El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Julio Moreno Ovalle, justificó las nuevas restricciones implementadas por el PAMI para el acceso gratuito a medicamentos, argumentando que los recortes buscan priorizar el “déficit fiscal cero”.

La implementación de nuevas restricciones para el acceso gratuito a medicamentos a través del PAMI, defendida con frialdad por el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, expone una vez más la insensibilidad del gobierno hacia los jubilados, priorizando una supuesta responsabilidad fiscal sobre el derecho a la salud de los ciudadanos más vulnerables.

“No creo que sea para tanto”, “los parientes pueden ayudar”, “No creo que los jubilados se mueran por esto”, “cuando la situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados” fueron algunas de las afirmaciones del legislador libertario, quien evidentemente desestima la realidad de miles de jubilados que dependen de estos medicamentos para sobrevivir en el día a día.

"No creo que los jubilados se mueran por esto"

Después de que el Gobierno dispusiera que los jubilados que ganan más de $390 mil no reciban medicamentos gratis, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle sostuvo: "Pueden tener parientes que les ayuden". pic.twitter.com/nqGNw1EqwP

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El nuevo esquema impone condiciones que excluyen a una parte significativa de los afiliados, como no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad o ganar ingresos inferiores a $390.000 mensuales. Este criterio ignora las complejidades de la vida de los adultos mayores, para quienes estos medicamentos no son un lujo, sino una necesidad vital. Además, el trámite burocrático para acceder a un “subsidio social” no solo representa una barrera adicional, sino que denota una falta de comprensión sobre la urgencia de estas necesidades.

La medida, presentada como una “gestión planificada y eficiente”, no es más que un ajuste cruel que sacrifica la salud de los jubilados en pos de un “déficit cero” que beneficia a pocos mientras perjudica a muchos. Lo más alarmante es la normalización del discurso que minimiza las consecuencias humanas de estas políticas. Al señalar que algunos jubilados poseen casas o autos de alta gama como justificación para las restricciones, Moreno Ovalle invisibiliza a quienes no tienen esa realidad y cuyas vidas penden de un hilo por la falta de acceso a sus tratamientos.

Este tipo de decisiones envían un mensaje claro: para el gobierno, los números son más importantes que las vidas humanas. La salud y el bienestar de los jubilados, quienes han contribuido durante toda su vida al sistema, son tratados como un costo prescindible. La indiferencia y desdén de los responsables solo profundizan la desesperación y la vulnerabilidad de quienes deberían ser prioridad en cualquier sociedad que se considere justa.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Gobierno de Javier Milei “va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”.

Entre ellas se dispondrá que las universidades nacionales “puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” y se acabará la “gratuidad médica para extranjeros tal como las conocemos hasta ahora”, explicó el funcionario.

Adorni recalcó que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudios. Solamente a modo de ejemplo, 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero”, explicó.

🚨 ADORNI ANUNCIÓ EL FIN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN PUBLICA PARA LOS EXTRANJEROS

Gobierno impulsará cambios en el régimen migratorio: cobrarán salud y educación a extranjeros.

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Sobre la atención médica para extranjeros aclaró que “los organismos nacionales, provinciales o municipales compententes en materia van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”.

“Desde que se tomó esta medida en Salta bajo un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de $60 millones”, detalló. “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, lanzó.

En el marco del mismo paquete de medidas, indicó que el gobierno ampliará la lista de delitos incluidos en el régimen migratorio que motivan la deportación de ciudadanos extranjeros. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o por violentar el sistema democrático será expulsado”, detalló.

La “bicicleta financiera” de Luis Caputo y Javier Milei ya es la más redituable, al menos, de los últimos 32 años. No es casualidad: el Gobierno se encargó de orientar los incentivos de su política económica a fomentar las apuestas al “carry trade” como vía para atraer un flujo de divisas que compense el déficit de cuenta corriente cambiaria y le permita al Banco Central (BCRA) comprar dólares, como ocurrió en los últimos meses.

Así las cosas, el economista Nery Persichini, de GMA Capital, estimó las ganancias en dólares que dejó la “bicicleta financiera” en los primeros once meses del año, calculadas en función de la tasa Badlar (la que remunera los plazos fijos superiores a $1 millón de 30 a 35 días) y el tipo de cambio CCL: “El ‘carry’ acumula 45% en dólares. Así, tenemos el mejor año, al menos, desde el inicio de la convertibilidad”. Es absolutamente insostenible.

El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores. Entre los segundos, se encuentran los trabajadores y los jubilados que fueron ajustados brutalmente. Los ganadores: los pocos que hacen negocios en la Bolsa.

La aerolínea low cost Flybondi sigue generando inconvenientes para los pasajeros y preocupaciones en el sector turístico debido a las demoras y cancelaciones de vuelos, una situación que ha empezado a afectar gravemente a los prestadores de servicios turísticos, especialmente en destinos como Bariloche. Es la empresa elegida por Javier Milei para quedarse con Aerolíneas Argentinas, que funciona perfecto hace años.

Las imágenes de pasajeros varados y deambulando por los aeropuertos se han repetido con frecuencia, lo que motivó a las cámaras empresarias de la ciudad a emitir un comunicado conjunto para alertar sobre las serias consecuencias que estos problemas pueden tener para la industria.

Según informó LPO, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio e Industria, y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche expresaron su preocupación por las cancelaciones de vuelos de Flybondi, que se han caracterizado por su falta de previsibilidad, la ausencia de información clara y la gestión inadecuada de soluciones alternativas para los viajeros afectados. “Esta situación impacta negativamente en la experiencia de quienes visitan la ciudad y afecta directamente a los prestadores de servicios turísticos”, indicaron en el comunicado, haciendo un llamado a las aerolíneas a comprometerse con la calidad del servicio.

Las cámaras empresarias reclamaron a Flybondi que se informe públicamente sobre las causas de las cancelaciones y las medidas que se están tomando para evitar que esta situación se repita. Además, pidieron que la aerolínea refuerce sus canales de comunicación con los pasajeros, estableciendo protocolos de atención al cliente más efectivos y garantizando la previsibilidad en sus operaciones.

En paralelo, un informe reciente de la consultora Adventus Argentina, que mide la puntualidad de las aerolíneas, reveló que Flybondi ha empeorado sus índices de cumplimiento, con un aumento del 29% en las cancelaciones de vuelos, mientras que otras aerolíneas como Aerolíneas Argentinas y Jetsmart lograron reducir sus vuelos cancelados en un 77% y 20%, respectivamente. Este dato refleja una tendencia preocupante para la low cost, que ha incumplido con 70 vuelos programados en las últimas 48 horas en las bases de Aeroparque y Ezeiza.

Diarco continua con el cierre de sucursales y ya suma más de 180 despidos, su situación es un reflejo de la crisis económica del país.

El reciente cierre de dos sucursales de Diarco en Concordia, Entre Ríos, que dejó a 38 trabajadores sin empleo, se suma a una serie de cierres similares en todo el país y pone de manifiesto el colapso del mercado interno. En total, más de 180 despidos y una disminución sostenida de operaciones reflejan el impacto devastador de la actual crisis económica, agravada por las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La cadena mayorista, que desempeñaba un rol clave en la provisión de productos tanto para pequeños comerciantes como para consumidores finales, enfrenta una caída de ventas derivada de la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo de la población. El cierre de sus sucursales es una señal clara de cómo el deterioro de la economía afecta a las empresas que dependen de un mercado interno robusto.

Trabajadores despedidos relataron que el cierre fue abrupto, sin previo aviso, y que se encontraron con la noticia al llegar a sus lugares de trabajo. Desde el sector sindical, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti, señaló que las políticas neoliberales y los ajustes fiscales han llevado a una crisis que golpea particularmente a las pequeñas y medianas empresas, dejando a miles de empleados en la incertidumbre.

La situación de Diarco no es un caso aislado. Los cierres en otras localidades, como Lanús, Berazategui y Chaco, también han resultado en despidos masivos. Este fenómeno no solo afecta al comercio mayorista, sino que refleja un problema estructural más amplio: la debilidad del mercado interno, agravada por políticas que favorecen la liberalización de precios, importaciones descontroladas y flexibilización laboral, mientras ignoran la necesidad de estímulos para la demanda y la producción local.

En este contexto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, sin alternativas laborales inmediatas y con un poder adquisitivo en constante deterioro. Mientras tanto, las políticas económicas actuales parecen beneficiar a los grandes actores económicos a expensas de los sectores más vulnerables.

El cierre de sucursales de Diarco y otras empresas del sector es un indicador alarmante de un sistema económico que no logra sostener el empleo ni dinamizar el consumo interno. Este escenario plantea una urgente necesidad de medidas que prioricen el fortalecimiento del mercado interno, la protección de las PyMEs y la generación de empleo como pilares fundamentales para superar la crisis económica que atraviesa el país.

El director de PAMI defendió la medida al afirmar que “es parte de un reordenamiento para garantizar que los recursos lleguen a los más vulnerables”. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de esta decisión para proteger a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar la cobertura gratuita de medicamentos para los jubilados, una medida que afecta profundamente a un sector vulnerable de la población. Los jubilados ahora deben someterse a trámites burocráticos exhaustivos para demostrar su indigencia y, en caso de ser aprobados, acceder a un subsidio para poder adquirir sus medicamentos.

Actualmente, el 80% de los jubilados en Argentina cobra la mínima, alrededor de $300.000, una suma insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con esta nueva disposición, muchos se verán obligados a elegir entre alimentarse o medicarse, una decisión dolorosa que agrava aún más su situación.

El nuevo sistema de subsidios

El PAMI ha explicado que quienes deseen continuar con el acceso a los medicamentos gratuitos deberán inscribirse en un nuevo sistema de subsidios, con condiciones estrictas, como no superar un ingreso mensual de $389.398,14 y no estar afiliados a ninguna obra social o prepaga. Aquellos que superen este umbral quedarán fuera del subsidio, y los que logren cumplir con los requisitos se enfrentarán a una burocracia difícil de sortear, especialmente en un contexto donde muchos jubilados carecen de acceso a internet o no tienen familiares que puedan asistirlos.

Esta medida se enmarca dentro de un contexto de ajustes continuos contra los jubilados, que ya han sufrido el veto a la moratoria previsional y aumentos irrisorios en sus haberes, que no alcanzan a cubrir el impacto de la inflación. El gobierno ha continuado recortando sus derechos, y la eliminación de la cobertura gratuita de medicamentos representa otro golpe a quienes deberían ser los más protegidos.

La insensibilidad del discurso oficial

El director de PAMI, Esteban Leguizamón, defendió la medida como parte de un “reordenamiento” de los recursos para que lleguen a los más vulnerables. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más vulnerable que un jubilado que depende de los medicamentos para su supervivencia.

Mientras tanto, las farmacias informan largas filas de jubilados confundidos y preocupados por no poder costear sus medicamentos, mientras el gobierno de Milei sigue justificando decisiones que aumentan la brecha social.

Este recorte en la cobertura gratuita de medicamentos no solo refleja la insensibilidad del gobierno, sino que también pone en evidencia la desconexión entre el discurso de campaña de Milei, que prometió mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las decisiones tomadas en el ejercicio del poder, que parecen profundizar la crisis económica y social, afectando a quienes menos pueden defenderse.

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su desmantelamiento de las políticas públicas de protección social, lo que deja en claro que, bajo su gestión, el Estado no está para cuidar a los más débiles, sino para dejarles luchar por sobrevivir en un sistema cada vez más excluyente.

El presidente recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023.

Con la llegada de diciembre, el presidente Javier Milei recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023 para sus actividades como economista y conferencista. La Oficina Anticorrupción (OA) decidió eximirlo de proporcionar detalles sobre sus contratos privados, aunque para dar un lavado de cara a la medida, le envió un documento con recomendaciones sobre ética pública, instándole a evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio de su poder. En otras palabras, se le aconseja no beneficiar a las empresas o personas que lo contrataron durante esos tres años.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿quién controlará a Milei si no debe rendir cuentas de sus actividades pasadas? Spoiler: nadie. La decisión de la OA fue clara: el presidente deberá autocontrolarse. Esta medida llega tras una solicitud de los legisladores porteños Hernán Reyes y Federico Esswein, quienes pidieron que Milei detallara los clientes con los que trabajó en ese periodo. La respuesta de la OA, a cargo de Alejandro Melik, fue un rotundo rechazo. En lugar de exigir explicaciones, se envió a los solicitantes el mencionado documento con recomendaciones éticas para el presidente.

Reyes no tardó en manifestar su indignación. En su perfil de X, cuestionó: “¿Qué es lo que Milei no quiere que sepamos? Cuando era diputado, se llenaba la boca hablando de transparencia, regalaba su sueldo y decía que trabajaba para privados, cobrando miles de dólares por conferencia. Pero ahora, como presidente, se niega a decir quiénes eran esos clientes”. El legislador recordó que, en mayo, había pedido a la OA que adoptara el mismo enfoque de transparencia que se le exigió a Alberto Fernández, pero en este caso, el organismo decidió mirar hacia otro lado. “¿Por qué ese cambio? ¿A quién está protegiendo?”, se preguntó Reyes.

El cuestionamiento de Reyes continuó: “Al presidente solo le dieron una recomendación diciendo que ‘tenga cuidado’ con beneficiar a quienes lo financiaron en los últimos 3 años. ¿Él mismo se controla? ¿Es en serio? Esto no es transparencia, es un papelón institucional. Si no hay controles, ¿quién nos asegura que las decisiones del gobierno no están al servicio de esos intereses privados?“.

En su mensaje, Reyes destacó la pérdida de la ficha limpia, la propuesta de nombrar a Lijo como juez de la Corte y la falta de controles, un escenario que, según él, demuestra la falta de transparencia que los argentinos ya conocen demasiado bien.

Se trata de Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, quien hace un mes se mostraba optimista con el gobierno de Milei pero hoy enfrenta una crisis que pone en jaque a su empresa.

En una entrevista hace apenas un mes, Joaquín de Grazia, dueño de Granja Tres Arroyos, se mostraba optimista con el gobierno de Javier Milei, confiando en que las políticas económicas impulsadas por la administración liberal podrían mejorar la competitividad del sector avícola. Sin embargo, hoy, la situación de la empresa es más que complicada: al borde de la quiebra y con una solicitud de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el gobierno, Granja Tres Arroyos lucha por sobrevivir en un contexto económico que cada vez más se le escapa de las manos.

La empresa, que produce el 20% del pollo del país y exporta a más de 60 países, ha solicitado la autorización del gobierno para reducir costos laborales en su planta de Ezeiza, alegando una falta de competitividad provocada por la apreciación del tipo de cambio, la carga tributaria y los elevados costos internos. De Grazia, que hasta hace poco confiaba en las medidas del gobierno de Milei, ahora reconoce que los costos se han vuelto insostenibles, especialmente tras la pérdida del mercado chino, un golpe económico que significó una pérdida de US$160 millones para los exportadores de pollos.

En medio de estas tensiones, Granja Tres Arroyos se encuentra negociando con el sindicato de la alimentación para reducir la plantilla en la planta de Ezeiza, en lo que algunos interpretan como un ajuste drástico para seguir a flote. Esta situación, que afecta a miles de trabajadores, se da en un contexto de creciente desconfianza entre los empresarios, que reclaman mayores beneficios fiscales y un tipo de cambio más competitivo, mientras los gremios buscan recuperar el poder adquisitivo perdido en años de inflación.

En los últimos días, la falta de acuerdo en torno a las medidas a tomar ha desatado un nuevo conflicto entre la empresa y sus trabajadores, mientras el gobierno observa los intentos de reestructuración sin brindar certezas sobre el futuro del sector. A pesar de las promesas de Javier Milei de impulsar una mayor competitividad, los empresarios como De Grazia siguen encontrando dificultades para sostener sus negocios en medio de una economía inestable.

Así, Granja Tres Arroyos, que hace un mes parecía ser una de las grandes esperanzas de la industria avícola bajo el mandato de Milei, ahora se enfrenta a una crisis que pone en peligro el empleo de cientos de trabajadores y la sostenibilidad misma de la empresa.

Fuertes sospechas por supuesto video narco y el discurso de Bullrich: ¿un arma política contra la provincia de Buenos Aires?.

La difusión de un video donde una supuesta banda narco amenaza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha generado escepticismo. El grupo, encapuchado y armado, asegura estar “internado en Buenos Aires” y advierte que comenzará a “dejar muertos” en la provincia. Este mensaje encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei, pero también abrió interrogantes sobre un posible trasfondo político del episodio.

En el video, uno de los hombres lanza acusaciones directas: “Hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, refiriéndose a Pullaro y Bullrich. Además, califican a la ministra de “vieja mafiosa” y la culpan de generar conflictos: “Dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego”. Las imágenes muestran armas de alto poder, como fusiles FAL, subfusiles FMK3 y pistolas Glock, lo que refuerza la impresión de profesionalismo armado, pero también abre dudas sobre la autenticidad del material.

¿Un golpe político y mediático dirigido a la provincia de Buenos Aires?

La insistencia de Bullrich en vincular estas amenazas con la provincia de Buenos Aires ha despertado suspicacias. En un contexto donde el gobierno nacional busca imponer un fuerte ajuste fiscal y asfixiar económicamente a la provincia —liderada por el gobernador opositor Axel Kicillof—, algunos analistas consideran que este episodio podría tratarse de una operación política para debilitar su imagen y posicionar a Buenos Aires como un foco de inseguridad.

La estrategia de Bullrich no sería casual. La provincia concentra un alto peso electoral y social, y su gobernación por un dirigente opositor resulta incómoda para un gobierno que, según críticos, busca centralizar el poder político y económico. Vincular a Buenos Aires con la amenaza narco podría ser funcional para justificar tanto una narrativa de descontrol provincial como nuevas restricciones presupuestarias, agravando la ya delicada situación financiera del distrito.

Un contexto de creciente conflictividad social

El video emerge en un clima de alta tensión social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, junto con el mensaje de “aguantar” durante dos o tres años, han generado un profundo malestar en la población. Incluso el FMI advirtió en informes recientes sobre el riesgo de un aumento del malestar social si las medidas de estabilización tardan en dar resultados.

En este escenario, el uso del discurso de la seguridad cobra relevancia. La amenaza narco, real o fabricada, podría servir como un instrumento para desviar la atención de la conflictividad social, mientras se legitima un abordaje policial y represivo que incluso pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Este enfoque permitiría avanzar con las “reformas estructurales” que exigen los mercados y actores internacionales, a costa de derechos sociales y garantías constitucionales.

La geopolítica y el disciplinamiento interno

Además, el episodio se inscribe en un marco de realineamientos geopolíticos. La administración Milei ha optado por estrechar vínculos con Estados Unidos e Israel y adoptar sus agendas de seguridad, lo que podría reforzar la injerencia extranjera en las fuerzas armadas y agencias de inteligencia nacionales. Patricia Bullrich, en línea con esta postura, ha defendido la necesidad de “ver a América Latina como un socio en la seguridad global de EE.UU.”

Este alineamiento permite al gobierno justificar un endurecimiento interno bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico, mientras fortalece su papel como gendarme regional para los intereses “occidentales”. En este contexto, no es casual que la provincia de Buenos Aires, un bastión opositor, se vea en el centro de una narrativa de inseguridad y amenaza.

¿Una operación de control político?

Para algunos sectores, el video y la respuesta oficial forman parte de una estrategia de control político más amplia. La provincia de Buenos Aires, con su peso electoral y simbólico, representa un desafío para un gobierno que busca avanzar con un modelo centralista y restrictivo. Vincularla con el crimen organizado, mientras se asfixia financieramente a su administración, parece una táctica calculada para erosionar la capacidad de Kicillof de resistir o cuestionar las políticas nacionales.

El impacto del video trasciende lo meramente criminal. En el tablero político actual, el miedo y la seguridad se utilizan como herramientas para disciplinar, justificar ajustes y consolidar el poder, mientras las provincias opositoras enfrentan una creciente presión económica y política.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respondió a los cuestionamientos por las constantes fuga de presos en el distrito y, lejos de asumir la responsabilidad, alimentó la interna del PRO al lanzar que “hasta ahora se escaparon menos que durante el último año de gestión de Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé por qué ese año hubo mucha menos publicidad que este, pero estamos con una superpoblación importante”, consideró Jorge Macri en comunicación con Radio Mitre luego de la fuga de los once detenidos a mediados de noviembre por los techos de una alcaidía de Barracas. A raíz de este panorama complejo en materia de Seguridad, el ministro Waldo Wolff anunció los despidos de Sebastián Vela, responsable civil del Ministerio de Seguridad, y Martín Ochoa, director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

“Tras las fugas en Barracas y el Centro de Contraventores, tomé la decisión de echar al responsable civil del Ministerio junto con el director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, más allá de la correspondiente investigación en curso”, había señalado el encargado de la cartera de seguridad en sus redes sociales.