El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios oficialistas por el Banco Nación sumó un nuevo y explosivo capítulo, esta vez con la diputada libertaria Lorena Villaverde en el centro de las acusaciones por presunto tráfico de influencias.

La polémica se desató luego de que se revelara que la diputada libertaria Lorena Villaverde habría accedido a un crédito hipotecario pese a estar embargada y procesada judicialmente. Según la denuncia, el préstamo fue inicialmente rechazado por la sucursal de Cipolletti debido a su situación patrimonial, pero terminó siendo aprobado tras una supuesta “orden superior” desde la casa central en Buenos Aires.

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) fue quien expuso el caso, al señalar que el trámite siguió un curso “inusual” y privilegiado, sorteando los controles de riesgo crediticio que rigen para cualquier ciudadano. “El crédito fue rechazado primero porque Villaverde está embargada. Sin embargo, desde la central alguien levantó un teléfono y el crédito finalmente se aprobó”, afirmó.

El punto más sensible del caso radica en las irregularidades técnicas que habrían sido ignoradas. En marzo de 2026, la Justicia de Río Negro dictó un embargo superior a los 31 millones de pesos contra la legisladora, en el marco de una causa por presuntas estafas inmobiliarias vinculadas a la venta de terrenos en Las Grutas. Ese antecedente, según la normativa vigente, debería haber impedido el acceso a un crédito hipotecario.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una controversia mayor que la oposición ya denomina un “festival de créditos”. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia para investigar préstamos otorgados a funcionarios por montos que irían de los 100 a los 500 millones de pesos, con el objetivo de determinar si existió un relajamiento de los requisitos habituales para sectores cercanos al oficialismo.

En ese marco, Paulón remarcó la desigualdad en el acceso al financiamiento: “Las condiciones que detectamos no tienen nada que ver con las dificultades que enfrenta cualquier familia para acceder a un crédito hipotecario en la Argentina”.

Historial controvertido

El caso Villaverde, no obstante, agrega un componente adicional por el historial judicial y político de la diputada. A la causa por estafas inmobiliarias se suman cuestionamientos por presuntos vínculos con figuras investigadas por narcotráfico y antecedentes en el exterior que han sido objeto de controversia pública. Incluso, en 2025, su intento de pasar al Senado por Río Negro se frustró tras la impugnación de su pliego por falta de idoneidad, lo que la obligó a mantenerse en su banca actual en Diputados.

Con este nuevo episodio, crece la presión para que la Justicia investigue si existieron privilegios indebidos en el otorgamiento de créditos del Banco Nación, en un contexto donde la transparencia del sistema financiero público vuelve a quedar bajo sospecha.

La operación fue sobre una propiedad en Parque Chacabuco y se suma a otras maniobras similares ya investigadas por la Justicia en torno a su patrimonio.

El caso que involucra a Manuel Adorni no deja de escalar y ya se asemeja a una auténtica bola de nieve. A medida que pasan los días, lejos de disiparse, las dudas se multiplican con la aparición de nuevas operaciones sospechosas que vuelven a poner el foco sobre su patrimonio.

La última revelación suma un capítulo más a una trama cada vez más compleja: el funcionario constituyó una nueva hipoteca sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco. La particularidad, otra vez, es el mecanismo elegido. No se trató de un crédito bancario tradicional, sino de un préstamo privado por alrededor de 100 mil dólares otorgado por dos mujeres. Con este movimiento, ya son cuatro las acreedoras que aparecen vinculadas a este tipo de operaciones.

El dato no es aislado. Por el contrario, encaja en un patrón que ya había despertado sospechas en torno a otra propiedad en Caballito, donde también se detectó un esquema de financiamiento similar. En ambos casos, se repite la misma pregunta: cuál es el origen real de los fondos y por qué se recurre sistemáticamente a este tipo de mecanismos por fuera del sistema financiero formal.

El contexto en el que surge esta información tampoco ayuda a despejar las dudas. En Casa Rosada, en medio de las consultas periodísticas, se registraron restricciones para el ingreso de periodistas, una señal que no hizo más que alimentar la tensión y las sospechas alrededor del caso.

Según consta en documentos oficiales, la nueva hipoteca fue constituida el 15 de noviembre de 2024, una fecha que también llama la atención: coincide con la compra de una propiedad en un country a nombre de su esposa. Este cruce de operaciones en simultáneo suma un elemento más a un entramado que la Justicia ya analiza con detenimiento.

Otro punto que genera ruido es el cambio en la lógica de financiamiento. Tras años con una hipoteca bancaria vigente desde 2014, el funcionario habría optado por cancelarla para pasar a esquemas de préstamos privados, una decisión que ahora también forma parte de la investigación judicial.

La causa, que avanza con la incorporación de nuevos documentos y testimonios, ya no se limita a un episodio puntual. Incluye un conjunto de operaciones inmobiliarias, vuelos privados y presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales que, en su conjunto, delinean un escenario cada vez más comprometedor.

Lo que comenzó como cuestionamientos aislados por propiedades y viajes se transformó en un expediente complejo, donde cada nueva revelación no cierra interrogantes sino que abre otros. En ese marco, el silencio oficial y la falta de explicaciones públicas no hacen más que agrandar una bola de nieve que sigue creciendo y amenaza con convertirse en un problema político y judicial de mayor envergadura.

Bajo el argumento de una supuesta red de espionaje ruso en Argentina, la Casa Rosada decidió suspender la acreditación de prensa a varios medios nacionales, en una medida que genera fuertes cuestionamientos sobre la libertad de prensa.

La disposición afectó a Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, luego de que fueran mencionados en un dudoso informe que los vincula con una presunta red de propaganda financiada por Rusia para desprestigiar al presidente Javier Milei. Como consecuencia, estos medios quedaron excluidos de las conferencias de prensa del Gobierno.

El recorte de acreditaciones se da en un contexto de creciente tensión entre funcionarios y periodistas, especialmente tras los cruces con el vocero presidencial Manuel Adorni en la sala de prensa. En las últimas semanas, las preguntas incómodas sobre temas sensibles —como sus viajes y su patrimonio— habían elevado el tono del conflicto.

Desde distintos sectores periodísticos interpretan la medida como una represalia encubierta. El periodista Adrián Murano, de El Destape, denunció que se trata de un castigo por el trabajo crítico hacia el oficialismo: “Le niegan la entrada a Casa Rosada a los corresponsales por haber incomodado a varios funcionarios”, afirmó.

La decisión se conoció públicamente a través de la periodista Gabriela Vulcano, mientras que desde el Gobierno se enmarca en la investigación impulsada por la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya había presentado una denuncia judicial en 2025 por estas presuntas maniobras.

El propio Milei calificó el caso como de “gravedad institucional pocas veces vista” y aseguró que los implicados serían apenas “la punta del iceberg”. Sin embargo, para sus críticos, el uso de esta hipótesis como fundamento para restringir el acceso de medios a la información pública abre un debate de fondo sobre posibles intentos de disciplinamiento a la prensa y la necesidad del gobierno de desviar la atencion de los crecientes casos de corrupción.

La periodista ultramacrista Laura Di Marco afirmó que “Te vas a ir, Santi, lo sabés. Es Karina la que te quiere fuera del gobierno. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas”, escribió en Twitter.

Se sabe: hay una interna brutal entra Karina Milei y el asesor estrella de Javier Milei Santiago Caputo. Parece que Karina lo quiere afuera ya a Caputo. ¿Pero Javier qué opina?

En Twitter, Javier eligió salir a cruzar a Di Marco: “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”.

El mensaje d Milei es claro y tiene una destinataria: Karina. Por primera vez en muchos años, el presidente eligió desacreditar a su hermana que suele presentarse como “El jefe” en cada reunión política donde arma y desarma cuestiones vinculadas al gobierno.

El ministro de Economía Luis Caputo no debe estar nada contento con Sandra Pettovello porque lo dejó expuesto tras echar a su jefe de gabinete por tomar un crédito con el Banco Nación de más de 400 millones de pesos. Para la ministra de Capital Humano sí era un problema al menos ético que Leandro Massaccesi cobrara esa plata.

Al echar a Massaccesi, Pettovelló sentó un precedente moral que acorraló a Caputo porque dos de sus funcionarios de primera línea, Federico Furiase y Felipe Núñez, sacaron créditos con el Nación que también superan los 400 millones de pesos. El gobierno libertario usa el Banco Nación para darle créditos a funcionarios y dirigentes de la fuerza gobernante. Total normalidad.

Como el escándalo de los créditos a funcionarios ya está siendo investigado en la Justicia, el banco presentó una auditoría interna que había encargado antes de autorizar los créditos a los funcionarios. Entre los casos más escandaloso sobresale un pariente del clan Menem que recibió 300 millones de pesos a pesar de tener 24 años y tener un contrato de 2 millones. ¿Cuál es el criterio para aprobar un crédito así? Millones de familias argentinas no tienen esa misma suerte.

El presidente Javier Milei volvió a embestir con dureza contra medios y periodistas, a los que calificó de “asociación ilícita”, en el marco de un mensaje cargado de acusaciones, descalificaciones e hipótesis de conspiración sin pruebas.

A través de un extenso posteo en redes sociales, estructurado en cinco “actos” bajo el título “¿Cómo se llama la obra?”, Milei denunció una supuesta operación coordinada para desprestigiar su gestión mediante la difusión de información errónea sobre créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores. En su relato, describió un esquema en el que intervienen periodistas que —según sus palabras— actúan como “operadores”, llegando incluso a insultarlos como una “mezcla de operador e imbécil”.

El mandatario elevó aún más el tono al extender sus acusaciones a toda la cadena de decisión de los medios. “No es sólo el problema de las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños”, afirmó, profundizando una confrontación que se ha vuelto habitual en su discurso.

Tuvo un día de furia en X: con insultos y groserías, hasta que llegó a esto. Nada que sorprenda: sigue su línea de los mandriles y del uso de metáforas sexuales violentas y homofóbicas para intimidar. ¿Alguien le podrá recordar que es presidente? pic.twitter.com/gq5lgTcvaj

— Maria O' Donnell (@odonnellmaria) April 6, 2026

Según Milei, incluso cuando se reconocen errores en la información publicada, los medios sostienen y amplifican esos contenidos de manera deliberada. “Es una estafa”, sostuvo, al insistir en la existencia de una estrategia organizada para perjudicar a su Gobierno.

En paralelo, y sin aportar evidencia concreta, el Presidente reforzó la idea de un escenario de desestabilización que incluiría actores externos. Desde su entorno se mencionó la posibilidad de una campaña de desinformación con origen en Rusia, lo que Milei dejó entrever como parte de un “doble frente” de presión contra su gestión.

En ese marco, el jefe de Estado dejó en claro que no distingue entre errores periodísticos y operaciones políticas, interpretando cualquier crítica como parte de un ataque coordinado. “Es una asociación ilícita”, reiteró, generalizando sus acusaciones a todo el sistema de medios.

Mientras organizaciones de libertad de expresión advierten sobre el carácter intimidatorio de estos ataques, Milei redobla la confrontación y profundiza su ofensiva contra el periodismo.

El fiscal Gerardo Pollicita ya cuenta con un informe de la Dirección de Migraciones que registra entre 15 y 19 trayectos (considerando cada ida y vuelta) realizados por el funcionario desde 2023.

Esta semana se impulsarán nuevas pedidos de pruebas para determinar con mayor precisión los destinos finales de varios de esos viajes, ya que existen tramos que no cuentan con información completa. La sospecha es que algunos recorridos podrían haber tenido escalas o destinos finales no declarados, incluso en el Caribe, como Aruba.

En paralelo, la investigación también profundiza sobre los movimientos financieros del jefe de Gabinete. La causa, iniciada tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca establecer si existe una desproporción entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de gastos, especialmente en viajes y adquisición de bienes.

Uno de los puntos que disparó la pesquisa fue un vuelo privado a Punta del Este, cuyo costo superó los 4.800 dólares, lo que abrió interrogantes sobre el origen de los fondos. A esto se suma el análisis de consumos con tarjetas de crédito y pedidos de información a aerolíneas como LATAM Airlines, con el objetivo de reconstruir con exactitud cada itinerario.

La investigación también alcanza a su entorno familiar. Se analizan viajes realizados por su esposa, Bettina Angeletti, así como su actividad económica, en el marco de una posible maniobra de justificación de ingresos.

Además, la causa por presunto enriquecimiento ilícito incluye la compra de propiedades, como un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas, entre ellas la citación como testigo de la escribana interviniente y futuras tasaciones para determinar si los valores declarados coinciden con los del mercado.

Con este conjunto de medidas —que ya suman al menos una docena— la Justicia busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por Adorni y determinar si hubo inconsistencias patrimoniales, en una causa que continúa sumando elementos y complejiza la situación del funcionario libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la tradicional vigilia por Malvinas en la ciudad fueguina de Río Grande, uno de los actos más emblemáticos de la Argentina en la antesala del 2 de abril, y dejó un mensaje de unidad en clave política: “La Patria no se vende”.

A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, la tradicional ceremonia reunió a excombatientes, autoridades y cientos de ciudadanos en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese marco, Kicillof tuvo un rol protagónico, acompañado por el gobernador fueguino Gustavo Melella y el riojano Ricardo Quintela.

Durante la vigilia, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la soberanía y el federalismo, subrayando que “no hay mejor manera de honrar a los héroes que seguir luchando” y remarcando que “no todo tiene un precio”. Su participación no solo apuntó a la memoria histórica, sino también a reforzar un posicionamiento político en defensa de los intereses nacionales.

Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande.

No hay mejor manera… pic.twitter.com/3TioPwxrCG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026

El acto, realizado en Río Grande, tuvo como anfitrión a Melella y contó con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y legisladores. En ese escenario, Kicillof volvió a insistir en la necesidad de fortalecer la industria nacional, el trabajo y la identidad soberana, en un discurso que encontró eco entre los asistentes.

La vigilia, históricamente centrada en el reclamo por las islas, adquirió además un tono político. La imagen conjunta de los gobernadores fue interpretada como un gesto de articulación opositora, en contraste con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó del encuentro.

El escándalo por el departamento de Caballito de Manuel Adorni sumó un nuevo ribete que profundiza las dudas sobre la operación: una de las jubiladas que figura como su prestamista es beneficiaria de un subsidio del Gobierno de la Ciudad.

Se trata de Claudia Sbabo, quien aparece junto a otra mujer como acreedora de un crédito hipotecario por US$200 mil a favor del jefe de Gabinete. Ahora se conoció que Sbabo tramitó el Pase Cultural, un programa porteño destinado a adultos mayores de bajos ingresos para acceder a bienes y servicios culturales.

El dato, revelado por la legisladora Graciela Ocaña, no implica en sí mismo un delito, pero reaviva los interrogantes sobre la capacidad económica de las mujeres que habrían financiado el 87% de la compra del inmueble, valuado en US$230 mil. Para acceder al beneficio, los jubilados deben percibir ingresos que no superen los $600.000 mensuales.

“Habrá que ver si este es el caso, pero ya se ha visto en otras causas de corrupción que aparecen ‘prestanombres’. Suelen ser personas que dan su firma a cambio de dinero”, sostuvo Ocaña, quien además calificó la operatoria como “un dibujo” que genera un impacto político más amplio y que complica más la situación del funcionario libertario.

La causa, que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continúa sumando elementos. En ese marco, fue citada a declarar como testigo la escribana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación y deberá presentarse el 8 de abril.

Mientras tanto, en el entorno de Adorni prevalece el silencio. El funcionario suspendió su conferencia de prensa prevista y aún no designó abogado, bajo el argumento de que no existe imputación formal. Pese a la controversia, en el Gobierno aseguran que el respaldo del presidente Javier Milei se mantiene firme.

Su derrumbe en la opinión pública no solo marca el fin de su capital político, sino que arrastra consigo la credibilidad de toda la gestión encabezada por Javier Milei.

Según el último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, la imagen de Adorni alcanzó su piso histórico: el 66% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre su desempeño, mientras que apenas el 21,5% lo evalúa de manera positiva, el registro más bajo desde que ocupa un rol público. El contraste con su punto de partida es contundente: en enero de 2024, cuando asumió como vocero presidencial, su imagen positiva era del 51,5%. En poco más de dos años, esos números no solo se deterioraron, sino que se invirtieron de forma abrupta.

El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre una muestra de 1.200 casos, confirma que no se trata de un traspié coyuntural, sino de un proceso sostenido de erosión. A lo largo de cinco mediciones, la imagen del funcionario fue perdiendo respaldo hasta colapsar tras el episodio conocido como #AdorniGate. En abril de 2026, la positiva cayó al 21,5% y la negativa trepó al 66%, su nivel más alto.

#ADORNIGATE ✈️🏘️

La imagen de Manuel Adorni entra en zona crítica, el caso ya impacta de lleno en la opinión pública y en el gobierno.

Los datos muestran desgaste de su imagen, instalación del tema en la agenda y rechazo creciente de la ciudadanía.

Abrimos hilo 👇🧵 pic.twitter.com/b0VRELPzCU

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 1, 2026

Pero el dato más crítico para el Gobierno no es solo la mala imagen, sino el rechazo activo: el 70,4% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar. Este nivel de desaprobación convierte su permanencia en un costo político directo para la Casa Rosada, que queda expuesta a una creciente desconfianza social.

El impacto del escándalo también golpea de lleno la estrategia comunicacional oficial. Un 70,2% de los encuestados cree que la defensa del Gobierno no fue transparente, sino una maniobra para encubrir, distraer y ganar tiempo. Apenas el 15,3% consideró que la respuesta fue adecuada. Este dato resulta especialmente sensible: el área que Adorni encabezaba como principal vocero aparece ahora como uno de los puntos más débiles de la gestión.

La crisis, además, presenta un alto nivel de penetración pública. El 72% de la población afirma haber escuchado o leído sobre el caso, y casi el 78% exige explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados en sus viajes. Lejos de diluirse, el tema se consolidó en la agenda y amplificó el daño.

Incluso al evaluar cómo debería haberse manejado la situación, la mayoría de las respuestas apuntan a una falta de transparencia: predominan las opciones de mostrar comprobantes, responder sin confrontar o apartarse del cargo. Es decir, la ciudadanía no solo rechaza lo ocurrido, sino también la forma en que fue gestionado.

En este contexto, la decisión de sostener a Adorni por parte de Milei ya no aparece como un gesto de respaldo político, sino como una apuesta riesgosa. Los datos sugieren que el deterioro del funcionario no encuentra piso y que su continuidad profundiza el desgaste del Gobierno en su conjunto. La figura que supo ser central en la construcción del relato oficial hoy se convirtió en un pasivo que compromete la estabilidad y la credibilidad de toda la administración.