Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la necesidad de transparentar la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utilizan.

En apenas un año, la caja asignada al Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, multiplicándose por 2,4. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que elevó además el límite para gastos individuales a 50 millones de pesos por operación.

La ampliación de recursos contrasta con la falta de información disponible sobre su ejecución. A través de un pedido de acceso a la información pública, se solicitó conocer los consumos realizados mediante tarjetas corporativas, los comercios donde se efectuaron los gastos, las facturas respaldatorias y las rendiciones correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial omitió toda la documentación que permitiría verificar el destino de los fondos.

La Presidencia confirmó que actualmente existen 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”. También entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, pero rechazó informar cuánto se gastó, en qué conceptos y con qué justificación administrativa.

Entre los usuarios aparecen Karina Milei, a través de su secretaría privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.

La negativa a difundir los consumos resulta particularmente llamativa porque el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones. Según la documentación entregada por la Presidencia, la plataforma desarrollada junto al Banco Nación posibilita identificar movimientos, comercios, transferencias y generar reportes completos de cada gasto realizado.

A ello se suma que la normativa interna establece estrictos mecanismos de control. Cada operación debe registrarse en un expediente electrónico, acompañada por facturas emitidas a nombre de la dependencia, la justificación correspondiente y las firmas digitales de los responsables. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.

La documentación también expone situaciones que plantean interrogantes sobre los controles internos. Algunos responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema. Además, determinados funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización, incluyendo facultades de administración sobre la plataforma.

La falta de transparencia se vuelve aún más relevante si se considera que el propio Gobierno reconoció haber iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades vinculadas al uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectar perjuicio económico para el Estado, pero rechazó entregar la documentación del caso. De esta manera, permanece bajo reserva qué operaciones fueron investigadas, qué montos estuvieron involucrados y cuáles fueron las conclusiones concretas que motivaron el cierre de la investigación.

En un contexto en el que el Ejecutivo exige ajustes, controles y sacrificios a distintos sectores de la administración pública, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al Presidente y la negativa a transparentar su utilización vuelven a poner en discusión los criterios con los que se aplica la austeridad estatal y el alcance real de las políticas de rendición de cuentas.

La economía argentina continúa mostrando señales de debilidad. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 5% interanual y 0,8% mensual en mayo, consolidando un escenario de bajo nivel productivo que se arrastra desde hace meses.

Aunque algunos sectores registraron leves mejoras mensuales por una baja base de comparación, la tendencia general sigue siendo negativa. La construcción continúa muy por debajo de los niveles de 2022, la producción automotriz acumula una fuerte contracción interanual, la metalmecánica profundizó su caída y el consumo energético industrial volvió a descender, reflejando una menor actividad en las plantas fabriles.

Los datos oficiales del INDEC muestran que la industria manufacturera acumuló una baja del 2,4% en el primer cuatrimestre del año y opera cerca de un 10% por debajo de los niveles de 2022. Los bienes durables y semidurables fueron los más afectados por el enfriamiento del mercado interno, con desplomes en sectores como automotores, línea blanca, textiles, indumentaria y calzado.

El deterioro también impacta sobre el entramado productivo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas, al pasar de 512.357 a 485.909 unidades productivas. Solo en marzo cerraron 2.011 firmas, acelerando una tendencia que había mostrado una breve desaceleración en febrero.

Los sectores más golpeados fueron Comercio, Industria, Transporte, Alojamiento y Gastronomía. En términos territoriales, 23 de las 24 provincias registran menos empresas que al inicio de la actual gestión, siendo Neuquén la única excepción.

La caída de la actividad también se refleja en el empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que el empleo en casas particulares se redujo en más de 30.000 trabajadores. En total, el empleo privado registrado cayó en 370.487 puestos de trabajo durante el período.

Con una industria en retroceso, miles de empresas cerradas y una marcada destrucción de empleo, los principales indicadores productivos continúan evidenciando el deterioro de la economía real.

El economista y ex funcionario peronista Roberto Feletti se refirió a la situación económica del país. “Están queriendo contener la inflación con recesión. Los minoristas no pueden aumentar sus precios pero los mayoristas sí aumentan. Por eso vemos los cierres de locales”, describió.

“Los mejores momentos del país fue cuando estuvimos desendeudados. El endeudamiento que se celebra tiene un límite. Siempre pasa eso. En este esquema hay grandes ganadores que tienen rentabilidad del 20% en dólares. Ellos ganan. Pero el país. En el segundo semestre de este año todo va a empeorar”, cerró.

“El gobierno está en una tensión entre la recesión y la devaluación. Para mantener el tipo de cambio, el gobierno recesiona la economía. Pero ahora vemos tensiones en la recaudación que cae por la caída de la actividad. El ajuste empieza a golpear en los municipios y las provincias. Es típico de este tipo de esquemas”, describió en diálogo con Am 530.

“Tuve una reunión con 40 intendentes y me decían que estaban en un pico de aumento de demanda sobre el municipio de alimentos y remedios. Es típico. El ajuste baja y golpea a intendencias y gobernaciones, las primeras puerta de entrada del Estado para los ciudadanos”, aseguró.

“El ajuste fiscal no sirve para estabilizar la economía. La economía argentina se estabiliza por vía externa. Tenés que tener dólares en el Banco Central y un esquema de deuda sostenible. Tenés que tener orden en las cuentas públicas pero tenés que ordenar el frente externo”, explicó el economista. “No podés tener un esquema de recaudación donde los sectores de mayores renta no paguen impuestos o exenciones que benefician a grandes empresas”, añadió.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó más de 8 millones de pesos en sábanas en 2025, de acuerdo a la factura que encontró la fiscalía que lo investiga en el celular del contratista Matías Tabar. Total normalidad.

El periodista Sergio Farella reveló que Adorni facturó a nombre de una persona de su confianza la friolera de 8.183.303 pesos en ropa blanca al local Rosen The Store. Según Adorni, gana 3 millones de pesos por mes. Es decir, se gastó tres meses de ingresos en comprar sábanas…

Rosen es una empresa de origen chileno que comercializa sábanas para las suites presidenciales de hoteles de lujo en todo el continente. Sus sábanas van desde los 200 hilos hasta líneas premium de 400 y 600 hilos de algodón egipcio o satén.

Estas sábanas son prácticamente indestructibles y no se arrugan. En el mercado son consideradas ya no como un producto para descansar sino como el pasaje de entrada a un estado de hibernación, una especie de Nirvana en posición horizontal.

El exjefe de Gobierno porteño y actual legislador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a irrumpir en la escena política con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y un pedido de renuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial.

“Adorni tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”, afirmó Larreta al referirse a las inconsistencias detectadas en las presentaciones patrimoniales del funcionario, un caso que, según sostuvo, expone las contradicciones del discurso oficial y afecta la credibilidad institucional.

La reaparición pública del exmandatario porteño se produce en un contexto de creciente presión política sobre la Casa Rosada. Larreta consideró que los funcionarios tienen la obligación de brindar explicaciones claras y actuar con transparencia cuando surgen dudas sobre su conducta, y advirtió que la permanencia de Adorni se convirtió en un problema para el Gobierno.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que distintos referentes del PRO vienen realizando en los últimos días. Desde ese espacio señalaron la gravedad de la situación y reclamaron una definición por parte del Ejecutivo para evitar que la polémica continúe impactando en la agenda política y legislativa.

“MANUEL ADORNI TIENE QUE IRSE COMO SEA: LO TIENEN QUE ECHAR O TIENE QUE TENER DIGNIDAD Y RENUNCIAR”.

Horacio Rodríguez Larreta en Gelatina.

“Lo de Adorni es todo una vergüenza”. pic.twitter.com/tXyuZhs1ll

— si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) June 17, 2026

La controversia se profundizó luego de que Adorni reconociera que parte de sus activos no habían sido incluidos oportunamente en declaraciones juradas anteriores, situación que derivó en denuncias judiciales y nuevos pedidos de explicaciones. Pese a ello, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo al funcionario y descartó la posibilidad de solicitarle la renuncia.

Para Larreta, el caso trasciende la situación personal del jefe de Gabinete y pone en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener su discurso de transparencia. Además, advirtió que el escándalo complica la construcción de consensos en el Congreso y amenaza con condicionar el tratamiento de iniciativas clave para la administración nacional.

Mientras la Casa Rosada mantiene su respaldo a Adorni, la reaparición de Larreta añade un nuevo foco de presión sobre el oficialismo y lo devuelve al centro del debate político con una de las críticas más duras formuladas hasta ahora contra el Gobierno.

La Fiscalía Federal de San Isidro solicitó que sea citado a declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico “Fred” Machado.

El pedido, formulado por el fiscal Fernando Domínguez, también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., y deberá ser evaluado por el juez federal Lino Mirabelli.

La causa se centra en el origen y destino de los fondos transferidos por Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Los investigadores intentan determinar si ese dinero fue incorporado al circuito financiero formal mediante maniobras destinadas a ocultar su procedencia.

La explicación brindada por Espert sostiene que los USD 200.000 correspondían al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión al considerar que no existen elementos que acrediten la prestación efectiva de esos servicios.

De acuerdo con el expediente, el economista no habría viajado al país centroamericano y los emprendimientos mineros mencionados en la documentación presentada no registraban actividad compatible con los trabajos declarados. Para los investigadores, el contrato podría haber funcionado como una estructura formal destinada a justificar el ingreso de fondos bajo sospecha.

Las dudas de la fiscalía también se extienden a los movimientos posteriores al cobro. Según la hipótesis acusatoria, los dólares habrían sido cambiados por pesos a través de circuitos informales y luego reingresados al sistema bancario mediante múltiples depósitos de bajo monto, una modalidad conocida como “pitufeo” o fragmentación de depósitos que suele ser investigada en causas de lavado por su capacidad para evitar controles automáticos.

El expediente además pone la lupa sobre un presunto incremento patrimonial del dirigente y de su entorno familiar. Entre los movimientos observados figuran la adquisición de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, según la fiscalía, no guardarían relación con los ingresos declarados.

Paralelamente, la Justicia analiza el vínculo previo entre Espert y Machado en otra causa que tramita en Comodoro Py. Allí se investigan los presuntos aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo aeronaves y vehículos utilizados en actividades proselitistas.

Mientras continúa vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, la solicitud de indagatoria marca un avance significativo en el expediente y deja al exdiputado más cerca de tener que responder formalmente ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre el origen y la circulación de los fondos investigados.

Denunciada por presuntamente omitir deudas y bienes en su declaración jurada, la legisladora se suma a la lista de funcionarios libertarios cuestionados por la transparencia de la información presentada ante los organismos de control.

Las denuncias fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes apuntaron contra la declaración jurada presentada por Lemoine en octubre de 2024, correspondiente al período 2023. Según sostienen, la diputada nunca presentó la declaración jurada inicial que todo funcionario debe entregar dentro de los primeros 30 días hábiles desde su asunción al cargo, ocurrida el 10 de diciembre de 2023.

La única presentación realizada por la legisladora consignó un patrimonio de cero pesos, sin bienes, deudas ni gastos personales. Sin embargo, los denunciantes aseguran que esa información contradice registros públicos. De acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 Lemoine registraba deudas por más de 500 mil pesos con distintas entidades financieras, entre ellas Tarjeta Cencosud, Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre.

“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó Pérez Ernst. Según detalló, esas obligaciones fueron canceladas una vez que la diputada comenzó a percibir su salario legislativo, aunque eso no modificaba la obligación de informar su situación patrimonial al momento de asumir.

Las sospechas también alcanzan a los bienes inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió informar la vivienda que heredó de su madre y en la que actualmente reside. Aunque la diputada argumentó que la sucesión aún no está concluida, consideran que sus derechos sucesorios debían figurar en la declaración jurada. Además, un testigo de identidad reservada mencionó la existencia de otras propiedades presuntamente vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó, información que aún no fue corroborada judicialmente.

A este expediente se suma una segunda denuncia que investiga el supuesto uso de recursos públicos para fines privados. El caso se originó luego de que la propia Lemoine reconociera en una entrevista que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien ya ordenó medidas para avanzar con la investigación.

Mientras enfrenta ambos procesos, la diputada todavía no presentó la declaración jurada correspondiente a 2024, una omisión que agrega interrogantes en medio de los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Desde la defensa, el abogado Hernán Seivane minimizó las acusaciones y aseguró que responderá cuando exista una definición de la fiscalía. También relativizó las inconsistencias detectadas en la declaración jurada y señaló que cualquier eventual error deberá ser evaluado por especialistas.

Con denuncias por presuntas deudas ocultas, propiedades no declaradas y el posible uso de contratos legislativos para solventar gastos privados, Lilia Lemoine suma un nuevo capítulo a los cuestionamientos que ya alcanzaron a otros referentes libertarios y vuelve a poner en discusión la transparencia patrimonial dentro del oficialismo.

La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025.

Cuando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito parecía concentrarse en el origen de su patrimonio y sus operaciones con criptomonedas, una nueva revelación amenaza con profundizar aún más el escándalo.

La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025. Según reveló el periodista Sergio Farella, la operación alcanzó los 8.183.303 pesos y fue realizada en Rosen The Store, una firma chilena reconocida por proveer ropa de cama premium a hoteles de lujo y suites presidenciales de toda la región.

La documentación hallada por los investigadores agrega un nuevo elemento de sospecha a una causa que no deja de escalar. La factura figura a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria de la cartera de Medios y Comunicación que fue designada por el propio Adorni, un dato que ahora también es objeto de análisis judicial.

El hallazgo se produce en momentos en que el fiscal Gerardo Pollicita profundiza la investigación patrimonial sobre el funcionario. En las últimas horas solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reconstruir el universo de plataformas, exchanges y operadores vinculados al mercado de criptomonedas que funcionaban en Argentina desde 2012.

La medida busca verificar la versión ofrecida por Adorni sobre el origen de una parte sustancial de su patrimonio. El funcionario aseguró haber invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin en los primeros años de desarrollo de ese mercado, una explicación que ahora intenta ser corroborada mediante documentación oficial y registros históricos.

Con cada nueva prueba que aparece en el expediente, el cerco judicial parece estrecharse. La aparición de gastos millonarios en bienes de lujo y el avance sobre las operaciones financieras vinculadas a criptomonedas colocan a Adorni en el centro de una investigación que adquiere una dimensión cada vez más delicada y que amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el oficialismo.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, percibió al menos 55 millones de pesos de una empresa que participa en la disputa por la concesión de Tecnópolis, un proceso licitatorio que depende del área que conduce el jefe de Gabinete.

Se trata de Foggia Group, una productora con vínculos históricos con el entorno de Karina Milei. Hasta diciembre de 2023, una de sus socias era Mara Gorini, actual secretaria de la hermana del Presidente, quien se desprendió formalmente de su participación al asumir funciones en el Gobierno.

Tras su salida, la firma quedó en manos de Marcelo Dionisio, esposo de Gorini, y del hijo de ambos. Sin embargo, la estructura accionaria comenzó a modificarse durante 2025. Pocos días antes de que el Gobierno anunciara la concesión de Tecnópolis por un plazo de 30 años, empresarios vinculados a la familia Werthein desembarcaron en la compañía.

Según informó previamente LPO, los primeros en incorporarse fueron Marcelo Wegbrait y Fabián Suffern, quienes asumieron cargos como directores titular y suplente. El 19 de noviembre de 2025 se sumó Ricardo Silbermins, ejecutivo que integra los directorios de distintas compañías relacionadas con los Werthein, entre ellas Landmark y Cachay SA.

La llegada de estos nombres reforzó la conexión entre Foggia Group y el conglomerado empresario de la familia Werthein, que incluye a Technomedia, controlante de DirecTV en la Argentina.

El gobierno de Javier Milei busca desactivar la sesión prevista para este jueves en el Senado y evitar que avance una eventual ofensiva contra Manuel Adorni, en medio de crecientes sospechas dentro del oficialismo sobre los movimientos políticos de Patricia Bullrich con sectores del peronismo y el entorno de Victoria Villarruel.

Fuentes del Gobierno confirmaron que tanto el macrista Diego Santilli como Eduardo “Lule” Menem iniciaron contactos con distintos senadores para intentar impedir que la oposición reúna el quórum necesario para abrir el debate. La estrategia, sin embargo, podría tener costos para el propio oficialismo.

Como anticiparon distintos sectores aliados al Gobierno, el Congreso permanece prácticamente paralizado mientras se mantenga la situación de Adorni, una situación que complica los planes legislativos de Javier Milei para impulsar iniciativas consideradas clave para la recuperación económica.

Aunque la eventual interpelación del jefe de Gabinete no figura en el temario oficial de la sesión, en Balcarce 50 admiten que, una vez habilitado el debate, el peronismo podría intentar introducir una moción para avanzar contra el funcionario. El orden del día incluye, entre otros puntos, el tratamiento de la ley de propiedad privada y los pliegos judiciales pendientes.

Las gestiones encabezadas por Menem y Santilli encuentran receptividad entre sectores de la UCR y senadores alineados con gobernadores provinciales, que buscan evitar quedar atrapados entre respaldar una iniciativa impulsada por el peronismo o salir en defensa de Adorni.

Según trascendió, Bullrich había sugerido que la Casa Rosada evitara intervenir en las negociaciones del Senado. Sin embargo, la desconfianza de Karina Milei respecto del desenlace de la sesión terminó inclinando la balanza a favor de una participación más activa del oficialismo en las conversaciones parlamentarias.

En paralelo, persisten diferencias sobre el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger. Fuentes legislativas señalaron que el Gobierno rechaza las modificaciones introducidas en el capítulo referido a la extranjerización de tierras, donde los bloques dialoguistas y representantes de las provincias acordaron otorgar a los gobernadores la última palabra en la autorización de ventas de terrenos a ciudadanos extranjeros.