Hay advertencias de industrias, comercios y constructoras, que dan por perdido el segundo semestre y patean la recuperación para 2025. Reclaman al gobierno una política de reactivación.

Un grupo de referentes pymes se entrevistó el jueves con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para hablar de la situación del sector y pedir medidas para reactivación del mercado interno.

En el encuentro que se realizó días atrás en la sede de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera), el planteo en particular fue la vuelta de los programas de crédito Ahora 12 y Ahora 18.

La propuesta se hizo después de repasar los indicadores oficiales de actividad económica, como una sugerencia para revertir las caídas de la actividad y el consumo que afectan tanto las ventas de bienes de consumo masivo como de durables y que encienden las alertas por el impacto en el empleo.

Los referentes, que llevaban meses pidiendo una reunión, destacaron el acercamiento con Francos y la orientación del temario general, pero también lamentaron que el pedido para la vuelta de los programas de incentivo al consumo no tuvo respuesta.

Las reuniones van a seguir, pero el funcionario no hizo ninguna promesa sobre lo que se considera como más inmediato. En el análisis posterior a la cita, es extendida la idea de que el segundo semestre se perdió y que las chances de recuperación se patearon para el año que viene (ver aparte).

Salarios en alerta

En la previa de la reunión con Francos, varias cámaras empresariales hicieron pública la urgencia de sus asociadas por políticas para recuperar la actividad y las ventas y plantearon que el pago de salarios y el mantenimiento del empleo se complican y se agravan.

En la semana, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que una parte muy importante de las 414 industrias que consulta a nivel país reconoció que en julio tuvo dificultades para pagar los salarios.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elaboró la entidad arrojó una caída de la actividad de las fábricas del 17,8% y agregó que las encuestadas trabajaron al 60,6% de su capacidad. Del total, el 19,3% advirtió complicaciones para reunir la masa de dinero que destina a pagar salarios, un deterioro que anticipa nuevas suspensiones y despidos.

Todos los rubros industriales considerados para la confección del IPIP cayeron en el séptimo mes del año, especialmente el rubro Químicos y Plásticos, que produjo un 27,5% menos que en julio de 2023, el mes que se toma como referencia para la comparación.

En la parte cualitativa del informe, los empresarios manifestaron problemas con los costos energético, con el peso de los impuestos y con los precios de los insumos y el acceso a esos productos y servicios.

Estancamiento y despidos en marcha

Otro informe crítico de la semana fue la Encuesta de Supermercados del Indec, que reveló que casi nueve de cada diez empresas percibe su situación actual entre mala y normal; a la par de un 83,1% de encuestados que aseguró que su actividad cayó o en el mejor de los casos se mantuvo sin variaciones.

Consultados sobre los factores que limitan sus ventas, el 61% señaló la caída de la demanda, que está atada a la pérdida del poder adquisitivo del salario; contra un 25,4% que indicó el costo laboral.

En ese contexto, el 18,6% de los comercios consultados admitió que despedirá personal y sólo el 3,4% dijo que contratará trabajadores en los próximos tres meses.

En tanto, un 17,6% de los consultados para la Encuesta de Autoservicios Mayoristas del ente estadístico oficial, adelantó que reducirá personal y un 82,4% dijo que va a mantener su dotación. Ninguno de los mayoristas consultados esperaba contratar personal entre agosto y noviembre.

La contracción del empleo fue especialmente fuerte en la construcción, un sector de la economía virtualmente parado desde diciembre. El informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) reportó una caída de puestos del 0,4% en junio respecto a mayo, y calculó que el retroceso del segundo semestre fue del 21,3% comparado con igual tramo de 2023.

El Indec también registró las malas perspectivas de los industriales y los constructores. En su informe sobre la marcha de la industria, con datos de julio y en base a una encuesta a 5000 empresas, surgió que la mitad de los encuestados espera un retroceso de la demanda interna en el conjunto del tercer trimestre; que apuntan a eliminar stocks con una caída del uso de la capacidad instalada. De allí que un tercio de los industriales prevea una reducción de las horas trabajadas y uno de cada cuatro apunte a una reducción del personal.

En la construcción, una de cada tres firmas dedicadas a la obra pública despedirá personal hasta septiembre, mientras que entre las empresas dedicadas a la construcción privada, las perspectivas son de estancamiento.

Fuente: Tiempo Argentino

Con esta medida, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público.

El presidente Javier Milei implementó nuevas restricciones sobre el acceso a la información pública mediante un decreto que modifica sustancialmente las reglas que regían hasta ahora. Bajo este nuevo marco, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público y, por lo tanto, ser divulgada.

El Decreto 780/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece los nuevos parámetros que limitan el acceso de los ciudadanos, ya sea de manera individual, colectiva o a través de la prensa, a los datos sobre la administración nacional. Estas modificaciones alteran significativamente la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se basa en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual garantiza este derecho a través de los tratados internacionales reconocidos en el inciso 22 de dicha norma.

Aunque el decreto reconoce la importancia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, la promoción de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, también reduce drásticamente los límites para que la administración de La Libertad Avanza dé a conocer solo aquello que el presidente considere apropiado.

Por ejemplo, el decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, como lo que suceda en la Quinta de Olivos en reuniones familiares, la existencia de mascotas, o visitas íntimas que no estén directamente relacionadas con la gestión gubernamental. También prohíbe la difusión de deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares, lo que significa que las anotaciones personales tomadas durante reuniones o en agendas no se considerarán documentos del Estado ni estarán disponibles para revisión.

Además, el decreto fija un período de 10 años durante el cual se mantendrán confidenciales datos que se clasifiquen como secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. También protege el secreto financiero y los datos manejados por el Banco Central, permitiendo que el Ministerio de Economía se ampare en estas nuevas disposiciones para negar pedidos de información, como aquellos relacionados con la salida de lingotes de oro de la reserva nacional.

La norma deja mucho margen a la discrecionalidad del gobierno, al no especificar qué se considera “razonable” en términos de mantener información en secreto. Esto permite que el gobierno decida arbitrariamente qué información debe ser protegida, bajo argumentos como que posee “valor comercial” o que es “secreta” por medidas razonables.

Sin embargo, el decreto incluye una excepción: en causas judiciales que investiguen violaciones graves a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no se aplicarán estas restricciones, y las autoridades estarán obligadas a proporcionar la información requerida en el marco de dichas causas.

Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia penal contra Javier Milei. La acusación señala a la Fundación Acordar como un centro de actividades ilícitas durante años.

En un giro que suma otro capítulo al extenso historial de conflictos políticos judicializables en Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta una grave denuncia penal presentada por el activista Juan Ricardo Mussa, conocido por su incansable lucha contra la corrupción. La acusación, que recayó en el Juzgado Federal N° 8 bajo el expediente CFP 3540/2024, incluye cargos por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación ilícita.

Mussa no solo apunta a Milei, sino que también involucra a figuras de renombre como el ex gobernador Daniel Scioli, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Eduardo Eurnekián, alegando la existencia de una red de corrupción que habría operado durante años. Según la denuncia, estos delitos incluyen desde cohecho y tráfico de influencias hasta falsificación de documentos y lavado de dinero.

El rol de la Fundación Acordar en las acusaciones

Un aspecto central de la denuncia es la supuesta conexión de Milei con la Fundación Acordar, una organización promovida por su amigo cercano y jefe de gabinete, Guillermo Francos. Según Mussa, esta fundación, que en apariencia funcionaba como un centro de estudios económicos, habría sido utilizada como fachada para actividades corruptas, facilitando irregularidades financieras y conexiones con otros actores políticos y económicos, incluidos Daniel Scioli y su hermano José Scioli.

La denuncia sugiere que la Fundación Acordar se convirtió en un foco de operaciones financieras turbias, muchas de las cuales estarían vinculadas a la administración del Banco Provincia durante la gestión de Francos. Además, Mussa cuestiona la transparencia en el manejo del poder ejecutivo, destacando cómo figuras como Ricardo Echegaray habrían permitido que delitos graves se desdibujen como simples contravenciones.

Repercusiones políticas y solicitudes de Mussa

En su presentación, Mussa no solo solicita que se convoque a declarar a los implicados, sino que también pide juicios políticos para todos los acusados. Además, exige que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto y aborde las graves implicancias de esta denuncia. Para reforzar su acusación, Mussa sugiere que periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon, cuyo trabajo ha revelado detalles cruciales sobre las actividades de los acusados, también sean llamados a declarar.

“La peor parte del contexto nacional se lo están llevando los ricos, los están masacrando” afirmó el diputado libertario.

El veto total a la ley de movilidad jubilatoria ejecutado por el presidente Javier Milei sigue teniendo diversos coletazos en el mundo de la política. En esta ocasión, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch, defendió la medida del mandatario y afirmó que la peor parte del contexto nacional se lo están llevando “los ricos”.

¿Por qué bajarles impuestos a los ricos? A los ricos los están masacrando. Tenemos que salir un poco del dogma que nos machacaron muchos políticos para perpetuarse en el poder”, aseguró Benegas Lynch en declaraciones radiales.

En tanto, el diputado agregó que “hay que salir de esta cuestión de que el rico es rico porque el pobre es pobre. Y vos sos el postergado y yo me pongo la capa de justiciero y habló de la justicia social: le saco a uno para darle a otro”.

Javier Milei decidió vetar totalmente la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso. El presidente firmó el decreto en la noche del viernes, pero ya lo tenía preparado hace tiempo.

Javier Milei se reunió en Casa Rosada con legisladores para vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria de manera total, como ya había anunciado. Desde el gobierno sostienen que la ley interfiere en las cuentas fiscales y el plan económico. 

“Hace dos meses dije que si los degenerados fiscales que están en el Congreso quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar” sostuvo el presidente en los 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

El decreto del veto será presentado el lunes en el Boletín Oficial. Milei recibió el apoyo para ratificar el veto presidencial por parte de los diputados y senadores de la Libertad Avanza.

La Ley de Movilidad Jubilatoria obtuvo 61 votos positivos y 8 negativos, establece un aumento de las jubilaciones  en un 8,1 por ciento y supone una actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC).

Apoyo de Macri

El expresidente Mauricio Macri respaldó en su momento el veto anunciado por Javier Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso. “Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”, había planteado en una breve publicación en sus redes.

Las declaraciones juradas de Mondino, Cúneo Libarona, Luis Caputo y Sturzenegger, muestran los patrimonios de los funcionarios libertarios, pero los mismos podrían ser mucho más abultados de lo oficialmente declarado.

Federico Sturzenneger presentó su declaración jurada y se convirtió en el cuarto funcionario más rico del Gabinete de Javier Milei, con un patrimonio de $1.770 millones. El tercer lugar es para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con $2.307 millones; y en el segundo puesto se ubica el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien declaró $6.627 millones. La canciller, Diana Mondino, supera a todos los demás con $9.854 millones. 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo creado en 2024 por la gestión de La Libertad Avanza, fue el último en presentar su declaración jurada. Y hubo un dato que llamó la atención: el 78% de su patrimonio total está compuesto por depósitos en el exterior. Sin embargo, no es el único que tiene dinero fuera de la Argentina. 

La fortuna de Mondino está compuesta por dos casas en Argentina, lotes de terrenos, inmuebles rurales con vivienda, un Mercedes Benz C250, depósitos en el país por un valor de $16.788.802, así como $86.324.667 en el exterior. Además, declaró acciones, títulos y bonos de diferentes compañías. 

Cúneo Libarona, por su parte, declaró veinticuatro departamentos (uno en Miami, Estados Unidos), seis casas (una en Uruguay), dos autos (un Audi Q5OT y una Honda Rural CRV LX) y depósitos en el exterior por un valor de $4.984.470.317,93.

Los bienes de Caputo, por su parte, se componen de tres cocheras, dos departamentos, tres terrenos y un inmueble rural sin vivienda. Además, declaró tres autos (dos Kia Carnival Ex y un Volvo XC90 T6 AWDI), un gomón, un yate y un cuatriciclo. Casi la totalidad de su dinero está en depósitos en el exterior. También posee títulos públicos y privados en el país por cifras no del todo establecidas.

La presentación de Sturzenegger desplazó del tercer puesto a Guillermo Francos, quien al asumir en el gobierno declaró una fortuna de $334.417.959,31. Lo sigue Patricia Bullrich, con un patrimonio de $55.895.701,80. 

El presidente de la Nación está en el puesto 7. Cuando asumió, Milei declaró un patrimonio de $54.762.270,23 entre ahorros, inmuebles y vehículos. Apenas se conoció el documento se lo comparó con el que había presentado como diputado nacional en 2022. Si bien fue el año con la inflación más alta en tres décadas, el crecimiento patrimonial del libertario fue notable ya que prácticamente duplicó su fortuna, que rondaba los $21 millones. 

Muy por debajo del resto se encuentran la ministra de Capital Humano y los ministros de Salud y Defensa. Sandra Pettovello declaró $52.313.872,98; Mario Russo, $48.536.240,85; y Luis Petri $15.378.999,14. 

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, también se ubica de la mitad de tabla para abajo: declaró bienes por un total de $4.318.740,50​, entre los que se destacan un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, $900.000 en efectivo y U$S 2.000 también en billete.

Karina Milei, la hermana y mano derecha del Presidente, declaró un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López valuado en $1.415.525,36 (heredado) y cuentas con dólares y pesos. 

Fuente: Perfil

La mayoría de los argentinos tienen una imagen negativa de “El jefe”. Preocupa en el Gobierno porque es la armadora nacional y posible candidata a jefa de Gobierno.

Una encuesta de Synopsis reveló que la imagen negativa de Karina Milei roza el 60% y que la imagen positiva de su hermano el presidente bajó al 41,9%.

El sondeo, al que accedió LPO, reveló un dato preocupante para la Rosada, que es la pésima imagen que acumuló en tan solo 9 meses “El jefe”, como le dice Javier Milei a la secretaria general de la presidencia, la funcionaria más importante del gobierno libertario.

Karina, que es la armadora nacional de La Libertad Avanza y posible candidata a jefa de gobierno en la Ciudad, tiene menos del 25% de imagen positiva. Su rechazo es aún superior al de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Milei, en tanto, acumuló para agosto una imagen negativa del 52 por ciento, tres puntos más que el mes anterior. Su imagen positiva cayó un punto y medio respecto de julio.

La encuesta también midió el índice de “paciencia” de la gente, que cayó más de cuatro puntos de julio a agosto. Según Synopsis, sólo el 34,2 está dispuesto a esperar “mucho más” que el gobierno de Milei produzca resultados.

Fuente: LPO y Synopsis

Florencio Varela se encuentra en estado de conmoción tras el sorpresivo cierre de la fábrica Fabio Hnos, un ícono industrial que desde 1951 se dedicaba a la fabricación de bulones, tuercas, arandelas y piezas especiales.

Los empleados, en su mayoría vecinos de Varela, se encontraron con una escena desoladora al llegar a la fábrica: los portones estaban cerrados sin previo aviso, y hasta el mediodía no habían recibido una explicación oficial sobre lo sucedido. A la espera de la intervención de los abogados, los trabajadores se agolpan en la entrada, con la incertidumbre marcando sus rostros.

Según reporta el medio regional,  InfoSur, poco después supieron que se trataba del cierre de la histórica metalúrgica. Incluso, se menciona que la actividad de la empresa podría seguir con la planta que tienen en la provincia de San Luis.

La fábrica Fabio Hnos era conocida por sus rigurosos controles de calidad y su capacidad para llevar adelante todo el proceso de producción internamente, desde la fabricación y templado hasta el recubrimiento electrolítico de las piezas. Con maquinaria de última generación y un personal altamente capacitado, la empresa se enorgullecía de su Certificación ISO 9001:2008, que garantizaba la excelencia en cada producto.

Crisis de consumo y obreros en la calle

Sin embargo, la persistente crisis del consumo y las dificultades económicas que afectan al país con la gestión de Javier Mileii terminaron por asestar el golpe final. A pesar de contar con tecnologías de punta y un equipo comprometido, Fabio Hnos aparentemente no logró resistir la presión del mercado, convirtiéndose en la última víctima de una cadena de cierres que viene golpeando a la industria nacional.

Este cierre deja a 76 familias en la incertidumbre, y a Florencio Varela sin una de sus fábricas más emblemáticas. Los trabajadores esperan respuestas y soluciones mientras el futuro de la planta, y el de sus empleos, pende de un hilo.

El Ministerio de Economía tiene previsto autorizar un nuevo incremento de la tarifa de los servicios. En agosto los precios habían subido 4 puntos.

El Gobierno prepara un nuevo aumento en las tarifas de gas y luz para el mes de septiembre de un 4% en promedio, que acompañará a la suba prevista para el servicio de agua. El incremento llegará en un contexto en el que se prevé una nueva desaceleración de la inflación, producto de la rebaja en el Impuesto PAIS para importaciones.

El Ministerio de Economía analiza por estas horas profundizar el ajuste en las boletas de energía y de gas, en lo que denomina como un “ordenamiento” de los precios del sector, en el marco de la revisión de las cuentas públicas que contempla una reducción y eliminación de subsidios.

Bajo este paraguas, el ministro Luis Caputo volverá a autorizar un aumento del precio que le llegará a los usuarios, tanto para el consumo de tarifas de luz como también de gas. La suba prevista tendría un impacto del 4% en el precio final para ambos servicios, según estimaciones oficiales.

Cabe recordar que, tal como había adelantado Ámbito a principios del mes pasado, el Gobierno dispuso que las tarifas de luz y gas tengan un aumento cercano al 4% para el mes de agosto. Según estudios privados, las tarifas de los servicios públicos se encuentran lejos de cubrir los costos. En promedio, se paga el 40% de la de electricidad, 32% de la de gas y un 94% en el caso del agua, según Ecolatina.

Fuente: Ámbito

Según alertaron desde el bloque de UP de Nueuquén, la garrafa subirá más de 30% y puede afectar a los sectores más vulnerables.

El bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria de Neuquén presentó un proyecto de declaración en contra de la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de eliminar el tope de precios en la venta de garrafas de gas.

La iniciativa advierte sobre las consecuencias que el nuevo valor podría tener para la población sin acceso a una red de gas natural y solicita al Poder Ejecutivo provincial la adopción de medidas que garanticen un precio razonable para los hogares más vulnerables.

Según detallaron desde la UP neuquina, el proyecto fundamenta su postura en la Resolución 216, dictada por el organismo nacional, que implica un aumento del 31,8% en el precio de una garrafa de 10 kilogramos, llevando su valor a $8.500.

Además, señala que los precios en el interior de Neuquén son aún más elevados: en barrios del sur de Neuquén, el costo por garrafa varía entre $11.000 y $15.000, mientras que en Chos Malal alcanza los $20.000, y en Bajada del Agrio, cerca de $25.000.

“Grave error de Javier Milei liberar el precio tope de las garrafas de gas”, aseguró el presidente del bloque, Darío Martínez. “Esta decisión afectará directamente a quienes ya están en una situación precaria por no tener acceso al gas de red. Es inaceptable que en una provincia que lidera la producción de gas, tantas familias sigan sin este servicio esencial”, agregó el exsecretario de Energía de la Nación.

Además, el diputado Martínez destacó que “asegurar el gas de red debería ser una prioridad absoluta para el gobierno provincial. Todos los neuquinos y neuquinas merecen ser ciudadanos de primera, vivan donde vivan”.

El proyecto fue ingresado por Mesa de Entradas el 23 de agosto, con las firmas de los legisladores Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli (UxP).