Según la denuncia, la hermana del presidente es quien “maneja la agenda de entrevistas del Presidente”, por lo que exigen investigar si facilitó los encuentros con los empresarios Diógenes Casares y Hayden Davis

El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo: los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias e incumplimiento de la Ley de Ética Pública. La presentación apunta a su rol en la organización de reuniones con los promotores de la cripto que llevó a Javier Milei a publicitarla en su cuenta de X, lo que derivó en millonarias pérdidas para los inversores.

Según la denuncia, Karina Milei es quien “maneja la agenda de entrevistas del Presidente”, por lo que exigen investigar si facilitó los encuentros con los empresarios Diógenes Casares y Hayden Davis, quienes aseguraron haber pagado a un integrante del Gabinete nacional para que Milei promocionara la criptomoneda. Además, los legisladores recordaron que en la Justicia de Estados Unidos ya se la señala como la responsable de coordinar esas reuniones.

Frade y Ferraro remarcaron que hay testimonios de personas que expusieron públicamente el posible rol de Karina Milei como ‘cajera’ de la Secretaría General, sugiriendo que usó su cargo para intercambiar beneficios políticos y económicos. “Si se comprueba que comercializó el cargo de su hermano en beneficio propio o familiar, estaríamos ante un gravísimo caso de corrupción”, advirtieron.

La causa quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quien hasta el momento excluyó de responsabilidades a la hermana del Presidente. Sin embargo, con esta nueva denuncia y el avance de las investigaciones en Estados Unidos, la presión sobre el círculo íntimo de Milei sigue en aumento.

El ministro Luis Caputo justificó la suba señalando que busca “mantener las tarifas en valores reales y evitar un deterioro del sector”.

El Gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas natural por red para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactará en los usuarios de Metrogas y Naturgy BAN. Según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la suba será del 1,7% en marzo, un porcentaje que podría variar dependiendo del consumo. La medida se formalizó a través de las resoluciones 130/2025 y 131/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Este nuevo incremento llega en un contexto de inflación descontrolada, pérdida del poder adquisitivo y caída del empleo, golpeando especialmente a la clase media, que ya enfrenta aumentos en alquileres, transporte, salud y educación. En el caso de Metrogas, la tarifa sin impuestos se fijó en $203,98 por metro cúbico, mientras que el cargo fijo para los usuarios de menor consumo (categoría R1) quedó en $2.691,81 en CABA y $3.108,60 en la provincia de Buenos Aires. Para la categoría más alta (R3-4), los valores ascienden a $64.310,11 en CABA y $34.948,65 en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la suba señalando que busca “mantener las tarifas en valores reales y evitar un deterioro del sector”. Sin embargo, los ajustes tarifarios no han venido acompañados de mejoras en el servicio ni de inversiones significativas por parte de las empresas. Mientras tanto, las familias deben destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios esenciales, en un contexto de aumento del desempleo y caída del consumo.

Los incrementos en las tarifas se enmarcan en la emergencia energética decretada por el presidente Javier Milei, prorrogada hasta el 9 de julio. A pesar de las subas constantes, los subsidios al sector energético alcanzaron en 2024 los $5,7 billones, triplicando el superávit financiero del mismo período. Con salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación, este nuevo ajuste representa otro golpe a la economía de los hogares, que siguen absorbiendo el costo del ajuste mientras las empresas del sector continúan beneficiándose de un mercado desregulado.

Se trata de la escuela primaria N°16 José María Ramos Mejía, la que enfrenta una crisis de infraestructura y condiciones inadecuadas. Docentes, estudiantes y familias denuncian la precariedad en la que deben desarrollar sus actividades diarias.

Este jueves por la tarde en las adyacencias de la escuela primaria José María Ramos Mejía, ubicada en la esquina de 33 Orientales y Don Bosco, se realizará un “semaforazo” para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires soluciones concretas ante la grave situación edilicia que presenta esa institución educativa porteña.

A través de un comunicado divulgado por diferentes redes sociales, se denunció que el Ramos Mejía atraviesa una “crisis” debido a los graves problemas de infraestructura y condiciones inadecuadas en esa escuela.

Los convocantes a la original protesta denunciaron que la falta de agua dificulta la higiene básica de los estudiantes, maestros y del personal administrativo, además de afectar el funcionamiento del servicio del comedor escolar.

Cabe destacar que las clases iniciaron con arreglos en el patio central de la escuela, lo que impidió el uso del mismo para actividades recreativas y pedagógicas, generando un constante riesgo para los alumnos, docentes y no-docentes.

En ese sentido, en la primera semana de clases se debieron suspender las mismas debido a la falta de agua y al exceso de polvo en las aulas y espacios comunes.

La situación de los baños no es diferente, los cuales “están en pésimas condiciones, con falta de higiene e instalaciones rotas”, denunciaron.

La deficiencia en ventilación y calefacción expone a los alumnos y docentes a temperaturas extremas, con frío intenso en invierno y calor sofocante en verano. Las ventanas que no funcionan correctamente impiden una ventilación adecuada y pueden representar un peligro en caso de una evacuación de emergencia. Además, la falta de insumos básicos es evidente, con mobiliario en mal estado y una escasez de materiales didácticos que afecta directamente la calidad educativa.

Ante esta alarmante situación, la comunidad educativa exige respuestas concretas y urgentes para garantizar condiciones dignas de aprendizaje y trabajo.

En el gobierno analizan presentar a Karina Milei como candidata a diputada para que consiga los fueros que la dejen a salvo de las implicancias judiciales del caso Libra, la criptoestafa que lanzó su hermano y que la tiene a ella en el centro de la tormenta.

“Karina es la cajera”, aseguró Elisa Carrió y no es la primera voz que indica que la funcionaria es la encargada de cobrar coimas a los empresarios que quieren ver al presidente. ¿Será cierto que un empresario estaría dispuesto a contar eso en la Justicia? Por ahora es solo un rumor…

Por el momento, la justicia no quiere investigar qué pasó con la cripto-estafa que involucró millones de dólares y cientos de personas damnificada. Pero eso puede cambiar si el clima político cambia.

En un operativo desproporcionado, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le propinaron una verdadera paliza a los jubilados que se movilizaron como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación para pedir un aumento en sus haberes y la restitución de la cobertura de medicamentos.

Una vez más, las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich desataron una represión violenta contra un reducido grupo de jubilados y manifestantes que, como cada miércoles, se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir un aumento en sus haberes y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, entre otros derechos vulnerados.

El despliegue policial, completamente desproporcionado, incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que avanzaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Los jubilados, acompañados por organizaciones sociales, clubes barriales como Chacarita y trabajadores despedidos de la imprenta Morvillo, fueron atacados sin mediar provocación.

Los efectivos motorizados de la Policía cercaron a los manifestantes en la avenida Rivadavia y utilizaron la fuerza para dispersarlos. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, la represión incluyó “gases químicos, empujones y golpes con los escudos” contra una protesta completamente pacífica. Además, trabajadores de prensa que cubrían la manifestación también fueron agredidos.

Esta represión no es un hecho aislado: se suma a una serie de ataques sistemáticos contra las protestas de jubilados. Solo en la última semana, un megaoperativo policial –que duplicaba en número a los manifestantes– dejó un saldo de diez heridos y dos detenidos ilegales. Semanas atrás, los jubilados fueron reprimidos mientras se manifestaban junto a trabajadores del Hospital Garrahan, resultando en personas mayores en el suelo, con necesidad de asistencia médica.

El endurecimiento de la represión se da en un contexto de creciente vulnerabilidad para los jubilados, profundizada desde que el presidente Javier Milei vetó la ley de Movilidad Jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Esta decisión, apoyada por sectores de la oposición “dialoguista”, fue celebrada por Milei con un asado, en un gesto de violencia simbólica contra uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En respuesta, el mandatario fue denunciado penalmente en septiembre de 2024 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El hincha de #Vélez pegandole al vigilante y defendiendo a los jubilados es todo lo que está bien. Gracias por representar así la camiseta. pic.twitter.com/bLrpNqRi5o

— Nico V ✌🏼 (@CamillusV) March 6, 2025

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue reforzando su política represiva con la compra de gases lacrimógenos de última tecnología, cuyo efecto es incluso más dañino que los utilizados anteriormente. “Me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste”, denunció la legisladora Vanina Biasi el año pasado.

Los jubilados siguen en pie de lucha, a pesar de la violencia con la que el gobierno responde a sus justos reclamos.

El gobierno de Javier Milei busca que el Congreso le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la nueva deuda.

Presionado por la caída sostenida en las reservas, el gobierno de Javier Milei busca que el Congreso anule la Ley Guzmán y le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la deuda. De esta manera, Caputo –responsable del mayor endeudamiento en la historia argentina y de la posterior fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri– pretende que el Congreso le firme un cheque en blanco para profundizar el brutal endeudamiento externo que permita sostener la artificialidad del tipo de cambio.

La Casa Rosada pretende que el Parlamento apruebe únicamente un marco general del acuerdo, sin precisar tasas, montos ni plazos, lo que implica una delegación de poderes extraordinarios que permitiría a Caputo avanzar sin control legislativo. La iniciativa, que aún no fue conversada con los bloques aliados, generó inquietud en sectores políticos que ven en esta maniobra una nueva estrategia para eludir el debate democrático y consolidar un modelo económico que ya ha llevado al país a una situación crítica, con la destrucción de reservas del Banco Central y la fragilidad de un tipo de cambio artificialmente sostenido.

A pesar de la falta de transparencia, algunos legisladores oficialistas han manifestado su apoyo a la renegociación impulsada por Caputo, recordando que en 2022 votaron a favor del acuerdo del gobierno anterior para evitar un default. Sin embargo, otras bancadas han mostrado reparos ante una medida que busca vaciar de contenido el rol del Congreso en el control del endeudamiento.

Deuda eterna: ¿De cuanto es el crédito que busca Caputo?

Según estimaciones del banco suizo UBS, el organismo podría prestarle a Argentina hasta 20.000 millones de dólares. Sin embargo, de ese monto, solo 8.000 millones corresponderían a nuevos fondos, mientras que el resto se utilizaría para pagar la deuda ya existente con el propio Fondo, perpetuando así el círculo vicioso de dependencia financiera.

Los analistas del UBS estiman que el FMI otorgará más fondos de los necesarios para cubrir los pagos de capital, lo que implicaría un acuerdo mínimo de 12.000 millones de dólares. Un monto superior podría alcanzar los 20.000 millones, aunque solo una fracción de esos recursos llegaría efectivamente como “dinero fresco” para las reservas del Banco Central. Además, según el informe de UBS, al menos el 30% del nuevo paquete de financiamiento estaría disponible este año, lo que deja en evidencia la urgencia del gobierno por conseguir oxígeno financiero ante la crisis de su programa económico.

En esencia, el gobierno de Milei pretende que el Poder Legislativo apruebe un acuerdo a ciegas, renunciando a su facultad de supervisar decisiones clave para el futuro económico del país. La anulación de la Ley Guzmán marcaría un retroceso en la institucionalidad y allanaría el camino para que el Ejecutivo continúe con su política de ajuste y endeudamiento sin restricciones, en un contexto donde la presión del FMI, los efectos del ajuste y la falta de dólares para mantener un tipo de cambio ficticio ponen en jaque la viabilidad del modelo libertario.

Trenes, subtes, semaforos, todo se vio afectado por el masivo corte de luz y la Ciudad y el AMBA se volvieron un caos.

Un corte masivo de energía eléctrica afectó este viernes a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y a varias localidades del sur del Gran Buenos Aires (GBA), generando complicaciones en el transporte público y el tránsito vehicular. El apagón impactó tanto en el servicio de subte como en los trenes, además de dejar a numerosos barrios y localidades sin suministro eléctrico.

Subte y trenes afectados

La línea B de subte se vio interrumpida temporalmente por la falta de energía, aunque ya logró restablecer su servicio. Por su parte, la línea A funcionó de manera limitada entre las estaciones Río de Janeiro y San Pedrito debido al corte, pero en este momento opera con normalidad.

En cuanto a los trenes, la Línea Mitre reanudó sus servicios completos en los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, tras obras de renovación de vías y señalización. Sin embargo, el ramal Tigre continúa presentando demoras y cancelaciones debido a problemas técnicos. Por otro lado, la Línea Roca registra demoras en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, como consecuencia de las secuelas del corte de energía, aunque el suministro eléctrico ya fue restituido.

Zonas afectadas por el corte

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados por la falta de suministro eléctrico incluyen Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca y Villa Crespo. En el Conurbano bonaerense, el apagón impactó en varias localidades del sur, aunque aún no se ha confirmado el alcance total del corte. Entre las áreas reportadas se encuentran Avellaneda, Lanús, Quilmes, Remedios de Escalada, Florencio Varela, Gerli, Villa Elisa y La Plata.

Además, la falta de energía afectó el funcionamiento de semáforos en avenidas principales como Corrientes y Juan B. Justo, lo que complicó la circulación vehicular durante el inicio de la jornada laboral.

Según informó Edesur, el corte se originó debido a una falla en dos líneas de alta tensión durante la madrugada, lo que afectó a varias subestaciones de la compañía. En un comunicado, la empresa indicó: “Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio en su totalidad. Ya se restituyó el suministro a más del 60% de los clientes inicialmente afectados”.

Mientras tanto, los vecinos y usuarios continúan esperando la normalización completa del servicio eléctrico, en medio de un contexto de altas temperaturas que agrava la situación para los habitantes de la región.

El ex ministro de Economía durante el menemismo y la Alianza, Domingo Cavallo, volvió a advertir que las políticas de Javier Milei pueden terminar en una “devaluación desestabilizante”. Hasta hace unos meses, Cavallo era “el mejor ministro de la historia”, según el relato libertario. ¿Lo sigue siendo?

Desde hace unas semanas, Cavallo advierte por la política de dólar súper barato que implementó el gobierno para intentar frenar la inflación, lo que logró parcialmente. La suba de precios en 2024 superó el 100% y podría ser mayor si el INDEC decidiera actualizar su metodología.

“Dado que la tasa mensual de inflación estará determinada fundamentalmente por el curso de las cuentas fiscales y el control monetario, si el Gobierno adoptara las medidas conducentes a aumentar el nivel de las reservas netas no debería haber un aumento de la inflación”, aseguró.

“Pero si se persiste con el actual manejo cambiario crece el riesgo de lo que el propio gobierno quiere y debe evitar, que es un salto devaluatorio desestabilizante del proceso de desinflación”, concluyó Cavallo, cada vez más enemistado con Milei.

El relato del gobierno de Javier Milei llegó también a la gestión de Aerolíneas Argentinas, que tuvo un rendimiento mucho peor que el heredado, aunque el discurso libertario sea otro. Miente, miente que algo quedará.

La verdad es que durante el 2024 la empresa estatal pidió más plata al Tesoro Nacional que en 2023. Recibió fondos por 59.732 millones de pesos, de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto. Y lo hizo mientras se transportaron menos pasajeros: según los datos que publica la ANAC, en el año 2023 entre cabotaje e internacional se transportaron 13.852.167 pasajeros, mientras que en el año 2024 fueron 13.010.925: 841.242 pasajeros menos. Menos pasajeros y más plata.

Así lo aseguró el ex presidente de Aerolíneas Pablo Ceriani que recordó que el rendimiento en 2023 de la empresa estatal fue muy bueno durante 11 meses y empeoró en diciembre por la decisión de Milei de devaluar casi 120%, lo que empeoró el patrimonio en dólares de la empresa. Para Aerolíneas todas son malas noticias desde que gobiernan los libertarios.

Mientras el Gobierno de Javier Milei ajusta el gasto público y aplica despidos en el Estado, la Secretaría de Manuel Adorni cuenta con 208 empleados, la mayoria influencers y “asesores digitales”.

En plena ola de recortes en áreas esenciales como la obra pública, la educación, las jubilaciones y la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica al revelarse que cuenta con una estructura de 208 empleados, incluyendo influencers y asesores digitales dedicados a la propaganda oficial.

La información surgió a partir del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado, y generó fuertes críticas debido a la contradicción con el discurso de austeridad que el Gobierno de Javier Milei sostiene mientras aplica despidos masivos en otras dependencias del Estado.

Una estructura millonaria e injustificable en tiempos de ajuste

A pesar de la retórica libertaria de reducción del gasto público, la secretaría que lidera Adorni, quien tiene rango de ministro y es una de las principales voces del oficialismo, mantiene una abultada plantilla con más de 60 cargos jerárquicos.

El documento oficial detalla que, dentro de la estructura, hay:

• 9 diseñadores de comunicación
• 6 camarógrafos
• 10 redactores
• 4 fotógrafos
• 33 asesores
• 16 consultores
• 11 analistas técnicos
• 4 referentes de comunicación institucional
• 3 responsables de planificación
• 6 asistentes administrativos
• 1 asesor en sociología

Fuentes cercanas al vocero presidencial aseguran que Adorni solo incorporó a cinco personas de su confianza, mientras que el resto del equipo proviene de personal que ya se desempeñaba en la Casa Rosada. Sin embargo, el volumen de empleados y la presencia de múltiples asesores digitales y figuras vinculadas a la propaganda en redes sociales ponen en duda el relato oficial de austeridad.

El papel de los influencers en la estrategia oficial

Uno de los nombres más destacados dentro del equipo de Adorni es Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, quien ocupa el cargo de director nacional de Comunicación Digital y tiene bajo su mando a un director nacional, un director operativo y dos coordinadores. Otro integrante clave es Iván Gómez, coordinador de Gestión de Comunicación Digital, responsable de la difusión de contenido audiovisual en las plataformas oficiales del Gobierno.

Mientras el ajuste impacta en jubilados, docentes y trabajadores de la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios mantiene una estructura de personal que no escatima recursos para sostener el aparato comunicacional del Gobierno. En este contexto, el contraste es evidente: mientras se cierran programas y se reducen servicios esenciales, la maquinaria de propaganda oficial sigue en expansión.