El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó un pedido clave: relevar todos los viajes realizados por el funcionario desde 2023 y cruzar esos datos con registros migratorios oficiales para reconstruir sus movimientos dentro y fuera del país.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, apunta a obtener un detalle exhaustivo de cada desplazamiento: fechas, horarios, destinos, pasos fronterizos y medios de transporte utilizados. La medida también alcanza al periodista Marcelo Grandío, quien figura en el expediente.

Uno de los ejes más relevantes es el cruce de información para detectar coincidencias. La fiscalía busca determinar si los involucrados realizaron viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas, lo que podría aportar indicios sobre vínculos con los hechos bajo investigación.

Además, se solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de cualquier otra persona que haya integrado los vuelos analizados, con especial atención a los realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La investigación también pone el foco en la trazabilidad de los datos: se pidió identificar a los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones que intervinieron en la carga y validación de los movimientos, incluyendo información técnica como usuario, horario, IP y terminal utilizada.

En paralelo, se dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se requirió información a la empresa JAG Executive Aviation S.A. sobre comunicaciones y facturación vinculadas a los vuelos investigados.

La causa se originó a partir de un viaje a Punta del Este en vuelo privado durante el feriado de Carnaval, pero ahora se amplía con el objetivo de reconstruir todos los desplazamientos recientes y determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.

El ministro Juan Bautista Mahiques consiguió que Javier Milei autorice el envío de cerca de 60 pliegos de jueces al Senado para su tratamiento en la comisión de Acuerdos. Entre ellos figura el de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una postulación que, como muchas otras, había permanecido sin avances durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La promoción de la esposa de Martínez de Giorgi se conoció este lunes, en simultáneo con la presentación que realizaron en el Palacio Talcahuano los ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— de un proyecto para modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. Una coincidencia llamativa, que podría interpretarse como un intento de tomar distancia de un escándalo que ya consideraban inevitable.

Entre los pliegos también se incluyó el del padre del propio Mahiques, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, quien había accedido a ese tribunal durante el macrismo y ahora obtuvo de Milei una prórroga excepcional para continuar cinco años más en el cargo, incluso después de cumplir los 75 años, edad en la que corresponde la jubilación obligatoria.

A esto se suma la aparición del nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, en la lista de postulaciones enviadas al Senado, aunque al cierre de esta nota su pliego aún no había ingresado formalmente. “Llega el martes”, señalaron desde el oficialismo. Rosatti hijo fue propuesto para un tribunal oral federal en la ciudad de Santa Fe, provincia de origen del titular del máximo tribunal. En tanto, Ana Juan fue postulada para el juzgado federal de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

Karina Milei borró a Manuel Adorni del festejo con rasgos monárquicos de su cumple en Casa Rosada luego de la aparición de nuevas revelaciones escandalosas sobre el patrimonio del jefe de gabinete. Ahora se descubrió que tiene a su nombre un departamente en Caballito que misteriosamente compraron dos jubiladas y luego se lo vendieron con un préstamo.

Capítulo aparte para la hermana del presidente hizo que la orquesta de Granaderos le tocara tres temas de ABBA en el Patio de la Palmeras, siemplemente porque era su cumpleaños. Se la vio rodeada de los funcionarios de mayor confianza y no apareció Adorni. “Fin”, diría un funcionario enriquecido gracias a la administración pública.

Del encuentro también participaron del cumple Diego Santilli y Patricia Bullrich, que le regaló un amplio bolso de cuero a Karina de la marca Ginger, cuyos precios rondan los 400 mil pesos. La casta no tiene miedo.  

En 2026, el presupuesto de viáticos y pasajes de la Presidencia —administrado por Karina Milei— pasó de $2.531 millones ejecutados en 2025 a una proyección de $4.112 millones, un aumento del 62,5%.

A pesar de sostener un discurso centrado en el ajuste del gasto público y la crítica a “la casta”, el gobierno de Javier Milei incrementó de manera significativa el presupuesto destinado a viajes oficiales. En 2026, el ítem de viáticos y pasajes de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— asciende a $4.112 millones, frente a los $2.531 millones ejecutados en 2025, lo que representa un aumento del 62,5%.

Este crecimiento se explica en parte por la intensa agenda internacional del mandatario: en lo que va de su gestión ya realizó 37 viajes al exterior y acumuló 116 días fuera del país, es decir, cerca del 14% de su tiempo en el cargo. Estados Unidos encabeza la lista de destinos con 16 visitas, seguido por Italia, España y otros países europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, varios de estos viajes fueron cuestionados por su carácter no institucional. Algunas giras incluyeron participación en eventos privados o encuentros políticos, como foros ideológicos o reuniones con referentes de la derecha internacional, sin agendas bilaterales formales con otros jefes de Estado. Incluso hubo viajes con resultados fallidos, como el intento de encuentro en Noruega con la activista Corina Machado.

Las críticas también apuntan a contradicciones en las medidas de austeridad. Aunque una norma oficial limitaba las comitivas a un funcionario por evento para reducir gastos, se registraron excepciones y situaciones irregulares, como la presencia de personas no autorizadas en vuelos oficiales. Además, se señalaron gastos elevados en alojamiento y logística, incluyendo estadías en hoteles de lujo.

Adquirió el inmueble en Caballito a dos jubiladas que le prestaron 200 mil dólares. Las similitudes con aquel escándalo de la propiedad en “La Isla” de la exgobernadora bonaerense.

Una filtración  de los documentos oficiales utilizados por Manuel Adorni para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito destapó una escandalosa maniobra que puso otra vez al jefe de Gabinete nacional contra las cuerdas.

Se trata de un artilugio impositivo que muchos no dudaron en emparentar con aquella polémica propiedad adquirida por María Eugenia Vidal en el barrio de Recoleta.

En la operación participaron dos jubiladas que le firmaron una hipoteca no bancaria. El departamento fue valuado en 230.000 dólares, pero la mayor parte del dinero no provino de ahorros previos ni de un crédito bancario tradicional, sino de una hipoteca privada con particulares por un total de 200.000 dólares

Los datos provienen de un informe de dominio que figura en el Registro de la Propiedad Inmueble que publicó La Nación.  Adorni aparece como el dueño del 50% de la propiedad desde el 18 de noviembre de 2025, dos semanas después de su ascenso como Jefe de Gabinete. La otra propietaria que figura en los registros es su esposa, Bettina Angeletti.

Las prestamistas de Adorni son dos mujeres de 72 y 64 años que figuraban como dueñas del inmueble desde abril de 2025

Las jubiladas le financiaron el 87% del valor de la propiedad al actual funcionario, en una transacción viciada de sospechas.

Cabe recordar que la familia Adorni había efectuado una operación similar un año antes, cuando adquirieron la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

“Qué loco que las dos jubiladas que le vendieron a Adorni un departamento de 500 lucas por 230 no sólo le prestaron 200, sino que lo compraron apenas unos meses antes y levantaron un embargo previo. si van a lavar guita de la corrupción hagan un mínimo esfuerzo, chicos. Aburren” lanzó la abogada Natalia Volosin.

Las similitudes con el caso Vidal

La adquisición de un lujoso departamento en el barrio “La Isla” de Recoleta por 500 mil dólares ocurrida en 2019 también respondió a una confusa operatoria ya que la en la declaración jurada del 2018, la exgobernadora informó que había ahorrado tan sólo 3 millones de pesos.

Hace un tiempo atrás, Vidal había explicado que pagó la mitad del departamento con la plata que le ingresó por el divorcio con su anterior marido, el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, en tanto que el resto lo financió con un crédito hipotecario a diez años “con el propio vendedor”.

En 2018 la propiedad fue adquirida por Brenda Celina Biondi por la suma de 330 mil dólares. La empresaria remodeló un año  y se lo vendió a Vidal por la misma cifra.

El departamento de 205 metros cuadrados fue entregado a Vidal por la suma de 140 mil dólares, mientras que los otros 200 mil quedaron como una hipoteca con la misma dueña y no con el crédito de un banco

En 2025, la exgobernador bonaerense fue absuelta por el  juez Ariel Lijo y ni el propio fiscal que llevaba la acusación optó por apelar el fallo.

La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El gobierno sufrió un fuerte revés judicial luego de que el juez Raúl Ojeda suspendiera más de 80 artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El fallo deja en pausa 82 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución, al implicar una posible regresión de derechos laborales. Como consecuencia, el sistema laboral vuelve, por ahora, al régimen anterior, incluyendo indemnizaciones y normas de protección al trabajador.

La resolución afecta el núcleo de la reforma: quedan suspendidos cambios en indemnizaciones, condiciones laborales, negociación colectiva, derecho a huelga y regulación del teletrabajo, entre otros puntos. Además, el juez advirtió que aplicar estas medidas podría generar “daños irreparables” en millones de relaciones laborales si luego fueran declaradas inconstitucionales.

Aunque se trata de una medida provisoria, el Gobierno puede apelar. El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma y marca un freno significativo a uno de los ejes centrales del plan laboral de Milei.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en la localidad de San Cristóbal. El agresor, un estudiante de 15 años, disparó contra sus pares durante el inicio de la jornada escolar, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

La comunidad educativa de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad santafesina de San Cristóbal, se vio sacudida este lunes por un hecho de violencia sin precedentes. Minutos después del ingreso escolar, mientras los alumnos se encontraban en el patio preparándose para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años inició un ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de uno de sus compañeros.

Según los primeros reportes, el agresor habría ingresado al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Sin mediar palabra, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos que impactaron en tres estudiantes. Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años, que cursaba el primer año de la secundaria, falleció en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos por perdigones.

La situación generó escenas de desesperación y caos dentro del colegio. Muchos estudiantes, ante el sonido de las detonaciones, intentaron escapar del edificio saltando por las ventanas, lo que provocó que algunos sufrieran cortes y golpes adicionales. Los padres, alertados por los llamados de sus hijos desde el interior de la escuela, acudieron de inmediato al establecimiento en medio de un clima de total incertidumbre.

El atacante fue finalmente reducido y desarmado por un preceptor de la institución antes de que pudiera continuar con la agresión. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al menor a la alcaldía local. En cuanto a los heridos, uno de ellos debió ser derivado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Rafaela para ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales y testigos del entorno escolar manifestaron su consternación ante lo sucedido, describiendo al agresor como un alumno que no presentaba antecedentes de conducta problemática ni comportamientos agresivos previos. El arma utilizada pertenecería a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en la localidad, aunque las circunstancias exactas de cómo el joven obtuvo el armamento aún son materia de investigación.

Tras el fatal desenlace, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo y se dispuso la suspensión total de las actividades escolares en todos los niveles de la zona. Mientras la justicia investiga si el ataque fue planificado o un acto al azar, equipos de asistencia psicológica trabajan con los alumnos y docentes que fueron testigos directos de la tragedia.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

Pablo Quirno aseguró que el país “no va a ser neutral”, en una definición que marca un giro en la política exterior argentina.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó una definición contundente sobre el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei: “Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán”. La frase marca un cambio explícito en la histórica postura de equilibrio diplomático del país frente a conflictos internacionales.

Más adelante, el funcionario reafirmó el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su asunción. En ese marco, la Argentina abandona la tradicional búsqueda de neutralidad para asumir un posicionamiento activo en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

En el mismo tono, la definición de Quirno se suma a otros gestos del oficialismo en favor de Estados Unidos e Israel, consolidando un giro que ya había comenzado a evidenciarse en distintas decisiones diplomáticas y discursos del presidente. Este alineamiento genera debate en torno al impacto que puede tener en las relaciones internacionales del país.

Finalmente, la postura oficial vuelve a abrir interrogantes sobre los riesgos de involucrarse en conflictos globales y las consecuencias que podría tener para la política exterior argentina. Mientras el gobierno apuesta a una estrategia de alineamiento, crecen las críticas por el abandono de una tradición diplomática basada en la prudencia y la no intervención.