En las últimas horas, Puma, una de las firmas más emblemáticas del sector, despidió a 23 de sus trabajadores en la planta que posee en La Rioja.

La crisis en la industria del calzado comienza a traducirse en despidos masivos, afectando a cientos de trabajadores y poniendo en jaque la estabilidad de fábricas en todo el país. En las últimas horas, Puma inició una primera tanda de cesantías en su planta de La Rioja, dejando a 23 operarios sin empleo. Lo preocupante es que este podría ser solo el comienzo de una ola de despidos que se intensificaría en los próximos meses, en medio del deterioro económico y productivo del país.

Despidos tras las vacaciones: un golpe inesperado

Varios de los trabajadores despedidos recibieron la noticia al regresar de sus vacaciones, reflejando la incertidumbre que atraviesa el sector. Según fuentes sindicales, el temor a nuevos recortes crece a medida que la producción se resiente y las empresas enfrentan un escenario cada vez más adverso.

El desplome del consumo interno, la dificultad para exportar debido a un tipo de cambio que resta competitividad y la caída de la rentabilidad han dejado a las fábricas en una situación crítica. En este contexto, las empresas comienzan a reducir personal como medida de ajuste, mientras los gremios advierten que la crisis podría extenderse aún más.

De la expansión a la crisis: el caso Puma

Hace apenas tres años, Puma celebraba la incorporación de nuevas líneas de producción en su planta de La Rioja, alcanzando un récord de fabricación de dos millones de zapatillas anuales y empleando a 500 trabajadores. Hoy, la situación es diametralmente opuesta: la empresa enfrenta despidos y ajustes, poniendo en duda la estabilidad de la fábrica y la continuidad de su operación a largo plazo.

Un sector en riesgo: más cierres y despidos

El caso de Puma no es aislado. En Coronel Suárez, la fábrica de Dass—proveedora de Adidas y Nike—cerró en los últimos meses, dejando en la calle a 360 trabajadores. En Chivilcoy, Bicontinentar despidió a 130 de sus 170 empleados, marcando otro duro golpe para la industria.

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) advierte que la crisis está lejos de resolverse y que, sin medidas concretas para reactivar el sector, los despidos seguirán aumentando. A pesar de que los trabajadores cesanteados han recibido indemnizaciones, el gremio no ha logrado frenar el achicamiento de las plantillas ni evitar el cierre de fábricas.

Menos consumo, menos producción, más despidos

El derrumbe del poder adquisitivo, la inflación y el aumento en los costos de producción han provocado una fuerte caída en las ventas. Como consecuencia, muchas fábricas han reducido turnos, paralizado parcialmente la producción o directamente cerrado sus puertas.

El panorama para la industria del calzado es desolador y, de no haber un cambio en las condiciones económicas y productivas, los despidos podrían multiplicarse en los próximos meses, dejando a miles de trabajadores sin empleo y profundizando la crisis del sector.

Durante los primeros 12 meses del gobierno de Javier Milei (diciembre de 2023 a noviembre de 2024), el empleo registrado en el sector privado asalariado registró una caída de 119.000 puestos, pasando de 6.385.000 a 6.266.000 trabajadores.

En cuanto al empleo público, se registró una caída de 51.000 trabajadores, mientras que el personal de casas particulares disminuyó en 15.000 puestos. Por otro lado, el número de monotributistas aumentó en 25.000, alcanzando 2.062.000 registrados, reseñó Ámbito en base a datos oficiales.

En relación a los salarios, y siempre a partir de información brindada por el propio Estado, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, los salarios registrados crecieron por debajo de la inflación en cada mes. Sin embargo, en noviembre la tendencia se revirtió y el incremento salarial superó el aumento de precios.

Así las cosas, el salario real en el sector privado de diciembre de 2024 (último dato oficial) se encontró 9 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2017 y 11 puntos por debajo de diciembre de 2015. ¿No era que el modelo de Javier Milei beneficiaba a los trabajadores del sector privado?

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, fijó nuevos precios para los biocombustibles que comenzarán a regir en marzo, y que impactarán en el precio de la nafta y el gasoil.

El precio de los combustibles volverá a subir en marzo, sumando más presión al bolsillo de los consumidores. El Gobierno fijó un nuevo incremento en los valores de los biocombustibles, lo que impactará directamente en el costo de la nafta y el gasoil, que ya habían registrado aumentos a principios de 2025.

Este miércoles, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó a través de las resoluciones 29 y 30 en el Boletín Oficial un incremento del 2% en los valores del bioetanol de caña de azúcar y de maíz—que se mezclan con la nafta—y del biodiesel, utilizado en combinación con el gasoil. A pesar de que la suba puede parecer moderada, su impacto en el costo final de los combustibles será más amplio, elevando aún más los valores en los surtidores.

Así, desde el 5 de febrero, el precio del bioetanol de caña de azúcar quedó en $717,88 por litro y el de maíz en $657,96 por litro, mientras que el biodiesel pasó de $1.085.887 a $1.107.605 por tonelada. Con estos nuevos valores, las petroleras actualizarán sus precios, afectando tanto a conductores particulares como al transporte de bienes y servicios, lo que podría derivar en un efecto inflacionario en otros sectores de la economía.

A pesar de que el Gobierno nacional postergó hasta marzo la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para mitigar el impacto en los precios, la petrolera YPF aplicó un aumento del 2% en sus combustibles desde el 1° de febrero. Así, en la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper ya se ubica en $1.151 y el de premium en $1.422, valores que podrían seguir escalando con la nueva suba en los biocombustibles.

Los biocombustibles se utilizan de manera obligatoria en un 12% en la nafta y el gasoil, lo que hace que cualquier ajuste en sus costos encarezca la producción y se traslade a los consumidores. Según la Ley 27.640, el biodiesel, elaborado a base de aceite de soja, representa el 7,5% de cada litro de gasoil, mientras que el bioetanol se divide en partes iguales entre el producido a base de caña y el de maíz.

Este nuevo incremento refuerza la tendencia alcista en los precios de los combustibles, generando preocupación en los consumidores que, mes a mes, ven cómo el costo de llenar el tanque sigue subiendo sin freno.

Diputados de Unión por la Patria (UxP) denunciaron judicialmente por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la eliminación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  y piden que se dicte la medida de “no innovar” para que el financiamiento siga vigente.

“No se puede seguir naturalizando que el Poder Ejecutivo atropelle las leyes consagradas por el Congreso Nacional como este y otros tantos casos”, sostuvo el legislador de UxP Daniel Gollán en sus redes sociales donde informó sobre la denuncia, reseñó La Política Argentina.

La demanda contra el jefe de los mnistros llega semanas después de que el Gobierno nacional decidiera, mediante la Resolución 10/25 de la Jefatura de Gabinete desconocer y cortar el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecido mediante la ley 27.614 y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en la 27.738.

En el mundo de la ciencia y la tecnología entraron en alarma ante la inminencia de un decreto de Javier Milei para desguazar el Conicet y darle un golpe letal a la investigación científica argentina.

Una reunión de días pasados entre Daniel Salamone, titular del Coniect, con Federico Sturzenegger despertó las alarmas entre los científicos. El decreto buscaría reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador y modificar su esquema de financiamiento. No hay país desarrollado que tenga una política contra la ciencia y la tecnología.

Así como hizo Carlos Menem con la educación, que transfirió a las provincias, se habla de la provincialización del organismo. El Conicet tiene más de 26.000 agentes incluyendo investigadores de planta, personal técnico/profesional y administrativos. Entre los científicos temen que una descentralización podría generar la pérdida del abordaje de problemas nacionales y estratégicos, fragmentando la capacidad de respuesta del organismo. La motosierra ahora va contra el desarrollo científico del país.

El gobierno de Milei justificó la salida de la OMS con un ahorro de 10 millones de dólares anuales, pero la medida podría comprometer la salud pública y la cooperación internacional.

El gobierno de Javier Milei ha decidido retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida que podría tener consecuencias devastadoras para la salud pública del país. El anuncio, realizado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, se formalizará mediante un decreto que firmará el presidente. Esta decisión no es aislada: en un gesto que recuerda a la política de Donald Trump, quien también retiró a Estados Unidos de la OMS, Milei parece seguir una estrategia de confrontación con los organismos internacionales.

La medida, la primera de una serie de desvinculaciones que el gobierno libertario planea llevar a cabo, muestra una peligrosa inclinación a aislar al país de los foros internacionales. A través de esta acción, se abren interrogantes sobre el impacto en la salud de la población argentina, que podría verse privada de los recursos y la cooperación mundial en momentos de crisis sanitarias. ¿Realmente Milei cree que esta decisión ayudará a mejorar la situación económica del país? ¿O solo está buscando dar un golpe de efecto que, en el mejor de los casos, solo ponga en riesgo la salud de millones de argentinos?

Además, el gobierno parece justificar esta decisión con un argumento financiero, mencionando que ser miembro de la OMS le cuesta al país alrededor de 10 millones de dólares anuales. Pero en tiempos de ajustes y promesas de austeridad, ¿realmente esta medida contribuirá a reducir los costos del Estado o es solo una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas más urgentes?

Y en el plano internacional, surge una inquietud aún más grande. Con este paso, Milei parece apostar por una relación más estrecha con gobiernos de tendencia autoritaria, como el de Trump. Pero la verdadera pregunta es: ¿cree el presidente que con este tipo de medidas el FMI, con sus históricas exigencias, le otorgará nuevos desembolsos con decisiones como esta… ?

A pesar de que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas, repentinamente decidió dar marcha atrás culpando al ente regulador por el “error”.

En una nueva muestra de desorganización y contradicciones, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un incremento en las tarifas eléctricas de hasta un 12% para usuarios de ingresos bajos y medios. Sin embargo, tras el fuerte rechazo que generó la medida, apenas unas horas después decidió retroceder y justificó el cambio alegando un “error” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El martes 4 de febrero, el ENRE oficializó los nuevos cuadros tarifarios, reflejados en las Resoluciones 119 y 120/2025, que establecían subas superiores a las previamente anunciadas por el Gobierno. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los aumentos resultaban mucho más altos de lo esperado, lo que generó malestar entre los usuarios.

Ante la reacción negativa, la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, salió a aclarar que la resolución del ENRE había sido un “error” y que se corregirían los valores. Según el Gobierno, la reducción de subsidios para hogares de ingresos bajos y medios debía aplicarse de manera escalonada durante todo el año, y no de forma abrupta en febrero como indicaba el documento oficial.

Este episodio deja en evidencia la falta de coordinación dentro del Ejecutivo y plantea interrogantes sobre la transparencia en la toma de decisiones. ¿Nadie revisa lo que se publica en el Boletín Oficial? ¿O si pasaba, pasaba? ¿La medida se retrotrajo ante el escenario electoral?. Ahora, se espera una nueva resolución para definir qué pasará finalmente con el precio de la electricidad.

“¿Para qué mierda está el Ministerio de Seguridad? ¿Qué tienen en la cabeza?”, apuntó Alonso contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

El actor Diego Alonso, conocido por su papel de “El Pollo” en la serie Okupas, denunció la falta de acción del gobierno nacional ante los incendios que devastan la Patagonia. Apuntó especialmente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de negligente por viajar a Disney en medio de la crisis.

Alonso fue entrevistado en LN+ y ahí hizo su descargo contra Bullrich y el presidente Javier Milei. “El Ministerio de Seguridad, ¿para qué mierda está? ¿Después de esto cuántos años vamos a esperar para que se sepa quién fue el que lo hizo? Ellos no lo pueden averiguar pero si insultás a alguno de los políticos en las redes te cae la policía en tu casa”

Fuertes criticas a Bullrich

El actor también puntualizó en el rol de la ministra de seguridad quien tiene a su cargo el Plan Nacional de Manejo del Fuego: “Te fuiste a Disney para que se junten los ratones con los ratones, dejémonos de joder”, disparó Alonso en diálogo con El Destape Radio. También destacó que “sus nietos la recordarán por dejar quemar la Patagonia, no por ir a Disney”.

El actor perdió su casa en El Bolsón a causa del fuego y criticó duramente al presidente Javier Milei, a quien tildó de “gordito mamarracho que se la pasa en Twitter” y “paparulo”. Además, rechazó que el desastre sea solo consecuencia del cambio climático y denunció que los incendios fueron provocados intencionalmente con bombas molotov. “Después sabremos por qué, pero ahora lo urgente es ayudar”, concluyó.

El presidente argentino elimina la obligación de las empresas de transporte de verificar permisos de viaje de menores y certificados de residencia.

El gobierno de Javier Milei tomó una decisión que genera fuertes críticas por su impacto en la seguridad de los menores de edad y el riesgo de facilitar la trata de personas. La Dirección Nacional de Migraciones eliminó la obligación de las empresas de transporte de verificar los permisos correspondientes para el traslado de menores en servicios internacionales.

La medida, oficializada a través de la Disposición 166/2025 en el Boletín Oficial, establece que las compañías de colectivos de larga distancia, aerolíneas y transportes marítimos ya no deberán pedir ni verificar la documentación que compruebe la autorización de viaje de menores ni los certificados de residencia de personas extranjeras radicadas en Argentina.

A partir de febrero de 2025, esta responsabilidad recae exclusivamente en el personal de Migraciones en los puntos fronterizos. Las autoridades justificaron la decisión alegando que “las nuevas modalidades de contratación de transporte y el check-in remoto hacen necesario liberar a las operadoras de estos controles”.

Una medida que facilita la trata de personas

Organizaciones especializadas en derechos humanos y seguridad infantil alertaron sobre las graves consecuencias de esta decisión. Al eliminar el control preventivo por parte de las empresas de transporte, se reduce una barrera clave para evitar la salida ilegal de menores del país.

Si bien las familias seguirán necesitando un permiso judicial o de una autoridad competente para viajar con menores, la falta de verificación por parte de las empresas de transporte podría aumentar el riesgo de que adultos malintencionados saquen del país a menores sin los permisos correspondientes.

La situación se vuelve aún más delicada en rutas fronterizas de alto tránsito, donde el personal de Migraciones suele estar desbordado, lo que podría llevar a controles deficientes.

Antecedente preocupante

El sistema anterior, aunque imperfecto, ofrecía una doble capa de control: las empresas verificaban la documentación antes del abordaje y los agentes de Migraciones realizaban una segunda revisión en la frontera. Ahora, esa primera barrera desaparece, dejando a menores en una situación de mayor vulnerabilidad frente al tráfico ilícito de personas.

Expertos en seguridad migratoria subrayaron que “las redes de trata suelen aprovechar grietas en los sistemas de control” y que esta medida “es un retroceso peligroso en la lucha contra el tráfico y la explotación de personas”.

Esta decisión de Milei, que prioriza la desregulación en un área tan delicada como el control migratorio, vuelve a poner en evidencia la falta de criterio y sensibilidad frente a cuestiones de seguridad y derechos humanos.

En lugar de reclamar por la inacción del Gobierno Nacional y gestionar mejor sus propios recursos, el gobernador Ignacio “nacho” Torres afirma que los incendios son culpa de “personas del conurbano bonaerense”.

Mientras los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas en la Patagonia y los brigadistas luchan sin descanso contra el fuego, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en lugar de centrarse en gestionar soluciones reales, decidió desviar la atención con acusaciones infundadas. En un discurso carente de pruebas y con un tono que parece guionado por el macrismo, Torres responsabilizó a “gente del conurbano bonaerense” por el inicio de las llamas que afectan a la provincia.

Sin ofrecer evidencia alguna, el gobernador del PRO afirmó que los responsables de los incendios “se amparan en falsas banderas para cometer delitos y usurpar tierras”, en un burdo y evidente intento por criminalizar a habitantes de la provincia de Buenos Aires. En contraste, Torres aseguró que las comunidades mapuches y tehuelches locales apoyan su gestión, trazando una división sin sustento entre “los buenos” y “los malos”, sin más argumento que su propio discurso.

Lejos de asumir la responsabilidad de reforzar políticas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales, Torres optó por instalar una narrativa que apunta contra sectores específicos de la población. Su declaración se suma a una estrategia discursiva cada vez más frecuente en sectores de la derecha, que buscan estigmatizar al conurbano bonaerense y desviar la atención de las falencias de gestión y la crisis económica en que se halla el país.

Mientras tanto, los incendios continúan avanzando y la falta de recursos para combatirlos sigue siendo una problemática urgente. En vez de invertir esfuerzos en coordinar ayuda efectiva y reforzar medidas de protección ambiental, el gobernador prefiere apelar a teorías sin pruebas y alimentar discursos de división con claro tinte de oportunismo político, sin aportar soluciones concretas a la crisis que enfrenta Chubut. Por su parte, lejos de colaborar con la provincia, desde el gobierno nacional continúan insistiendo en que no hace falta defender al medioambiente y que la agenda ecológica es parte del movimiento “woke” con el que Javier Milei busca librar una “batalla cultural”.