Así lo reveló la fiscal que lleva adelante la causa por pedofilia contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), proporcionó detalles sobre el material encontrado en la causa por pedofilia que lideró contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

En una entrevista, la fiscal, especializada en delitos informáticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a las imágenes descubiertas en los dispositivos de los hermanos imputados: “Nosotros siempre revisamos las imágenes con mi equipo y, a pesar de que llevamos más de 10 años trabajando en esta temática, nunca dejamos de conmovernos; son realmente tremendas”, comenzó.

“Esta organización, ojalá, terminara en una. Guardianes Digitales por la Niñez es una operación más que venimos llevando a cabo desde hace más de 10 años”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann.

Dupuy explicó que, aunque las investigaciones se centran en la Ciudad de Buenos Aires, las alertas son de carácter internacional. “En este caso, provienen de una alerta de la Coalición de Rescate Infantil [Child Rescue Coalition] y del International Center of Missing Children, una ONG con la que trabajamos frecuentemente. Estas organizaciones operan a nivel internacional, apoyando la prevención de redes transnacionales de explotación sexual infantil. No estamos hablando de que esto solo sucede en Argentina o en Misiones; por ejemplo, esta operación involucraba a fuerzas del orden de países de Latinoamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Argentina”, continuó.

Material incautado en los dispositivos de Germán Kiczka

Durante el allanamiento realizado al domicilio del diputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, se incautaron diversos dispositivos electrónicos. Tras su análisis, se confirmó la existencia de más de 600 videos de abuso sexual infantil, entre los que se encontraban imágenes de bebés recién nacidos, niños y adolescentes. “Estamos hablando de niños desde recién nacidos hasta 13 años, además de algunos otros que tenían entre 13 y 18 años”, detalló.

Dupuy agregó: “Cuando hablamos de explotación sexual infantil, creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”.

Ante la pregunta de si la investigación concluiría con los hermanos Kiczka o si podría haber algún político influyente involucrado, Dupuy afirmó: “Es cuestión de seguir investigando. Decir de antemano que puede haber un político implicado es algo que, como fiscal, no puedo asegurar. Seguramente el juez que interviene y los investigadores tomarán todas las medidas necesarias para profundizar la investigación y llegar a donde se tenga que llegar”. Asimismo, indicó que estos casos no terminan con la persona implicada o con el material encontrado en sus dispositivos de almacenamiento informático.

El ex funcionario macrista y actual ministro de Desregulación del Gobierno apoyó además el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones.

El ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger aseguró que “la obra pública no vuelve más” ante un auditorio repleto de empresarios. Lo hizo en medio de pedidos de las provincias y los municipios, quienes reclaman que se reactive para impulsar la economía. Además, brindó su apoyo al veto de Javier Milei al aumento de jubilados.

Según el ex funcionario macrista “Había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias. Así, la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político. Hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque. Y Javier Milei lo hizo”, afirmó Sturzenegger en un almuerzo organizado por Fundación Mediterránea. El funcionario agregó, había un préstamo de organismos multilaterales por U$S1.000 millones para hacer alcantarillas, por ejemplo. “¿El Estado necesitaba eso?”, se preguntó. Sturzenegger destacó la intensidad y la obsesión que el Presidente tiene sobre el equilibrio fiscal. “Y eso que trabajé con Mingo”, dijo en relación al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, presidente honorario de la Fundación Mediterránea, que lo escuchaba desde la mesa principal.

Fuente: con información de La Gaceta.

Tras la aprobación del RIGI, en un contexto de desplome de la actividad industrial y tras el veto contra los jubilados, el Presidente anunció beneficios para el “círculo rojo”.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El presidente aseguró que “la mejor política industrial es terminar con la inflación” y, en medio de críticas por la demora en la recuperación y la caída de la actividad, sostuvo que “las supuestas políticas de desarrollos sectoriales a costa de una macro destrozada están destinadas a fracasar”.

Ante industriales y empresarios aseguró que “vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.

Milei apuntó contra los “costos laborales que se desprenden de regulaciones vetustas” e impiden que las empresas argentinas puedan “competir en el mundo”. “Hay que entenderlo de una vez: las leyes laborales argentinas son al trabajador lo mismo que la fracasada ley de alquileres a los inquilinos”, aseguró.

Y siguió: “el RIGI se reglamentó hace algunas semanas y ya esperamos inversiones por más de 50 mil millones de dólares. Además mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones frente al 15% que se pagaba en noviembre de 2023″, señaló el Presidente.

“En ocho meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy y con tantos anuncios positivos a cuestas tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de ‘industricidio'”, cuestionó.

En el último informe de la UIA consta que en junio de este año la actividad industrial registró una caída en la comparación anual de 19,5% y lleva 13 meses de caída interanual consecutiva.

En el Día de la Industria, el presidente Javier Milei apuntó contra la “justicia social” en su discurso en la UIA, asegurando que se le robó al sector agropecuario para financiar las medidas de fomento a la industria nacional.

En el Día de la Industria, el presidente Javier Milei apuntó contra la “justicia social” en su discurso en la UIA, asegurando además que se le robó al sector agropecuario para financiar las medidas de fomento a la industria nacional, lo que generó que la industria se volviera “cada vez más dependiente” del Estado. “Para proteger a la industria se le robó al campo”, expresó. 

Kicillof salió al cruce

Kicillof, en un tono crítico, describió la situación actual del país como una «tragedia y calamidad industrial» que, según él, solo encuentra precedentes en pocos momentos de la historia argentina. “En solo seis meses, descontando la sequía del año pasado, la industria cayó 16 puntos. Ha caído fuertemente el empleo y hoy, mientras nos dicen que quieren traer inversiones del exterior, vemos que la mitad de las máquinas de la provincia están paradas”, lamentó.

El gobernador no escatimó en acusaciones al sostener que la destrucción de la industria nacional no es un efecto colateral ni circunstancial, sino uno de los objetivos centrales del gobierno de Milei. “Es un objetivo de este gobierno desmantelar la industria y la producción nacional. El Gobierno de Milei es enemigo de la producción nacional”, sentenció.

Kicillof también se refirió a la estabilización macroeconómica propuesta por el Gobierno nacional, calificándola de «mentira». Recordó que en la década de 1990, la estabilidad macroeconómica fue la condición que llevó a la destrucción del tejido industrial argentino. Criticó el «combo» de apertura importadora, atraso cambiario, caída «inducida» de salarios y jubilaciones, y tarifas dolarizadas, que según él, está «matando» el mercado interno y la industria.

El gobernador cuestionó la narrativa del gobierno de que el ajuste actual es un sacrificio necesario para alcanzar una mejor situación económica en el futuro. “Es un sacrificio totalmente inútil y forma parte de una tremenda estafa electoral“, afirmó, denunciando que los principales ministerios del Gobierno están hoy dirigidos por figuras que ya gobernaron y fracasaron durante la administración de Mauricio Macri.

Criticas a la Política Exterior

Kicillof también criticó a Milei por lo que describió como una política exterior “carente de pragmatismo”, especialmente en su relación con Brasil, un socio estratégico para Argentina. Según Kicillof, tanto las economías emergentes como las principales potencias del mundo están adoptando políticas de intervención estatal con industrialización, en contraposición a las acciones del gobierno nacional.

En un comunicado oficial, el BCRA, liderado por Santiago Bausili, aclaró que el nivel de reservas en oro al 23 de agosto de 2024 asciende a aproximadamente 4.981 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó hoy que ha enviado parte de sus reservas en lingotes de oro al exterior, aunque la entidad no precisó los destinos de estos envíos. En un comunicado oficial, el BCRA, liderado por Santiago Bausili, aclaró que el nivel de reservas en oro al 23 de agosto de 2024 asciende a aproximadamente 4.981 millones de dólares.

En su comunicado, el BCRA explicó que la administración y el destino de las reservas son confidenciales para preservar la seguridad de los activos. “La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad”, indicó la entidad. La Auditoría General de la Nación y los entes de control pertinentes tienen acceso a esta información bajo las mismas condiciones de confidencialidad.

Según se explicó la Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. 

“Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”, señaló la entidad monetaria. 

A su vez indicó que estas operaciones de rebalanceo “no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente US$ 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024”. 

Al mismo tiempo la entidad consideró que se hizo una difusión irresponsable de información cuando por ejemplo en X se publicaban imágenes de camiones de caudales en la ruta y se sugería que se trasladan las reservas. 

La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la AFA y dispuso la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023.

El Juzgado Federal de Mercedes falló hoy a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó al Estado Nacional la suspensión de los artículos del DNU 70/2023 referidos a la posible privatización de los clubes y de la Reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) hasta que sea dictada una sentencia definitiva.

Por estatuto, la AFA solo acepta a asociaciones civiles en sus competencias. La conducción de la entidad rechaza la posibilidad de modificar su reglamento para incluir a los clubes que se conviertan en SAD y asegura que el Gobierno deberá intervenir al organismo rector del fútbol argentino para llevar adelante estos cambios.

El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la AFA y dispuso la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, que establecen que las federaciones deportivas estarán obligadas a aceptar a los clubes en sus competencias sin discriminación de su forma jurídica. También pausó los efectos de los artículos 2 y 5 del Decreto Reglamentario 730/2024, publicado el 13 de agosto de este año, que daba un año a estas entidades para aggiornar sus estatutos a la nueva legislación.

Insólito. No se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.

El diario La Nación, cada vez más enfrentado a Javier Milei, reveló que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei.

Mientras, Caputo se consolidó como el hombre fuerte del gobierno aunque no puede firmar resoluciones porque no tiene un cargo formal.

Además, se supo que llamativamente no tiene ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria ni ingresos conocidos. Es decir, no se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.

Según un estudio de la consultora CEOP, dos de cada tres argentinos está en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula previsional y sostiene que se debe priorizar a los jubilados y no el déficit fiscal cero.

La paciencia parece acabarse. Una enorme mayoría, dos de cada tres argentinos, está en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula previsional y sostiene que se debe priorizar a los jubilados, no el déficit fiscal cero. Pero eso está en sintonía con lo que está pasando en casi todos los hogares. Prácticamente, nueve de cada diez ciudadanos dicen que no llega a fin de mes o que tiene dificultades para llegar al día 30 o 31. Por lo tanto, casi el 40 por ciento compra sólo los medicamentos imprescindibles; el 50 por ciento consume mucho menos carne o directamente dejó de consumir carne, más de la mitad restringió el uso de luz y gas; dejó de usar cable o se pasó a un plan más accesible y bajó la frecuencia de utilización del transporte público, los taxis o aplicaciones. Y, los que tienen, redujeron drásticamente el uso de su auto. El 44 por ciento afirma que no soporta más el ajuste y otro 20 por ciento sostiene que aguanta entre uno y seis meses más, o sea, se sienten al límite. El malestar, la temperatura del enojo está subiendo de nivel semana a semana y no sólo afectan a los que se autodenominan opositores, sino a los que se consideran independientes e incluso a una parte de los que se sienten cercanos al gobierno.

Las conclusiones surgen del trabajo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la consultora que dirige Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.486 ciudadanos, respetando las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y lugares de residencia. La muestra se constituyó con usuarios de las grandes plataformas de internet -Facebook, Instagram y otras-, a los que se les formularon las preguntas, siempre respetando las proporciones existentes en la sociedad.

Con los jubilados no

Entre los consultores está el dicho de que “los jubilados no tienen gran capacidad de movilización, pero toda la sociedad empatiza con ellos”. El mejor ejemplo es el golpe casi decisivo que recibió el gobierno de Mauricio Macri cuando produjo una fuerte quita en jubilaciones y pensiones en diciembre de 2017. Venía de ganar las elecciones dos meses antes y entró en un declive del que no se pudo recuperar.

 Con los jubilados no parece ser la frase que subyace en las opiniones. Los argentinos están convencidos que a los jubilados hay que protegerlos y cuidarlos. Ojo, este es un desafío importante para Javier Milei: el costo político que puede llegar a tener el veto a la ley que mejora los magros haberes jubilatorios, es muy alto. El desacuerdo con esa medida pega en dos segmentos, incluye a los independientes y parte de los propios mileistas periféricos, o sea a los que no son del núcleo duro. Además, la represión a los jubilados, arrojándoles gases urticantes en los rostros, causa estupor”.

Y los medicamentos también

El azote no sólo golpea a unas jubilaciones y pensiones bajísimas, que sufrieron el recorte del 8,1 por ciento que la ley pretende devolverles, sino que el ajuste pega también en los medicamentos. Uno de cada tres consultados (33,6 por ciento) sostuvo que compra solo los medicamentos más importantes e imprescindibles y hay un cuatro por ciento que directamente no puede comprar más medicamentos. Está claro que es una decisión más que difícil, porque la salud es prioridad en todas las familias.

“Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades” afirmo la diputada libertaria que sube de tono las declaraciones contra la vicepresidenta.

En el marco de la interna en La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lilia Lemoine acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de “perseguir personas en democracia” por decir que “va a meter presos a todos los montoneros”. Pero no se quedó ahí sino que también preguntó si encerraría a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su pasado en la organización guerrillera peronista.

“Villarruel está con el síndrome de la vice. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la apoyó y para taparlo mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros, ¿también a Bullrich que está haciendo bien su trabajo?”, acusó Lemoine en declaraciones radiales

A pesar de continuas desmentidas del presidente Javier Milei y su vice, desde sus entornos dejan trascender en off el malestar y desconfianza mutua. En esta disputa, como en otras discusiones internas de LLA, la diputada Lemoine parece ser una de las voceras del Ejecutivo.

En una entrevista en CNN Radio, Lemoine acusó a la vicepresidenta de querer armar “un gobierno dentro del gobierno”. A pesar de eso, luego le bajó el precio: “No es un problema institucional. Si se va (Victoria Villarruel), la reemplazaría el que sigue. Los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos y si está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle”.

Las promesas que la Vicepresidenta lanzó desde el Senado respecto a la reapertura de causas de “víctimas de terrorismo” generó reacciones encontradas en distintos espacios del arco político. 

El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.

Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?

La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?

Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?

Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.

Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?

El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.

Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.

A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?