El consumo en el sector pyme continúa profundizando su deterioro y se consolida como uno de los indicadores más claros de la fase recesiva que atraviesa la economía argentina.

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6% a precios constantes, acumulando un retroceso del 5,2% en el primer bimestre de 2026.

De acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), si bien durante febrero se observó un leve repunte mensual del 2,6%, impulsado por factores estacionales como el inicio del ciclo lectivo y una mayor demanda en alimentos, la mejora no alcanza para revertir la tendencia contractiva que domina la actividad comercial.

El dato confirma que el consumo interno continúa debilitado, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y una demanda cada vez más restringida.

Un deterioro generalizado en la actividad

La retracción del consumo se manifestó en seis de los siete rubros relevados, evidenciando el carácter extendido de la desaceleración comercial.

Entre los sectores más afectados se destacan:

• Bazar y decoración: -14,4%
• Perfumería: -10,7%
• Alimentos y bebidas: -8,7%

El único segmento que logró escapar a la tendencia negativa fue Farmacia, que registró una leve suba interanual del 0,3%, sostenida principalmente por la naturaleza esencial de sus productos.

La percepción de los comerciantes también refleja el deterioro de la actividad. Mientras en enero predominaban las opiniones de estabilidad, en febrero ese indicador cayó seis puntos y se ubicó en 52,6%. En paralelo, el 38,8% de los empresarios consultados afirmó que su nivel de ventas se deterioró directamente durante el último mes, lo que marca un aumento en la sensación de crisis dentro del sector minorista.

Inversión frenada y presión de costos

Las expectativas para los próximos doce meses muestran un panorama dividido. Un 46,6% de los comerciantes cree que su situación se mantendrá estable, mientras que un 42,9% confía en una eventual mejora. Solo el 10,5% anticipa un escenario peor.

Sin embargo, este moderado optimismo no se traduce en decisiones de expansión. El 57,6% de los empresarios considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, frente a apenas un 15,5% que visualiza oportunidades.

El principal obstáculo para la recuperación sigue siendo la combinación de costos operativos en aumento, presión tributaria y caída del poder de compra, factores que erosionan los márgenes y mantienen al sector en una situación de contracción técnica.

En este escenario, la demanda se vuelve cada vez más selectiva. Los consumidores priorizan estrictamente promociones, descuentos y planes de financiamiento para sostener sus compras, incluso en productos de primera necesidad, reflejando el impacto directo del ajuste del ingreso sobre el consumo cotidiano.

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia que genera fuerte preocupación en América Latina: Washington aseguró que está dispuesto a emprender “acciones militares unilaterales” contra los “cárteles del narcotráfico” en la región, incluso sin el respaldo de los países involucrados.

La declaración fue realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante la apertura de la conferencia Américas contra los cárteles, celebrada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos. Allí advirtió que su país está preparado para pasar a la ofensiva si considera que las amenazas vinculadas al narcotráfico lo requieren.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó el funcionario ante representantes militares y de seguridad de distintos países del continente.

Las declaraciones encendieron alarmas en la región, ya que implican la posibilidad de operaciones militares de dudosos objetivos sin el consentimiento de los Estados latinoamericanos, lo que representaría un serio riesgo para la soberanía de los países de América Latina.

Durante su intervención, Hegseth defendió la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, que contempla ampliar el uso de herramientas militares para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico (etiqueta lo suficientemente flexible que EEUU podría aplicar a cualquier gobierno que no sea funcional a sus intereses). Bajo esa lógica, el funcionario instó a los gobiernos del continente a “ir a la ofensiva” contra lo que denominó “narcoterroristas”.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de seguridad de diversos países latinoamericanos, aunque se registraron ausencias significativas como las de México, Colombia y Brasil, tres actores clave en cualquier estrategia regional contra el narcotráfico.

El jefe del Pentágono también justificó el endurecimiento de la política estadounidense señalando que, durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como el fentanilo o la cocaína. Asimismo, afirmó que el negocio del tráfico de personas alcanzó en 2022 un valor de 13.000 millones de dólares.

Para Washington, el continente americano —que concentra apenas una octava parte de la población mundial— registra cerca de un tercio de los crímenes violentos del planeta, un argumento utilizado por la administración estadounidense para impulsar una estrategia más agresiva.

Sin embargo, especialistas advierten que la retórica de “guerra contra las drogas” ha sido históricamente utilizada por Estados Unidos para justificar intervenciones directas en América Latina como en el pasado se utilizo la de la lucha contra el comunismo y el terrorismo pos 2001. En ese contexto, la advertencia sobre posibles “batallas unilaterales” vuelve a poner en debate los límites del derecho internacional y el respeto a las soberanías nacionales en la región.

La medida comenzará el 16 de marzo. Reclaman el pago de una recomposición salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzará el próximo 16 de marzo y podría afectar el inicio del cuatrimestre en varias facultades. La medida fue resuelta por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en medio de un fuerte conflicto salarial con el Gobierno nacional.

El reclamo central apunta al pago de una recomposición salarial del 51%, que los docentes consideran adeudada en función de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados hasta ahora no compensan la inflación acumulada y que el deterioro del salario docente se profundizó en los últimos meses.

Desde AGD-UBA advirtieron que el plan de lucha incluirá paros, movilizaciones, clases públicas y distintas acciones para visibilizar el conflicto. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato al anunciar la medida.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Los docentes denuncian que el Gobierno no aplica plenamente la ley aprobada por el Congreso, lo que —según advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el inicio normal del ciclo lectivo.

La central obrera pidió declarar inconstitucional la ley impulsada por Milei y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Tal como adelantó previo a la aprobación de la reforma laboral, este viernes la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proyecto que promulgó hoy el presidente Javier Milei. La presentación busca que los tribunales declaren su inconstitucionalidad por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional.

El amparo fue presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la central sindical junto a dirigentes de distintos gremios que integran la CGT.

Desde la central obrera sostienen que varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. También plantean que la norma viola el principio de progresividad del derecho laboral, que establece que las conquistas laborales no pueden retroceder.

La reforma laboral, aprobada por el Congreso y defendida por el gobierno como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo, introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre otras medidas, flexibiliza contrataciones, modifica el sistema de indemnizaciones y redefine el alcance de la negociación colectiva, lo que generó un fuerte rechazo del movimiento sindical y abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales.

Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.

El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.

Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.

Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.

La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.

La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.

Más de 630 argentinos que quedaron atrapados en Medio Oriente lanzaron un desesperado pedido de ayuda para poder salir de la zona de guerra. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, algunos de ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de que pueda interceder para facilitar su regreso al país.

La mayoría de los argentinos varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, donde el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos complicaron la posibilidad de regresar a la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 personas ya se contactaron con sedes diplomáticas para solicitar asistencia.

Sin embargo, varios de los afectados aseguran que la respuesta de la Cancillería y de las embajadas ha sido insuficiente, lo que generó incertidumbre y desesperación entre quienes permanecen en la región. En ese contexto, algunos argentinos decidieron enviar una carta abierta a Tapia, recordando el antecedente reciente en el que el titular de la AFA tras una serie de hábiles gestiones intervino para colaborar en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, la que se dio de manera exitosa.

Una de las varadas es Virginia Luca, quien se encuentra en Sharjah, en Emiratos Árabes, junto a su pareja. La mujer contó que su vuelo de regreso fue cancelado cuando comenzaron los bombardeos y relató que desde entonces viven una situación de total incertidumbre.

Según explicó, desde la embajada argentina les recomendaron que quienes no tengan un pasaje directo a la Argentina intenten trasladarse por sus propios medios a Omán o Arabia Saudita, desde donde todavía salen algunos vuelos. Sin embargo, las autoridades locales les indicaron que no se movilicen, lo que los deja sin saber qué decisión tomar.

“No tenemos nada. El planteo es esperar a ver si se abre el espacio aéreo o arriesgarnos a cruzar la ruta solos hacia Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar conseguir un vuelo que podamos pagar”, relató Luca.

La mujer también denunció la falta de coordinación oficial. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. Al no tener respuestas empezó un poco el sálvese quien pueda”, advirtió.

En ese marco, explicó por qué decidieron recurrir al presidente de la AFA:

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Por eso sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que quizás tenga contactos que puedan ayudarnos al menos a viajar juntos y protegidos hasta Omán, donde salen algunos aviones”.

Los argentinos varados aseguran que no piden que el Estado vaya a rescatarlos, sino que solicitan ayuda para organizar una salida segura de la región y evitar tener que desplazarse solos por rutas desconocidas en medio de un contexto de guerra. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo a la espera de una solución que les permita regresar al país.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó este miércoles que más de la mitad de las fábricas del país registró caídas tanto en la producción como en las ventas. El relevamiento sectorial advierte un escenario cada vez más complejo para empresas de todos los tamaños, marcado por tensiones financieras y una creciente inquietud por el avance de las importaciones. En ese marco, el Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 36,5 puntos en enero, lo que implicó una baja de 7,5 unidades respecto del informe anterior y confirmó un deterioro sostenido de la actividad fabril si se lo compara con el nivel más alto alcanzado hace dos años.

En relación con la dinámica productiva, el 53,3% de las compañías relevadas indicó que su volumen de fabricación se redujo durante el último trimestre. En paralelo, el 54,7% de las firmas reportó una contracción de la demanda interna, mientras que apenas el 13,3% señaló un incremento en los pedidos provenientes del mercado doméstico. La conducción de la UIA, encabezada por Martín Rappallini, difundió estos datos en medio de un clima de fuerte tensión entre el empresariado industrial y el gobierno nacional. La polémica se intensificó luego de que el presidente Javier Milei calificara como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, CEO de Techint, y como “Don Gomita Alumínica” a Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate. “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”, afirmó Rappallini este miércoles en declaraciones a Infobae en Vivo. Desde el sector fabril cuestionan los elevados costos de producción locales, que —según sostienen— reducen la competitividad frente al proceso de apertura comercial que impulsa el Poder Ejecutivo.

En el plano laboral, el informe señala que el 22,2% de las fábricas aplicó recortes en su dotación de personal. Dentro de ese grupo, la mitad avanzó con despidos directos, mientras que el resto optó por reducir turnos o implementar suspensiones temporales ante la caída de la actividad.

La retracción de la demanda interna volvió a aparecer como la principal preocupación para el 46,1% de las empresas industriales. A su vez, la inquietud por la competencia de productos importados pasó de niveles prácticamente inexistentes a representar el 19,4% de las respuestas, en un contexto de apreciación cambiaria que favorece el ingreso de bienes del exterior. El estudio también revela que el 45,6% de las firmas tuvo dificultades para cumplir con pagos de salarios, proveedores o servicios públicos. Frente a la falta de liquidez, muchas compañías debieron recurrir a endeudamiento de corto plazo o asumir mayores costos financieros por intereses derivados de atrasos acumulados, una situación que —según el informe— también atraviesan numerosas familias argentinas.

La industria automotriz registró en febrero una nueva caída interanual en su nivel de actividad y acumuló siete meses consecutivos de retroceso, en un contexto marcado por el freno de la producción, paradas programadas en plantas, una mayor apertura de importaciones y una demanda externa todavía débil.

Según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante febrero se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. El dato representó una contracción del 30,1% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 42.419 unidades, aunque mostró una mejora del 41,1% respecto de enero.

El gobierno de Javier Milei lleva adelante una política de ajuste y apertura de importaciones que está golpeando fuertemente el sector industrial, con cierre de fábricas y despidos de trabajadores. Lejos de preocuparle la situación, el gobierno celebra los cierres e insulta a los empresarios. No la ven.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe basado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo, en medio de un fuerte retroceso del aparato productivo durante la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el Informe Sectorial #41 de la consultora Audemus, la industria argentina cerró el segundo año del actual gobierno en una “recesión profunda”, acumulando una caída promedio del 7,9% entre 2024 y 2025 respecto a los niveles de 2023.

El deterioro fue tan pronunciado que, entre 56 países relevados por la ONUDI, Argentina quedó solo por detrás de Hungría en términos de desplome industrial, consolidándose como uno de los casos más severos de contracción productiva a nivel global.

El contraste con la región es contundente. Mientras la industria argentina se hundía, economías vecinas como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) registraron expansiones sostenidas de su actividad manufacturera.

Derrumbe del tejido empresarial

Uno de los datos más preocupantes del informe es el desmantelamiento del entramado industrial. En apenas dos años 2.436 empresas manufactureras dejaron de operar, lo que equivale a la desaparición del 5% del total de firmas del sector.

La pérdida es particularmente grave por su carácter estructural: el estudio advierte que la cantidad de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Según el análisis de Audemus, el fenómeno no puede interpretarse como un simple proceso de depuración empresarial.

“No se trata de una limpieza de ineficiencias, sino de un colapso productivo que afectó incluso a empresas con décadas de trayectoria”, señala el documento.

Entre los factores que explican este escenario aparecen la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura comercial sin mecanismos de protección para la producción local.

Una sangría laboral que golpea a miles de familias

El derrumbe industrial tuvo un impacto directo sobre el empleo formal.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria expulsó 72.955 trabajadores registrados, lo que implica una reducción del 6% de la plantilla total del sector.

El informe destaca además que el empleo industrial cayó en 16 de los 24 meses de la actual gestión, evidenciando un proceso sostenido de destrucción de puestos de trabajo.

Incluso en los meses donde la actividad mostró leves rebotes técnicos, la contratación no se recuperó, reflejando que muchas empresas entraron en un modo de supervivencia, priorizando recortes de costos laborales para evitar el cierre definitivo.

Fábricas semivacías y sectores en alerta roja

La crisis también se refleja en la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial, que en 2025 promedió apenas 57,9%, el nivel más bajo de la última década si se excluye el año de confinamiento por la situación excepcional de la pandemia.

Algunos sectores registraron cifras históricamente críticas:

• Metalmecánica y textil, con niveles mínimos de actividad.
• Tabaco, químicos, caucho y plástico, con tasas inferiores incluso a las registradas en 2020.

Entre las ramas más afectadas se destaca la industria de cuero y calzado, donde la cantidad de empresas activas cayó 16,4% en el bienio analizado.

También sufrieron fuertes retrocesos confecciones y productos metálicos, golpeados por la caída del poder adquisitivo y el ingreso creciente de bienes importados.

En contraste, solo algunos sectores vinculados a exportaciones primarias lograron sostenerse, como la molienda de cereales y oleaginosas —que se recuperó tras la sequía— y la industria farmacéutica, cuya demanda suele ser menos sensible a las crisis económicas.

Señales de crisis productiva

El informe también advierte que la caída reciente de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales no responde a una sustitución productiva, sino a una falta de inversión y de actividad fabril.

Sin maquinaria nueva ni piezas intermedias para producir, los analistas señalan que la industria enfrenta un techo estructural dentro del actual esquema macroeconómico, marcado por un tipo de cambio que favorece el consumo de bienes externos pero debilita la competitividad de la producción local.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) refuerzan este diagnóstico: la industria manufacturera lideró la pérdida de puestos laborales en noviembre de 2025, con una caída mensual del 0,3% desestacionalizado.

La advertencia sobre la falta de política industrial

Para los analistas de Audemus, el factor que más preocupa hacia el futuro es la ausencia de una estrategia industrial activa.

Mientras muchas potencias mundiales volvieron a implementar subsidios, incentivos productivos y protección de sectores estratégicos, el modelo económico vigente en Argentina apuesta por una desregulación amplia del mercado.

El riesgo, advierte el informe, es que la pérdida de capital humano calificado —operarios que migran hacia la informalidad u otras actividades— vuelva mucho más lenta y costosa cualquier eventual reconstrucción del aparato productivo.

En ese escenario, la industria argentina enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino también un proceso de desindustrialización que podría marcar el rumbo económico del país durante los próximos años.

La Justicia de Uruguay decretó el concurso y embargo de Rampla Juniors, un club que administran Foster Gillett y su socio Guillermo Tofoni bajo el formato de Sociedad Anónima Deportiva (SAD). La Justicia Uruguay constató deudas por cientos de miles de dólares que superan el activo del club. Gillett es el socio de Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata. Su propuesta se presentaba como “el futuro del fútbol”.

El club está atravesado por problemas financieros y se encuentra bajo la lupa de los organismos de control. En tanto -según publica la web Doble Amarilla-, el escándalo surge en medio de una investigación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) contra Gillett y Tofoni por presunto lavado de activos, una causa que agrega tensión al escenario institucional y económico que atraviesa la entidad.

Como parte de la decisión, Gillett y Tofoni fueron desplazados de manera inmediata y se convocó a una Junta de Acreedores para el 22 de septiembre, instancia clave para definir los pasos a seguir en el proceso concursal y evaluar la situación patrimonial del club.

Ya no lo dice más, pero hasta hace 30 días Verón presentaba el acuerdo con Gillet como una revolución y el “futuro del fútbol” mientras el gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri se sumaban a la euforia. Ya nadie explica qué pasó con la plata de Gillet y por qué Estudiantes vendió a Cristian Medina a Botagofo y recibió solo 100 mil dólares. Además, por qué debió salir a vender a su figura Santiago Ascacibar nada menos que a Boca por menos de 4 millones de dólares. Ahora se quedó sin entrenador – cansado de los contratiempos – y deberá enfrentar la Copa Libertadores en crisis.