El ex jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza al PRO por alinearse con La Libertad Avanza y marcó diferencias “profundas” con Mauricio Macri. Mirá el video.

En una entrevista, Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que la relación con el macrismo está completamente quebrada y apuntó directamente contra su acercamiento a Javier Milei. “El PRO se pintó de violeta, se entregó a La Libertad Avanza, dio toda identidad”, disparó, en una de las definiciones más duras contra el rumbo que tomó el espacio que ayudó a fundar.

Más adelante, el ex jefe de Gobierno profundizó sus críticas y remarcó que ese alineamiento no solo implicó un cambio político sino también una pérdida de valores. “Si hay algo que tenía el PRO era que respetaba al que pensaba diferente. Hoy entregan un gobierno que hace de la agresión su forma de gobernar”, sostuvo, en clara alusión al estilo del oficialismo libertario.

En el mismo tono, Larreta insistió en que el partido abandonó sus principios históricos: “Muchos dirigentes del PRO perdieron valores que eran muy profundos, por eso se perdió identidad”. Y fue más allá al recordar que el espacio que fundaron “valoraba el rol del Estado y trabajaba para que funcione mejor”, en contraste con el actual apoyo a un gobierno que, según señaló, “dice que el Estado tiene que prácticamente desaparecer”.

La ruptura también alcanza a Mauricio Macri. Consultado sobre una eventual reconstrucción del espacio, Larreta fue tajante: “Tengo muchas diferencias con Macri y son profundas, no tengo ningún problema en decirlas”. Entre ellas, cuestionó el respaldo del expresidente a la actual gestión porteña y al gobierno nacional.

Finalmente, Larreta dejó en evidencia que no hay margen para recomponer el vínculo político. “Hace cuatro meses fueron a una elección totalmente entregados, subsumidos en las listas de La Libertad Avanza. Es lo último que sabemos del PRO”, concluyó, marcando un quiebre que expone cómo el avance libertario terminó por fracturar al macrismo desde adentro.

Mientras el Gobierno celebra la macro, la economía real muestra fábricas que bajan la persiana y empleo en caída.

Según un informe de la consultora Fundar, el sector privado argentino atraviesa un deterioro profundo, con un cierre masivo de empresas desde la asunción de Javier Milei. El estudio advierte sobre una contracción sostenida del entramado productivo, en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y ajuste económico que golpea de lleno a la industria y las pymes.

Los datos son contundentes: desde el cambio de gobierno ya cerraron más de 22.600 empresas empleadoras en todo el país, lo que representa una caída significativa del tejido productivo. Este proceso no solo implica la desaparición de unidades económicas, sino también un impacto directo en el empleo formal y en las economías regionales, profundizando la recesión en múltiples sectores.

El fenómeno no es aislado ni sectorial. Casos como FATE, que cerró su planta en San Fernando tras perder mercado frente a un fuerte aumento de las importaciones, o los despidos en empresas como Newsan, Whirlpool o Quilmes, muestran que la crisis atraviesa toda la estructura productiva. Detrás de este deterioro aparecen tres factores clave en los que coinciden distintos diagnósticos: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno, una combinación que remite, en varios aspectos, a la crisis posterior a la salida de la convertibilidad en 2002.

Los indicadores oficiales también reflejan la gravedad del escenario. Según el INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (52,4%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como principal limitante para la producción. En la misma línea, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,6% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2002.

A su vez, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes tensiones financieras: el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su plantilla de personal. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 644 compañías de distintos tamaños y sectores, lo que confirma la extensión del problema en todo el entramado productivo.

En este contexto, distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige el rumbo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía, los datos muestran que la supuesta recuperación aún no se materializa y convive con un deterioro profundo en la economía real. La apuesta oficial a una mejora futura contrasta con un presente marcado por fábricas que cierran, empleo que se pierde y un tejido productivo cada vez más debilitado.

Un peritaje judicial sobre el teléfono del lobista Mauricio Novelli aportó nuevas revelaciones en la causa por la megaestafa cripto vinculada a $Libra, al exponer una presunta relación económica sostenida con el entorno del presidente Javier Milei desde al menos 2021.

Los datos extraídos muestran que Novelli habría realizado pagos mensuales en dólares —mediante transferencias y efectivo— tanto a Milei como a su hermana Karina Milei. Inicialmente, durante la etapa en que Milei era diputado, los montos rondaban los 2.000 dólares y eran justificados formalmente como tareas de capacitación, aunque los audios sugieren pagos regulares que excedían ese marco.

La investigación también detectó que, ya con Milei en la presidencia, los pagos no solo continuaron sino que habrían aumentado. Registros y mensajes mencionan montos de hasta 4.000 dólares destinados a Karina Milei, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático.

Caso $LIBRA | Los pagos que exponen cómo Mauricio Novelli forjó su relación con los hermanos Milei en el camino al poder.

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— Hugo Alconada Mon (@halconada) March 17, 2026

Estas revelaciones agravan las sospechas sobre la posible vinculación directa entre el entorno presidencial y el entramado de $Libra. Además, se señala que, mientras se realizaban estos pagos, Novelli accedía a ámbitos oficiales y utilizaba la imagen presidencial para promocionar iniciativas como el Tech Forum, donde se impulsó la criptomoneda luego asociada al fraude.

La Justicia investiga si estos movimientos configuran delitos como cohecho o dádivas, en una causa que suma presión sobre el Gobierno y amplía el alcance del escándalo.

La presentación de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py no solo tuvo impacto en el plano judicial y mediático, sino que despertó un fuerte respaldo en redes sociales, donde predominó un clima favorable hacia la ex mandataria.

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 en la causa Cuadernos, la conversación digital se intensificó rápidamente. Según un informe flash de la consultora INGOB, actualizado a las 12:30 del martes 17 de marzo, se registraron más de 60 mil menciones, con más de 20 mil usuarios participando activamente entre posteos y retweets, y un alcance superior a las 3,7 millones de visualizaciones.

El dato más significativo fue el nivel de aprobación: el 58% de las interacciones en redes resultaron positivas hacia CFK. Este respaldo se dio en un contexto en el que la conversación aún se encontraba en ascenso, impulsada principalmente por dirigentes del peronismo e influencers afines, que desde el día previo promovían activamente el apoyo a CFK logrando en parte romper el cerco mediático impuesto por los grandes medios y su narrativa contraria a la ex presidenta.

El perfil de quienes participaron también refleja una base activa: el 51% de los usuarios fueron hombres y 7 de cada 10 tenían entre 25 y 44 años, una franja etaria particularmente dinámica en la discusión política digital.

Si bien el respaldo fue mayoritario, la conversación no fue homogénea. Sectores opositores, incluidas cuentas y trolls vinculados al espacio libertario y al PRO, promovieron críticas hacia Kirchner y sus declaraciones. Entre las voces más destacadas del contrapunto apareció Patricia Bullrich, quien se sumó al debate desde una posición crítica.

No solo la justicia investiga la estafa Libra que tendría como “responsable necesario” nada menos que al presidente Javier Milei. Una comisión en el Congreso Nacional arribó a estas 8 conclusiones clave sobre el escándalo:

1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al Fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

8. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.

El aumento de la mora golpea con fuerza al ecosistema fintech y tiene en Ualá su caso más observado. Según datos basados en el BCRA difundidos en la plataforma X los impagos en el segmento bancario de la compañía rondan el 43%, mientras que en el negocio no financiero escalan hasta el 63%, un nivel que encendió alertas en el mercado.

Desde la empresa relativizan esas cifras y atribuyen el desbalance a cambios en su modelo de negocio. Aseguran que a mediados del año pasado discontinuaron la originación de créditos bajo el esquema peer-to-peer y trasladaron su cartera de mejor calidad al banco propio, que hoy concentra la colocación de préstamos.

En ese marco, sostienen que, una vez depurada la información reportada al regulador, los niveles de mora se ubican en torno al 18% en enero y 17% en febrero. Sin embargo, también en redes, muchos usuarios contaron que quisieron retirar fondos de la aplicación y hay muchas demoras.

Según explican fuentes de la compañía, la cartera residual del negocio no financiero quedó compuesta mayormente por clientes en mora y sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores al día, lo que distorsiona de forma significativa los indicadores.

Cristina denunció la selectividad del Poder Judicial y contrastó la persecución en su contra con la ausencia de causas sobre la deuda con el FMI.

En el tramo final de su declaración, Cristina Fernández de Kirchner amplió el foco y vinculó el funcionamiento del Poder Judicial con las decisiones económicas de los últimos años. En ese marco, cuestionó la ausencia de investigaciones sobre el endeudamiento externo y apuntó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri.

Más adelante, la ex presidenta puso el eje en el rol del ex ministro de Finanzas Luis Caputo y denunció que no existe ninguna causa judicial relevante sobre el destino de los fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “No sabemos dónde se fueron 20 mil millones de dólares”, afirmó, marcando el contraste con la persecución judicial que —según planteó— recae sobre dirigentes políticos.

En el mismo tono, sostuvo que los montos más significativos de presunta irregularidad no se encuentran en la obra pública sino en el sistema financiero: “Las cifras más brutales están en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, en las comisiones de deuda”, remarcó. Así, planteó que existe una selectividad en la acción judicial que evita investigar áreas clave del poder económico.

Con el mismo énfasis, Cristina condicionó su participación en el proceso judicial y lanzó una definición política: aseguró que recién considerará responder preguntas cuando la Justicia cite a declarar a Macri, Caputo u otros funcionarios por el endeudamiento. “Ese día les voy a contestar preguntas”, advirtió, denunciando que el actual escenario judicial funciona como “un circo” orientado a legitimar decisiones ya tomadas.

Finalmente, la ex mandataria cerró con una advertencia de tono crítico sobre la situación económica y social. Señaló que, más allá de las maniobras judiciales y mediáticas, la realidad material terminará imponiéndose: “La gente necesita vivir”, afirmó. Así, vinculó la persecución judicial con un modelo económico que —según su visión— se sostiene mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría.

Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.

Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.

En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.

Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.

Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.

El escándalo por la criptomoneda Libra dejó a Manuel Adorni en una posición incómoda dentro del Gobierno de Javier Milei, pero también lo convirtió en una figura difícil de desplazar. Puertas adentro reconocen que su continuidad no responde solo a una cuestión política, sino a un dato más sensible: lo que sabe.

Cerca de Javier Milei admiten que el vocero estuvo en la Quinta de Olivos en el momento en que se desarrollaron los hechos vinculados a Libra. Esa presencia lo ubica dentro del circuito de información y decisiones en torno al episodio, lo que complica cualquier intento de apartarlo sin generar un efecto indeseado.

En términos concretos, en el oficialismo entienden que Adorni no es un actor periférico en esta historia. Por el contrario, su cercanía al Presidente y su rol en la comunicación lo convierten en alguien que pudo haber tenido conocimiento directo o indirecto de lo ocurrido. Por eso, desplazarlo no sería una decisión neutra: podría abrir interrogantes sobre qué sabía y cuándo.

“Si lo echás, el problema no se cierra, se agranda”, resumió un funcionario con acceso al círculo más cercano del poder. La frase sintetiza el dilema: sostenerlo implica pagar un costo político, pero removerlo podría escalar el conflicto.

Además, la lógica interna del Gobierno refuerza esa decisión. Adorni forma parte del núcleo de confianza que rodea a Milei, donde también juega un rol clave Karina Milei. En ese esquema, las responsabilidades aparecen compartidas y cualquier movimiento individual corre el riesgo de exponer al conjunto.

Así, más allá de las críticas internas por el manejo del tema, el Gobierno opta por sostener al vocero. No tanto por su desempeño, sino por el delicado equilibrio que impone el caso Libra: en un contexto donde la información es poder, quienes pueden tener datos sensibles se vuelven, también, difíciles de reemplazar.

El escándalo por la criptoestafa vinculada a la moneda $LIBRA volvió a escalar con la reactivación de la comisión investigadora del Congreso, que ahora busca profundizar en base a las nuevas revelaciones que comprometen al presidente Javier Milei.

La decisión fue impulsada este lunes por el diputado opositor Maximiliano Ferraro, quien anunció la creación de una comisión “ad hoc” para analizar información reciente difundida por la prensa. Según el legislador, el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda LIBRA “no fue improvisado”, sino una operación planificada y coordinada.

El caso se remonta a febrero de 2025, cuando Milei difundió en la red X el proyecto de esta criptomoneda, cuyo valor se disparó brevemente antes de desplomarse, generando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores. En ese momento, el mandatario negó haberla promovido y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Sin embargo, la investigación parlamentaria retomada ahora se apoya en nuevas pruebas, entre ellas un peritaje judicial al teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, señalado como cercano al oficialismo. De acuerdo con estas revelaciones, existirían comunicaciones directas entre el entorno presidencial —incluida Karina Milei— y los impulsores del proyecto, incluso en los minutos previos al lanzamiento.

También trascendió un supuesto borrador de acuerdo con Hayden Davis que contemplaría pagos millonarios a cambio de la promoción de la criptomoneda, lo que agrava las implicancias sobre el caso.

En paralelo, el foco de la comisión no solo apunta a las responsabilidades políticas, sino también al accionar judicial. Ferraro anunció que denunciará al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento, lo que añade una nueva dimensión al conflicto.

Con la comisión nuevamente en marcha, el Congreso reabre una investigación que combina denuncias de estafa, posibles conflictos de interés y cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, en un escenario que podría tener fuertes repercusiones políticas para el gobierno.