El dirigente sindical advirtió que el presidente es un “empleado de las grandes corporaciones que está totalmente desquiciado”.

“Este (por Javier Milei) es un empleado de las grandes corporaciones multinacionales y de nuestro país. Es un empleado, un gerente. El monje negro, el anticristo que está manejando los hilos de este muchacho es Macri, nadie lo puede negar. Vos fijate que Milei dijo que va a rajar los funcionarios de gobierno Córdoba, ¿y quién va poner los funcionarios? Macri“, declaró Moyano en diálogo con AM750.

En medio de la guerra de Milei contra los gobernadores, y entre rumores de un desembarco del PRO en el gabinete nacional, el titular de Camioneros cuestionó la retórica del jefe de Estado en torno a “la casta”: “Habla de la casta, ¿y (Cristian) Ritondo, (Diego) Santilli, Macri, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, no son la casta?”, se preguntó en Escuchá Página 12 Aquí, allá y en todas partes.

Por otra parte, el dirigente sindical cuestionó las medidas que está llevando adelante el Gobierno nacional y pronosticó más reacción social si no mejora la situación de los precios y los salarios de los trabajadores.

“Milei está totalmente desquiciado, él y toda la banda que conduce los destinos del país”, sostuvo Moyano, al tiempo que confirmó que la CGT buscará la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que el Ejecutivo firmó en diciembre pasado. 

En esa línea, reveló además que el rechazo al DNU cuenta con el aval de varios senadores y que tienen los números para tumbarlo en el recinto. La única traba que impide su tratamiento es la convocatoria a sesionar, que está en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. 

Por último, habló sobre la situación del peronismo y dijo que “muchos diputados y diputadas llegan en nombre del justicialismo, arman su bloque, y después tenés que tocarles la puerta para que rechacen leyes que van en contra de los laburantes”. 

Fuente: Pagina 12

“Son fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. No son para la “casta”, son para el pueblo”, lamentó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei por el freno de la obra pública en la Provincia tras el ajuste de Nación y lo chicaneó al señalar que “la vida de los bonaerenses no se resuelve con likes en las redes sociales”. 

“Cuando Milei defiende orgulloso su ‘ajuste’  tal vez no comprende el daño que causa parar cerca de 1000 obras que el Gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Dan trabajo, desarrollo y dignidad en las diferentes regiones. No son para la “casta”, son para el pueblo“, señaló Kicillof en su cuenta de X.

Cuando Milei defiende orgulloso su "ajuste" tal vez no comprende el daño que causa parar cerca de 1000 obras que el Gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Dan… https://t.co/Igw69c4J3j

— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 13, 2024

En ese sentido, el titular del ejecutivo provincial pidió en sus redes: “Esperemos que recapacite y exigimos que las obras se reinicien”. “La vida de los bonaerenses no se resuelve con likes en las redes sociales, se mejora con obras como las que Milei frena”, advirtió Kicillof. 

En su posteo el Gobernador adjuntó una publicación del ministro de Obras Públicas de la Provincia, Gabriel Katopodis, donde hizo referencia a una obra de acceso a Bahía Blanca, El Paso Urbano El Cholo, “pedida por los vecinos y todos los sectores productivos que mejora la conectividad de toda esta región”.

“No castigan a un gobernador sino a una Argentina que necesita autopistas, rutas, acueductos, universidades que apuntalen el desarrollo de la Nación. Vamos a seguir exigiendo que los fondos del gobierno se aseguren en la provincia de Buenos Aires”, escribió Katopodis en su cuenta de X.

Fuente: Política Argentina

Por la inflación y la falta de una actualización acorde, los haberes previsionales están en uno de los puntos más bajos de su historia.

La inflación superior al 20 por ciento mensual está generando estragos sobre el poder adquisitivo y provocará que la jubilación mínima en la Argentina alcance en febrero un valor real -en términos de poder de compra- inferior al registrado durante la crisis económica del 2002, considerada la peor de su complicada historia. 

Este dato surge en un contexto donde el gobierno nacional logró un superávit fiscal en enero, un logro que, según el análisis, se basó en gran medida en la reducción real del gasto en jubilaciones y pensiones.

La estimación fue realizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), uno de los principales centros de investigación sobre asuntos previsionales.

La estimación corresponde a un reporte del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que destaca que los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por equilibrar las cuentas públicas y mantener la meta de déficit cero tuvieron un impacto significativo en el poder adquisitivo de los jubilados.

La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones se identifica como el factor más decisivo detrás del superávit financiero de 0,2% del PBI logrado en enero. Fue el factor que más pesó y el sector que, hasta el momento, cargó con los mayores esfuerzos.

El análisis se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestran qué partidas fueron las que explicaron el superávit en el mes.

Reducción de gastos, pero caída de la recaudación

• El superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses, fue 105,2% superior al obtenido un año atrás.
• Los ingresos totales se contrajeron 1,3% en la comparación interanual, impulsados por las caídas de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% año a año) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% año a año), parcialmente compensadas por las subas en el Impuesto PAIS (411,6% año a año) y en los Derechos de Exportación (88,5% año a año). Parte por la mejora del tipo de cambio, parte por cambios regulatorios.
• Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% año a año en el primer mes del año y el recorte en los primarios llegó a 30,8% año a año.
• Las jubilaciones y pensiones (-32,5% año a año), los programas sociales (-59,6% año a año) y los gastos en personal (-18,0% año a año) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas.

Jubilaciones: peor que en la crisis de 2002

Para comprender la magnitud de esta reducción, IDESA examinó la evolución del haber mínimo, que refleja de mejor manera la movilidad de las jubilaciones a lo largo del tiempo. Según el informe, la jubilación mínima en 2002 fue de $83.078 a precios de diciembre de 2023 (esto es, trasladando el poder de compra del peso del último mes del año pasado al pasado para permitir comparaciones).

En contraste, el valor promedio a lo largo del año 2023 ascendió a $127.858, ajustado por inflación. Sin embargo, en diciembre de 2023, la cifra descendió a $105.713, evidenciando un deterioro persistente en el poder de compra de las jubilaciones.

El análisis proyecta que, asumiendo una inflación aproximada del 20% en enero de 2024, el valor real de las jubilaciones en ese mes habría sido equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. Esta tendencia sugiere que, para febrero, el valor real de las jubilaciones sería incluso inferior al registrado en el año 2002, marcando el punto más bajo en el siglo XXI. Por debajo incluso de los valores de la última gran crisis económica argentina.

El informe de IDESA hace una serie de advertencias respecto a los problemas que puede experimentar esta vía para intentar alcanzar el equilibrio fiscal. El instituto subraya que la estrategia de ajuste basada en la licuación de jubilaciones no solo tiene un impacto regresivo y genera tensiones políticas, sino que también incrementa las demandas judiciales contra la Anses. La justicia previsional, históricamente, no ha tolerado la reducción del valor real de las jubilaciones, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política porque los ahorros alcanzados se pueden revertir en tribunales.

Fuente: Data Gremial

La ministra de Seguridad declara este miércoles por el protocolo antipiquetes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, este miércoles 14 de febrero declara en Comodoro Py por el protocolo antipiquetes, que dispuso el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, para controlar las protestas en las calles.

Es que, el juez federal Sebastián Casanello citó a autoridades del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y a la legisladora porteña del Frente de Izquierda, María Celeste Fierro, a una audiencia de hábeas corpus por el protocolo antipiquetes.

En ese sentido, la audiencia de hábeas corpus por el protocolo antipiquetes fue convocada para este miércoles a las 11:00 horas en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Sin embargo, desde el Frente de Izquierda anticiparon que van a presentarse una hora antes en la puerta del juzgado para realizar una concentración con radio abierta, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales.

En ese marco, la legisladora porteña brindará una conferencia de prensa para “denunciar la ilegalidad del protocolo represivo de Bullrich e informar sobre la jornada”. “Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich, es un paso más en la lucha”, remarcó.

En esa línea, Fierro destacó que desde el Frente de Izquierda seguirán insistiendo con la idea de que el protocolo antipiquetes de Bullrich es inconstitucional, al mismo tiempo que llamó a “seguir en las calles contra el DNU y el ajuste de Javier Milei”.

Vale recordar que, el pasado 18 de diciembre, a legisladora Fierro, presentó ante la justicia un pedido de inconstitucionalidad al protocolo antipiquetes de Bullrich, y alegó que el mismo “amenaza derechos políticos“.

“Penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”, expresó en aquella oportunidad Fierro.

Además, en el reclamo, la legisladora de izquierda solicita una “medida cautelar urgente” para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo antipiquetes ante posibles protestas callejeras, en medio de la crisis económica.

Frente a la acción judicial iniciada por Fierro, el Ministerio de Seguridad defendió la legitimidad de la Resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público en un informe.

Sin embargo, tras la respuesta de la cartera que conduce Bullrich, el juez pidió a la funcionaria que “adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos”, por la Constitución Nacional.

El presidente, que donó su salario durante su periodo como diputado, vivió en un hotel de lujo, y que dejó de realizar charlas sobre economía, presentó los mismos bienes que años atrás.

Días atrás, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo públicas las declaraciones juradas de Javier Milei y del resto de su gabinete, incluida la de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. El primer dato curioso, es que Milei conserva los mismos bienes que en 2022.

Lo raro, es que a pesar de haber donado su sueldo mientras fue diputado; de haber estado permanentemente en campaña durante todo 2023, lo que le impidió dar charlas y conferencias rentadas, que eran según él su método de subsistencia real que le permitía donar su sueldo del Estado; y de haber vivido durante meses en el lujoso Hotel Libertador, donde ocupó todo el piso 11 y cuya renta dijo pagar de su bolsillo; nada de esto afectó su patrimonio, que no tuvo la menor variante: ni creció, ni bajó. 

En la declaración del primer mandatario, correspondiente a 2023, se puede advertir que mantiene la misma lista de bienes que en 2022. Posee un solo inmueble, un departamento de 100 metros cuadrados en Ciudad de Buenos Aires. Según el propio Milei, está valuada en 6.657.569 pesos. Se toma el valor fiscal sobre el que se cobran impuestos, no actualizado, diferente del valor de mercado que podrían tener las propiedades y los bienes.

Al jefe del Ejecutivo se lo vio seguido en el barrio cerrado Valle Claro, en Benavídez. Desde las elecciones generales vive en el piso 21 del Hotel Libertador, en el centro porteño. Mientras tanto, sigue ultimando los detalles de su mudanza a la Quinta de Olivos, donde prepara un sector para sus perros, cada uno de los cuales tendrá su parque personal.

Además, el mandatario tiene dos vehículos: un Peugeot RCZ Coupé que compró cero kilómetro en 2013, y una camioneta Mercedes Benz Sprinter que compró usada en 2019. El auto, cotizado en 3.643.400 pesos. La camioneta, en 2.478.000 pesos.

En sus cuentas bancarias, Javier Milei terminó el 2023 con poco más de once millones y medio de pesos en sus cajas de ahorro en el país. También tiene dólares depositados en Argentina, por el equivalente a 23.948.002,26 pesos.

El primer mandatario declara, además, tener moneda estadounidense «abajo el colchón»: en su declaración jurada informa que cuenta con dólares en efectivo por 3.539.200 pesos.

El patrimonio total declarado por el Presidente al cierre del año pasado es de 54.762.270,23 pesos.

Pero lo que sorprende no es su declaración, sino la de su hermana, Karina Elizabeth Milei.

Según la declaración presentada ante el Ministerio de Justicia, la secretaria de la Presidencia llegó a la función pública con 1.703.708,56 pesos, entre bienes, depósitos y dinero.

Ese monto está compuesto, en parte, por un departamento que heredó en 2011. Está en Vicente López, tiene una superficie de 150 metros cuadrados y está valuado en 1.415.525,36 pesos.

En el resto de sus conceptos, Karina Milei declaró una caja de ahorro en dólares por un estimado de 28.030,20 pesos, una caja de ahorro en moneda local con 0,01 pesos, una cuenta corriente en pesos con 469,37 pesos y una caja de ahorro en pesos por 259.683,62 pesos.

“Como siempre, enamorada de la Patria”, publicó la ex presidenta en sus redes, junto a un informe que tituló “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”.

Este miércoles la exvicepresidenta Cristina Kirchner compartió un mensaje por San Valentín acompañado de un informe sobre la deuda argentina.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, posteó Cristina en X

Mirá el informe completo que publicó Cristina, haciendo click aquí

Según IDESA (Instituto para el desarrollo Social de Argentina) lo del superávit fiscal anunciado por Javier Milei y Luis Caputo es una falacia.

El superávit fiscal de enero anunciado por el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo ha sido puesto en tela de juicio por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). En un informe publicado recientemente, IDESA sostiene que el superávit es falso e insostenible. Puesto que se basa en la reducción del gasto social, especialmente en las jubilaciones, que se encuentran en su mínimo histórico.

El informe de IDESA, que fue fundado por Osvaldo Giordano (exdirector de ANSES), señala que la estrategia del gobierno que “dibujó” un superávit fiscal mediante la licuación de las jubilaciones es insostenible y regresiva. Sobre todo genera tensiones sociales y judiciales.

Las jubilaciones, en su peor momento

El informe destaca que el valor real de las jubilaciones ha caído significativamente en los últimos meses. En diciembre de 2023, la jubilación mínima se ubicó por debajo del valor que tenía en el año 2002. Peor aún, se espera que en febrero de 2024 sea la más baja del siglo XXI.

IDESA sostiene que el gobierno debe migrar hacia un equilibrio fiscal con bases más sólidas. Para ello, se necesitan medidas como la unificación de impuestos, la eliminación de superposiciones entre niveles de gobierno y la mejora de la gestión pública.

El informe de IDESA reconoce que el gobierno de Milei tiene ideas para mejorar la economía, pero cuestiona su pericia política y técnica para implementarlas.

El titular del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, cargó contra el presidente luego de que responsabilizara a los gobernadores por la caída de la “Ley de Bases”.

El titular del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que responsabilizara a los gobernadores por la caída de la ley ómnibus. “El país que está construyendo Milei es unitario”, se quejó.

En una entrevista que brindó a Splendid – 990, enfatizó: “Espero que Milei se equivoque con los números de Córdoba, está mal asesorado, quien asesora un Municipio sabe que está el presupuesto estipulado y el ejecutado, son dos diferentes”.

Para el legislador, el mandatario ataca a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) “sin sentido” ya que ambos apoyaron parte de sus medidas. “Córdoba no se arrodilló nunca frente al poder central, no va a permitir que se aumenten las retenciones al campo”, se jactó.

Las críticas al Gobierno de legisladores cordobeses

“Si vas a hundir la industria y las PyMEs de mi provincia, a los docentes, no sé qué espera, cuando saca el subsidio al transporte se lo hace al interior, no a Buenos Aires, y eso le termina afectando al laburante”, cuestionó también.

En la misma línea, Siciliano se preguntó si la gente de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán “tienen menos derechos que los de Buenos Aires”, y respondió: “Todos los argentinos terminamos pagando nuestros impuestos para subsidiar Buenos Aires”.

“La Argentina no necesita más grieta, gobernar no es hacerlo con todos los que te dicen que sí”, resaltó al tiempo que denunció que Milei apuesta a construir un modelo de país unitario.

Por último, planteó que la Argentina “no va a salir a las trompadas, amenazas, castigando gobernadores, haciendo listas negras”, y rechazó calificar de traidores a legisladores por votar en contra de una ley. “Siempre estamos dispuestos a sentarnos y buscar diálogo pese al trato que nos den, no hay Córdoba sin Argentina, como no hay Argentina sin las provincias”, concluyó el titular del bloque que responde a Juan Schiaretti.

Guerra por los subsidios al transporte: Córdoba mantendrá tarifas diferenciadas para sectores vulnerables

Martín Llaryora respondió a la eliminación del Fondo Compensador del Interior dictada por el gobierno de Javier Milei. El gobernador de Córdoba anunció qué mantendrán tarifas diferenciadas para sectores vulnerables reforzando “las partidas presupuestarias ante la quita de los subsidios nacionales”.

Llaryora anunció en su cuenta de X (ex Twitter) que responderá a la quita de subsidios “con acciones, con trabajo y con respeto” y ratificó su “compromiso con los cordobeses”. El hilo de posteos desarrolla una serie de anuncios para asegurar la continuidad de los boletos subsidiados para distintos sectores de bajos ingresos.

“Cordobesas y cordobeses, quiero que sepan que este es un enorme esfuerzo económico, pero es nuestro compromiso, convicción y decisión acompañar a la ciudadanía frente a la medida arbitraria que ha tomado en los últimos días el Gobierno nacional”, escribió el Gobernador.

Fuente: Ámbito

El cuerpo de delegados de la firma láctea acusó a los legisladores nacionales del PRO de Santa Fe, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz de amenazar y agredir a trabajadores en conflicto. “¡Éramos pocos y llegó la casta!”, los cruzaron.

Los legisladores nacionales del PRO de Santa Fe Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz arribaron a la sede central de SanCor para amenazar y agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de “delincuentes” y afirmando que “no van a parar hasta verlos en la cárcel”.

El Cuerpo de Delegados del Personal de Sancor con un comunicado titulado “¡Éramos pocos y llegó la casta!” tildó a Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz de “vulgares agitadores, que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza”.

Según relataron los delegados, los diputados confesaron “que hace poco se interesaron por el tema SanCor” e insólitamente les dijeron “que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito”.

Ante esas expresiones, los delegados retrucaron “que los trabajadores en conflicto que luchan por su sueldo tienen toda una vida trabajando en la empresa”  y cuestionaron la intromisión política en los debates entre trabajadores, al recordar que “vemos diariamente tanto en los Concejos Deliberantes de cualquier municipio, en las legislaturas provinciales y en el Honorable Congreso de la Nación las tremendas discusiones y acusaciones de todo tipo y calibre entre diputados/as y senadores/as calificándose unos a otros de tira bombas, traidores a la patria, coimeros, apretadores, etc., etc. y hasta con intentos de irse a las manos”.

El desprecio por los trabajadores y la pertenencia a una organización antiobrera ilegal

Por otra parte señalaron que “estos personajes consideran a las y los trabajadores, ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo”.

Los legisladores del Pro dijeron pertenecer, además, al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto “contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga” que es un derecho constitucional.

Por último, consigna el comunicado de los delegados y del personal de SanCor que “demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras; a querer hacer política con la leña de un árbol caído. Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes”.

Fuente: Data Gremial

Desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS) que lidera José Luis Lingeri informarán a la población sobre el tema, y recalcaron que “el agua no se negocia”.

El Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS) lanzó una campaña para rechazar la posibilidad de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que era parte de la lista de empresas que el gobierno quiere pasar a manos privados, en el marco de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento se cayó en el Congreso por la falta de acuerdos. La idea es que a partir de esta iniciativa, se informe a la población sobre “los peligros de vender nuevamente la empresa”.  

El secretario general de la organización gremial, José Luis Lingeri, remarcó que, “esta receta neoliberal en la que se entregan empresas estratégicas para la sociedad a manos privadas ya la hemos vivido en el pasado, y fracasaron”, y agregó que “el agua no se negocia”, sostuvo el dirigente.

Lingeri remarcó que “se ha demostrado que tener la empresa privatizada no fue más eficiente; muy por el contrario, no invirtieron lo que debían en infraestructura incumpliendo con los contratos establecidos, dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales”, afirmó.

Números a favor

El dirigente gremial enfatizó en que “ahora que está de moda mirar números, creo que estas cifras hablan por sí solas” y remarcó que las empresas de servicios públicos no pueden ser evaluadas dentro de las variables de ajuste del Estado. En ese sentido, remarcó que “para que una empresa de estas características, que brinda estos servicios esenciales que son declarados derechos humanos, no sea un ‘gasto’, tiene que estar acompañada por una gestión de modo sostenible, con políticas de Estado y cuadros tarifarios adecuados”, sostuvo el titular de SGBATOS.

Lingeri agregó que, desde el gremio, hay disposición “a trabajar para que la empresa tenga equilibrio financiero, perfeccionando mecanismos y métodos tanto técnicos como administrativos”, para lograr mayor eficiencia en AySA. Desde SGBATOS advirtieron que, “este esfuerzo por proteger la gestión estatal del agua enfrenta un desafío inmediato en el ámbito legislativo que pone en riesgo años de progreso en términos de acceso equitativo al agua”.

Finalmente, el gremio destacó que la campaña de difusión, “hace un llamado subrayando que el acceso al agua potable no puede ser un lujo o un privilegio para aquellos que puedan pagarlo, sino un derecho humano esencial, especialmente crucial en términos de salud pública” y que “el Estado debe garantizar su acceso a todos y todas”, sostiene la posición gremial.

Impacto en el conurbano

AySA, que tiene su área de acción en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, presta servicios a más de 11.678.455 habitantes (que representan poco más que el 25 por ciento de la población del país) y fue re-estatizada en el año 2006, luego de su privatización en la década del 90’.

A su vez, desde su re-estatización, la empresa consiguió llevar el servicio de agua potable a 3.819.455 personas y 3.761.237 habitantes fueron incorporados al servicio de cloacas, lo que casi triplica el número conseguido en el período de la empresa en manos privadas (1.853.000 y 1.012.000, respectivamente).

Fuente: Data Gremial