La tensión en el sistema ferroviario volvió a escalar este sábado tras una fuerte advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa convocar a un paro nacional de trenes el próximo jueves 5 de febrero si no se alcanza un acuerdo salarial satisfactorio en las próximas horas.

El conflicto se profundizó luego de la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de solo un 1% para los haberes de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente e inaceptable frente al impacto de la inflación.

Aunque la posibilidad de la huelga ya está planteada, la decisión final quedó en suspenso por 48 horas. Desde el sindicato señalaron que la concreción del paro dependerá de las nuevas ofertas salariales que puedan surgir en la mesa de negociación, prevista para este lunes.

En caso de no registrarse avances, La Fraternidad podría formalizar ese mismo día la convocatoria a un paro general ferroviario, lo que afectaría los servicios en todo el país a partir del jueves.

El conflicto se inscribe además en un clima de creciente tensión entre los gremios del transporte y el Gobierno nacional. El líder sindical Omar Maturano ya había expresado su rechazo a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Un informe publicado por The New York Times volvió a encender las alarmas sobre las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio estadounidense, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Lo más grave es que fuentes estadounidenses confirmaron que estas tratativas existen desde enero de 2025, como parte de un paquete de acuerdos que Washington viene impulsando con gobiernos subordinados de la región. De concretarse, el país podría transformarse en un verdadero “vertedero de personas descartadas por Washington”, recibiendo deportados que Estados Unidos busca expulsar, entre ellos potencialmente criminales peligrosos, con un impacto directo sobre la seguridad ciudadana interna argentina.

Ante consultas periodísticas, los voceros oficiales del Gobierno evitaron brindar precisiones. Incluso, un alto funcionario se limitó a minimizar el contenido del artículo, señalando que el acuerdo “no es tan así”. Sin embargo, desde EEUU reconocen que las conversaciones llevan más de un año en marcha, aunque todavía no hay una fecha definida para su oficialización.

La nota del diario norteamericano apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían involucrados en los detalles del entendimiento. Desde Cancillería respondieron con evasivas: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Desde la asunción de Trump, uno de los primeros pedidos a los países aliados fue la cooperación con su política migratoria. El Salvador fue el caso pionero: aceptó recibir deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron encerradas 256 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. Posteriormente, el gobierno de Nayib Bukele aceptó otros 200 deportados a cambio de 4,76 millones de dólares.

Ecuador también confirmó en septiembre de 2025 negociaciones avanzadas para recibir migrantes en condición de refugiados, aunque sin el alcance del modelo salvadoreño, que incluye delincuentes y personas con prontuario.

En el caso argentino, aún no se conocen las condiciones exactas que se estarían negociando. Pero lo que ya resulta inquietante es que Estados Unidos confirma que las conversaciones existen desde enero de 2025, lo que abre la puerta a que Argentina termine funcionando como un destino para deportados no deseados por Washington, con el consiguiente riesgo de importar problemas de seguridad y criminalidad que podrían poner en jaque la propia soberanía nacional.

A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitirá cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vence este domingo 1 de febrero.

El gobierno de Estados Unidos volvió a salir al auxilio de Javier Milei para evitar tensiones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional. A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitió cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vencían este domingo 1 de febrero.

El compromiso asciende a US$ 833 millones, por lo que la asistencia estadounidense resulta decisiva para afrontar el vencimiento sin un impacto significativo sobre las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central durante enero.

La transferencia representa la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses, consolidando un respaldo financiero sostenido hacia la administración libertaria. En octubre, Argentina ya había recibido unos US$ 1.185 millones en DEGs, utilizados para cumplir con otro pago al Fondo el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario también habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, una medida que permitió evitar una devaluación que parecía inminente y que luego fue cancelada mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El objetivo: apuntalar las reservas del Banco Central

El Banco Central logró acumular en enero cerca de US$ 1.100 millones, tras ajustes en la política cambiaria y un plan de compras en el mercado. Si el pago al FMI se hubiera realizado directamente con esas divisas, habría consumido aproximadamente el 75% de lo adquirido durante el mes.

El equipo económico además cuenta con un remanente de unos US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street a comienzos de enero, recursos que ya se usaron parcialmente para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.

En las próximas semanas, el Banco Central enfrentará otro vencimiento relevante: a fines de febrero deberá afrontar US$ 990 millones vinculados a los bonos Bopreal colocados entre empresas. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos aparece como un factor clave para sostener la estabilidad financiera del gobierno en el corto plazo.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969, basado en una canasta de monedas integrada por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Los países pueden utilizarlos para complementar reservas, obtener liquidez o cumplir pagos con el propio Fondo.

En este tipo de operaciones, un país con excedente de DEGs los transfiere a otro que los necesita, a cambio de monedas convertibles. De este modo, se facilita el acceso a divisas sin recurrir de inmediato al mercado o a nuevo endeudamiento, preservando las reservas netas.

Según datos del Tesoro estadounidense, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, en lo que constituye apenas la cuarta venta realizada por Estados Unidos a otra nación en los últimos cinco años.

Los bomberos voluntarios de Trelew denunciaron que el Gobierno nacional no entregó los fondos necesarios para hacer frente a los incendios forestales que afectan la Patagonia.

Mientras los incendios forestales avanzaban sobre la Patagonia y ponían en riesgo miles de hectáreas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió no reforzar los fondos destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios. En Trelew, uno de los puntos más afectados por la crisis ígnea, la situación fue expuesta con crudeza: no hubo partidas especiales, no hubo refuerzos y no hubo respuestas frente a una emergencia que exigía acción inmediata.

Desde el cuartel local fueron directos: “No existe aporte extraordinario del Gobierno nacional para afrontar los incendios. Estamos trabajando con lo mínimo indispensable”, advirtieron. Más adelante, remarcaron que el esfuerzo cotidiano se sostuvo casi exclusivamente con recursos propios, donaciones y el compromiso de los brigadistas, en un contexto donde el fuego avanzaba más rápido que la asistencia oficial.

En el mismo tono, señalaron que la falta de apoyo no fue un problema aislado, sino parte de una política de ajuste que golpeó incluso en situaciones críticas. “Estamos operando al límite”, explicaron, con equipos desgastados, personal exhausto y sin el respaldo económico que debería garantizar el Estado nacional en una catástrofe ambiental de esta magnitud.

Finalmente, el cuadro dejó en evidencia el contraste entre el discurso libertario y la realidad: mientras el Gobierno hablaba de eficiencia y recorte, en el territorio los bomberos enfrentaron el fuego sin recursos. La emergencia no encontró un Estado presente, sino una administración que eligió mirar para otro lado cuando más falta hacía intervenir.

Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

Luego de la fuerte presión ejercida por los gobernadores de la Patagonia, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea y zona de desastre en cuatro provincias afectadas por los incendios forestales: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La decisión fue tomada por el oficialismo tras una reunión de la Mesa Política y responde a un pedido especial de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban desde hace semanas una herramienta inmediata para acelerar el envío de fondos y recursos ante el avance del fuego.

La medida habilita partidas extraordinarias, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a las comunidades afectadas y avanzar en la restauración de las áreas dañadas.

Los gobernadores habían solicitado incluso que el tema fuera tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la urgencia de contar con una respuesta nacional: “Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”.

Luego de más de dos meses de incendios en distintas zonas patagónicas, con un saldo crítico de más de 230.000 hectáreas afectadas, el Gobierno nacional firmó finalmente el decreto, en un contexto marcado también por la creciente preocupación social y la presión de la opinión pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en la noche del jueves: “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Con esta declaración, Nación garantiza mayores recursos para las provincias que enfrentan las consecuencias del fuego y refuerza el operativo federal para contener una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años.

En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei escaló al máximo la pelea contra el empresario Paolo Rocca tras la polémica por la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro y amenazó a Techint con la quiebra. ¿Dirá lo mismo de los empresarios amigos, como Elsztain, que viven de negocios generados por el Estado hace décadas?

El presidente habló ante sus fanáticos en la Derecha Fest y redobló los dardos contra Rocca, a quien más temprano había llamado “Don Chatarrín”.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, lanzó Milei a modo de advertencia.

“No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó Milei.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto.

La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas. pic.twitter.com/bijr8C9w2Z

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.