Alejandro Bongiovanni se suma a la lista de funcionarios y referentes del oficialismo beneficiados por préstamos millonarios de la banca estatal. La nómina incluye a asesores directos de Luis Caputo y otros diputados aliados al Gobierno.

Un nuevo escándalo salpica a la gestión de La Libertad Avanza tras conocerse el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a figuras clave del oficialismo. Entre los nombres más destacados figura el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos provenientes de la entidad pública. El legislador, de origen vinculado a la Fundación Libertad, ha sido un férreo defensor de las políticas de desregulación ambiental y la baja de la edad de imputabilidad.

Bongiovanni, quien ingresó al Congreso en 2023 a través del macrismo antes de sellar su alianza con el bloque libertario, no es el único beneficiario de estas líneas de financiamiento estatal. La investigación revela un patrón de acceso a fondos públicos por parte de funcionarios que ocupan cargos estratégicos o que mantienen una alineación irrestricta con las directivas del Poder Ejecutivo.

En la lista de beneficiados sobresalen integrantes del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Federico Furiase, ladero del ministro y actual secretario de Finanzas, obtuvo 367 millones de pesos en febrero de 2025. Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE y asesor directo de la cartera económica, se alzó con un crédito de 475 millones de pesos, una de las sumas más elevadas registradas en la nómina de funcionarios.

El reparto de créditos también alcanzó al área de comunicación y redes sociales del Gobierno. Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como “Juan Doe” y actual funcionario público, recibió 112 millones de pesos de la banca oficial. Estos movimientos han generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación de recursos en una entidad que, simultáneamente, aplica restricciones al crédito para otros sectores de la sociedad.

La nómina de legisladores favorecidos se completa con nombres de peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza y sus aliados. Santiago Santurio obtuvo un préstamo de 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero recibió 322 millones. Asimismo, la diputada rionegrina Lorena Villaverde accedió a una suma de 225 millones de pesos, cerrando un círculo de financiamiento que beneficia directamente a quienes sostienen el quórum oficialista en la Cámara Baja.

El acceso a estos montos millonarios por parte de la dirigencia libertaria ocurre en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, lo que reabre el debate sobre el uso de las instituciones del Estado para el beneficio patrimonial de sus propios cuadros políticos. Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un informe técnico que justifique la solvencia o la urgencia de estos préstamos otorgados a los representantes del pueblo.

Al mismo tiempo que el Gobierno declama el mérito y el combate a la casta, el clan riojano parece haber montado en el Banco Nación una ventanilla de favores personales para financiar el futuro de su propia familia.

El escándalo de los créditos de privilegio en el Banco Nación (BNA) suma un nuevo capítulo que roza el descaro: Federico Sharif Menem, el sobrino de 24 años de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Lule Menem (mano derecha de Karina Milei), accedió a un préstamo hipotecario por 357 millones de pesos. Mientras el Gobierno pregona la meritocracia y el fin de los privilegios, el clan riojano parece haber encontrado en la banca pública una ventanilla de beneficios exclusivos para la familia.

El joven, que ya había sido noticia por su polémico nombramiento como director general en la Cámara de Diputados con un sueldo millonario pese a su corta edad, ahora figura en los registros de la Central de Deudores del BCRA con una deuda astronómica contraída en marzo de 2025. La cifra, equivalente a unos 300 mil dólares, resulta imposible de justificar para cualquier joven de su generación que no cuente con el “apellido adecuado” y los contactos directos en la Casa Rosada.

Este nuevo caso de “crédito por portación de apellido” se suma a la lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que, bajo la gestión del recientemente eyectado Daniel Tillard, vaciaron las posibilidades de la clase media para repartirse fondos estatales entre ellos. Según fuentes parlamentarias, la maniobra deja en evidencia una red de tráfico de influencias donde el Banco Nación funcionó como el financista personal de los funcionarios de Milei y Caputo.

La indignación en las redes y en el Congreso no se hizo esperar. Mientras miles de inquilinos ven cómo el sueño de la casa propia se pulveriza por la inflación y la falta de crédito real, los Menem demuestran que, para ellos, “la libertad avanza” solo si es con la plata de todos. Con este nivel de impunidad, el discurso contra la casta se termina de convertir en una parodia cruel donde los únicos que se salvan son los parientes del poder.

Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió poner fin a la intervención militar en Irán tras considerar que las operaciones “ya cumplieron sus objetivos”, pero también ante la falta de resultados concretos, el aumento de los costos y las crecientes pérdidas en el conflicto.

En ese marco, anunció que el retiro de las tropas estadounidenses se concretaría en un plazo de “dos o tres semanas”.

El mandatario volvió a expresar su frustración con los aliados de Washington por no haber contribuido a la reapertura del estrecho de Ormuz a pesar de reiterar públicamente que no los necesitaba, el estrecho es una vía marítima clave que permanece en gran parte cerrada desde el inicio de las hostilidades. En línea con su decisión de reducir la implicación directa de Estados Unidos, Trump dejó claro que su país se desentenderá de la seguridad en la zona.

«Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta», afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, señalando a potencias como China y Francia como posibles responsables de asumir ese rol.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión regional. Irán ha intensificado su presión sobre el tránsito marítimo mediante ataques a petroleros, afectando el paso de buques y condicionando el suministro global de crudo aunque desde Teherán destacan que solo se ataca a buques cuyo origen esta vinculado a los países agresores. En ese escenario, un petrolero kuwaití fue alcanzado por un proyectil lanzado desde territorio iraní mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, según reportes oficiales.

Un día antes, Trump ya había instado a los países que se mantuvieron al margen de su ofensiva a actuar con “coraje” y hacerse cargo del control del estrecho. «Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo», escribió en sus redes sociales.

El presidente defendió además la contundencia de la ofensiva militar, asegurando que el impacto sobre Teherán ha sido significativo y que al régimen iraní le tomaría entre 15 y 20 años recuperar sus capacidades.

Con esta decisión, Estados Unidos da un giro hacia una menor implicación en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, buscando una salida ordenada a un conflicto que se mostraba estancado, pero que abre interrogantes sobre el futuro equilibrio de poder en la región y la seguridad del suministro internacional de petróleo.

Aunque el organismo informó que la pobreza bajó por tercer semestre consecutivo hasta el 28,2%, los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora.

De acuerdo con el informe oficial, más de 13 millones de personas continúan por debajo de la línea de pobreza en el país, de las cuales casi 3 millones son indigentes. La baja se explica, en parte, por el aumento real de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar, junto con una canasta básica que evolucionó por debajo de la inflación general.

Sin embargo, distintas consultoras coinciden en que la tendencia podría revertirse. Desde LCG indicaron que, si bien en el último año una cantidad significativa de personas salió de la pobreza, en los primeros meses de 2026 se observa un freno en esa dinámica, producto de una inflación que se mantiene en torno al 3% mensual, salarios que crecen por debajo de ese nivel y una actividad económica débil en sectores intensivos en empleo.

La consultora LCG además destacó los problemas metodológicos de una medición de pobreza que se realiza a partir de una canasta básica que el Gobierno decidió no actualizar y que subestima el impacto de la suba de tarifas en el gasto de los hogares. En este sentido los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora

En la misma línea, Fernando Marull, de FMyA, sostuvo que “el primer semestre pinta para rebote”. Ese deterioro ya habría comenzado a evidenciarse hacia fines de 2025. Según el Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa habría trepado al 29,5% en el cuarto trimestre, lo que ubica el promedio móvil entre septiembre y febrero en torno al 29,1%, con un techo posible cercano al 30,6%.

Así, pese a la mejora que muestran los datos oficiales, las consultoras advierten que el escenario es más frágil de lo que sugieren las cifras y que la pobreza podría volver a aumentar en el corto plazo.

Los datos de las transferencias automáticas a las provincias, que suelen ser un buen anticipo del resultado fiscal de la recaudación nacional, indican que en marzo el Gobierno habría vuelto a sufrir una nueva baja de recursos tributarios.

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de la Relación con las Provincias del Ministerio de Economía, los envíos automáticos bajaron 4,3% en términos reales respecto de igual mes de 2025. El gobierno de Javier Milei deberá aumentar el ajuste o seguir dibujando el balance para mostrar un “superávit” fiscal que no existe hace meses y que cada vez será peor.

Lo más importante del resultado se explica por la merma de recursos tributarios. Según estimó la consultora Politikon Chaco, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 3,9% y el Impuesto a las Ganancias un 12,7%.

También se registraron retrocesos en los Impuestos Internos del 14,3%, Bienes Personales del 8,8% y en Otros Coparticipados del 10,3%. En cambio, hubo incrementos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos de 35,5% y en el Monotributo de 58,2%.

“No creo que la gente esté peor. A mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”, dijo Federico Furiase en una entrevista televisiva. El flamante secretario de Finanzas fue uno de los funcionarios libertarios que logró comprarse una casa gracias a créditos a tasa baja del Banco Nación, una entidad pública que Milei quiso privatizar. Expertos en crecimiento patrimonial con o un sin dinero (propio)…

A los libertarios vaya que le va bien con el modelo de Javier Milei: varios tuiteros oficialistas como el también funcionario de Economía, Feliope Nuñez y el funcionario de Presidencia, Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, recibieron créditos por más de 800 millones de pesos del banco público, durante el actual gobierno. Serán de los pocos que podrán decir que con Milei se hicieron la casa.

El sitio Cuánto deben, creado por Andrés Sintcofsky, publicó un listado de funcionarios y legisladores que tienen préstamos con el sistema bancario. Los créditos más jugosos quedaron en manos de dirigentes libertarios y en todos los casos corresponden al banco estatal.

Lo sorprendente es que los libertarios hablan en contra del Estado siempre y cuando no los beneficie. Así es fácil.

Aunque el índice perforó el 30%, especialistas advierten que la mejora responde a factores coyunturales y alertan por el impacto del ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo.

La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según datos del INDEC, lo que implica que 13,1 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas. Si bien el número marca una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, el dato abre un escenario de fuertes cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esa mejora en el contexto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El descenso del índice está directamente vinculado a una mejora relativa de los ingresos frente al costo de las canastas básicas: mientras los ingresos familiares crecieron un 18,3%, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 11,9% y la Canasta Básica Total (CBT) un 11,3%. Sin embargo, esta dinámica comenzó a revertirse en los últimos meses, donde los alimentos y servicios volvieron a presionar por encima de la inflación, encendiendo señales de alerta hacia adelante.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 6,3%, prácticamente sin cambios respecto al período anterior, lo que refleja que el núcleo más vulnerable de la población no logró mejoras significativas pese a la desaceleración inflacionaria. En términos absolutos, casi 3 millones de personas siguen sin poder acceder siquiera a una alimentación básica.

El Gobierno celebró la baja del indicador y la vinculó a su programa económico, pero distintos especialistas ponen en duda esa lectura. Señalan que la caída responde en parte a una distorsión estadística derivada del pico inflacionario de 2023, que había elevado artificialmente los niveles de pobreza. En ese sentido, advierten que la mejora actual no necesariamente refleja una recuperación estructural de las condiciones de vida.

Además, el contexto económico refuerza esas dudas. Desde la asunción de Milei, el ajuste sobre el gasto público, la quita de subsidios y la fuerte suba de tarifas impactaron de lleno en los ingresos reales de la población. De hecho, el costo de los servicios públicos ya representa más del 12% del salario promedio, mientras que los salarios continúan corriendo por detrás de la inflación en varios sectores.

A esto se suma la caída de la actividad económica y del empleo en distintos rubros, especialmente en la industria, el comercio y la construcción, que en los últimos dos años registraron retrocesos significativos. En ese marco, la baja de la pobreza convive con un deterioro general de las condiciones económicas y sociales.

Otro punto de discusión gira en torno a las declaraciones del propio Presidente, quien aseguró haber sacado a millones de argentinos de la pobreza. Si bien los datos muestran una reducción respecto al cierre de 2023 —cuando el índice alcanzaba al 41,7% de la población—, la magnitud de la mejora es menor a la que el mandatario suele mencionar en sus intervenciones públicas.

Con este escenario, el dato del 28,2% aparece más como una foto momentánea que como una tendencia consolidada. La evolución de los precios, el impacto de las tarifas y la capacidad de recuperación de los ingresos serán factores clave para determinar si la pobreza continúa bajando o vuelve a crecer en los próximos meses, en un contexto donde el ajuste económico sigue siendo el eje central de la política oficial.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a fallar contra el Gobierno y confirmó que debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para el Ejecutivo.

El tribunal no solo rechazó la apelación oficial, sino que cuestionó con dureza sus argumentos, al calificarlos como “poco serios”, y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la norma. En concreto, la resolución exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y recomponer los programas de becas estudiantiles.

Los jueces también desestimaron uno de los principales planteos del Gobierno —que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— y remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho constitucional clave como el acceso a la educación superior pública.

El fallo ratifica así la decisión previa que había declarado arbitrario el intento del Ejecutivo de suspender la ley mediante un decreto, y vuelve a desautorizar su postura de que la aplicación depende de la definición de recursos en el Congreso. En este contexto, la Justicia insiste en que la norma debe cumplirse sin demoras, profundizando el frente judicial abierto entre el Gobierno y el sistema universitario.