El escándalo cripto generó un terremoto en el gobierno de Milei que puso en evidencia la negligencia del presiente y sus turbios vínculos con el mundo financiero.

Javier Milei enfrenta una de las crisis más serias de su gestión tras verse envuelto en el escándalo del token LIBRA, un colapso financiero que dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. Pese a haber promocionado activamente el proyecto, el presidente intentó desligarse del asunto alegando que desconocía los detalles de lo que estaba recomendando, una declaración que a todas luces expone su falta de seriedad y prudencia en la conducción de los asuntos públicos y que además, pone a su figura en el ojo del escrutinio público y muy probablemente también del poder legislativo donde ya circulan fuertes rumores de juicio político o de al menos una citación e interpelación por parte del Congreso Nacional para dar las correspondientes explicaciones del caso.

En este sentido son varios los juristas y legisladores que señalan a Milei por haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (Art. 19).

El token LIBRA, que Milei respaldó en sus redes sociales asociándolo al Proyecto Viva La Libertad, sufrió un desplome del 89% en cuestión de horas. Tras la debacle, el mandatario eliminó sus publicaciones y aseguró que no había realizado una debida diligencia antes de apoyar la iniciativa. “Inicialmente apoyé una supuesta empresa privada con la que no tengo conexión”, afirmó, intentando minimizar su responsabilidad. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar: ¿cómo es posible que el presidente de la Nación respalde un proyecto sin conocer sus fundamentos?

La poco convincente justificación del presidente

Finalmente, a altas horas de la noche y ante una fuerte presión de su entorno y de las redes sociales donde se viralizó la noticia, el presidente admitió su participación en la dudosa maniobra pero buscó desligarse de la misma so pretexto de que no conocía lo que estaba promocionando.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Un fraude anunciado: el patrón que se repite

Las investigaciones sobre LIBRA revelaron señales de fraude desde el inicio. Se descubrió que el 82% del suministro del token estaba en manos de unas pocas carteras, lo que indicaba una manipulación centralizada. Además, los desarrolladores retiraron $87 millones de los fondos de liquidez antes del colapso, acelerando la caída.

Maximiliano Firtman, programador y periodista que sigue de cerca el mundo cripto y que supo exponer a Leonardo Cositorto. Se preguntó si se trata de una meme coin, una cripto con nombres y storytelling divertidos para captar rápidamente usuarios, lo que se traduce en alta volatilidad.

A eso apuntó otro gurú cripto. “El 84% de los tokens está en manos de 10 direcciones. Dado que el Presidente está en funciones, debería esclarecer quiénes son”

Pero este no es el primer episodio turbio de Milei en el mundo cripto. En 2021, como diputado, promocionó CoinX, una plataforma que prometía rendimientos exorbitantes mediante inteligencia artificial y que terminó siendo denunciada como un esquema Ponzi. Cuando el fraude fue expuesto, los inversores perdieron entre 30 y 40 millones de pesos, y Milei enfrentó denuncias por su rol en la promoción del proyecto.

Más aún, el presidente también tuvo vínculos con Francisco José Hauque, financista detrás de CoinX y Qpons, quien fue detenido con armas, drogas y dinero en efectivo. Este caso expuso conexiones entre el mundo cripto y el narcotráfico, sumando un nuevo escándalo a la red de figuras financieras promocionadas por Milei.

La sombra de Generación Zoe y Cositorto

El historial del presidente con negocios dudosos no termina ahí. En el caso de Generación Zoe, liderado por Leonardo Cositorto, las denuncias de estafa y asociación ilícita también sacudieron el panorama financiero. Pese a los reiterados pedidos de intervención, la Comisión Nacional de Valores terminó absolviendo a Cositorto y a sus empresas por tecnicismos legales, aunque el empresario sigue detenido por fraude.

Con cada nuevo escándalo, la imagen de Milei queda aún más golpeada. Su cercanía con proyectos financieros irregulares y su reiterada defensa de esquemas que terminan en desastre exponen un patrón alarmante. La falta de seriedad y criterio del presidente en la gestión pública no solo afecta su credibilidad, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica del país. Mientras la justicia investiga, una pregunta persiste: ¿cuánto desconocimiento puede alegar Milei antes de que su discurso se vuelva insostenible?

En menos de una hora la criptomoneda promocionada por el presidente se desplomó sorpresivamente y quienes invirtieron confiados perdieron más de 80 millones de dólares de un saque.

El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de un escándalo sin precedentes tras recomendar públicamente una cuestionada criptomoneda, lo que llevó a miles de inversores a confiar en el activo digital. Sin embargo, en menos de una hora, el token denominado $LIBRA se desplomó abruptamente, dejando pérdidas millonarias a quienes siguieron su consejo.

A través de sus redes sociales, Milei presentó $LIBRA como un proyecto que supuestamente impulsaría la economía argentina financiando pequeñas empresas y emprendimientos. Su respaldo generó un furor inmediato, llevando la criptomoneda a un pico de 4.978 dólares, antes de que se desplomara estrepitosamente a menos de 1 dólar en cuestión de minutos.

Ante la indignación pública, fuentes de la Casa Rosada intentaron desligar al mandatario del colapso financiero, asegurando que se trata de un “proyecto privado” en el que Milei “no tiene nada que ver ni participa”. Sin embargo, las explicaciones resultan insuficientes, ya que el propio presidente utilizó sus redes oficiales para promocionar la inversión, lo que podría configurar un grave conflicto de intereses e incluso una violación del Código Penal.

Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político. pic.twitter.com/qVDRMuRF0y

— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 15, 2025

La poco convincente justificación del presidente

Finalmente el presidente admitió la dudosa maniobra pero busco desligarse de la misma so pretexto de que no conocía lo que estaba promocionando.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

¿Delito o imprudencia presidencial?

Expertos en derecho advierten que el accionar de Milei podría encuadrarse en “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delito tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Según esta norma, un funcionario que utilice su cargo para promover operaciones financieras en su beneficio o el de terceros puede enfrentar penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

A su vez, la Ley de Ética Pública exige transparencia y la prevención de conflictos de interés entre funcionarios. En este caso, la promoción de un activo financiero cuya propiedad es desconocida y altamente volátil pone en entredicho la integridad del presidente.

El Congreso exige explicaciones

El escándalo ya escaló al ámbito legislativo. Desde la Cámara de Diputados se formalizó un pedido para que Jefatura de Gabinete aclare la naturaleza de la publicación. Paralelamente, sectores de la oposición exigen la comparecencia de Milei ante el Congreso para dar explicaciones sobre su rol en la promoción de $LIBRA y las consecuencias económicas de su desplome.

Mientras tanto, especialistas en el mundo cripto alertan sobre el posible esquema fraudulento detrás del token. Según analistas, el 84% de los activos estaban en manos de solo 10 billeteras, lo que refuerza las sospechas de manipulación y posible estafa.

El hecho de que un presidente en funciones impulse públicamente una inversión especulativa ha desatado una tormenta política y financiera. La pregunta ahora es si Milei podrá justificar su accionar o si este episodio marcará un punto de inflexión en su gobierno.

Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?

Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para…

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Fuego amigo

Pero los cuestionamientos no solo llegaron desde la oposición. Referentes cercanos al gobierno y defensores de las políticas libertarias también salieron a desmarcarse rápidamente. Uno de ellos fue Fernando Cerimedo quien afirmo: “Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse”. En tanto, Iván Dubois, parlamentario del Mercosur por La Libertad Avanza, también sumó críticas. “Conclusión: SABOTAJE”, dijo en un post sobre la insólita propuesta lanzada por Milei. Quien sí se expresó conformando la intervención del presidente fue la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, que aseguró: “Para que quede claro… No es un hackeo”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que pese a que el Gobierno Nacional tiene la intención de tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema el próximo jueves en la Cámara de Senadores, aún no están los votos necesarios para su aprobación.

“El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios. No es un tema que esté resuelto todavía”, contó en declaraciones a Cadena 3.

En la misma línea, insistió en que la estrategia del mandatario “no se modificó” y planteó que avanzará en nombrar tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla. “Fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno. Habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el Presidente”, añadió.

El empresario ítalo-argentino, Cristian Rattazzi, elogió a Javier Milei pero pidió una devaluación: “Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio”. Ese “cuanto vale en serio” es un mensaje claro al gobierno: hoy el dólar está muy barato.

En esta línea, el expresidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) elogió a la gestión de Javier Milei por “llegar al superávit fiscal en el segundo mes” y afirmó que “ahora, 2% por mes es una inflación altísima”.

“Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por [Javier] Milei. Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio. Ahora, 2% por mes es una inflación altísima, es enorme”, cerró.

Con argumentos poco convincentes, Patricia Bullrich confirmó que darán de baja todos los permisos de REPROCANN para cultivar marihuana de uso medicinal. Advierten que la medida favorece al crimen organizado.

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del Reprocann, el programa que permite el cultivo de cannabis con fines medicinales, en una decisión que contradice su propio discurso sobre el emprendedurismo y la libre iniciativa privada. Mientras países desarrollados como Estados Unidos avanzan en la industrialización del cannabis terapéutico, Argentina retrocede, generando un vacío que beneficiará a los monopolios farmacéuticos, el contrabando y el crimen organizado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “no es ley el desvío a la venta ilegal” y que “vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según la funcionaria, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para el cultivo, permitiendo a 30 mil personas producir derivados terapéuticos para terceros.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas, ya que restringe el acceso de pacientes a tratamientos que no encuentran en el mercado formal y que en muchos casos son recomendados por profesionales de la salud. Además, al debilitar la producción nacional, fortalece a las grandes empresas que lucran con los derivados del cannabis y fomenta el mercado negro, donde el precio y la calidad de los productos quedan fuera de todo control.

El Reprocann fue creado en 2021 para regular y garantizar el cultivo con fines medicinales, permitiendo a los pacientes cultivar entre una y nueve plantas para su tratamiento, con supervisión médica. Su eliminación deja en la incertidumbre a miles de personas que dependen de este sistema, forzándolas a recurrir a canales informales o costosos productos importados.

Mientras otros países impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, Argentina vuelve a un esquema restrictivo que solo beneficia a los sectores más concentrados, en contra del supuesto espíritu de libre mercado que el Gobierno dice defender.

La feria donde los gendarmes argentinos cruzan la frontera desde nuestro país para conseguir sus uniformes muchos más baratos se encuentra en la ciudad boliviana de Bermejo.

Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instala alambradas en la frontera con Bolivia y mantiene a los gendarmes con salarios indignos, cientos de efectivos cruzan diariamente al país vecino para adquirir la vestimenta que el Estado argentino no les proporciona.

El Paseo Las Chalanas, en la ciudad boliviana de Bermejo, se ha convertido en un punto clave para los gendarmes que buscan uniformes a precios accesibles. Allí, pueden conseguir la indumentaria oficial por $40 mil, mientras que en Argentina su costo asciende a $100 mil. “Vienen muchos, la verdad, y compran hasta por docena”, relató una vendedora al canal de noticias C5N.

Los efectivos, cuyos reclamos salariales han sido ignorados por la ministra, recurren a esta alternativa para equiparse con pantalones con puño, camperas softshell, borcegos a $38 mil y mochilas de 40 litros por $20 mil. Para abaratar aún más los costos, organizan compras mayoristas entre compañeros.

Así, mientras Bullrich endurece los controles fronterizos y despliega un discurso de seguridad, los propios gendarmes—mal pagos y sin recursos—se ven obligados a cruzar a Bolivia en busca de lo que su propio ministerio no les brinda.

El organismo cumple un rol fundamental en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y enfrenta un ajuste presupuestario. Denuncian que la intención es reemplazarlo por una empresa privada y reducir empleados.

El gobierno busca disolver el Instituto Nacional del Agua (INA), un organismo fundamental para la prevención de inundaciones y sequías, en un momento crítico de crisis hídrica en el agro e incendios forestales en la Patagonia. La medida implica severos recortes presupuestarios, despidos masivos y la posible privatización de sus funciones, reduciendo su equipo de casi 300 expertos a solo 50, lo que dejaría inoperante su estructura y funciones esenciales.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el INA desempeña un papel clave en la gestión del agua a nivel nacional. Entre sus funciones se encuentran el diseño y monitoreo de obras hídricas, la modelización de inundaciones y sequías, la investigación de enfermedades vinculadas al agua y la resolución de conflictos por contaminación. Además, provee peritajes y asesoramiento en grandes proyectos nacionales e internacionales, como la gestión del Canal de Panamá y la operación de represas hidroeléctricas clave.

El INA cuenta con infraestructura única en Latinoamérica para el estudio de dinámicas hídricas, incluyendo laboratorios especializados y tecnología de cálculo avanzada. Su estructura descentralizada, con centros regionales en distintas provincias, le permite abordar problemáticas hídricas de manera integral y con enfoque federal. Sin embargo, el cierre de estos centros pone en riesgo la investigación aplicada y la toma de decisiones basadas en datos científicos.

A pesar de que la Ley de Bases N°27.742 protege al INA de su disolución, el gobierno parece buscar su vaciamiento mediante el estrangulamiento financiero: recortes presupuestarios, falta de designación de autoridades y la interrupción de servicios esenciales como electricidad e internet. Esta estrategia podría responder a intereses inmobiliarios, dado que su predio en Ezeiza ya ha sido inspeccionado por la Agencia de Bienes del Estado para una posible venta.

Los trabajadores del INA han alertado sobre el impacto devastador que tendría su desmantelamiento, no solo en la prevención de desastres naturales, sino también en sectores productivos como la agricultura, la minería y la industria, altamente dependientes de la gestión del agua. Han propuesto mejoras para optimizar su funcionamiento sin perder su carácter público, pero el gobierno insiste en una visión de “ajuste” que podría dejar la gestión del agua en manos del mercado, poniendo en riesgo el acceso equitativo a este recurso vital

Hoy se conocerá el dato de inflación de enero, que se ubicará en torno al 2%. Para el gobierno de Javier Milei dará cuenta del éxito de su política económica.

Sin embargo, nadie dirá nada sobre por qué el gobierno se niega a actualizar la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación mensual. La misma es de 2004 y está totalmente desactualizada. En el INDEC lo saben y tienen preparada la actualización pero el gobierno no lo hace.

Ocurre que actualmente están muy poco ponderados los servicios públicos (transporte, luz, gas, agua) porque en 2004 estaban congelados y no tenían relevancia en el consumo de las familias. Pero eso cambió con los tarifazos de Mauricio Macri y los de Javier Milei. Pero el INDEC no lo registra.

Eso explica que mucha gente vea que no llega a fin de mes mientras lee que la “inflación no para de bajar”. Ocurre que no se miden los tarifazos. Tan simple como eso.

Según la Universidad Di Tella (que simpatiza con las políticas liberales), la inflación de 2024 hubiera sido 16 puntos mayor a que informó Indec si la metodología fuera la adecuada. Es decir, la inflación “real” fue de 134% y no de 117%. Es nada menos que casi dos puntos más por mes. Es decir: cuando el Indec decía 3%, en realidad era 4 o 5%.

“Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años.

El cantante Milo J denunció censura tras la suspensión de su show gratuito en la ex ESMA por una medida cautelar impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, con aval del ministro Mariano Cúneo Libarona. “Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años. La mamá y manager de Milo J, Aldana Ríos, aseguró que fueron extorsionados: “Nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando”.

Con un operativo desmedido que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, la administración libertaria avanzó en su política de vaciamiento de la memoria. Horas antes, se retiró la gigantografía de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla. “Todo estaba en regla”, afirmaron organismos de derechos humanos, denunciando una clara maniobra negacionista.

La suspensión generó solidaridad de artistas y referentes como Axel Kicillof. Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, aseguró: “El negacionismo cree que nos hizo un gol, pero vienen perdiendo por goleada”. Pese a la censura, muchos jóvenes ingresaron al sitio, conocieron su historia y participaron de visitas guiadas. “No tuvimos show, pero al menos aprendí”, dijo Danixa Aspillaga, de 17 años.

Mientras Baños y Cúneo Libarona intentan reescribir la historia, la memoria resiste.

La ministra gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se burló del reclamo de los efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas federales y defendió el mísero aumento del 5 por ciento, con el argumento de que “en todos lados ganamos poco”. Ella gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad dejó en claro que el gobierno no piensa mejorar la oferta, a pesar del rechazo generalizado de los efectivos y del contraste con el aumento anunciado por Axel Kicillof del 9 por ciento para La Bonaerense.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme, todas las pautas (salariales) están en uno por ciento y la pauta de las fuerzas ha subido a cinco”, justificó Bullrich en una entrevista en LN+. “El número parece poco”, la cruzó el periodista.

“Claro pero poco en relación a un país con inflación, cuando vos tenías inflación decías ‘ah tengo una paritaria del 50%’ ¿y cuánto te duraba esa plata? Nada. Ahora es una recomposición de tu salario”, argumentó Bullrich.