El senador Edgardo Kueider fue encontrado con 200 mil dólares mientras intentaba cruzar a Paraguay en la Triple Frontera. No fue el primer viaje que hizo a ese país: ¿Había sacado más plata? Kuider fue clave para que Javier Milei saque la ley Bases y sorprendió porque cambió su voto sobre la marcha. ¿Recibió un soborno?

En su sorpresivo cambio de voto, Kueider dijo que lo hacía por “beneficios concretos para Entre Ríos”. ¿Fueron beneficios para Entre Ríos o para él? Justo después de la votación viajó varias veces a Paraguay y en uno de esos traslado le encontraron miles de dólares sin declarar. ¿Uno más uno es dos? Por eso, Cristina Kirchner habló de “democracia tarifada” por la nueva Banelco.

Luego de la detención, Kueider dijo que “la plata no es mía” pero evitó hacer más declaraciones a la justicia. ¿Contará el senador de dónde sacó la plata? ¿Estallará una nueva Banelco, como ocurrió con un escándalo similar durante 2001, cuando el gobierno de De la Rúa compró senadores para garantizar su ajuste?

El modelo económico de Javier Milei cruje por todos lados. La inflación bajó pero está en niveles altísimos, en torno al 3% mensual. Mientras, se mantiene la bicicleta financiera y las reservas siguen negativas. No cierra por ningún lado.

El gobierno libertario copió las recetas de la dictadura y de Domingo Cavallo: atrasó el tipo de cambio – dólar baratísimo – y tomó deuda externa – 90 mil millones en 10 meses. Ahí está el corazón del “mejor gobierno de la historia”.

Pero el sol no se puede tapar con una mano. Siempre está ahí. El modelo de Milei y el financista Luis Caputo enfrenta problemas estructurales y uno de ellos es el atraso cambiario. ¿Se viene otra devaluación? El mercado empieza a estimar un salto del 30% en enero.

El propio Domingo Cavallo, ideólogo de Milei y responsable de la peor crisis social del país – en 2001 – pidió que el gobierno salga del cepo cambiario “aunque eso implique una devaluación”. Todos los caminos llevan a una nueva devaluación que será más inflación y más ajuste.

Esta vez las declaraciones corresponden al diputado libertario Manuel Quintar, quien aseguró que en el PAMI hubo una “fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”.

Desde el oficialismo, continúan las declaraciones en defensa y celebración del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, argumentando que se trata de una medida “necesaria” para racionalizar los recursos del Estado. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, se convirtió en una de las voces principales en justificar la decisión, calificando la política previa como “una fiesta de excesos”.

“Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”, afirmó Quintar, quien sostuvo que la medida busca garantizar los beneficios solo para quienes realmente los necesitan. Según el legislador, el nuevo esquema permitirá “racionalizar el uso de medicamentos” al priorizar a los jubilados de menores ingresos.

Restricciones justificadas como eficiencia

El recorte establece que quienes perciban más de $388.500 mensuales deberán realizar un trámite para demostrar que necesitan los medicamentos gratuitos, lo que desde el oficialismo se presenta como un paso lógico para evitar abusos. Quintar incluso sugirió que muchos beneficiarios cuentan con ingresos adicionales “en blanco o en negro” o con otras coberturas, lo que, según él, justificaría la restricción.

Además, el diputado defendió el recorte como un ejemplo de “responsabilidad fiscal”, asegurando que el gobierno de Javier Milei no permitirá “seguir tirando plata a todos lados”. Desde su perspectiva, esta medida garantiza un uso eficiente de los recursos, alineándose con la agenda de austeridad promovida por el oficialismo.

Silencio y críticas

Mientras Quintar celebraba el ajuste, su colega de bancada Lisandro Almirón evitó responder preguntas al respecto y se limitó a cuestionar el enfoque de la prensa.

Las justificaciones del oficialismo han generado críticas desde diversos sectores, que advierten sobre las consecuencias de esta medida para los jubilados más vulnerables. A pesar de ello, las declaraciones de Quintar reflejan una postura firme en la defensa de la política, presentada como una acción necesaria para el “ordenamiento” de los recursos públicos.

El comisario general Luis Rolle está acusado de trasladar en un avión de la fuerza a sus parientes y allegados a la boda que celebró el pasado 5 de octubre en una estancia.

El comisario general Luis Rolle, máxima autoridad de la Policía Federal, enfrenta duras críticas tras conocerse que usó un avión de la Policía Federal para transportar familiares y allegados a la fiesta de su casamiento, celebrada el pasado 5 de octubre en una estancia en Corrientes.

El polémico viaje, realizado el 3 de octubre desde el hangar de la Policía Federal en Ezeiza, habría involucrado un Viking DHC-6-400 Twin Otter matricula LQ-JKE, una aeronave adquirida en 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El avión, con capacidad para poco más de diez personas, fue utilizado para llevar a los invitados a la celebración, que inicialmente estaba planeada para 300 asistentes pero finalmente se redujo a un evento más íntimo.

Contexto y antecedentes

La decisión de Rolle de restringir la magnitud de la fiesta habría respondido a dos factores: el reciente escándalo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el uso indebido de una casona para eventos VIP, y rumores en el Ministerio de Seguridad sobre posibles cambios en la cúpula de la Policía Federal.

El caso recuerda el episodio que terminó con la salida del ex titular de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo, quien también fue acusado de usar aviones oficiales para fines personales, incluyendo reuniones sociales en Entre Ríos.

Repercusiones

El uso de recursos oficiales para fines personales por parte de Rolle intensifica el malestar en las fuerzas de seguridad, ya golpeadas por recientes escándalos de corrupción y mala gestión. Aunque el comisario buscaba evitar motivos para su desplazamiento, el episodio podría precipitar su salida, en un contexto en el que ya se discutían cambios en la cúpula policial desde la llegada de Bullrich al ministerio.

Este incidente subraya la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos en las fuerzas de seguridad, una problemática recurrente que sigue minando la confianza en las instituciones.

La ex presidenta se refirió al escándalo del senador entrerriano detenido en Paraguay con cientos de miles de dólares sin declarar. “Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, sentenció.

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó con dureza al escándalo que involucra al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares y pesos sin declarar. A través de un posteo en sus redes sociales titulado “Democracia tarifada”, la vicepresidenta vinculó el caso con el respaldo legislativo a medidas impulsadas por el oficialismo de Javier Milei.

“Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”, escribió Cristina, subrayando el cambio de alineación política del senador entrerriano.

Críticas al uso de “votos tarifados”

La expresidenta no solo puso el foco en el dinero hallado en manos de Kueider, sino que cuestionó duramente la forma en que se gestionan los acuerdos políticos en el Congreso. “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación”, afirmó.

Cristina también aprovechó para criticar la inacción frente a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, que, según ella, “condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país”.

Un mensaje contundente

Cerrando su publicación con una advertencia, Cristina señaló: “Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, en lo que muchos interpretaron como un mensaje directo a sectores del poder que, según la vicepresidenta, prefieren mirar hacia otro lado en lugar de actuar.

El caso Kueider no solo pone al senador en el centro de las críticas, sino que ahora escala como un ejemplo de las tensiones políticas en torno al actual oficialismo y la oposición.

Las autoridades paraguayas investigan el origen y destino del dinero mientras el senador permanece alojado en un hotel a la espera de declarar ante la fiscalía.

El martes por la noche, el senador Edgardo Kueider, representante de Entre Ríos, fue demorado en Paraguay cuando intentaba ingresar al país con una suma no declarada que incluía más de 200 mil dólares estadounidenses, 600 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes paraguayos. El operativo tuvo lugar en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú con Ciudad del Este.

El caso fue confirmado por el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué. “Se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares”, detalló el funcionario. Al no contar con la declaración correspondiente del dinero, se notificó al fiscal de turno.

Según Orué, Kueider no colaboró con las autoridades al momento de explicar el origen del dinero o su destino. “No colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué lo traía, con qué fin. Eso ya se determinará en el sumario administrativo”, explicó el funcionario a la radio AM780 de Paraguay.

Actualmente, la causa está en manos del fiscal Edgar Benítez, de la Unidad Fiscal N°2 especializada en anticontrabando en Ciudad del Este. Mientras tanto, Kueider permanece alojado en un hotel de la ciudad a la espera de declarar.

Del kirchnerismo al bloque cercano a Milei

El escándalo no solo pone en el ojo público la conducta del senador, sino que también arroja luz sobre su cambiante trayectoria política. Kueider ingresó al Senado como parte del bloque oficialista liderado por el kirchnerismo. Sin embargo, en 2022 rompió con el espacio, argumentando que su prioridad era defender los intereses de los entrerrianos.

Recientemente, se unió al bloque “Provincias Unidas”, presidido por el correntino Carlos “Camau” Espínola, un dirigente que se ha acercado al gobierno de Javier Milei. De hecho, su nombre había sido propuesto por La Libertad Avanza para integrar la comisión de Inteligencia del Senado.

El trasfondo legal

Orué dejó en claro que la infracción principal radica en la falta de declaración del dinero, un requisito obligatorio al ingresar grandes sumas al territorio paraguayo. “Cualquier persona puede ingresar dinero, pero debe declararlo y notificar su origen a las instituciones correspondientes”, señaló.

El caso ya generó repercusiones tanto en Argentina como en Paraguay, y se espera que las próximas horas sean clave para determinar el futuro político y judicial de Kueider.

Las polémicas declaraciones pertenecen a Martín Ardohain, diputado nacional y presidente del PRO pampeano, fue uno de los legisladores que apoyó el veto del presidente Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Cada vez más funcionarios alineados al gobierno libertario justifican la quita de medicamentos a los jubilados, evidenciando un creciente respaldo al ajuste en políticas sociales y una desconexión total con la dura realidad de millones de jubilados. En recientes declaraciones televisivas, el diputado nacional y presidente del PRO en La Pampa, Martín Ardohain, generó polémica al defender medidas que afectan directamente a los jubilados.

Ardohain, quien ya había apoyado el veto del presidente Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, argumentó que aquellos jubilados que perciben $400 mil pueden “bancarse” no recibir un aumento o incluso enfrentar recortes en la entrega gratuita de medicamentos. Estas afirmaciones han intensificado el debate sobre el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El legislador también respaldó la gestión de Milei en términos del “déficit cero” y la “reducción de la inflación”, celebrando la austeridad fiscal como un objetivo prioritario. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre el uso de estas medidas: “Creo que la gente bancó la motosierra, pero a partir de ahora hay que tener mucho más cuidado con la motosierra”.

Aunque Ardohain intentó matizar sus declaraciones con una crítica leve al estilo de gobierno, señalando la necesidad de mayor diálogo, enfatizó que el PRO sigue alineado con las directrices del libertarismo económico. “Nos gustaría un presidente con mucho más diálogo. Nosotros somos un partido de diálogo y le pedimos eso al presidente. Mauricio (Macri) se lo pide en cada reunión que tenemos, porque, aunque se puede gobernar en minoría, necesitamos una Argentina integrada”, concluyó.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que las políticas de ajuste están siendo justificadas por sectores políticos afines, incluso cuando afectan de manera directa a los jubilados y otros grupos vulnerables pese a que en su discurso el gobierno afirma que solo ajusta a la “casta política”.

El Gobierno Nacional prepara una serie de modificaciones a algunos artículos de las leyes de Defensa y de Seguridad interior para permitir el empleo de las Fuerzas Armadas en acciones policiales.

El gobierno de Javier Milei avanza en la modificación de normativas clave para permitir que las Fuerzas Armadas actúen “contra el terrorismo y el narcotráfico“, especialmente en zonas fronterizas. La iniciativa, que incluye cambios en las leyes de Defensa y Seguridad Interior, se aceleró tras un video donde presuntos narcotraficantes amenazaron con armas de guerra a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, lo que ha despertado fuertes sospechas sobre la autenticidad de su contenido y las intenciones del mismo.

Modificaciones propuestas y su alcance

El principal cambio busca alterar el Decreto 727 de 2006, que restringe la intervención militar a conflictos internacionales. Esta normativa había sido flexibilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue restablecida en 2020 bajo la administración de Alberto Fernández. Con las nuevas modificaciones, las Fuerzas Armadas podrían realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, e intervenir en flagrancia en casos que se consideren amenazas graves, como narcotráfico o terrorismo.

Además, se evalúan cambios en la Ley de Seguridad Interior para extender la actuación militar a posibles ataques de grupos extranjeros como Hamás o Hezbollah, lo que evidencia una fuerte influencia de la política de seguridad de Israel y Estados Unidos. Durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, el ministro Luis Petri adelantó que el Ejército podría desplegarse en ciudades fronterizas con Paraguay, Bolivia y Brasil para tareas de vigilancia y control.

El debate sobre la seguridad interior

La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior ha generado polémica. Mientras el gobierno argumenta que el contexto actual exige un enfoque más amplio, críticos advierten que esto contradice la tradición constitucional de limitar el accionar militar a conflictos externos. También se cuestiona la potestad otorgada al Ministro de Defensa para autorizar estas intervenciones, una facultad que históricamente ha recaído en el Presidente como Comandante en Jefe.

Un contexto de tensión social y económica

Este movimiento se da en un marco de creciente conflictividad social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Milei, junto con llamados a la paciencia mientras se estabiliza la economía, han provocado malestar en la población. Según analistas, el énfasis en el discurso de seguridad podría ser una estrategia para desviar la atención de la crisis social y justificar medidas represivas, incluyendo la participación militar en tareas de seguridad interna.

Influencias externas y agendas regionales

El alineamiento de la administración Milei con Estados Unidos e Israel ha reforzado la adopción de políticas de seguridad orientadas a sus intereses geopolíticos. Esto incluye la visión de América Latina como un socio estratégico para la seguridad global de EE.UU., una postura defendida por figuras como Patricia Bullrich. Este enfoque podría consolidar el papel de Argentina como gendarme regional, pero a costa de derechos humanos y sociales, la soberanía y el equilibrio de poderes interno.

El debate sigue abierto y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos constitucionales, en un contexto de profundas tensiones sociales y creciente desigualdad, el gobierno parece estar dispuesto a avasallar cualquier oposición en nombre de “la libertad, el orden y el progreso”.

El modelo de Javier Milei empieza a crujir y los temblores se sienten en diferentes lugares. Mientras el ajuste golpea de forma brutal a trabajadores y jubilados – el consumo de carne está en niveles mínimos históricos -, ahora empieza a recalentarse la inflación. Todas las consultoras advierten que la desinflación paró en noviembre y otra vez estará cerca del 3%.

Además, vale describir que la suba de precios no contempla de modo real los tarifazos, por cuestiones metodológicas del Indec, que el gobierno de Milei se niega a actualizar. Si se mediera de otro modo, la inflación podría estar en el 4 o 5% mensual.

Mientras, los libertarios insisten en que la inflación es un “tema terminado” como lo serían los desórdenes macroeconómicos. Sin embargo, nada de eso es así, como muestran las propias estadísticas del INDEC y una decisión clave del gobierno nacional, como es el cepo. ¿Por qué siguen las restricciones cambiarias si todo está tan bien como señalan Milei y Luis Caputo? ¿Sin cepo, el dólar estaría a valor de regalo como pasa hoy?

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad la nulidad interpuesta por Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una causa que lo juzga por conflictos de intereses durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando una medida suya benefició a un banco del que fue director previamente. Buenos muchachos…

La defensa del funcionario fue encabezada por Cristian Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia… ¿No es otro evidente conflicto de intereses?

La investigación se remonta al 2018, período en el cual titularizaba la Secretaría de Finanzas de la Nación, participó de varios actos administrativos en el manejo de deuda soberana que le representó un beneficio millonario a la firma Deutsche Bank, ente financiera en el que él mismo ocupó cargos directivos entre 2007 y 2015.

La justicia demostró que Santiago Bausili, mientras fue funcionario macrista, continuó percibiendo acciones y bonificaciones del Deutsche Bank por el equivalente aproximado de 200 mil dólares. Nada mal, no?