Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El sector de la construcción continúa sumido en un escenario sombrío, atravesado por una fuerte contracción de la actividad y una pérdida masiva de empleo. Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, describió una “crisis profunda” que ya provocó la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Según advirtió, el sector perdió cerca del 30% de su mano de obra en medio del ajuste.

“El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra”, sintetizó Weiss, al cuestionar el impacto del freno en la inversión pública nacional. Si bien reconoció cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sostuvo que el estancamiento es generalizado debido a la “casi total ausencia” de obras impulsadas por el Estado nacional.

El dirigente también alertó sobre los efectos de la apertura de importaciones y la necesidad de resguardar a las empresas locales. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, afirmó. En esa línea, remarcó que, aunque las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema macroeconómico ordenado, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.

A este cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que continúa “tranquilo” y una recuperación del crédito hipotecario que, según Weiss, todavía no alcanza el volumen necesario para reactivar con fuerza la actividad. Así, pese a algunos indicios aislados de movimiento, la construcción sigue atrapada en un ciclo recesivo que profundiza la incertidumbre y el pesimismo en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Con una conferencia de prensa en Diputados, Abuelas, Madres, HIJOS y SERPAJ cuestionaron el régimen de prisión domiciliaria de la ex presidenta y marcaron diferencias con el trato que reciben represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Organismos de Derechos Humanos realizaron este martes una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para reclamar ante la Justicia la flexibilización de las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria. La convocatoria se llevó a cabo en el anexo A del Congreso y contó con la presencia de referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani.

Durante el encuentro, las organizaciones difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron la disparidad de criterios que, según sostienen, existe entre el tratamiento judicial que recibe la ex mandataria y el que reciben represores condenados por crímenes de lesa humanidad que también cumplen prisión domiciliaria. “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia.

El reclamo apuntó directamente al régimen de detención que el Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado para la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. Las restricciones vigentes incluyen un límite de tres personas por visita, con una duración máxima de dos horas y hasta tres veces por semana, además del uso de tobillera electrónica y un tope de dos horas diarias para el uso de la terraza del edificio.

En ese contexto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reflexionó sobre la situación política del país y llamó a la sociedad a movilizarse. “Yo creo que el pueblo debe movilizarse y los dirigentes despertar. Porque están dormidos. No tienen propuestas claras, alternativas, para la situación del país. Pero el pueblo se está movilizando. Pero tiene que comenzar a tener mayor fuerza con eso”, afirmó en declaraciones a Radio 750.

La defensa de Cristina Kirchner ya había solicitado sin éxito la flexibilización de estas medidas, entre ellas la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales y la quita de los límites a la cantidad y duración de las visitas. Hasta el momento, el Tribunal mantiene las normas fijadas originalmente.

La conferencia de prensa buscó instalar el tema en la agenda pública en un contexto donde, según los organismos, el tratamiento judicial hacia la ex presidenta resulta más severo que el aplicado a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los referentes de los Derechos Humanos que participaron del encuentro reclamaron una revisión de las medidas impuestas.

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “comer carne es como andar en un Ferrari, es un lujo”, una frase que generó fuertes reacciones en el país históricamente identificado con la producción y el consumo de carne vacuna.

En la Argentina —donde durante décadas el consumo per cápita llegó a rozar los 100 kilos anuales y donde la carne formó parte habitual de la dieta semanal de millones de familias— la comparación con un auto de superlujo fue leída como una provocación y como un síntoma del cambio de época que atraviesa el mercado interno.

Las críticas se potenciaron por el propio perfil del senador: productor agropecuario y vinculado a la actividad ganadera, un sector tradicionalmente asociado al abastecimiento local además de la exportación. Para muchos, resulta llamativo que alguien con ese recorrido sostenga que hoy consumir carne sea equiparable a un lujo inaccesible.

En ese marco, la discusión de fondo gira en torno al destino de la producción vacuna, con un volumen creciente orientado a la exportación, y al impacto de los precios internos frente a salarios que no acompañan la inflación. Mientras desde el oficialismo se insiste en una mejora de los ingresos en términos de dólares, amplios sectores de la población señalan que el poder adquisitivo en el mercado local continúa deteriorado.

La frase de Paoltroni no solo reavivó el debate sobre el costo de vida, sino también sobre el modelo productivo y el acceso de los argentinos a uno de los alimentos más emblemáticos de su identidad cultural.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa presentaron el balance oficial de la temporada, que dejó los peores resultados desde la salida de la pandemia en términos de movimiento turístico e impacto económico en la Provincia de Buenos Aires.

Costa detalló que los datos relevados hasta el 22 de febrero confirman una caída generalizada en los principales indicadores del sector. Entre el 1° de diciembre y esa fecha ingresaron al territorio bonaerense 8,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 1,2% respecto del año pasado. Sin embargo, el contraste más fuerte se observa frente a la temporada 2022/2023, cuando se había registrado un millón más de visitantes.

El deterioro no solo se reflejó en la cantidad de turistas, sino también en la duración de las estadías. Hasta la primera quincena de febrero, el promedio fue de cinco noches, un 4% menos que en la temporada anterior y un 6% por debajo de los niveles de 2022/2023. “Vino menos gente, estuvo menos tiempo y gastó muchísimo menos que en temporadas anteriores”, sintetizó el ministro.

El dato más crítico surgió del análisis del consumo. A partir de un relevamiento en 28 centros turísticos, realizado junto al Banco Provincia mediante el estudio de transacciones, se determinó que el gasto promedio de los turistas cayó un 25% interanual. Si la comparación se realiza contra la temporada 2022/2023, la contracción alcanza el 35%, lo que implica una fuerte pérdida de ingresos para hoteles, comercios, gastronomía y actividades recreativas.

Según Costa, el desplome del poder adquisitivo fue determinante en este resultado. El funcionario advirtió que “los ingresos para el sector turístico se desplomaron en estos dos años” y que la actividad queda “muy mal parada” de cara al resto del año.

Entre los factores explicativos, el ministro apuntó al encarecimiento relativo de los destinos locales frente a los internacionales. Aseguró que viajar al exterior llegó a resultar hasta un 50% más barato que vacacionar en la provincia o en otros puntos del país, situación que desde el Gobierno bonaerense atribuyen a la política cambiaria nacional y a la pérdida de competitividad del turismo interno.

Por su parte, Kicillof vinculó el balance negativo con el contexto económico nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó.

Con estos números oficiales, la temporada de verano cerró con un panorama crítico para uno de los motores económicos clave de la provincia, afectado de lleno por la caída del consumo y el deterioro del ingreso real de la población.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cruzarse con el gobierno de Javier Milei, después de que en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso anduviera a los empujones con Karina Milei. Militantes libertarios pidieron su renuncia en redes.

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”, ironizó en X Villarruel.

Después, siguió con sus tuits contra dirigentes oficialistas: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

La recaudación tributaria registró en febrero una baja real del 9,5%, profundizando el deterioro de las cuentas públicas y encendiendo alertas sobre la situación financiera de las provincias. Con este resultado, ya son siete los meses consecutivos en terreno negativo. Desde julio de 2025, los ingresos fiscales no logran acompañar el ritmo de la inflación. El motivo: la caída de la actividad golpea sobre los ingresos públicos, como era previsible.

En este contexto, se abre el interrogante sobre la capacidad de sostener el superávit fiscal que el presidente Javier Milei volvió a ratificar como meta para este año y que constituye el principal argumento a favor del actual esquema económico. La persistencia de la caída en los recursos pone presión sobre ese objetivo que solo se podrá lograr con más ajuste, que volverá a golpear sobre la recaudación, que necesitará un nuevo ajuste…

“El Gobierno ya agotó buena parte del margen de ajuste. Puede recortar subsidios, pero eso impacta en la inflación. El congelamiento del bono a los jubilados aporta poco. Y no parece viable modificar el ancla salarial”, sostuvo Hernán Letcher, economista y director del Centro de Política Económica Argentina (CEPA).

El retroceso golpea especialmente a los tributos que integran la masa coparticipable. El IVA, indicador clave del nivel de actividad, mostró una contracción real interanual del 3,2%. Parte de esa merma obedece a la caída del IVA Aduanero, tras la eliminación de la suspensión de los certificados de exclusión, una medida que favoreció a las importaciones.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, fue empujada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que le cerró el paso cuando quería quedar en primer plano de la televisión como la primera dama de Javier Milei. Todo ocurrió en cadena nacional en la inauguración de la asamblea ordinaria del Congreso.

En un momento del ingreso de Milei – visiblemente desordenado emocionalmente – las cámaras captaron el momento en que Villarruel la corre por la fueza a Karina entre sonrisas incómodas de la acompañante del mandatario.

La vicepresidenta está en una guerra abierta con los libertarios y así lo deja ver cada vez que puede. “Hay que defender a la industria nacional”, tuiteó hace pocos días mientras el gobierno festejaba la apertura económica, el cierre de empresas nacionales y el despido de miles de argentinos.

Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.

Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.

La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.

Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.

En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.

Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.

El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.

El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.

Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.

En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.

Transporte público, alquileres, medicina prepaga, luz y agua subirán en simultáneo, configurando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos en un contexto en el que la inflación mensual ronda el 2%–3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lejos de tratarse de ajustes aislados, se trata de subas acumulativas que se suman a los incrementos ya aplicados en los primeros meses del año y que afectan rubros esenciales de la vida cotidiana.

Transporte público: otro salto tras el 31% de febrero

El transporte vuelve a encabezar la lista de aumentos. Las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un incremento del 7,7% desde el 16 de marzo, tras el fuerte salto del 31% aplicado en febrero.

Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así:

• 0 a 3 km: $700
• 3 a 6 km: $779,78
• 6 a 12 km: $839,86
• 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, los valores prácticamente se disparan:

• Hasta 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,9%, llevando el boleto mínimo a $681,85. Para quienes viajan todos los días, el impacto mensual se vuelve significativo y erosiona aún más el salario.

Alquileres: subas que superan el 100%

El mercado inmobiliario presenta uno de los escenarios más duros. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los incrementos varían según el tipo de contrato, pero en muchos casos resultan abrumadores:

• Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres: +33,89% (ICL).
• Contratos firmados en marzo de 2023: +149,34%.
• Actualización trimestral: +7,3%.
• Ley 27.737 con fórmula “Casa Propia”: +16,61% semestral.

La dispersión de regímenes convive con aumentos que, en algunos casos, multiplican varias veces la inflación mensual, profundizando la dificultad para sostener una vivienda en alquiler.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y más presión en salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo aumentos de entre 2,9% y 3,2%, en línea con la inflación de enero (2,9% según el INDEC). El ajuste también alcanza a los copagos.

Si bien el porcentaje parece menor frente a otros rubros, se suma a una cadena de incrementos previos y consolida a la salud privada como uno de los gastos fijos más pesados para la clase media.

Luz: aumentos de hasta 17%

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas eléctricas subirán desde el 1° de marzo para usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas:

• Usuarios sin subsidios: +17%.
• Usuarios con subsidios: +12%.

El ajuste responde a la actualización de precios mayoristas y al Valor Agregado de Distribución (VAD), además del nuevo esquema de subsidios. En el AMBA aún se aguarda la confirmación de los incrementos para Edenor y Edesur.

Agua: actualización mensual del 4%

AySA continuará con su esquema de actualización mensual con tope del 4%, aprobado por el ERAS mediante la Resolución N° 53/25. El mecanismo combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Con esta suba, el valor promedio del servicio aumentará en $22.739, sumando otro ajuste a la lista de gastos fijos que deben afrontar los hogares.

Un marzo cargado de presión económica

El tercer mes del año llega así con un combo de incrementos simultáneos en servicios esenciales. Transporte, vivienda, salud y tarifas básicas vuelven a ajustarse en porcentajes que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los salarios.

La acumulación de subas configura un escenario complejo para millones de familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para absorber un nuevo y contundente golpe al bolsillo en marzo de 2026.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri y reconoció públicamente que se equivocó al no haber condicionado el acuerdo político de 2015 en materia judicial.

Entrevistada por Jonatan Viale en ¿La ves?, por la señal Todo Noticias, Carrió fue contundente: “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero no acordé el tema de la Justicia. Me arrepiento”.

La exdiputada sostuvo que durante el gobierno de Macri se consolidó un esquema de influencia sobre los tribunales. “Él se quedó con la Justicia”, afirmó, en referencia a la designación de operadores y alfiles cercanos al entonces mandatario.

Críticas al entramado político-judicial

Carrió también cuestionó con dureza al sistema político en general. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos. Existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel”, señaló.

Recordó además supuestos vínculos y encuentros entre miembros del poder político y judicial en los años 90. “Desde entonces veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”, denunció.

En ese marco, apuntó contra la comisión de Reforma del Código Penal durante la gestión de Juntos por el Cambio. “A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión donde estaba Mahiques. Era ese pequeño grupo que tenía Macri con Mahiques y Angelici”, afirmó, en referencia a Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici.

Debate por la ley de Glaciares

Finalmente, amplió sus críticas al debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. “Tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.