Una nueva factura por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este volvió a encender alarmas y profundiza una situación cada vez más comprometida para el jefe de Gabinete, en medio de inconsistencias, versiones cruzadas y crecientes dudas judiciales.

El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por un broker aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del viaje de ida a través de una de sus empresas. El documento presenta irregularidades tanto en la fecha como en el monto, y se suma a una trama que no deja de complejizarse y que complica cada vez mas la situación del funcionario libertario.

La investigación judicial sobre los vuelos privados de Adorni incorpora así un nuevo elemento que pone el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su entorno cercano. El broker Agustín Ismel Issin, quien figura en documentación previa vinculada a paquetes de vuelos, aparece nuevamente como intermediario en la operación.

Según los registros, Issin —piloto y socio en Jag Aviation— adquiere paquetes de vuelos para su reventa a clientes privados. Una factura anterior, emitida en febrero por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso del funcionario. En paralelo, ya se había conocido otro comprobante por el vuelo de ida, por 4.830 dólares, emitido a una productora vinculada a Grandio, quien además habría alojado a Adorni durante su estadía en Uruguay.

El nuevo documento, emitido el mismo día en que el caso tomó estado público, consigna únicamente el tramo “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO” por un valor de 3.000 dólares, una cifra inferior al trayecto inicial. En el sector aeronáutico no descartan que su emisión haya sido una reacción a la repercusión mediática del caso, lo que agrega más interrogantes.

En este contexto, la Justicia espera que Grandio presente los comprobantes de la transferencia que respalden ese pago, mientras crecen las dudas sobre la trazabilidad del dinero.

Las explicaciones brindadas hasta ahora no hicieron más que aumentar la confusión. Grandio ofreció versiones contradictorias: primero aseguró que Adorni había pagado el vuelo, luego que el gasto fue compartido y finalmente que se cubrió con fondos estatales. A pesar de afirmar que cuenta con documentación, aún no la presentó.

Por su parte, Adorni sostiene que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que respalden esa afirmación.

Issin, en tanto, confirmó su rol como intermediario y señaló que la empresa operadora fue AlphaCentauri, mientras que Jag Aviation comercializó los vuelos. La aeronave utilizada habría sido un Honda Jet matrícula LV-HWA, visible incluso en registros audiovisuales difundidos en medios.

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, avanza con pedidos de información a organismos públicos y privados. Sin embargo, algunas empresas ya advirtieron que no conservan registros de cámaras por más de 30 días, lo que podría dificultar la reconstrucción completa de los hechos.

Con cada nueva evidencia, el caso suma capas de complejidad y deja a Adorni en una posición cada vez más delicada, bajo la lupa judicial y con interrogantes aún sin respuesta.

Documentos contables oficiales confirman que el IOSFA contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa.

Los informes, a los que se accedió de manera exclusiva, desmienten de forma categórica la narrativa libertaria que intenta atribuir la crisis actual a la herencia del gobierno de Alberto Fernández.

Lejos de un escenario de colapso, los números de 2023 reflejan una situación financiera robusta: el resultado del ejercicio creció un 5,4% hasta alcanzar los $13.289 millones, mientras que el patrimonio neto registró un incremento del 67,8%, cerrando en $32.260 millones. A su vez, el flujo de efectivo mostró un saldo positivo con un aumento de $4.327 millones, revirtiendo la caída registrada en 2022. La liquidez inmediata, en tanto, se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones.

Este cuadro evidencia que Petri recibió una obra social con cuentas ordenadas, capacidad de ahorro y margen de maniobra frente a un contexto inflacionario adverso. Sin embargo, ese escenario se deterioró rápidamente hasta desembocar en una crisis que hoy se traduce en el corte de prestaciones de salud para militares activos y retirados.

Las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria aparecen en el centro de las críticas. Darío Díaz Pérez, ex titular del IOSFA durante la administración anterior, había advertido que una de las medidas más graves fue la suspensión del pago de reintegros, afectando directamente a afiliados que deben afrontar gastos urgentes por fuera de la cobertura. “Estamos hablando de personal en actividad y retirados, muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Desde dentro del propio organismo, las denuncias son aún más contundentes. Fuentes actuales del IOSFA aseguran que no solo se consumió el superávit heredado, sino que además se contrajeron deudas millonarias: un crédito de $14 mil millones con el IAF durante la presidencia de Oscar Sagás, seguido por otro de $42 mil millones bajo la gestión de Roberto Fiocchi, ambos sin cancelar. La llegada posterior de Betina Surballe habría intentado contener las consecuencias de estas maniobras.

En este contexto, la crisis ya no se limita a los balances: se expresa en protestas de efectivos sin cobertura médica y en el plano judicial, tras la denuncia presentada por Lourdes Arrieta que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

El contraste entre el superávit heredado y el actual descalabro financiero no solo pone en cuestión la gestión de Petri, sino que instala una sospecha cada vez más extendida: la crisis del IOSFA no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que hoy están bajo la lupa por su posible impacto en el vaciamiento de la obra social.

El abogado querellante en la causa $LIBRA, Martín Romeo, aseguró que la investigación ya reúne a más de un centenar de damnificados y un volumen millonario de pérdidas, al tiempo que apuntó directamente contra el entramado que vinculó el proyecto con Javier Milei. “La estafa funcionó, pero se les fue de las manos. No calcularon la visibilidad que tiene Milei en redes sociales”, afirmó, en lo que consideró una síntesis del desborde que terminó exponiendo la maniobra. “¿Vos te pensás que con la cantidad de dinero que se llevaron Karina hubiera aceptado U$D5.000.000?”, ironizó.

Romeo explicó que la querella representa a 102 personas, con pérdidas que alcanzan los 5 millones de dólares, y que ahora esperan la validación individual de cada damnificado por parte de la Cámara. En ese universo, detalló, hay casos de inversores que perdieron 500 mil dólares y hasta fondos que registraron caídas de 2 millones. “Son cifras que a veces generan poca empatía, pero estamos hablando de un presidente que promovió este proyecto para financiar pymes”, remarcó.

El abogado sostuvo que las advertencias existieron desde el inicio. “Desde el minuto uno hubo gente que intentó avisarle al presidente que se trataba de estafadores de poca monta”, indicó. Como ejemplo, mencionó el intercambio entre Maxi Firtman y Demian Reidel en redes sociales, donde —según explicó— se alertaba sobre las irregularidades sin que eso derivara en una reacción.

En su reconstrucción, Romeo ubicó como antecedente clave a CoinX, el fondo cripto que sirvió de puente para el acercamiento entre Mauricio Novelli y Milei y que luego se comprobó fraudulento. “Ofrecía entre 6% y 10% de interés mensual. Cualquiera que supiera lo básico podía ver que era imposible”, señaló.

Sobre Novelli, el querellante fue contundente: “Hoy está muy complicado y es el hombre más odiado de la Argentina”. Afirmó además que las pruebas lo ubican como el eje de la operatoria y cuestionó la falta de avances judiciales: “Si no está preso es porque el fiscal Taiano avanza lento”.

Romeo también planteó que, a lo largo de la causa, se fue construyendo un perfil de los involucrados que incluye al propio Presidente. “Milei es alguien que históricamente ha devuelto favores personales, y ahora lo hace desde un rol institucional”, sostuvo.

En esa línea, recordó el vínculo temprano entre Novelli y el actual mandatario. “Cuando Milei estaba en un momento complicado, Novelli se convierte en uno de los primeros aportantes de su campaña. Era un chico de 28 años, sin la capacitación necesaria y con una obsesión desmedida por la plata”, afirmó.

El abogado agregó que existen elementos que apuntan a un sistema de pagos para acceder al Presidente. “Nos consta que había dinero de por medio para conseguir reuniones con Milei. En los chats de Novelli está toda la información”, aseguró, y consideró clave una eventual indagatoria: “Es muy importante lo que pueda decir, llama la atención que el fiscal todavía no lo cite”.

Irán endureció su postura y lanzó una contundente respuesta contra las declaraciones belicosas del presidente Javier Milei, al condenar su “apoyo descarado” a la guerra y acusarlo de intentar desviar la atención del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

En una jornada atravesada por fuertes tensiones internacionales, el gobierno argentino recibió señales opuestas desde Medio Oriente: mientras Israel respaldó su alineamiento en el conflicto, fue Irán quien redobló la presión diplomática y elevó el tono de las críticas.

La reacción de Teherán se da en el marco de una escalada que comenzó cuando Milei calificó a Irán como un país vinculado al terrorismo en su discurso ante el Congreso. Desde entonces, el mandatario no solo reafirmó su apoyo a Estados Unidos y a Israel, sino que incluso celebró un eventual cambio de régimen iraní, sugirió la posibilidad de envío de fuerzas argentinas a la guerra en curso y se definió como “el presidente más sionista del mundo”, tocando uno de los puntos más sensibles para la República Islámica.

El conflicto internacional —desatado tras la ofensiva militar ilegal y unilateral iniciada por Estados Unidos a fines de febrero— sigue sin un horizonte claro y ha generado repercusiones políticas incluso en Washington, donde la administración de Donald Trump enfrenta tensiones internas.

En este contexto, la respuesta iraní fue directa y sin matices. Zahra Ershadi, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó los dichos del mandatario argentino como “insultantes, hostiles y antiiraníes” y sostuvo que su posicionamiento constituye una violación del derecho internacional.

“El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales”, afirmó la funcionaria.

Pero el señalamiento no se limitó al plano externo. Desde Teherán también vincularon el discurso de Milei con la situación interna argentina, al advertir que busca “desviar la opinión pública” de los problemas económicos y de los resonantes casos de corrupción cercanos a su entorno.

En particular, mencionaron el impacto del caso $LIBRA, que volvió a tomar relevancia en los últimos días, y el deterioro de indicadores como la inflación y el empleo, en un escenario marcado por el ajuste y la caída de la actividad.

Finalmente, Irán introdujo un elemento adicional de presión al advertir sobre una posible “responsabilidad internacional” de la Argentina por su alineamiento con las acciones militares de Estados Unidos e Israel, a las que considera una “guerra de agresión” ilegal. La advertencia marca un nuevo capítulo en una crisis diplomática que ya impacta de lleno en la política exterior argentina.

En el entorno de Karina Milei crece la inquietud por la posibilidad de que Manuel Adorni tenga otros episodios de su vida privada aún no expuestos, que podrían agravar el impacto político sobre Javier Milei.

El Presidente salió a respaldar a su jefe de Gabinete luego de que se conocieran nuevas revelaciones sobre un patrimonio que no habría sido declarado. A los 15 mil dólares que destinó a vuelos en apenas un mes —pese a percibir un salario de 3,5 millones de pesos— se sumó la existencia de una propiedad en el country Indio Cuá, donde los valores rondan los 150 mil dólares y pueden trepar hasta los 250 mil.

“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, publicó Adorni en redes sociales junto a una imagen con Milei, quien posó con un mameluco de YPF y su habitual gesto ante cámara. Dentro del oficialismo, sin embargo, generó malestar el tono irónico del mensaje en medio de un contexto cargado de cuestionamientos.

“Tenemos temor de que sigan apareciendo situaciones comprometedoras”, reconoció en off un funcionario cercano a Karina Milei, el mismo sector al que responde Adorni. La desconfianza hacia el jefe de Gabinete fue en aumento a medida que sus explicaciones, cambiantes, quedaron en tensión con nuevas evidencias que lo exponen a cuestionamientos éticos e incluso a posibles derivaciones judiciales.

En ese marco, a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito presentadas por Marcela Pagano podría sumarse ahora una causa por dádivas. Según reveló Clarín, el vuelo privado que utilizó para viajar a Punta del Este habría sido costeado por la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien además lo habría alojado durante su estadía en Uruguay.

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y al proceso sobre el predio estatal.

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación judicial, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de 3.650 millones de pesos para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, la denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Sospechas sobre la concesión de Tecnópolis

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

La denuncia también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que —según la presentación— podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Posibles delitos

De acuerdo con el documento al que accedió Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

El vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la escena por su patrimonio, en medio de cuestionamientos por sus gastos y su discurso contra los privilegios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suma una nueva polémica tras conocerse que una vivienda en un exclusivo country, con expensas cercanas a los $700 mil mensuales, figura a nombre de su esposa. La información generó interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario y el origen de los fondos, en un contexto donde ya venía siendo cuestionado por su nivel de gastos.

La propiedad se encuentra en un barrio cerrado de alto nivel y forma parte de un conjunto de datos que comenzaron a circular sobre los bienes vinculados al entorno familiar de Adorni. La revelación se suma a las dudas que ya habían surgido por los consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos que exceden ampliamente su ingreso declarado como funcionario público.

Más allá del detalle puntual del inmueble, el caso vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de algunos integrantes del gobierno. Adorni ha sido uno de los principales voceros de la narrativa libertaria contra “la casta” y los privilegios del Estado, lo que amplifica el impacto político de este tipo de revelaciones.

En ese marco, crecen los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno. Mientras el Gobierno insiste en la austeridad como bandera, los datos que se van conociendo alimentan la controversia y refuerzan las críticas sobre posibles inconsistencias entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre.

El Gobierno dejó trascender que estaría dispuesto a apoyar militarmente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico si así lo solicitara, pero dentro de las propias Fuerzas Armadas y del área de Defensa crecen las dudas sobre la capacidad real del país para intervenir en un conflicto de esa magnitud.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, aseguró que ante un eventual pedido de Donald Trump “cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, aunque reconoció que no existe actualmente una solicitud formal. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno evitó confirmaciones y habló de “rumores”, mientras que otras fuentes oficiales aclararon que cualquier colaboración dependería de las posibilidades concretas de la Argentina.

El escenario se da en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde no se descarta un eventual despliegue en el Estrecho de Ormuz frente a acciones de Irán. Sin embargo, desde el ámbito castrense fueron tajantes: el país no estaría en “condiciones” técnicas ni operativas para una misión de ese tipo. Incluso, desde el Edificio Libertador remarcaron que “no hay ninguna posibilidad” real de intervención.

Las limitaciones incluyen problemas estructurales como bajos salarios, falta de financiamiento y equipamiento insuficiente. Fuentes militares señalaron que, en el mejor de los casos, podría evaluarse un aporte simbólico o limitado, aunque advirtieron sobre los riesgos de involucrarse en un conflicto de alta intensidad, incluyendo posibles bajas y eventuales represalias.

A modo de ejemplo destacan la baja disposición operativa de buques de la Armada con solo algunas corbetas y un par de destructores desfazados tecnológicamente, los cuales deberían actuar bajo el paraguas de unidades más capaces que les proporcionen protección, con lo cual su participación seria sumar problemas en lugar de soluciones, en especial considerando la diversidad de amenazas a las cuales deberán hacer frente una vez arribados a la zona de operaciones. La Armada tampoco cuenta con submarinos, ni buques para desplegar tropas, el logístico ARA Patagonia un veterano petrolero de flota de origen francés, aunque podría ser un activo importante para reabastecer a otros buques, no esta plenamente operativo y apenas participa de las campañas antárticas. Mientras que los OPV de la armada están dedicados a la custodia de los propios espacios marítimos, retirarlos a otra región tan distante seria un absurdo ya que por un lado se perderían activos para la custodia del propio mar argentino contra la pesca ilegal por otra parte su aporte en Medio Oriente seria marginal ya que apenas cuentan con armamento.

Diferencias con la política de Menem en los 90s

También se marcó una diferencia clave con el antecedente de los años 90, cuando Argentina en el marco del denominado “operativo Alfil” se sumo a la coalición internacional en la operación “Escudo del Desierto” participando con unidades navales en la Guerra del Golfo bajo mandato y resolución de la ONU: en este caso, implicaría alinearse directamente en un conflicto sin ese respaldo legal internacional constituyendo un grave y peligroso antecedente para el país.

En paralelo, el alineamiento político del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel refuerza la hipótesis de apoyo, aunque hacia adentro crecen las advertencias sobre los costos políticos, estratégicos y operativos.

Un antecedente reciente es la incorporación de Argentina a la Fuerza Marítima Combinada (CMF), firmado por la entonces canciller Diana Mondino y el Ministro Luis Petri, se trata de una coalición naval liderada por Estados Unidos en Medio Oriente a la cual finalmente el país no aporto nada. La decisión fue cuestionada en ese momento por implicar el uso de recursos limitados en una región lejana y de alta conflictividad, lo que —según especialistas— expone aún más las debilidades logísticas y operativas del país frente a escenarios bélicos complejos.

El ministro de Justicia bonaerense aseguró que fue Macri quien intervino para favorecer al ex secretario de Obras Públicas y cuestionó el rol del Poder Judicial.

El ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Mauricio Macri al afirmar que fue quien permitió la liberación de José López, el exfuncionario detenido en 2016 con bolsos llenos de dinero. La declaración generó un momento de tensión en el estudio y dejó sin respuesta a los periodistas que lo entrevistaban.

“Macri sacó de prisión a López”, sostuvo Mena sin rodeos, al tiempo que planteó que la causa judicial estuvo atravesada por decisiones políticas y maniobras que exceden el plano estrictamente judicial. La frase sorprendió por su contundencia y abrió un nuevo foco de polémica sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la Argentina reciente.

Más adelante, el funcionario profundizó su postura y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, sugirió que existieron decisiones direccionadas que beneficiaron a determinados actores mientras se perseguía a otros, en una lógica que —según planteó— combinó intereses políticos y judiciales.

En el mismo tono, Mena también apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinados relatos sobre las causas judiciales. Sus declaraciones generaron incomodidad en el intercambio con los periodistas, quienes evitaron confrontar directamente con la afirmación central.

Las palabras del ministro reavivan el debate sobre la utilización política de la Justicia y el manejo de causas sensibles durante el macrismo. En particular, vuelven a poner en discusión el caso de José López, cuyo impacto mediático marcó un antes y un después en la agenda pública, pero que aún sigue generando controversias sobre su tratamiento judicial.

En un contexto de parate económico y cierre de empresas, el desempleo trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, desde el 6,4% registrado un año antes, según informó este miércoles el INDEC. La suba de 1,1 puntos porcentuales marca el nivel más alto para un cierre de año desde 2020.

En términos absolutos, la desocupación alcanzó a cerca de 1,7 millones de personas, lo que implica unos 230.000 desempleados más que a fines de 2024.

Si se toma toda la gestión de Javier Milei, el indicador pasó del 5,7% al 7,5%, con un incremento de 1,8 puntos. Aunque no se trata del pico de la actual administración —que llegó al 7,9% en el primer trimestre de ese mismo año—, sí constituye el dato más elevado para un cuarto trimestre, un período que suele mostrar mejores registros por cuestiones estacionales.

El deterioro del mercado laboral se da en paralelo a una fuerte retracción del sector privado, con más de 22.600 empresas cerradas desde el inicio del actual gobierno.