El mecanismo, impulsado por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.

Febrero de 2026 traerá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del esquema de actualización automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 1%. El mecanismo, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.

La medida impactará de forma directa en millones de personas que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes, en un contexto social marcado por la pérdida de poder adquisitivo y salarios que continúan corriendo por detrás de la inflación.

Desde marzo de 2025, el sistema tarifario del transporte funciona bajo un régimen de aumentos automáticos mensuales atados al IPC del INDEC. Si bien el argumento oficial apunta a evitar el atraso tarifario frente a los costos operativos de las empresas, en la práctica este esquema se traduce en subas consecutivas que no dan respiro al bolsillo.

Brecha tarifaria entre Ciudad y Provincia

Uno de los rasgos más notorios del nuevo cuadro tarifario es la creciente fragmentación de precios según la jurisdicción, una brecha que se profundizó tras la transferencia de competencias y subsidios a los gobiernos locales durante 2025.

Con una inflación de diciembre del 2,8%, los aumentos de febrero se aplicarán de manera desigual. En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas se ajustarán en línea con el IPC, mientras que en el conurbano bonaerense los colectivos registrarán una suba del 4,8%, producto de la fórmula que suma a la inflación un adicional porcentual.

Colectivos: cuánto costará viajar

En las líneas de jurisdicción porteña, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $637,58, mientras que los trayectos más largos alcanzarán los $817,67.

En la Provincia de Buenos Aires, el impacto es aún mayor: el viaje mínimo subirá a $721,08 y los recorridos de más de 27 kilómetros llegarán a $988,63 por tramo.

Las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires mantienen, por ahora, valores más bajos gracias a los subsidios nacionales remanentes, con tarifas que oscilan entre $494,83 y $678,42.

Trenes y subtes: aumentos y penalizaciones

El sistema ferroviario conservará una estructura tarifaria segmentada, con valores que irán de $280 a $450 según el recorrido. Sin embargo, el subte porteño concentrará uno de los aumentos más fuertes.

El boleto plano pasará de $1.260 a $1.336 para quienes tengan la tarjeta SUBE nominalizada. Para los usuarios que no hayan registrado su tarjeta, el aumento es claramente punitivo: el pasaje ascenderá a $2.124,24. En el caso del Premetro, la tarifa con SUBE registrada será de $467,60.

Un ajuste permanente que redefine la movilidad

A diferencia de años anteriores, cuando los incrementos eran esporádicos y discrecionales, 2026 consolida un esquema de subas previsibles pero constantes. Aunque el Gobierno destaca que el adicional sobre la inflación se redujo del 2% al 1% respecto de 2025, el mecanismo garantiza que las tarifas del transporte nunca queden por detrás de los precios.

Especialistas en consumo advierten que esta dinámica genera una inercia inflacionaria difícil de revertir. Mientras el objetivo fiscal de reducir subsidios se cumple, la carga económica se traslada casi por completo a los usuarios, obligando a reconfigurar hábitos de movilidad en una metrópolis donde trasladarse se vuelve, mes a mes, un lujo cada vez más caro.

El secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei, Darío Genua, fue desmentido por exfuncionarios y por el propio expresidente Alberto Fernández luego de asegurar que el acuerdo para que Argentina integre un nanosatélite a la misión ARTEMIS II de la NASA se concretó en 2025.

Documentación oficial prueba que el entendimiento científico y diplomático fue cerrado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.

El exministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, acusó a Genua de “mentir” y de “colgarse de un logro que no le pertenece”. A través de sus redes sociales, difundió un documento oficial de la NASA que confirma que el acuerdo entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue firmado antes de la asunción de Milei.

“El acuerdo es de 2023, no de 2025 como afirma Genua”, señaló Salvarezza, y remarcó que se trató de un proceso de cooperación internacional iniciado y consolidado durante el gobierno anterior.

Miente sobre el acuerdo. Pág. de la NASA: https://t.co/xUNDygIpvB

Argentina tiene capacidades en CyT, pero para competir debe aumentar la inversión. La ley 27.614, que Milei quiere derogar, buscaba llegar al 2032 con una inversión del 1% del PBI. Milei invierte menos del 0.25%. https://t.co/6F1qvtN3Kc

— Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) January 18, 2026

A continuación el comunicado oficial del Gobierno donde se atribuye el logro diplomático y tecnológico:

pic.twitter.com/7ksJwruLJR

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 16, 2026

A las críticas se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien también aclaró públicamente que el convenio con la NASA fue cerrado en 2023 como parte de una política de Estado destinada a fortalecer el desarrollo científico nacional y la inserción internacional de la Argentina en proyectos estratégicos de alta complejidad tecnológica.

Un funcionario sin logros propios, colgado de un sistema sometido a la motosierra libertaria

El eje de los cuestionamientos apunta a que el secretario de Ciencia libertario intentó presentar como un logro de la gestión Milei la participación argentina en la misión tripulada que orbitará la Luna, pese a que el actual gobierno aplica el ajuste más profundo de las últimas décadas sobre el sistema científico.

“Argentina tiene capacidades en ciencia y tecnología, pero para competir necesita aumentar la inversión”, sostuvo Salvarezza, quien denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614), aprobada por el Congreso en 2021 y virtualmente desactivada tras la llegada de Milei al poder. La norma establecía alcanzar en 2032 una inversión del 1% del PBI, mientras que el actual gobierno destina menos del 0,25%, con una inversión real que hoy ronda el 0,17%, la más baja de los últimos 50 años.

Las críticas apuntaron directamente a Genua, cuya gestión está marcada por despidos masivos, cierre de programas de investigación, cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la paralización de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, además de planes satelitales como el desmantelamiento de CEATSA (empresa clave donde se testean los satélites antes de su lanzamiento) y el desfinanciamiento de proyectos satelitales como SAOCOM, SARE y SABIA-Mar. También se denunció el avance para vender tierras del INTA y el cierre de programas clave del INTI, entre otros retrocesos.

Según datos del sector, la inversión en organismos científicos y centros del CONICET cayó un 44,5%, mientras que los salarios de investigadores e investigadoras se desplomaron un 38,5%.

El Gobierno celebra un logro de un sistema que está desmantelando

Pese a este contexto, el Ejecutivo difundió un comunicado celebrando como propio el hito tecnológico de la integración del microsatélite ATENEA a la misión ARTEMIS II, un proyecto desarrollado por la CONAE junto a organismos y universidades nacionales.

¿Qué es ATENEA?

ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que será lanzado como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el vehículo de lanzamiento más potente desarrollado hasta la fecha por esa agencia.

El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento. Durante la primera etapa de la misión, ATENEA será liberado a una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para un satélite argentino.

El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas destinadas a futuras misiones espaciales, incrementando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.

A lo largo de su misión, el satélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial, recopilar datos de posicionamiento GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance, fundamentales para la exploración del espacio profundo.

Rol clave de las Universidades Públicas

En el desarrollo de ATENEA participaron la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La selección de ATENEA para esta misión de la NASA constituye un reconocimiento al alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial. La participación en vuelos con tripulación humana requiere estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica, y refuerza la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.

Lo llamativo, remarcan desde el sector científico, es que mientras el gobierno desfinancia y paraliza el sistema que hizo posible este desarrollo, el secretario Genua intenta capitalizar políticamente un proyecto que nació, creció y fue acordado internacionalmente antes de la llegada de Milei, y que hoy sobrevive pese al ajuste libertario.

Investigadores de Conicet presentaron un mapa interactivo donde puede verse la foto de la  extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros. 
 
Según la Ley de Tierras, sancionada por Cristina en 2011, derogada por decreto por Milei en 2024 y actualmente judicializada, se fija que las personas o empresas extranjera no pueden poseer más del 15% del total de tierras ruales por provincia o departamento. 

Por provincia, esa reglamentación no se viola en ninguna – la mayoría está en torno al promedio nacional – aunque hay varias que están cerca del límite: Misiones, Salta, San Juan, Mendoza.

Sin embargo, la cuestión cambia cuando se analizan departamentos: según el mapa, 36 distritos exceden lo establecido por la ley. La mayoría de los casos no se encuentran en la Patagonia, como suele creerse. En algunos departamentos, la situación es crítica: Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta). En ellos, la extranjerización supera el 50%. 

Según los investigadores de Conicet Julieta Caggiano y Matías Oberlin “el patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.

Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei. Como suele pasar con los gobiernos de derecha, la crisis económica que generan obliga a implementar las partidas en políticas que supuestamente detestan, como los planes sociales.

A diciembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord libertario que habla de la crisis de empleo que hay en Argentina por las políticas de ajuste de Casa Rosada.

Esos planes sociales son los que explican que no haya habido estallido social hasta ahora mientras el salario de empleados públicos y privado cayó entre el 10 y el 30%. El 70% de las familias argentinas no llega a fin de mes y sobrevive gracias al ahorro (generados en gobiernos de otro signo político).

La Casa Rosada vuelve a quedar atrapada en disputas de poder. El sector que responde a los Menem busca limitar la influencia del principal asesor presidencial, en una interna que expone fragilidad política y falta de conducción.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la reforma laboral en el Congreso, en los pasillos de la Casa Rosada se profundiza una interna que revela un oficialismo más concentrado en disputas personales que en la gestión. El enfrentamiento entre el clan Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo vuelve a ganar centralidad y amenaza con escalar en las próximas semanas.

En el entorno presidencial admiten que el conflicto nunca fue saldado. Tras los comicios, el sector liderado por Martín y Eduardo “Lule” Menem intentó desplazar a Caputo del círculo de poder, pero la maniobra fracasó gracias al respaldo explícito de Javier Milei. Lejos de debilitarse, el asesor consolidó posiciones estratégicas y amplió su influencia sobre áreas sensibles del Estado.

La tensión reapareció con fuerza en medio del debate por la reforma laboral, una iniciativa clave para el Ejecutivo que, paradójicamente, quedó opacada por las luchas internas. En lugar de ordenar el frente político, el Gobierno volvió a mostrar fisuras que alimentan la desconfianza incluso dentro de sus propias filas.

Según fuentes oficiales, la ofensiva más reciente incluyó presiones sobre Karina Milei para condicionar la toma de decisiones durante los viajes presidenciales. El trasfondo es el mismo de siempre: evitar que Caputo concentre poder en ausencia del mandatario. El argumento, repetido en voz baja, desnuda el temor de un sector del oficialismo a perder control en la mesa chica.

Desde el entorno del asesor eligieron no responder públicamente. El silencio, sin embargo, no disimula el clima de confrontación permanente ni la sensación de provisionalidad que atraviesa al Gobierno. En Balcarce 50 reconocen que la tregua es frágil y que el conflicto podría recrudecer una vez que el Congreso defina el destino de la reforma laboral.

La interna libertaria, lejos de ser un episodio aislado, se convirtió en una constante que erosiona la capacidad de gestión y exhibe un Ejecutivo más preocupado por disciplinar aliados que por dar respuestas a una economía en crisis. Con marzo como horizonte, el oficialismo vuelve a mirarse el ombligo, mientras la agenda pública queda rehén de una pelea de poder que parece no tener fin.

El fuego está presente en el centro-sur del país. El Gobierno decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y advirtió que el número de víctimas podría crecer.

Una ola de incendios forestales mantiene en vilo a Chile, con un saldo provisorio de al menos 16 personas fallecidas y decenas de miles de evacuados en las regiones del centro-sur del país, según confirmaron autoridades nacionales.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la mayoría de las muertes se registraron en la región del Biobío, una de las zonas más castigadas por el avance de las llamas. Desde el Gobierno advirtieron que el balance podría agravarse a medida que los equipos de emergencia accedan a áreas aún comprometidas por el fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y se trasladó a la zona afectada para coordinar las tareas de respuesta. La medida habilita el uso de recursos extraordinarios y refuerza el despliegue de personal y medios para el combate de los incendios y la asistencia a la población damnificada.

De acuerdo con datos oficiales de la Corporación Nacional Forestal, permanecen activos más de una veintena de focos en distintas regiones, con miles de hectáreas ya consumidas. El incendio de mayor extensión se localiza en las inmediaciones de Concepción, donde el fuego avanzó sobre áreas rurales y sectores cercanos a zonas urbanas.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas —altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos— complican las tareas de control y favorecen la rápida propagación de las llamas. En ese contexto, brigadistas, bomberos y fuerzas armadas trabajan con apoyo aéreo para contener los focos y evitar que alcancen nuevas áreas pobladas.

Especialistas y organismos técnicos alertaron que la reiteración de estos episodios extremos vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y el ordenamiento territorial en el sur del país, en un escenario marcado por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la alerta y el monitoreo permanente, con el foco puesto en reducir daños y asistir a las comunidades afectadas

Según un informe de universidades públicas, desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 594%, es decir, casi se multiplicó por siete, frente a un incremento del 194% del nivel general de precios en el mismo período.

En la comparación interanual, el aumento total de la canasta fue del 33%, apenas 1,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista de 2025. El mayor ajuste se dio en transporte, con una suba del 52%, seguido por gas (29%), electricidad (21%) y agua (16%).

Esas subas fueron registradas solo parcialmente por el INDEC que decidió mirar para el costado para mantener el relato de la “desinflación”. Con una canasta totalmente desactualizada, no se refistraron los brutales tarifazos. Recién este año se cambiará el índice, justamente, cuando el mayor porcentaje de los tarifazos ya se llevaron adelante. Pero Milei tiene suerte de no ser peronista: ya nadie habla de “INDEC intervenido”.

El gobierno de Javier Milei salió a defender la apertura de importaciones que favorece a las manufacturas chinas, es decir, a los trabajadores de ese país. Y lo hizo en nombre del desarrollo y el empleo argentinos. Las cifras muestran otra cosa: la industria local perdió 270 mil puestos de trabajo desde que los libertarios llegaron a Casa Rosada. Ni en pandemia se perdieron tantos puestos.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a octubre de 2025, en ese período se dieron de baja 21.046 empleadores, un proceso que derivó en la desaparición de más de 270.000 puestos de trabajo registrados, en un contexto marcado por la apertura comercial, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas sectoriales activas.

Uno de los rubros más afectados fue la industria textil y de la indumentaria, donde se cerraron 523 empresas en toda la cadena productiva y se perdieron casi 17.700 empleos formales en dos años, con fuertes retrocesos en segmentos como ropa interior, indumentaria deportiva y tejidos de punto, de acuerdo con datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

El deterioro también alcanzó a la metalurgia, que registró una caída interanual de la actividad del 4,6% en octubre de 2025 y un retroceso del empleo del 2,9%, mientras que más del 80% de las empresas anticipó que mantendrá o reducirá su dotación de personal, sin expectativas claras de recuperación en el corto plazo.

Lejos del discurso del “fin de los planes”, la asistencia directa a los sectores más pobres se consolidó como el principal amortiguador del ajuste.

Mientras el empleo formal y las jubilaciones pierden sistemáticamente frente a la inflación, la ayuda social fue la única variable de ingresos que creció en términos reales durante el gobierno de Javier Milei. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no solo se mantuvieron, sino que se expandieron por encima del aumento de los precios, convirtiéndose en el principal amortiguador social de un ajuste que golpeó con fuerza a la clase media y al trabajo registrado.

En los primeros dos años de gestión libertaria, el salario mínimo cayó mes tras mes en términos reales y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. Las jubilaciones siguieron el mismo camino. En contraste, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que lograron sostener —e incluso mejorar— su poder adquisitivo, según los informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI).

Conteniendo el estallido

Lejos del relato oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en términos reales. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a explicar la derrota electoral del peronismo.

Según confirmaron fuentes oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad—, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales: un récord histórico que refleja el avance de un proceso de “latinoamericanización” de la Argentina, cada vez más lejos del país de amplia clase media que fue hasta la década del setenta.

Los cuadros de evolución real muestran con claridad que AUH y Alimentar corrieron por encima de la inflación de manera consistente, mientras los salarios y las jubilaciones fueron licuados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100% en términos reales, luego de una suba interanual del 47%. Hoy, el monto de la AUH es 23% superior al vigente durante el gobierno de Alberto Fernández e incluso 10% más alto que durante la presidencia de Cristina Kirchner, creadora del programa.

Este refuerzo de la política social ayuda a explicar un dato político clave: pese a la magnitud del ajuste y a la devaluación del 120% de diciembre de 2023 —que nunca fue compensada en los salarios—, no hubo un estallido social masivo. Milei ejecutó dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y fortaleció las transferencias directas del Estado.

Empleo formal en retroceso

La contracara del modelo fue la destrucción de empleo formal. En los primeros dos años de gestión libertaria se perdieron cerca de 180 mil puestos de trabajo registrados, con una aceleración preocupante: solo en octubre pasado se eliminaron 70 mil empleos. El ajuste no se descargó sobre la asistencia, sino sobre el trabajo.

La paradoja libertaria se vuelve evidente: mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como la principal ancla de estabilidad en un contexto de salarios en caída libre y jubilaciones deterioradas.

A esto se sumó el esfuerzo de las provincias, también golpeadas por el ajuste fiscal. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció cerca del 30% durante 2025. Los programas provinciales alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada con partidas extraordinarias durante las fiestas.

Los informes de la FDHI muestran que, aunque AUH y Tarjeta Alimentar no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total y sacar a un hogar de la pobreza, sí lograron sostener el umbral alimentario. Ese dato resulta clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

En síntesis, Milei ajustó con dureza sobre salarios, jubilaciones y empleo formal, pero blindó la asistencia directa. Así, los planes sociales se consolidaron como el principal sostén del modelo libertario y como el costo político necesario para administrar un proceso de empobrecimiento acelerado del trabajo registrado y de la clase media.

Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

La profundización de la crisis de producción y la fuerte contracción del mercado interno ya tienen un impacto concreto sobre el empleo. Al menos 2.292 puestos de trabajo están hoy en riesgo como consecuencia de los planes de achique implementados por distintas empresas de sectores clave de la economía. Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 resultaron particularmente duros para el entramado productivo. Empresas textiles, alimenticias, tecnológicas, fabricantes de maquinaria agrícola, firmas vinculadas al comercio y proveedores de insumos comenzaron a evidenciar las dificultades crecientes para sostener sus planteles en un contexto marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad y el deterioro de las condiciones macroeconómicas.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios aparece como uno de los principales factores detrás del derrumbe del mercado interno. La caída en la demanda obligó a las empresas a reducir gastos, suspender inversiones y, en muchos casos, cerrar líneas de producción completas, lo que derivó directamente en despidos y suspensiones. A este escenario se suma la apertura de importaciones, que presiona sobre la producción local, y problemas financieros internos que agravaron la situación de varias compañías.

De los nueve casos relevados, el 60% de los anuncios de ajuste se concentraron en enero, mientras que el 40% restante corresponde a procesos que comenzaron a gestarse a fines de diciembre pero se ejecutaron ya en los primeros días de 2026. En todos los casos, el denominador común es la caída de la actividad y la imposibilidad de sostener niveles de producción acordes a la estructura de costos vigente.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Lácteos Verónica, con cerca de 700 trabajadores en riesgo y sus tres plantas completamente paralizadas por la falta de materia prima y una abultada deuda salarial. En el sector textil, TN & Platex profundizó su proceso de ajuste con el cierre de líneas productivas en varias provincias, dejando más de 360 trabajadores sin empleo. Vassalli Fabril, en tanto, atraviesa una situación crítica en su planta de Firmat, con 280 empleados afectados y una empresa que dejó de dar respuestas.

También se registraron recortes en firmas de consumo masivo e insumos industriales. Georgalos implementó suspensiones rotativas y reducciones salariales ante la baja de ventas; Sealed Air despidió trabajadores por la menor demanda de la industria alimenticia; y Lustramax, proveedora de grandes empresas, avanzó con despidos y un Proceso Preventivo de Crisis.

El derrumbe del mercado interno también golpeó al sector comercial. Farmacias del Dr. Ahorro cerró más de una decena de sucursales y dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores tras pedir concurso de acreedores, mientras que Mercado Libre, en el marco de una reestructuración regional, desvinculó personal en áreas vinculadas a experiencia de usuario y contenidos.

En conjunto, los datos configuran un panorama preocupante: la combinación de caída del consumo, apertura importadora y parálisis productiva está erosionando el empleo formal y poniendo en jaque a amplios sectores de la industria nacional. De no revertirse esta tendencia, el impacto social de la crisis podría profundizarse en los próximos meses.