senadores ya piden el del propio presidente Javier Milei por sus inconsistencias notables en la administración pública.

El gobierno de Javier Milei ha decidido poner fin a la moratoria previsional, una política que permitió a cientos de miles de argentinos poder acceder a una jubilación.

El gobierno de Javier Milei ha decidido poner fin a la moratoria previsional, una herramienta que permitió a cientos de miles de argentinos acceder a una jubilación a pesar de no contar con los 30 años de aportes exigidos. A partir del 23 de marzo de 2025, sin esos años de contribuciones, será imposible jubilarse, dejando a una gran parte de la población sin protección en la vejez.

La confirmación llegó por parte del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Al ser consultado por la diputada Julia Strada sobre el destino de quienes no logren reunir los aportes necesarios, el funcionario ratificó que el Gobierno no tiene previsto prorrogar el plan. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto”, aseguró, dejando en claro que la eliminación del sistema es una decisión política.

Un golpe a la seguridad previsional

La moratoria previsional vigente, sancionada en 2023, permitió que hombres y mujeres en edad de jubilarse pudieran completar sus aportes mediante un plan de pagos, evitando quedar excluidos del sistema. Se estimaba que alrededor de 800.000 personas iban a poder regularizar su situación con este mecanismo. Solo en 2024, más de 313.000 personas accedieron a la jubilación gracias a este esquema, el cual ahora será eliminado sin una alternativa real para quienes quedan fuera del sistema.

Desde el Gobierno insisten en que quienes no lleguen a los 30 años de aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pero esta prestación es del 80% de la jubilación mínima y no incluye beneficios clave, como la pensión por viudez.

El fin de un derecho previsional

El impacto de esta medida afectará principalmente a las mujeres, ya que muchas de ellas han trabajado en la informalidad o se han dedicado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta completar los años de aportes requeridos. También perjudicará a quienes atravesaron largos períodos de desempleo o trabajaron en condiciones precarias sin acceso a aportes jubilatorios.

La eliminación de la moratoria previsional deja en evidencia el ajuste que el Gobierno de Milei está aplicando sobre los sectores más vulnerables. Sin una vía para regularizar sus aportes, miles de personas quedarán desprotegidas en su vejez, perdiendo el derecho a una jubilación y quedando relegadas a una pensión reducida o, en el peor de los casos, sin ningún ingreso previsional.

Un índice privado de comercialización de productos exhibió una contracción de 4,14% durante el primer mes de 2025. Preocupación en el sector.

A pesar de las repetidas afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una supuesta recuperación económica en marcha, los datos concretos indican que la mejora aún no se siente en sectores clave como la construcción. En enero de 2025, la venta de insumos para la industria registró una nueva caída del 4,14% en términos desestacionalizados, lo que confirma que la actividad sigue sin mostrar signos claros de reactivación.

El Índice Construya (IC), elaborado por un conjunto de doce empresas líderes del sector, reflejó un leve incremento del 3,3% en la comparación interanual. Sin embargo, esta suba responde más a la baja base de comparación que a un verdadero crecimiento sostenido. En enero de 2024, la economía atravesaba una de sus peores crisis tras la fuerte devaluación del 118% y una inflación mensual que alcanzó el 20,6%, lo que había desplomado la demanda en todos los rubros.

Hoy, con un tipo de cambio más estable y una inflación desacelerándose, la construcción sigue sin encontrar el impulso necesario para salir del estancamiento. “Si bien el inicio de 2025 muestra un incremento en el nivel de entrega de insumos en relación con enero del año pasado, las ventas aún no alcanzan el ritmo esperado”, señalaron desde el Grupo Construya. Esto demuestra que la recuperación, tantas veces anunciada, todavía no se refleja en el sector.

Un sector que sigue golpeado y sin señales de reactivación

La construcción es uno de los sectores más afectados por la recesión que golpeó con fuerza durante el primer cuatrimestre de 2024. Según datos del INDEC, la actividad sufrió un derrumbe del 28,5% entre enero y noviembre del año pasado, reflejando la magnitud de la crisis. El Índice Construya, por su parte, reportó una caída anual del 27,2%, dejando en claro que el sector vivió un año de extrema dificultad.

El desempeño del sector en 2024 fue errático: tras una fuerte caída del 16,2% en marzo, la actividad mostró algunos repuntes esporádicos hasta agosto, para luego volver a retroceder en septiembre y octubre. La combinación de un freno en la obra pública, costos elevados en dólares y una retracción del crédito hipotecario golpeó con fuerza a la demanda de materiales y al desarrollo de nuevos proyectos.

Los insumos cuya demanda sigue deprimida incluyen ladrillos cerámicos, cemento, cal, acero, carpintería de aluminio, pinturas, grifería y revestimientos cerámicos, entre otros. La falta de inversión en nuevas construcciones y la incertidumbre económica generan un clima de extrema cautela en el sector.

Las perspectivas siguen siendo inciertas

Desde la industria advierten que la recuperación no será rápida ni automática. “El proceso de reactivación será lento y estará vinculado a la reaparición del crédito hipotecario y la inversión en desarrollos privados”, explicaron desde el Grupo Construya. Sin embargo, hasta ahora, estas condiciones aún no se han materializado.

Mientras la obra pública sigue prácticamente paralizada y la inversión privada avanza con extrema cautela, la construcción continúa esperando señales concretas de recuperación. Por ahora, los datos duros contradicen el optimismo oficial: la reactivación prometida sigue siendo más un anuncio que una realidad palpable.

La multinacional alimenticia anunció que frenará sus operaciones en marzo, y sus 183 trabajadores deberán tomar vacaciones forzadas.

El impacto de la crisis económica comienza a sentirse con fuerza en la industria alimenticia, generando un panorama preocupante en el plano laboral y productivo. La multinacional Nestlé anunció la suspensión de su planta en Villa Nueva, Córdoba, debido a la fuerte caída del consumo y la baja en las exportaciones. Este cierre temporal se suma a una preocupante tendencia que afecta a otras grandes empresas, como Nissan, General Motors, Puma y Sancor, que han implementado recortes ante la retracción del mercado interno y la apertura indiscriminada de importaciones.

La empresa suiza, con 95 años de presencia en Argentina, informó que la suspensión de la producción durante marzo responde a la necesidad de “reducir los volúmenes de producción principalmente por una baja en las exportaciones” y una “adecuación a la demanda local”. Como consecuencia, 183 trabajadores serán enviados a vacaciones forzadas, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de sus empleos.

Este escenario expone la gravedad del derrumbe económico en el sector productivo. La promesa de inversiones por 120 millones de dólares que Nestlé había realizado para el período 2022-2024, destinadas a incrementar exportaciones y mejorar su infraestructura, choca de frente con la actual situación, donde la caída del consumo ha llevado a una acumulación de stock y a la necesidad de reducir costos.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) advirtió sobre la acumulación de productos sin salida en el mercado y solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de Córdoba, a cargo de Omar Sereno, para evitar despidos y buscar soluciones que protejan a los trabajadores. Sin embargo, la situación de Nestlé no es un caso aislado, sino una muestra de cómo el ajuste económico y la política de apertura comercial están afectando a la producción nacional, poniendo en jaque miles de puestos de trabajo y acentuando la crisis en el sector industrial.