La imagen de un Cybertruck de Tesla en la zona azul del estacionamiento del Congreso logró desviar la atención de la labor parlamentaria. Cuánto sale comprarlo.

El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar (Jujuy) levantó el perfil esta semana con una infracción vehicular y este jueves le remolcaron su Tesla Cybertruck del estacionamiento del Congreso porque no tenía patente.

El Cybertruck se convirtió en el modelo estrella de Tesla, no sólo por su diseño que lo hace ver como un acorazado sino también por la cantidad de accidentes y desperfectos técnicos (como la combustión espontánea) que experimentaron los primeros ejemplares que salieron a la calle en 2023.

Hoy en día el vehículo está valuado en alrededor de U$S126.000, según informó la periodista Déborah de Urieta en X, donde el miércoles de esta semana dio a conocer la estrambótica escena de un Cybertruck encajonado en el estrecho estacionamiento del edificio del Anexo de Diputados.

“El diputado Quintar (LLA) fue a trabajar con su auto personal. Lo estacionó en la cochera del Anexo de Diputados. Me dicen que sale U$S 126.000”, comentó De Urieta en X, la red social cuyo socio mayoritario es el mismo que en Tesla: Elon Musk.

Manuel Quintar posa frente a su Tesla. Lo sacó del garage de la Cámara y lo puso en un privado. Lo subió a una grúa para mandarlo a Jujuy. Es eléctrico y tiene 500 km de bat. Todavía no tiene patente. Llegó de Miami el viernes.

Dice que es para campaña. “Apoyo la onda verde”. pic.twitter.com/sD0GYEOnKX

— Delfina Celichini (@delficelichini) May 14, 2026

Tras la difusión de las imágenes del Cybertruck alguien cayó en la cuenta de que ese vehículo había hecho todo un recorrido desde su país de fabricación hasta la Argentina para luego terminar en el garage del diputado Quintar, y en ningún momento adquirió una patente.

Por eso, para el final de la jornada una grúa remolcó el vehículo, aunque eso no logró desanimar a Quintar, que aprovechó sus propias redes sociales para compartir memes que partidarios le festejaron enseguida, amén de pedirle una vuelta en su “chiche nuevo”.

De paso, el legislador de La Libertad Avanza usó X para retrucar también ahí a sus críticos: “A mi nombre, con la mía…”, sin explicar por qué con “la suya” no había pagado también el trámite de la patente.

El contratista Matías Tabar rompió el silencio y confirmó que el vocero presidencial pagó la totalidad de su obra con fajos de dólares en efectivo, justificando la evasión al asegurar que “en Argentina todo el mundo trabaja en negro”.

La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más asfixiante tras la ratificación del contratista Matías Tabar, quien confirmó que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cua. Según el relato del intermediario, el pago se realizó en dólares billete en dos etapas: un anticipo de 94 mil dólares y un segundo desembolso para cancelar el saldo total de la obra.

A pesar de que Tabar intentó defender la honestidad del vocero, sus declaraciones ante la justicia y los medios terminaron exponiendo el nivel de excentricidad de la propiedad. Entre los detalles más polémicos de la refacción, el contratista confirmó la instalación de una parrilla con control remoto, una cascada de agua en la piscina y un jacuzzi. Además, se reveló que mientras se realizaban estos trabajos, Adorni alquiló otra casa en el mismo country por un valor total de 21.000 dólares durante 18 meses.

Lo más escandaloso del testimonio fue la naturalización de la evasión fiscal. Tabar admitió que la obra se manejó por fuera del sistema bancario, afirmando que “ninguna persona en Argentina que esté construyendo una casa declara todo” y que facturar el total de los costos sería “imposible”. Aunque el constructor se declaró “libertario” y votante de Milei, sus palabras dejan al vocero presidencial en una posición de extrema fragilidad ante la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales.

En medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes, un diputado de La Libertad Avanza estacionó su Tesla Cybertruck de 200 mil dólares en el Congreso: la nueva ‘casta’ viaja en el vehículo de Elon Musk mientras el pueblo paga el ajuste.

Mientras el discurso oficial sostiene que el ajuste debe ser pagado por la política, el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una exhibición de lujo que dejó a todos boquiabiertos. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, asistió a su jornada laboral a bordo de una Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica ultra futurista de la compañía de Elon Musk.

El vehículo se caracteriza por su diseño de líneas angulares y un exoesqueleto de acero inoxidable, pero lo que más impacto causó fue su valor: en Argentina, sumando los costos de importación, esta camioneta tiene una valuación superior a los 200 mil dólares. La periodista Noelia Barral Grigera viralizó las imágenes del vehículo, señalando que, además de este Tesla, el diputado jujeño cuenta en su declaración jurada con un Mercedes Benz, una camioneta Amarok, una Toyota y motocicletas de alta cilindrada como una KTM 1000 y una Husqvarna.

La presencia de la Cybertruck en el Congreso generó una reacción inmediata en redes sociales y pasillos legislativos. Para muchos sectores, la excentricidad del modelo resulta una provocación en medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. El contraste entre el “no hay plata” que pregona el Ejecutivo y el despliegue de tecnología de élite por parte de sus legisladores vuelve a poner en duda la verdadera naturaleza del esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Quintar, representante de la provincia de Jujuy, queda así en el ojo de la tormenta. Si bien el patrimonio puede ser previo a su función, el uso de un bien tan suntuoso para asistir al trabajo parlamentario —en el mismo lugar donde se discuten recortes a áreas sensibles— refuerza la idea de una dirigencia que vive en una realidad paralela, protegida por un “exoesqueleto” de privilegios que la aleja del día a día de sus representados.

La diputada libertaria Lorena Villaverde, una de las figuras más controvertidas del oficialismo, quedó en el centro de un nuevo escándalo: accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación pese a estar embargada y procesada judicialmente. Según denunció el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, el préstamo fue rechazado primero en la sucursal de Cipolletti por la situación patrimonial de la legisladora, pero terminó aprobándose después de que alguien intervino desde la casa central del banco. El monto del crédito, según distintas versiones, ronda los 225 a 310 millones de pesos y habría sido utilizado para la compra de su vivienda en Cipolletti, Río Negro.

El caso de Villaverde se inscribe en una controversia más amplia que sacudió al gobierno de Milei: la difusión de una nómina de funcionarios, legisladores y allegados al oficialismo que obtuvieron préstamos millonarios del Banco Nación durante la gestión de Daniel Tillard al frente de la entidad.

Entre los beneficiados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, con 367 millones de pesos; el diputado Santiago Santurio, con 340 millones; y el diputado Alejandro Bongiovanni, quien accedió a 255 millones apenas un mes después de pasarse del PRO al bloque libertario. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia judicial para determinar si existieron condiciones preferenciales en el otorgamiento de esos créditos, causa que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

El escándalo cobra mayor dimensión en el caso particular de Villaverde por el historial judicial que arrastra la legisladora. En marzo de 2026, la Justicia de Río Negro había ordenado un embargo de más de 31 millones de pesos en su contra en una causa por presunta venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas, la misma causa que —según Paulón— habría motivado el rechazo inicial del crédito en la sucursal. A eso se suman sus antecedentes en Estados Unidos: según el diputado, Villaverde fue condenada en 2002 en Florida por intentar vender cocaína a un agente encubierto, llegó a un acuerdo judicial y, como resultado, no puede reingresar a ese país. La propia legisladora niega esos hechos y sostiene que fue sobreseída.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la oposición ya denomina al conjunto de estos préstamos un “festival de créditos”. “Los plazos y condiciones que detectamos no tienen nada que ver con las penurias que pasa cualquier familia que intenta acceder a un crédito hipotecario”, señaló Paulón. El escándalo ocurre en un contexto paradójico: el mismo gobierno que enarboló la “motosierra” contra el gasto público y el privilegio de “la casta” habría facilitado el acceso a financiamiento estatal en condiciones que la oposición califica de excepcionales para sus propios cuadros políticos, mientras millones de argentinos enfrentan requisitos estrictos para obtener un préstamo similar.

La tensión dentro del gobierno de Javier Milei dejó de ser un rumor de pasillo y empezó a filtrarse públicamente a través de sus propios protagonistas. El entredicho ocurrió durante la reunión de gabinete del viernes pasado, y sus detalles fueron revelados por el periodista Santiago Fioriti en Clarín. El detonante fue el escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito: Patricia Bullrich había apurado públicamente a Adorni para que presentara su declaración jurada, señalando que eso debía ser “inmediato”. Esa postura le costaría cara en la siguiente reunión de ministros.

En esa reunión estuvieron presentes Karina Milei, Bullrich, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona, Federico Sturzenegger y el propio Adorni. Según versiones que trascendieron, Bullrich tuvo que soportar que el Presidente hiciera una larga perorata defendiendo al jefe de Gabinete. Cuando Patricia quiso intervenir, Milei le habría gritado que no lo interrumpiera; al terminar, se levantó y se fue, avisando que debían escuchar a Adorni. Según otras filtraciones, Milei habría sido aún más tajante: “Ni en pedo se va Adorni”, habría afirmado el mandatario ante su gabinete.

Bullrich reconoció este martes que el presidente tiene “una emocionalidad importante”, aunque intentó matizar sus propias palabras al aclarar que “no lo definiría como un grito lo que hizo”. Las declaraciones se produjeron al ingresar al evento agropecuario JONAGRO. Cuando le preguntaron si los ministros tienen que acostumbrarse a los gritos de Milei o renunciar, como les habría sugerido Adorni, respondió: “No voy a contestar eso, no me corresponde”. La respuesta, cargada de evasivas estratégicas, terminó confirmando en los hechos aquello que intentaba desmentir.

En el entorno de Bullrich admiten fuertes diferencias sobre la situación económica, el tono agresivo del Gobierno contra periodistas y opositores, y la creciente influencia del círculo más cerrado de Karina Milei. Lejos de amedrentarse, Bullrich le dijo a su entorno que le tiene sin cuidado el enojo de Karina y que no piensa ceder en sus posicionamientos contra la corrupción. La situación refleja uno de los momentos de mayor tensión interna desde el inicio de la gestión libertaria, y deja al descubierto las contradicciones de un espacio político que hizo de la lucha anticorrupción su principal bandera de campaña.

Confesión narco y vuelo directo al escándalo: Fred Machado se declaró culpable en EE.UU. y dejó al ex candidato de Milei contra las cuerdas por el financiamiento de su campaña.

El panorama judicial de José Luis Espert se complicó drásticamente tras la confesión de Federico “Fred” Machado ante la justicia de los Estados Unidos. El empresario aeronáutico, detenido por liderar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, se declaró culpable, confirmando las maniobras financieras ilegales que realizaba a través de su flota de aviones. Esta admisión de culpabilidad reaviva las sospechas sobre el financiamiento de la campaña electoral del actual diputado libertario.

La relación entre Espert y Machado no es nueva: el legislador utilizó en reiteradas oportunidades los aviones de Machado para trasladarse durante sus actividades políticas, incluso cuando ya pesaban alertas internacionales sobre el empresario. La confesión de Machado en tribunales estadounidenses refuerza la hipótesis de que fondos provenientes del crimen organizado podrían haber permeado la estructura política de Espert, quien hasta ahora ha intentado despegarse del escándalo calificándolo como un hecho circunstancial.

Con la declaración de culpabilidad de Machado, la justicia argentina recibe un impulso para profundizar la investigación sobre el origen de los recursos que sostuvieron el ascenso político del economista. Se busca determinar si existió una contraprestación por el uso de las aeronaves y si el vínculo entre ambos iba más allá de un simple servicio de transporte, entrando en el terreno del lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la política.

Este escándalo estalla en un momento de extrema sensibilidad para el oficialismo, ya que Espert es una de las figuras clave del Gobierno en el Congreso. Mientras el discurso oficial se centra en la transparencia y la lucha contra las “mafias”, la confirmación de que un aliado estratégico fue financiado por un narco confeso pone al Gobierno en una situación defensiva y obliga al diputado a dar explicaciones ante una justicia que ahora cuenta con pruebas internacionales contundentes.

Loma Negra confirmó que apagará su horno principal en la planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, al menos hasta el mes de noviembre de 2026. La medida responde a una caída de la construcción y a los elevados costos operativos proyectados para los meses de invierno. Loma Negra es una cementera mítica en el país con decenas de años de historia.

Desde Loma Negra atribuyeron la pausa operativa a una medida programada para ajustar los niveles de producción a la sobreabundancia de insumos acumulados. Actualmente, la firma cuenta con un stock de reserva suficiente para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

La decisión de la compañía encendió las alarmas en el sector gremial. Es que las paradas técnicas habituales suelen durar aproximadamente 40 días. Alejandro Santillán, secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) Olavarría, advirtió que “la extensión anunciada no tiene precedentes” en la historia reciente de la cementera.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti criticó en una entrevista con Clarín “la discrecionalidad” en la justicia para designar jueces. Pero hay un detalle: se olvidó que fue esa discrecionalidad típica en el poder judicial la que le permitió a miembros de su familia extenderse en ese poder tan privilegiado.

Por ejemplo, su última esposa es secretaria de un juzgado federal en… Rafaela, de donde él es oriundo el propio Lorenzetti. En ese juzgado hay personas muy allegadas al supremo. ¿No habrá tenido nada que ver el juez en esas designaciones?

Además, se dice que Lorenzetti presionó para que Pablo, su hijo, que por supuesto ya es camarista civil, comercial y laboral en… Rafaela, Santa Fe, llegue a la Corte Suprema de esa provincia. Mejor no aclares, que oscurece, Ricardo.

Mauricio Macri parece decidido a tomar distancia de Javier Milei. Esta semana, el PRO, su fuerza política, sacó un duro comunicado contra el gobierno y en el macrismo hicieron trascender que sus diputados van a votar la moción de censura contra Manuel Adorni en caso de que llegue a tratarse en el recinto. Adorni está implicado en varias causas de corrupción.

En el macrismo ven encuestas y se entusiasman con volver al ruedo. ¿Candidato otra vez? Fuentes del partido amarillo revelaron que van a seguir tomando distancia del oficialismo en temas sensibles en la opinión pública. En ese sentido, Adorni le deja servido el tema al PRO ya que el escándalo es muy evidente. No hay modo que el jefe de gabinete pueda explicar un crecimiento descomunal de su patrimonio.

Sin embargo, a Macri se le plantea algunos problemas en esa estrategia de ruptura con Milei porque muchos dirigentes del PRO mantienen buen diálogo con La Libertad Avanza y no están dispuesto a romper con el oficialismo.

Entre empresas “fantasma” que operan en lavaderos de autos y facturas infladas, la Justicia investiga a Diego Spagnuolo por el millonario desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables.

La Justicia Federal incorporó recientemente un informe crítico elaborado por el propio Ministerio de Salud que profundiza las acusaciones contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento revela una presunta estructura de corrupción montada para el desvío de fondos públicos mediante el direccionamiento de licitaciones y el cobro de retornos. Esta auditoría interna se suma a la causa penal que ya investiga el fiscal Franco Piccardi por presuntas coimas en la compra de insumos médicos.

El hallazgo más impactante del informe detalla la existencia de sobreprecios que, en algunos casos, superan el 4000%. Un ejemplo paradigmático citado por la auditoría es la adquisición de prótesis facturadas por 12,15 millones de pesos, cuando los valores de mercado de referencia se situaban en niveles ínfimos en comparación. Estas cifras exponen una maniobra de vaciamiento sistemático de los recursos destinados originalmente a la asistencia de personas con discapacidad.

La operatoria de defraudación no solo se basaba en el precio, sino también en el direccionamiento de las compras hacia un grupo cerrado de proveedores. El informe identifica a empresas como Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L. y Artrobone Ortopedia S.A., las cuales simulaban competir entre sí en las licitaciones. Sin embargo, los investigadores detectaron que estas firmas compartían los mismos domicilios fiscales, socios comerciales e incluso vínculos de parentesco entre sus directivos.

Un dato que añade una nota de insolvencia y sospecha a la red de proveedores es el domicilio declarado por varias de estas compañías. Al realizar las verificaciones correspondientes, se descubrió que en la dirección de Avenida Lacroze 2911, en la Ciudad de Buenos Aires, no funciona ninguna oficina administrativa ni depósito sanitario. En su lugar, el predio está ocupado actualmente por un lavadero de autos, lo que refuerza la tesis de que se trata de empresas “fantasma” o sellos de goma creados para la facturación.

El reporte también establece comparaciones con otros organismos estatales para dimensionar el fraude. En el caso de las válvulas cardíacas, la gestión de Spagnuolo convalidó pagos por 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adquirido productos idénticos semanas antes por solo 124 millones. Esta disparidad en los precios de compra entre organismos del mismo Estado evidencia la ausencia total de controles y la voluntad deliberada de pagar excedentes injustificados.

La situación procesal de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal de Javier Milei, se vuelve cada vez más frágil ante estas nuevas pruebas. Además de las irregularidades en insumos ortopédicos, la justicia ya rastrea la ruta del “3 por ciento”, un porcentaje que supuestamente se exigía como retorno a los laboratorios para liberar los pagos de medicamentos de alto costo. La causa cuenta actualmente con 19 personas bajo la lupa judicial, incluyendo al exfuncionario Daniel Garbellini.

Este escándalo en la ANDIS representa un duro golpe institucional, dado que afecta de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El informe del Gobierno ahora actúa como una pieza clave para que el juez Sebastián Casanello avance en los procesamientos y posibles embargos. La investigación continúa abierta para determinar si la red de coimas se extendía a otros estamentos jerárquicos de la administración nacional.