El intendente de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires, Diego Valenzuela mostró un cuadro donde quiso contar que la política libertaria funciona: le salió mal.
En X publicó un informe de la Universidad de San Martín (Unsam) relativo al panorama del empleo industrial en el conurbano a partir del cual celebró que Tres de Febrero generó 365 puestos industriales en un año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025. “Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo”, dijo.
Lo curioso es que el cuadro muestra con claridad que el 70% de los municipios del GBA están en rojo, con pérdida de empleo, y solo un puñado de municipios logró crear puestos, aunque en números extremadamente bajos. Tres de Febrero, por caso, generó 400 puestos en un año para una población que supera las 300 mil personas. Nada.
Pero si hacen las cuentas globales, de 20 municipios que había en el informe, te daba que se generaron solo 1400 empleos mientras se perdieron 10700 en un año. Es decir: 9000 empleos netos menos. El modelo de Milei no funciona y no hay mano que pueda tapar el sol.
Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y falta de mantenimiento, el Gobierno reconoció que utiliza para ordenar las cuentas públicas recursos que por ley deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Más de $1 billón permanece colocado en inversiones financieras mientras las rutas siguen esperando obras.
El Gobierno de Javier Milei reconoció que una parte de los fondos recaudados específicamente para construir, reparar y mantener las rutas nacionales es utilizada para sostener el “equilibrio fiscal”. La admisión fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía dispone de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), pese a que tienen un destino legal específico.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, admitió Ravier, para luego reconocer que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.
La revelación adquiere especial gravedad en un contexto en el que las rutas nacionales atraviesan una situación cada vez más crítica, con tramos deteriorados, obras inconclusas y una infraestructura que requiere mantenimiento permanente. El problema no es solamente económico: el deterioro de las rutas representa un riesgo concreto para quienes diariamente deben utilizarlas y para el transporte de cargas que sostiene buena parte de la actividad productiva del país.
Rutas x votos:
Durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía giró más de $33.000 millones para obras viales a un puñado de provincias cuyos legisladores acompañaron, de inmediato, al oficialismo en las sesiones más sensibles del Congreso.
El SisVial se financia con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene un objetivo legal preciso: financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. Sin embargo, desde la llegada de Milei al Gobierno, la subejecución de esos recursos alcanza el 73,8%.
Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1.503.252 millones, pero solamente$394.406 millones fueron ejecutados en obras viales. Es decir, apenas una parte de los recursos terminó cumpliendo el propósito para el que fueron recaudados.
Los números muestran la magnitud del desvío: durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, solamente el 18,5%.
Para fines de mayo, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales. De ese total, $1.001.018 millones estaban colocados en inversiones financieras, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente. En conjunto, $1.038.779 millones que deberían haber contribuido a mejorar la infraestructura vial no llegaron al asfalto.
El ajuste fiscal a costa de las rutas
La explicación oficial resulta particularmente polémica: mientras el Gobierno presenta el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros, utiliza recursos que tienen un destino específico para sostener ese resultado contable.
La contradicción es evidente. Los argentinos pagan impuestos sobre los combustibles que tienen, entre otros objetivos, financiar la infraestructura vial, pero una parte sustancial de ese dinero termina colocada en instrumentos financieros mientras las rutas se deterioran y las obras necesarias quedan postergadas.
Ravier intentó relativizar la situación al asegurar que las rutas “se están manteniendo” y puso como ejemplo la Ruta Nacional 5. Sin embargo, la existencia de tareas puntuales de mantenimiento no responde a la cuestión central: por qué fondos creados legalmente para las rutas permanecen invertidos o son utilizados para otros objetivos mientras la red vial nacional acumula necesidades urgentes.
El caso del SisVial expone así el costo oculto del ajuste: el Gobierno puede mostrar las cuentas públicas ordenadas, pero lo hace postergando inversiones indispensables y acumulando un enorme déficit de infraestructura.
Porque detrás de esos números no hay solamente una cuenta financiera. Hay rutas por las que circulan miles de personas todos los días, obras que no se terminan y una infraestructura cuyo deterioro puede terminar pagándose con accidentes, pérdidas económicas y vidas humanas.
La diputada Marcela Pagano llevó a la Justicia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros funcionarios por el destino de casi $4 billones del Estado, en una denuncia que incluyó acusaciones de malversación, peculado y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El conflicto se originó tras la licitación de deuda del 29 de julio, que dejó un excedente de unos$3,8 billones. La polémica creció luego de que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no pudiera precisar inicialmente dónde se encontraba ese dinero y afirmara que los fondos estaban “en algún lado”. Para Pagano, la explicación fue insuficiente y decidió acudir a los tribunales.
“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, disparó la diputada, que reclamó investigar el recorrido de cada peso y apuntó directamente contra la conducción económica del Gobierno.
Pero Pagano fue todavía más lejos. En medio de la escalada, acusó a Caputo de ser un “chorro” y “canalla” y lo vinculó con el controvertido manejo de las reservas de oro del Banco Central. La legisladora llegó a sostener que el ministro“se robó el oro” durante la gestión de Mauricio Macri, una acusación de extrema gravedad que ahora quedó instalada en el centro de la disputa política.
Caputo respondió con una amenaza de querella por calumnias y sostuvo que los fondos son perfectamente rastreables. Desde el Ministerio de Economía explicaron que los $3,8 billones no desaparecieron, sino que fueron depositados en cuentas del Tesoro dentro de bancos comerciales para evitar una inyección masiva de liquidez que pudiera presionar sobre las tasas.
La pelea terminó involucrando directamente a Javier Milei. El Presidente salió en defensa de su ministro y atacó públicamente a Pagano, a quien calificó de “mentirosa serial” y cuestionó duramente por su actividad periodística.
La diputada, lejos de retroceder, redobló sus críticas contra el mandatario. Lo acusó de ser un “mitómano”, cuestionó su gestión económica y afirmó que el poder “develó quién realmente eras”. También lanzó una dura advertencia: “Tus delirios son un peligro para la Nación”.
Así, la disputa por los $4 billones terminó transformándose en una guerra abierta dentro del universo libertario, con una denuncia penal, acusaciones cruzadas, amenazas judiciales y fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y las reservas de oro del país.
El reclamo se conoce en plena escalada diplomática entre ambos países, desde los insultos de Javier Milei al presidente brasileño y de su decisión de respaldar abiertamente a sectores opositores. Mientras Brasil busca bajar la tensión, el mandatario argentino vuelve a atacar a Lula replicando en redes mensajes de un congresista republicano de Estados Unidos.
La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil comienza a traducirse en consecuencias concretas. La Casa de la Moneda argentina no pagó las dos primeras cuotas de una deuda reconocida en un acuerdo firmado en diciembre, por un total de63,6 millones de reales, correspondiente a la impresión de billetes realizada por Brasil entre 2021 y 2023.
Los vencimientos estaban previstos para junio y julio, pero los pagos nunca llegaron. Ahora, la Casa de la Moneda brasileña evalúa cómo recuperar el dinero mientras el gobierno de Lula reclama explicaciones a su principal socio comercial de la región.
El incumplimiento se produce en el peor momento de la relación bilateral. A fines de julio, Javier Milei viajó a San Pablo, respaldó públicamente a un dirigente opositor y lanzó durísimos ataques contra Lula, a quien calificó de “ladrón” y “presidiario”. También cuestionó a instituciones brasileñas, en una intervención que provocó una fuerte reacción del gobierno de Brasil.
La administración de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al representante diplomático argentino para pedir explicaciones. Desde Brasil advirtieron, además, que no existen antecedentes recientes de un jefe de Estado extranjero que haya realizado agresiones de semejante magnitud contra las autoridades brasileñas en territorio del país.
Pero lejos de buscar descomprimir la situación, Milei alentado desde Washington volvió a echar nafta al fuego. El Presidente argentino compartió en sus redes sociales los ataques contra Lula publicados por el congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien calificó al mandatario brasileño de “criminal comunista corrupto” y lo acusó de encabezar un proyecto autoritario.
Milei acompañó una de esas publicaciones con un irónico “UPs!” y volvió a replicar otros mensajes contra Lula. El episodio expone nuevamente el alineamiento y subordinación del gobierno argentino con sectores políticos de Estados Unidos que tienen al presidente brasileño como uno de sus principales adversarios en la región.
La disputa, de este modo, deja de ser solamente una sucesión de insultos y cruces en redes sociales. La relación bilateral comienza a pagar costos concretos, con un reclamo financiero pendiente, un deterioro de los canales diplomáticos y un enfrentamiento político cada vez más abierto entre los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia.
La deuda reclamada por Brasil tiene además un origen anterior a la actual crisis. La Casa de la Moneda argentina había recurrido a su par brasileña para imprimir billetes ante la imposibilidad de cubrir toda la demanda interna. Las diferencias posteriores derivaron en un litigio que finalmente buscó cerrarse mediante el acuerdo firmado en diciembre.
Hasta ahora, el gobierno de Milei no brindó explicaciones públicas convincentes sobre el incumplimiento ni informó si pretende negociar nuevos plazos de pago. El silencio adquiere mayor relevancia porque el conflicto económico aparece en paralelo con una escalada política provocada por el propio Gobierno.
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y una pieza central del Mercosur. El deterioro de ese vínculo no es una cuestión menor: afecta a empresas, trabajadores, exportadores, importadores y a las economías de ambos lados de la frontera.
La creciente confrontación también expone una definición estratégica de la política exterior de Milei. Mientras Washington profundiza sus disputas geopolíticas con gobiernos latinoamericanos que no responden a su orientación, el Presidente argentino se coloca cada vez más cerca de los sectores estadounidenses que cuestionan a Lula y utiliza su poder político y diplomático para amplificar esas posiciones en lugar de propugnar mayor margen de autonomía en la política exterior argentina.
Así, el gobierno de Milei parece convertir a la Argentina en un ariete regional de la estrategia de Washington contra Lula, aun cuando el costo de esa confrontación recae sobre los propios intereses argentinos.
El reclamo brasileño por los millones adeudados es, en ese sentido, una primera señal de alarma. La crisis con el principal socio regional ya no se limita a las declaraciones de Milei: empieza a tener consecuencias económicas y diplomáticas concretas.
Cuando le preguntaron al titular del BCRA dónde estaba el dinero, Santiago Bausili no pudo responder: “Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”. La insólita explicación encendió las alarmas sobre el manejo de los fondos públicos.
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Esta vez, el protagonista del escándalo es el Banco Central, que no pudo brindar precisiones sobre el destino de un excedente de casi $4 billones, generado luego de una millonaria licitación de deuda del Tesoro.
La Secretaría de Finanzas había recibido ofertas por $13,98 billones y terminó adjudicando $12,21 billones en efectivo en la operación del 29 de julio. El monto superó ampliamente los vencimientos que debían renovarse ese día, que rondaban los $8 billones, y dejó un diferencial positivo cercano a los $4 billones.
La cifra equivale a aproximadamente USD 2.600 millones y abrió un interrogante elemental: ¿dónde está ese dinero?
La pregunta dejó expuesto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien reconoció no tener precisiones sobre el destino puntual de los fondos. “No tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro”, sostuvo.
Pero la explicación posterior fue todavía más llamativa. Bausili afirmó: “No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”.
La insólita respuesta generó cuestionamientos sobre la forma en que se registra y controla la liquidez del Estado. No se trata de unos pocos millones perdidos en una cuenta: son $4 billones, equivalentes a unos USD 2.600 millones, cuyo destino inmediato no pudo ser precisado por una de las máximas autoridades económicas del país.
La licitación alcanzó un rollover del 144,5%, muy por encima de los vencimientos que debían cubrirse. Desde mayo, el Tesoro viene registrando niveles de refinanciamiento superiores al 120%, lo que permitió reducir la necesidad de emisión monetaria y extender los plazos de la deuda en pesos.
Sin embargo, el éxito financiero de las licitaciones no elimina el problema de fondo: la ciudadanía tiene derecho a saber dónde están y cómo se utilizan los excedentes de semejante magnitud.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que los fondos forman parte del flujo de caja general del Estado y pueden utilizarse para afrontar obligaciones corrientes, financiar partidas presupuestarias o reforzar la liquidez para futuros vencimientos. Pero la falta de información detallada y diaria sobre los movimientos de caja dificulta el seguimiento público de estos recursos.
El episodio resulta particularmente incómodo para un Gobierno que hizo de la austeridad, el orden fiscal y la supuesta eficiencia en la administración pública uno de sus principales argumentos políticos. Mientras Milei sostiene que “no hay plata” para financiar distintas políticas públicas, aparecen ahora $4 billones sobre los que las propias autoridades no pudieron explicar con precisión dónde se encuentran.
El oficialismo asegura que las operaciones están auditadas y registradas y que no existe ninguna irregularidad. Pero la respuesta de Bausili dejó una imagen difícil de borrar: ante la pregunta de dónde están USD 2.600 millones, la máxima autoridad monetaria del país respondió, en los hechos, que “en algún lado están”.
La polémica queda abierta y exige una explicación concreta: ¿dónde están los $4 billones y cómo fueron contabilizados?
El ministro de Desregulación viajó a República Dominicana para participar de un foro mientras el oficialismo negociaba a contrarreloj en el Congreso y terminaba dando marcha atrás con algunos de los puntos centrales de su proyecto.
En medio de una semana marcada por derrotas legislativas, cruces internos y preocupación por la caída en las encuestas, Federico Sturzenegger quedó nuevamente en el centro de la escena. El ministro de Desregulación fue fotografiado en el aeropuerto de Punta Cana mientras, a miles de kilómetros, el oficialismo intentaba sostener en el Congreso un proyecto que llevaba su sello.
Desde el entorno del funcionario explicaron que el viaje estaba programado con anterioridad y que Sturzenegger había sido invitado por el presidente de República Dominicana para participar de un foro sobre el proceso de desregulación argentino. Según esa versión, la actividad se desarrolló en Santo Domingo y la presencia en Punta Cana obedeció únicamente a una escala para tomar el vuelo de regreso.
Sin embargo, la explicación no logró disipar el malestar dentro del propio oficialismo. En los sectores que debieron negociar hasta último momento los cambios al proyecto cuestionaron que el principal impulsor de la iniciativa no estuviera en el país durante una instancia decisiva y, sobre todo, que no hubiera asumido el costo político de defender públicamente una reforma que había generado un fuerte rechazo.
El episodio adquirió mayor relevancia porque el Gobierno terminó retirando dos capítulos centrales de la iniciativa: la modificación de la Ley de Tierras y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. La presión política y social en torno a la extranjerización de tierras obligó al oficialismo a retroceder justo cuando buscaba evitar una nueva derrota parlamentaria.
El contraste es difícil de ignorar: mientras el Gobierno exige sacrificios y ajuste a amplios sectores de la sociedad, uno de sus ministros se encontraba participando de un foro internacional en el Caribe en el momento en que sus propios compañeros de espacio intentaban salvar su proyecto en el Congreso.
Pero la semana negra de Sturzenegger no terminó allí. También quedó bajo cuestionamiento por el decreto 690/2026, vinculado a la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje. La medida terminó provocando un paro que afectó el movimiento de más de 140 buques y obligó al Gobierno a suspender la normativa.
El traspié legislativo también expuso otro problema para la Casa Rosada: la dificultad para construir acuerdos con los gobernadores y sostener sus alianzas parlamentarias. Una situación especialmente sensible para un oficialismo que necesita avanzar con su agenda legislativa antes del año electoral y que pretende impulsar cambios en el sistema electoral.
Mientras tanto, la filtración de las imágenes de Sturzenegger en República Dominicana abrió un nuevo capítulo de la interna libertaria. Dentro del Gobierno comenzaron a circular versiones sobre quién dejó trascender la información y aparecieron nuevamente los reproches cruzados por la estrategia legislativa.
En la Casa Rosada, la preocupación excede al ministro de Desregulación. Dirigentes cercanos al oficialismo admiten inquietud por los últimos sondeos y por el deterioro de los números del Gobierno. Con ese telón de fondo, la derrota parlamentaria no solo dejó expuestas las dificultades del oficialismo para conseguir votos: también reactivó la búsqueda de responsables y profundizó las peleas internas.
Mientras Karina Milei intenta recomponer la relación con los legisladores y la mesa política vuelve a reunirse para ordenar la tropa, Sturzenegger quedó en una posición incómoda. El ministro que impulsa una de las agendas más profundas de desregulación del Gobierno deberá ahora explicar por qué, mientras su proyecto naufragaba en el Congreso, él estaba a miles de kilómetros de distancia.
El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó gastos sin justificar por 43 millones de pesos y 400 mil dólares durante el paso de Manuel Adorni por la gestión libertaria. Lo intimó para que en un plazo de 15 días explique el explosivo crecimiento patrimonial que tuvo durante su paso por Casa Rosada. ¿Javier Milei lo seguirá defendiendo?
La medida de Pollicita era esperada desde hace tiempo en Comodoro Py, pero parecía haberse dormido con la renuncia del jefe de gabinete y el cambio de clima de los jueces federales con la Casa Rosada.
El requerimiento de justificación patrimonial a Adorni se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y gastos de Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde diciembre de 2023.
Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de Pollicita y tras eso podría ser llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito, una medida que quedará a decisión del juez federal Ariel Lijo.
El presidente Javier Milei estalló contra Federico Sturzenegger porque dos de sus propuestas terminaron con conflictos fenomenales. En primer lugar, los prácticos que manejan los barcos paralizaron el comercio exterior, causando pérdidas por al menos 300 millones de dólares en poco más de 24 horas. “Lo voy a echar a patadas”, habría gritado Milei, según reseñaron medios cercanos al oficialismo.
Después, Sturzenegger insisitó con la ley de Tierras y de Manejo de Fuego que terminó con un rechazo parlamentario y social muy grande. Hasta artistas filolibertarios como Tini salieron a cuestionar los proyectos del oficialismo. Fiasco total.
“Cada proyecto es una pelea y no está el gobierno para seguir sumando gene enojada en contra”, confían dentro del oficialismo que parece quedarse sin agenda. Los libertarios se jactaban del reformismo “liberal” pero sus propuestas más radicales recibieron un rechazo social más grande. Sturzenegger ya fracasó en los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri… ¿será su tercera derrota política?
En un durísimo revés judicial, el fiscal Pollicita intimó formalmente al ex funcionario a presentar documentación sobre las compras en dólares, contrataciones e inconsistencias que destapó la causa por enriquecimiento ilícito. Se le termina el tiempo para explicar de dónde salió la plata.
Las investigaciones judiciales avanzaron, el escándalo estalló y ahora es la propia Justicia la que le puso fecha límite. En un dictamen contundente, el fiscal Gerardo Pollicita intimó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y le dio un plazo perentorio de 15 días para que presente las pruebas que justifiquen el “agujero negro” detectado en sus compras, erogaciones y movimientos patrimoniales que no cierran por ningún lado.
La medida judicial se produce luego de que la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito sacara a la luz una serie de irregularidades escandalosas. Con el secreto fiscal y bancario ya levantado, los peritajes dejaron expuestos pagos de reformas en efectivo con dólares billete, operaciones en criptomonedas y adquisiciones de bienes que resultan incompatibles con sus ingresos declarados, derribando el discurso de austeridad oficial.
Las claves del ultimátum del fiscal Pollicita:
Plazo perentorio de 15 días: La Justicia le exigió que entregue los comprobantes, facturas y respaldos documentales que expliquen el origen de los fondos utilizados en sus compras y gastos bajo la lupa.
El escándalo de las compras en efectivo: La intimación apunta a los desembolsos no bancarizados en moneda extranjera y a las erogaciones patrimoniales que las pericias judiciales ya marcaron como no justificadas.
Al borde de la citación a indagatoria: Si al vencer los 15 días el ex funcionario no logra acreditar la procedencia del dinero, la fiscalía quedará en condiciones de solicitar su citación a declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Acorralado por los tribunales
A diferencia de los cruces políticos o las denuncias mediáticas, el avance de la fiscalía marca que la etapa de recolección de pruebas concluyó con resultados comprometedores. Ahora la carga de la prueba recae directamente sobre el ex funcionario, que deberá responder punto por punto ante el juzgado.
En la Casa Rosada la preocupación es máxima. Con el reloj corriendo y un plazo judicial estricto de dos semanas, el caso Adorni dejó de ser un dolor de cabeza comunicacional para convertirse en un expediente penal al borde de la imputación formal.
La histórica marca de electrodomésticos bajó la persiana de sus plantas productivas en el país ante el desplome de las ventas, la recesión y la apertura de importaciones. La medida deja decenas de trabajadores en la calle y consolida el desmantelamiento del sector industrial.
El impacto de la crisis económica cobró una nueva y emblemática víctima en el sector manufacturero. La firma Peabody confirmó el cierre definitivo de su producción en la Argentina, una decisión drástica que implica el despido de la totalidad de sus operarios y empleados de planta. La emblemática marca de pequeños electrodomésticos justificó el cese de sus actividades fabriles por la imposibilidad de sostener los costos operativos frente al colapso de la demanda interna.
El cierre de las líneas de ensamblaje en el país refleja la brutal caída de ventas que atraviesa el rubro de los artículos para el hogar, golpeado por la pérdida del poder adquisitivo de las familias y el congelamiento del crédito. A este panorama recesivo se le suma la política de apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional, que facilitó el ingreso de productos terminados del exterior en condiciones de costo contra las que la industria local no puede competir.
Las claves del cierre de Peabody y la crisis del sector:
Despidos y persianas bajas: La compañía notificó la cesantía a la totalidad de su personal de producción, abriendo instancias de negociación para el pago de las indemnizaciones en un clima de profunda angustia para las familias afectadas.
Desplome del consumo interno: Informes de las cámaras del sector de electrodomésticos registraron caídas en las ventas superiores al 40% interanual, convirtiendo a la línea blanca y a los pequeños artefactos en bienes prescindibles para los hogares golpeados por el ajuste.
Sustitución de producción por importación: La empresa evaluaría reconvertir su esquema de negocios para pasar de ser un fabricante nacional con valor agregado a un simple importador de productos terminados, eliminando los puestos de trabajo industriales.
El caso de Peabody no es un hecho aislado, sino la confirmación de un proceso de desindustrialización que se acelera en los principales cordones productivos del país. Las cámaras metalúrgicas y las organizaciones sindicales vienen advirtiendo que la combinación de tarifas dolarizadas, recesión y libre importación está empujando a decenas de pymes al cierre definitivo.
Con las familias de los trabajadores despedidos iniciando reclamos en las puertas de las plantas para exigir el cumplimiento de sus derechos, la salida de producción de Peabody enciende una severa luz de alarma sobre el futuro del empleo industrial en la Argentina.
