El escándalo por la criptoestafa vinculada a la moneda $LIBRA volvió a escalar con la reactivación de la comisión investigadora del Congreso, que ahora busca profundizar en base a las nuevas revelaciones que comprometen al presidente Javier Milei.

La decisión fue impulsada este lunes por el diputado opositor Maximiliano Ferraro, quien anunció la creación de una comisión “ad hoc” para analizar información reciente difundida por la prensa. Según el legislador, el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda LIBRA “no fue improvisado”, sino una operación planificada y coordinada.

El caso se remonta a febrero de 2025, cuando Milei difundió en la red X el proyecto de esta criptomoneda, cuyo valor se disparó brevemente antes de desplomarse, generando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores. En ese momento, el mandatario negó haberla promovido y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Sin embargo, la investigación parlamentaria retomada ahora se apoya en nuevas pruebas, entre ellas un peritaje judicial al teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, señalado como cercano al oficialismo. De acuerdo con estas revelaciones, existirían comunicaciones directas entre el entorno presidencial —incluida Karina Milei— y los impulsores del proyecto, incluso en los minutos previos al lanzamiento.

También trascendió un supuesto borrador de acuerdo con Hayden Davis que contemplaría pagos millonarios a cambio de la promoción de la criptomoneda, lo que agrava las implicancias sobre el caso.

En paralelo, el foco de la comisión no solo apunta a las responsabilidades políticas, sino también al accionar judicial. Ferraro anunció que denunciará al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento, lo que añade una nueva dimensión al conflicto.

Con la comisión nuevamente en marcha, el Congreso reabre una investigación que combina denuncias de estafa, posibles conflictos de interés y cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, en un escenario que podría tener fuertes repercusiones políticas para el gobierno.

Dos recientes informes, uno de Zuban Córdoba y otro de Pulso Research coinciden en que la opinión pública muestra un saldo negativo para el Gobierno nacional.

Según los estudios, este deterioro está impulsado por la crisis económica y por los escándalos de corrupción, entre ellos la causa ANDIS —con las presuntas coimas del 3%— y la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA.

El informe advierte que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública, con una brecha cercana a los 20 puntos entre rechazo y apoyo. Apenas el 35,4% respalda al oficialismo a nivel nacional, lo que refleja una caída sostenida tras el breve repunte registrado luego de las elecciones legislativas de 2025.

Tras las elecciones legislativas del 25, el gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%
En los últimos meses la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción. pic.twitter.com/B7Twoa4w9c

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) March 16, 2026

Según las consultoras, en los últimos meses la desaprobación volvió a crecer con fuerza, impulsada por el deterioro económico y una serie de causas que erosionaron la credibilidad del Gobierno. Entre ellas, se destacan la investigación por la criptomoneda $LIBRA —difundida por el propio Presidente y que derivó en pérdidas para inversores— y la causa ANDIS, donde se investigan presuntas coimas del 3% que habrían involucrado a Karina Milei.

El desgaste también se refleja en otros sondeos. Un relevamiento de Pulso Research mostró que, por primera vez, más argentinos responsabilizan al actual Gobierno por la crisis económica (46,9%) que a la gestión anterior de Alberto Fernández (41,6%). Además, la aprobación de la gestión cayó a 37,2%, mientras que el rechazo alcanzó el 54,8%, el nivel más alto desde que se mide.

En paralelo, el malestar social también impacta en la imagen de los principales dirigentes. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof aparecen con mejor imagen que Milei, en un contexto donde incluso figuras del oficialismo como Patricia Bullrich o el expresidente Mauricio Macri registran altos niveles de rechazo.

Así, entre la crisis económica y las denuncias de corrupción, la gestión de Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos, con indicadores en caída y una opinión pública cada vez más adversa.

El escándalo por la estafa Libra, una cripto promocionada por el propio Javier Milei que generó un negocio fenomenal. Ahora se saben detalles impresionantes: el presidente y su hermana Karina Milei habrían cobrado 5 millones de dólares para llevar adelante el negocio. Todas las claves:

1. Milei habría percibido unos 5 millones de dólares por promocionar la criptomoneda Libra. En el celular del empresario Mauricio Novelli, peritos del Ministerio Público hallaron un documento que describe un supuesto acuerdo para que el mandatario impulsara el token. El texto fue redactado tres días antes del tuit con el que Milei difundió la moneda, cuyo valor primero se disparó y luego se desplomó.
2. Ese documento menciona pagos por 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones por la promoción en redes sociales y 2 millones adicionales tras la firma de un contrato de asesoría. En uno de los pasajes se señala: “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, en posible referencia al empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado al proyecto.
3. Los peritajes al teléfono de Novelli también detectaron llamados y mensajes con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo en torno al lanzamiento de Libra. Solo entre el 14 y el 15 de febrero de 2025 se registraron al menos cinco comunicaciones entre Milei y Novelli previas al lanzamiento, y unas veinte posteriores. Además, hubo contactos con el entonces jefe de asesores Demián Reidel y cerca de 200 llamadas en total durante ese fin de semana. Toda esta información estuvo en poder del fiscal Eduardo Taiano desde el año pasado pero no se quiso avanzar porque era año electoral.
4. El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó la criptomoneda Libra a través de su cuenta en X, en el marco del proyecto “Viva La Libertad Project”. El activo digital, presentado como una herramienta de financiamiento para empresas argentinas, tuvo una suba inicial muy fuerte y luego una caída abrupta. Cuatro horas después, el Presidente eliminó el posteo y afirmó no tener vínculo con la iniciativa.
5. El caso escaló cuando la periodista y abogada Natalia Volosin difundió un borrador del supuesto acuerdo entre Milei y Davis, junto con un comprobante de una transferencia por 250 mil dólares realizada por María Pía Novelli —hermana de Mauricio Novelli— a Kelsier Ventures, la firma de Davis. Según Volosin, esos documentos estaban en poder de la fiscalía desde noviembre pasado. Tras más de un año de investigación, la primera citada a declarar en el juzgado de María Servini es la propia periodista.
6. En paralelo, abogados de Estados Unidos que representan a damnificados por la criptomoneda evalúan impulsar una investigación penal contra Javier Milei en tribunales de Nueva York. La posibilidad fue mencionada en una reunión por videoconferencia con diputados de la comisión Libra del Congreso. Los letrados solicitaron copias de las pruebas, incluidas las comunicaciones entre Milei, Karina Milei y Mauricio Novelli, para sumarlas a un eventual expediente.

La adjudicación de más de 100 millones de pesos a una entidad encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger desató denuncias por posible conflicto de intereses, reclamos de explicaciones al Gobierno y una investigación judicial que aún continúa.

El escándalo por el contrato millonario entre la Cancillería y una institución dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La polémica se originó cuando se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, pareja del funcionario.

La contratación, destinada a brindar cursos de inglés al personal diplomático, fue realizada mediante un procedimiento administrativo que renovó un acuerdo que existe desde 2018. Sin embargo, la situación generó sospechas por un posible conflicto de intereses, dado que el beneficiario del contrato es una institución encabezada por la esposa de un ministro del propio gobierno. Por ese motivo se presentaron denuncias penales que apuntan a investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario.

La controversia también alcanzó al Congreso: legisladores de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo para que explique en detalle cómo se realizó la adjudicación, qué criterios se utilizaron y si se cumplieron los mecanismos de transparencia exigidos para este tipo de contrataciones estatales. Además, denunciantes señalaron que habría existido una omisión en los procedimientos de control vinculados a la Oficina Anticorrupción.

Desde el gobierno intentaron desactivar la polémica. El canciller Pablo Quirno defendió la contratación y aseguró que no hubo irregularidades, afirmando que la entidad ya trabajaba con la Cancillería desde años anteriores y que en este caso intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Por ahora, el caso no fue cerrado: las denuncias continúan en la Justicia y la contratación sigue bajo cuestionamiento político. Mientras tanto, el episodio dejó al ministro Sturzenegger en el centro de un nuevo debate sobre conflictos de interés dentro del gobierno, en un contexto donde la administración de Javier Milei afirma impulsar una agenda de transparencia y reducción del gasto estatal.

La expresidenta cuestionó la decisión de citarla a declarar de forma presencial en Comodoro Py y denunció una “farsa procesal”. También apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación económica.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza al Poder Judicial y al gobierno nacional en un extenso mensaje publicado en redes sociales, horas antes de presentarse a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa conocida como “Cuadernos”.

En su publicación, la exmandataria denunció la existencia de un entramado entre sectores del Poder Judicial y los medios de comunicación para sostener lo que definió como una persecución política en su contra.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió.

Cristina Kirchner apuntó directamente contra el Tribunal Oral Federal N°7, al que acusó de ceder ante presiones mediáticas para exigir su presencia física en los tribunales.

“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad”, sostuvo.

Según planteó, el cambio de modalidad tendría como objetivo generar impacto mediático. “La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar”, ironizó.

En ese marco, la exvicepresidenta confirmó que fue citada a presentarse de manera presencial este martes a las 9 de la mañana en Comodoro Py.

Críticas a Milei y a la situación económica

En el mismo mensaje, Cristina Kirchner también dedicó varios párrafos a cuestionar la situación económica del país bajo la gestión del presidente Javier Milei.

La exmandataria enumeró una serie de indicadores sociales y económicos que, según afirmó, muestran el deterioro del país.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; salarios en caída libre; familias endeudadas y cada vez más gente en situación de calle”, describió.

También señaló que, pese al fuerte ajuste económico aplicado por el gobierno nacional, la inflación continúa por encima de los dos puntos mensuales.

Para Cristina Kirchner, ese panorama configura lo que definió como “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

La referencia a la causa LIBRA

En otro tramo del mensaje, la expresidenta también mencionó la investigación conocida como “LIBRA” y apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano.

Según sostuvo, existen pruebas sobre lo que definió como una “estafa” vinculada a ese expediente que —según su denuncia— no avanzan en la Justicia.

“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA”, escribió.

La exmandataria sostuvo que en esa causa el presidente Milei “habría pactado la módica suma de cinco millones de dólares”, en referencia a presuntas irregularidades denunciadas en ese caso.

El mensaje fue publicado en la previa de su declaración judicial y se suma a una jornada que tendrá también movilizaciones de militantes y organizaciones políticas frente a su domicilio en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Organizaciones políticas y seguidores de la expresidenta convocaron a concentrarse desde temprano en Constitución para respaldarla antes de su presentación judicial en la causa conocida como “Cuadernos”.

Militantes de distintas organizaciones políticas y seguidores de Cristina Fernández de Kirchner convocaron a una concentración para este martes por la mañana frente al edificio donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, en el barrio porteño de Constitución. La movilización está prevista desde las primeras horas del día, antes de que la expresidenta se presente a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.

La convocatoria apunta a reunir a militantes y simpatizantes desde las 7 en San José 1111, dirección del departamento en el que reside la exvicepresidenta. Desde allí, quienes participen planean acompañar con una vigilia el momento previo a su presentación judicial, fijada para las 9 de la mañana.

El llamado comenzó a difundirse a través de redes sociales desde distintos espacios del peronismo. En ese marco, la organización La Cámpora publicó un mensaje convocando a movilizarse para respaldar a la expresidenta.

“Este martes vamos a San José 1111 a bancar a Cristina y nos quedamos hasta que vuelva. Y este 24 de marzo, seremos miles los que vamos a caminar desde la Ex ESMA hasta Plaza de Mayo, pasando por San José, para demostrar que realmente queremos otro país”, señala el mensaje difundido por la agrupación.

La convocatoria busca expresar un gesto de acompañamiento político y personal hacia la exmandataria en medio del proceso judicial que enfrenta. En distintos sectores del peronismo sostienen que la situación de Cristina Kirchner forma parte de una persecución política que se extiende desde hace años.

En ese contexto, la presencia frente a su domicilio se plantea como una forma de respaldo público hacia una de las principales referentes del espacio político, cuya figura continúa teniendo fuerte peso dentro del peronismo y en amplios sectores de la militancia.

Preparan un operativo de seguridad

Ante la convocatoria, se espera un operativo de seguridad en las inmediaciones del edificio donde reside la expresidenta.

Fuentes oficiales indicaron que habrá presencia policial para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el barrio durante la concentración. La custodia personal de Cristina Kirchner continúa bajo responsabilidad de la Policía Federal Argentina, mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estará encargada del control del tránsito y del espacio público.

Hasta el momento, las agrupaciones convocantes no anunciaron movilizaciones hacia los tribunales federales. La actividad se concentrará frente al domicilio de la exmandataria, donde se espera la presencia de organizaciones políticas, agrupaciones del Partido Justicialista y organismos de derechos humanos.

El contexto judicial

La comparecencia de este martes se produce luego de que la Justicia rechazara un planteo de nulidad presentado por la defensa de Cristina Kirchner y de otros acusados en la causa conocida como “Cuadernos”.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, reiteró que los cuadernos utilizados como evidencia central en el expediente “fueron manipulados”, por lo que —según su postura— no deberían ser considerados como prueba válida dentro del proceso.

También cuestionó la utilización de testimonios de imputados que declararon como arrepentidos, al sostener que esas declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión.

Mientras el proceso judicial continúa, el acompañamiento de militantes busca enviar un mensaje político claro: para una parte importante del peronismo y de la sociedad, Cristina Kirchner sigue siendo una figura central de la política argentina y merece respaldo frente a lo que consideran una persecución judicial.

Empleados del ente estatal encargado de controlar a las obras sociales publicaron un comunicado donde advierten sobre las irregularidades en la gestión y una parálisis en la atención de reclamos de usuarios. También señalaron persecución laboral y alertan por el impacto en el acceso a la salud.

Por Santiago Masetti/ El conflicto gremial en la Superintendencia de Servicios de Salud viene escalando paulatinamente y suma tensiones. Los trabajadores del organismo denunciaron un proceso de vaciamiento bajo la gestión del actual superintendente, Claudio Stivelman, y advirtieron sobre irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos.

En ese sentido, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que en el marco del conflicto, las medidas impulsadas por la conducción del organismo estarían afectando el funcionamiento de áreas claves encargadas de tramitar reclamos de usuarios del sistema de salud.

Los reclamos cajoneados por los funcionarios

Una de las graves consecuencias del conflicto impulsado por Stivelman tiene como objeto la paralización de expedientes vinculados a reclamos de beneficiarios de obras sociales. Muchos de esos trámites dependen de la rapidez con la que el organismo interviene para garantizar prestaciones médicas, por lo que las demoras pueden afectar tratamientos y servicios considerados vitales.

En ese contexto, denunciaron que la gestión estaría promoviendo un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Por ello, explicaron que este esquema desvirtúa las funciones para la que fue creada la Superintendencia de Servicios de Salud, cuya función es ofrecer soluciones administrativas gratuitas sin necesidad de una asistencia legal.

Denuncias por irregularidades en obras sociales

El comunicado emitido por los trabajadores de la Superintendencia también apunta contra la falta de intervención frente a presuntas irregularidades en algunas obras sociales que no abonan los diferentes tratamientos .

En particular, los trabajadores denunciaron que la Obra Social Unión Personal estaría aplicando coseguros diferenciados a empleados estatales que no estén afiliados al sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”.

Además, señalaron que otras obras sociales comenzaron a cobrar coseguros para intervenciones quirúrgicas, algo que contradice lo establecido por el Programa Médico Obligatorio.

Paros a la japonesa

Una vez iniciado el conflicto, los trabajadores realizaron dos paros a nivel nacional y otras variadas formas de protestas para lograr visibilizar el conflicto, por lo que indicaron que continuarán con nuevas medidas de fuerza.

Las formas de protestar, comenzaron con asambleas, manifestaciones y luego se adoptó una modalidad particular: los trabajadores realizaron lo que denominaron “paros a la japonesa”, en la que se intensifica la atención al público para amplificar la importancia del trabajo que realiza el organismo.

Desde que arrancó este año, durante las jornadas de paro se priorizó la recepción y resolución de reclamos de usuarios con el objetivo de demostrar el impacto que tiene el funcionamiento del organismo en la protección del derecho a la salud.

Los trabajadores sostienen que el conflicto no solo involucra sus condiciones laborales sino también el acceso de la población a prestaciones médicas. Por ese motivo, pidieron el acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de la sociedad en general frente a lo que consideran un deterioro en el funcionamiento del organismo encargado de supervisar a las obras sociales.

También convocaron a la unidad de los trabajadores estatales y de distintos sectores sociales para enfrentar lo que definieron como un proceso de recorte de derechos y debilitamiento de las políticas públicas vinculadas al sistema de salud.

Un informe periodístico reveló presuntos vínculos entre la consultora de la esposa de Manuel Adorni, una asesora cercana a Karina Milei y empresas interesadas en la concesión del predio de Tecnópolis.

Un informe publicado por el portal El Disenso advirtió sobre un entramado de vínculos empresariales y políticos que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a su esposa Bettina Angeletti y a una consultora vinculada al entorno de Karina Milei. La investigación describe una red de relaciones que conecta intereses privados con decisiones estatales en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Según el informe titulado “La casta libertaria: Adorni, su esposa, Karina, la consultora y un negocio redondo”, la esposa de Adorni es dueña de la consultora +Be, que tendría como cliente a Foggia Group, una productora de espectáculos vinculada a la consultora Mara Gorini, quien a su vez trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

El trabajo periodístico señala además que Gorini habría mantenido vínculos societarios con esa empresa incluso después de comenzar a prestar servicios para el Estado, mientras que su pareja continuó al frente de la firma. Esta trama, según el informe, conecta a la consultora contratada por el entorno presidencial con compañías que participan de negocios vinculados a la administración pública.

El foco del posible conflicto de intereses aparece en torno a la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años. La decisión final depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.

En ese contexto, el informe sostiene que una de las empresas vinculadas a este entramado aparece entre las interesadas en el negocio de explotación del predio, lo que abre interrogantes sobre posibles incompatibilidades entre las funciones públicas y las relaciones comerciales del entorno del funcionario.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, relativizó el entusiasmo que el Gobierno nacional buscó transmitir ante inversores y advirtió que el proceso de recuperación económica será desigual y atravesará tensiones sociales en el corto plazo.

“El crecimiento va a ser asimétrico”, sostuvo el mandatario mendocino al analizar el escenario productivo argentino. Según explicó, algunos sectores explicarán buena parte de la expansión económica, pero no tendrán impacto homogéneo en todo el país. “Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, señaló.

En ese contexto, Cornejo lanzó una advertencia sobre el clima social que podría generarse durante el proceso de estabilización: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

El gobernador también se refirió a las expectativas de inversión tras las reuniones con empresarios y fondos internacionales en Estados Unidos. Si bien reconoció que percibe un mayor interés por el país, aclaró que ese optimismo todavía no se traduce plenamente en decisiones concretas de inversión. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió.

En relación con el marco de incentivos que impulsa el Gobierno, Cornejo consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una herramienta excepcional para brindar garantías a los proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que los inversores de largo plazo —especialmente en sectores como la minería y el petróleo— demandan previsibilidad que vaya más allá de un ciclo electoral.

“El mercado financiero ya refleja esa incertidumbre”, sostuvo el mandatario al analizar el comportamiento de los capitales. “Las que vencen antes de 2027 ofrecen mucho dinero los inversores financieros. Las que quieren pasar al otro año, al 2028, al 2029 o al 2030, ya no se animan a ofrecer dinero”, explicó.

Por eso insistió en que el país debe consolidar señales de estabilidad duraderas. “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”, remarcó.

Finalmente, Cornejo señaló que el desafío no recae únicamente en el Gobierno, sino también en el sector privado, que deberá adaptarse a un nuevo escenario económico. En esa línea, sostuvo que el oficialismo deberá fortalecer su base política para sostener el rumbo. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Mauricio Macri en 2018”, concluyó.

La escalada militar en el Golfo Pérsico ya impacta de lleno en el mercado energético mundial y obliga a Washington a tomar decisiones que evidencian la dificultad de sostener el conflicto sin provocar una crisis económica global.

En un movimiento excepcional, el gobierno estadounidense autorizó de manera temporal la compra de petróleo ruso que estaba sancionado y actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca “promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales” en medio de la guerra. La autorización estará vigente hasta el 11 de abril y, según Washington, se limita únicamente al crudo que ya está en tránsito para evitar beneficios financieros significativos para Vladimir Putin.

La decisión refleja la presión que enfrenta la Casa Blanca ante el aumento del precio del petróleo. Tras varios ataques contra buques en el Golfo Pérsico, el crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, generando turbulencias en los mercados internacionales.

La tensión se agravó después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, anunciara que su país continuará bloqueando el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. El dirigente iraní también prometió vengar a los ciudadanos iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El cierre de facto del estrecho ya provoca fuertes perturbaciones en el comercio energético global y obligó a los países industrializados a tomar medidas extraordinarias. La Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas —la mayor operación de este tipo en su historia— mientras que Estados Unidos aportará otros 172 millones de barriles desde su propia reserva.

Sin embargo, la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso generó fuertes críticas en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que el cierre del estrecho “de ninguna manera” justifica aliviar las sanciones contra Moscú. En la misma línea se expresó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien advirtió que la medida podría debilitar los esfuerzos para presionar al Kremlin en la guerra de Ucrania.

Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky también criticó la decisión, calificándola como “un duro golpe” para su país y para la credibilidad de las sanciones occidentales contra Rusia.

Mientras tanto, en Moscú celebraron la decisión. El negociador ruso Kirill Dmitriev afirmó que Washington está reconociendo en los hechos que el mercado energético global no puede mantenerse estable sin el petróleo ruso. Según estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Rusia ya obtuvo unos 6.800 millones de dólares adicionales por la venta de hidrocarburos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, Washington evalúa escoltar militarmente a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz, una operación que podría ampliar aún más el alcance del conflicto. Sin embargo, el llamado de Trump para que otros países envíen buques de guerra a la zona ha recibido una respuesta fría.

Países como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y China han señalado que todavía están evaluando sus opciones, mientras que Francia descartó por ahora desplegar buques militares en la zona.

La falta de un respaldo militar claro de sus aliados subraya las crecientes dificultades que enfrenta la Casa Blanca. Lo que comenzó como una ofensiva militar contra Irán se está transformando rápidamente en una crisis energética y diplomática global, donde el costo económico y político de la guerra empieza a pesar cada vez más sobre la estrategia de Trump.