La pésima empresa de vuelos Flybondi abrió un plan de retiro voluntario para sus 1500 empleados. El empresario ultralibertario Leonardo Scatturice había prometido una inversión de 1700 millones de dólares para ampliar la flota hace tres meses. No solo no lo hizo en ese período sino que no lo hará nunca.
Scatturice había comprado Flybondi en junio de 2025, cuando los récords de impuntualidad y cancelaciones ya habían catapultado a la compañía entre las peores aerolíneas del mundo. Bajo su gestión la empresa siguió empeorando entrando en la crisis actual, que se agrava por la caída en los vuelos.
En diciembre, Flybondi había anunciado una inversión de 1700 millones de dólares para comprar 35 aviones a Boeing y Airbus. Buscaban consolidar “la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay, y una de las más relevantes en América Latina”.
La crisis económica alcanza niveles alarmantes: casi 6 de cada 10 familias (56,4%) tuvieron que endeudarse en los últimos meses para cubrir gastos básicos como comida, servicios o alquiler. Pero el dato más grave es otro: 9 de cada 10 hogares ya tienen dificultades para pagar esas deudas, evidenciando una situación al límite.
El relevamiento de la consultora Zentrix confirma un deterioro generalizado: los ingresos no alcanzan y la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Hoy, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos cotidianos, no a invertir ni a generar ingresos futuros.
La raíz del problema es clara: el 83,9% asegura que su salario pierde contra la inflación, mientras más de la mitad de la población ni siquiera logra llegar al día 20 de cada mes. Este desfasaje empuja a los hogares a una espiral crítica: caída del poder adquisitivo, endeudamiento para cubrir lo básico y creciente incapacidad de pago.
El impacto ya se siente en todo el sistema: aumenta la morosidad en bancos y billeteras virtuales, y las entidades endurecen el acceso al crédito ante el riesgo de incumplimientos masivos.
El malestar también se refleja en lo social y político. Más de la mitad de la población (53,3%) desaprueba la gestión del Gobierno, con una suba significativa respecto a mediciones anteriores, en un contexto donde crece la percepción de que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.
El diagnóstico es contundente: el ajuste ya no es una variable macroeconómica, sino una crisis directa en los hogares, donde cada vez más familias dependen de la deuda para comer y, al mismo tiempo, quedan atrapadas en una situación cada vez más difícil de sostener.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, centró su mensaje en el carácter económico del último golpe de Estado en la Argentina, al cumplirse medio siglo del quiebre institucional.
A través de sus redes sociales, remarcó que la dictadura no puede analizarse únicamente por su faceta represiva, sino también por el modelo económico que buscó imponer.
“A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico”, afirmó. En ese sentido, explicó que el régimen tuvo como objetivo transformar la estructura productiva del país: “Se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar la economía y precarizar el trabajo”.
Kicillof sostuvo además que ese programa económico requirió un profundo debilitamiento del tejido social. “Además de quebrar la Democracia, se buscó quebrar a las organizaciones, la solidaridad y sofocar cualquier esperanza colectiva de una sociedad más justa”, señaló.
El mandatario también puso el acento en el sentido actual de la memoria histórica. “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, defender el futuro y no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó.
Finalmente, destacó el papel clave de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción democrática: “Esta etapa fue posible por la valentía de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.
La publicación estuvo acompañada por un video alusivo que repasa hechos de la última dictadura cívico-militar.
A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy
Una nueva encuesta nacional revela un cuadro crítico para el gobierno de Javier Milei, con indicadores que muestran un deterioro simultáneo en la confianza pública, la economía y la credibilidad institucional.
La desaprobación a la gestión trepó al 64% —con fuertes subas en apenas un mes— y la imagen negativa del Gobierno ya alcanza el 62%, configurando el peor registro desde el inicio de la administración. Este rechazo no aparece aislado: se combina con una caída sostenida en la intención de voto y un desplome de las expectativas a futuro.
El dato más contundente surge del frente económico. Ocho de cada diez argentinos no logran cubrir sus gastos mensuales o apenas llegan con lo justo, consolidando un escenario de ajuste permanente. A esto se suma una percepción mayoritariamente negativa: el 61% cree que el país está peor que hace un año y el 65% duda de la capacidad oficial para sostener la baja de la inflación.
En paralelo, emerge un factor especialmente sensible para el discurso oficial: la pérdida de credibilidad. El 71% desconfía de los datos del INDEC, erosionando uno de los principales pilares del relato económico del gobierno. Sin confianza en las estadísticas, incluso los logros que el oficialismo intenta mostrar pierden impacto político.
La imagen presidencial también acusa el desgaste: predomina la valoración negativa y cae el apoyo electoral, mientras que la evaluación de la gestión es desfavorable en áreas clave como lo social, lo económico y la política exterior.
Finalmente, otro dato enciende alarmas: la corrupción e impunidad aparece como la principal preocupación social. Esto tensiona directamente la narrativa fundacional del oficialismo, basada en la promesa de combatir a “la casta” y sanear el Estado.
En conjunto, los números no solo reflejan malestar, sino un escenario de desconfianza creciente y fragilidad política, donde el desafío para el gobierno ya no es solo económico, sino reconstruir legitimidad en una sociedad que muestra signos claros de ruptura con sus expectativas iniciales.
En un documento conjunto, organismos de Derechos Humanos reclamaron memoria, verdad y justicia, y denunciaron retrocesos en las políticas de derechos humanos.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos difundieron un documento conjunto en el que renovaron el reclamo histórico por los detenidos desaparecidos y exigieron: “Que digan dónde están”. En el texto, remarcaron la vigencia de la lucha por memoria, verdad y justicia, en un contexto que describieron como preocupante.
Más adelante, señalaron que el aniversario no solo convoca a recordar el horror de la dictadura, sino también a reafirmar los consensos democráticos construidos en estas décadas. “La impunidad no puede volver a instalarse en la Argentina”, advirtieron, al tiempo que alertaron sobre discursos negacionistas que buscan relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.
Marcha 24 de marzo 2026 (SandraCartasso)
En el mismo tono, los organismos cuestionaron decisiones del actual gobierno que, según denunciaron, implican un retroceso en materia de derechos humanos. Entre otros puntos, señalaron el vaciamiento de políticas públicas, el desfinanciamiento de espacios de memoria y la reivindicación de figuras vinculadas al terrorismo de Estado.
Finalmente, el documento cerró con una convocatoria a sostener la memoria activa y la movilización popular. “Son 30.000. Fue genocidio”, reafirmaron, insistiendo en la necesidad de mantener viva la lucha de las Madres y de todos los organismos que, durante décadas, enfrentaron el silencio y la impunidad para construir verdad y justicia.
El documento completo:
A 50 años del golpe genocida, estamos juntos nuevamente en esta histórica Plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles.
¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!
Hoy están presentes en esta plaza y queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban las y los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos. Porque estamos aquí para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado comenzaron a organizarse, para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanki y europeo.
En un país con un fuerte desarrollo industrial, las y los obreros, junto con las y los trabajadores del campo, luchaban por condiciones de trabajo justas, salarios dignos y acceso a la tierra. Al mismo tiempo, amplios sectores del movimiento obrero retomaban las tradiciones históricas de lucha y avanzaban en su conciencia de clase, elaboraban programas políticos y de gobierno, que iban más allá de las demandas meramente reivindicativas. Son ejemplo de ello el sindicalismo por la liberación nacional impulsado por la CGT de los Argentinos, así como las experiencias clasistas de los sindicatos y las coordinadoras en los cordones industriales de las grandes ciudades. El movimiento estudiantil impulsaba la unidad con la clase trabajadora, una universidad al servicio del pueblo. Defendía el legado de la Reforma Universitaria y no sólo su autonomía y su lugar en el cogobierno, sino también la gratuidad de la educación superior, lo que permitió que los hijos e hijas de obreros y campesinos llenaran las casas de estudios.
La unidad obrero estudiantil junto a las Ligas Agrarias, los sacerdotes para el Tercer Mundo, el movimiento villero, se unieron en las heroicas jornadas del Cordobazo, Mendozazo, Tucumanazo y tantos otros levantamientos populares que desafiaron a las dictaduras de turno.
En ese clima de movilización se inscribe la histórica huelga de los obreros de Villa Constitución en 1975, una lucha emblemática que puso en jaque a una dirigencia empresarial y política que se aferraba a la defensa de sus privilegios.
Las y los 30 mil detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos y miles de exiliados son parte de ese movimiento popular que se organizaba y luchaba a pesar de las persecuciones, proscripciones y los sucesivos golpes de Estado. Reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT-ERP; la trotskista como la del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) o las tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo a algunas de las más de cientos de organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por una sociedad sin opresión ni explotación. Venimos de esas tradiciones y nos sirven como experiencias para fortalecer y recrear la lucha popular contra el gobierno fascista de Milei y Villarruel.
Aquellos a los que les arrebataron la vida eran hijos e hijas de este pueblo como lo son ustedes, llenos de alegría, sueños y esperanzas, que se impusieron la tarea de cambiar el mundo y el país. Esa tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos donde gobiernos de ultraderecha integrados por sectores fascistas junto al imperialismo han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo.
La dictadura genocida tuvo como antesala el gobierno de Isabel Perón, con López Rega y la Triple A, la CNU y demás bandas fascistas; el ensayo de genocidio del Operativo Independencia, mientras avanzaba el Plan Cóndor en los países de la región.
El golpe de Estado de 1976 instauró en la Argentina un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado por una apertura indiscriminada de las importaciones. La dictadura desató un genocidio recurriendo al terrorismo de Estado, cuyo objetivo fue desarticular el alto nivel de organización, participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo argentino habían alcanzado en las décadas previas.
El 24 de marzo de 1976 se nacionalizó el plan sistemático para desaparecer y asesinar a miles de militantes y luchadores. Se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de compañeras y compañeros. Fueron robados cientos de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres y que crecieron con su identidad arrebatada.
La gran mayoría de las y los detenidos-desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos, muchos fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”. Nunca nos entregaron sus cuerpos: por eso exigimos ¡que digan dónde están!
A partir de aquel 24 de marzo de 1976, con el quiebre institucional, se cerró el Congreso, se suspendieron los partidos políticos y se intervinieron los sindicatos. Se prohibieron los centros de estudiantes y todo tipo de organización social. Se censuró a la prensa, la ciencia y el arte. Construyeron el enemigo interno, los llamaron “subversivos y terroristas” para justificar el accionar criminal contra las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, culturales, religiosas y toda forma de lucha y resistencia de nuestro pueblo.
Cuando decimos que SON 30.000 hablamos de sus vidas, de sus luchas, de sus militancias y de sus compromisos con los pueblos oprimidos.
Ese golpe genocida fue cívico-militar, con la participación de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos.
Hace 49 años, Rodolfo Walsh difundió su Carta Abierta a la Junta Militar y denunció la miseria planificada, el verdadero corazón del proyecto de la dictadura. Sabemos quiénes se beneficiaron con la sangre del pueblo: los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Braun, Fortabat, los Madanes Quintanilla, entre otros, que aumentaron exponencialmente el endeudamiento externo.
Incluso en la guerra de Malvinas los militares cometieron delitos de lesa humanidad contra los conscriptos que sí enfrentaron al enemigo inglés apoyado por EEUU.
La impunidad fue política de Estado durante décadas: fue la inclaudicable lucha de las Madres, Abuelas, Familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos junto a la movilización popular y la rebelión del 2001, y la condena social a la impunidad, lo que permitió avanzar y reabrir los juicios a más de 1.500 genocidas, en los que fueron decisivos los testimonios de las/los ex-detenidos desaparecidos.
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto se sepa la suerte de cada desaparecido. Por ello la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente, prueba de ello son los 12 compañeros asesinados en La Perla e identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense. QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN Y Decimos BASTA de demoras judiciales, BASTA de privilegios y prisiones domiciliarias.
Fueron las luchas del pueblo las que derrotaron una y otra vez los sucesivos intentos de impunidad como la ley de autoamnistía militar, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Indultos de Menem y el fallo de la Corte del “2 x 1” en el gobierno de Macri.
A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes.
Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de las Fuerzas de seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.
Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. Gobiernos como los de Menem y Macri profundizaron ese modelo mediante el ajuste, las privatizaciones, la desindustrialización, el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos sociales.
El gobierno de La Libertad Avanza profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano. Ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista, votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplican el ajuste. A esto se le suman otras contrarreformas como la previsional, tributaria, política y penal, mientras entrega los bienes comunes como botín del extractivismo más feroz.
Estas reformas significan retroceder más de un siglo en derechos logrados con luchas: la jornada de ocho horas, el derecho a una jubilación digna, la salud y la educación pública. Avanzan pisoteando la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes protectoras.
Estos modelos capitalistas neoliberales, no pueden imponerse sin represión, es así que profundizan los ataques a la organización popular, persiguen a quienes luchamos, equipan a las fuerzas represivas, arman causas, proscriben, amplían ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforman comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avalan el gatillo fácil y militarizan funciones civiles avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo.
Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones históricas y pago de pensiones para las y los ex presos políticos, exiliados, hijos y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social.
Denunciamos la censura y el hostigamiento a las y los trabajadores que quedaron sosteniendo estos espacios, a quienes les prohíben realizar actividades centrales para el sostenimiento de la Memoria. Exigimos su preservación y el cuidado de las pruebas materiales.
Las consecuencias del plan sistemático de robo de bebés del último golpe de Estado aún persisten. Los cientos de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, los niños y niñas desaparecidos junto a sus padres, que aún seguimos buscando, son los desaparecidos con vida de la dictadura.
Cada restitución de un nieto o nieta de las Abuelas de Plaza de Mayo es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado: secuestro, desaparición, asesinato, robo, sustracción de menores y falsificación de documentos públicos.
El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados, pero desde la asunción del gobierno de Milei no ha pasado otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar éste y todos los derechos del pueblo. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores.
Llevamos 140 casos resueltos. Todavía buscamos a casi 300 hombres y mujeres con su identidad cambiada, que legan en sus hijos e hijas, sin saberlo, el silencio sobre la desaparición de sus padres y madres. Necesitamos de las instituciones públicas, del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de memoria, de quiebre de los pactos de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo. Por eso, si saben de alguien con dudas, acompáñenlo; y si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde.
Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas, los nietos y las nietas, hermanos y hermanas, con los familiares de los detenidos-desaparecidos, y con el conjunto de organismos de derechos humanos acompañados por el pueblo para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. Y para exigir ¡Que digan dónde están! A 50 años del golpe exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto de silencio.
Después de haber consolidado la condena social y lograr la anulación de las leyes de impunidad con la lucha del pueblo, llegaron los juicios. En ese contexto fue desaparecido nuevamente Jorge Julio López y 20 años después seguimos sin saber dónde está ni qué hicieron con él: ¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los culpables! Justicia por Silvia Suppo, testigo en juicios de lesa humanidad.
Mientras los sobrevivientes siguen contando el terror en los juicios, cada vez hay menos genocidas en la cárcel común: más del 80 por ciento de los detenidos tiene el beneficio del arresto domiciliario, otros están en la cárcel VIP de Campo de Mayo y más de 1.500 están libres.
Mientras los genocidas son reivindicados por el gobierno, la política represiva y la persecución judicial se vuelven el método para acallar las luchas del pueblo. Avanza la criminalización de la protesta. Delegados de las cooperativas y organizaciones sociales, integrantes de las comunidades, militantes políticos y manifestantes son perseguidos, procesados y encarcelados.
A 50 años del golpe genocida valoramos haber construido este gran acto de unidad más allá de las diferencias. Desde el conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes a esta Plaza de Mayo y plazas del país, reclamamos con fuerte convicción:
¡Libertad a Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Milton Tolomeo, Daniel Vera y a todas las presas y los presos políticos, exigimos el cierre de todas las causas. Reclamamos la anulación de la condena a Alejandro Bodart y del procesamiento a Vanina Biassi, porque denunciar un genocidio no es delito.
La prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio. ¡Libertad a Cristina Fernández!
A pesar de todo lo que hemos construido en estas más de cuatro décadas desde el fin de la dictadura, la represión del Estado se ha cobrado las vidas de cientos de argentinos como los asesinados el 19 y 20 de diciembre.
A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki.
Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes. Justicia por Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales, Juan Gabriel González, las víctimas de gatillo fácil y demás víctimas de la represión estatal.
El gobierno de Milei y Villarruel hace de la represión a la protesta y el ataque al derecho de huelga una política de Estado para impedir la movilización.
¡Derogación del inconstitucional protocolo anti protestas de Bullrich! ¡Basta de represión estatal!
¡Basta de gatillo fácil, razias, detenciones arbitrarias y persecuciones!
¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en lugares de detención y encierro!
Derogación de la ley de baja de la edad de punibilidad y la criminalización a las adolescencias. Nuestras pibas y pibes no son delincuentes. Por la efectiva aplicación de las políticas públicas que garanticen y amplíen derechos y fortalezcan el sistema de protección integral de niñez y adolescencia, por infancias y adolescencias libres de toda violencia.
Denunciamos el vaciamiento de las políticas públicas solidarias. Universalización de la asistencia social, no al cese de los programas sociales, aumento de sus montos, reapertura de las inscripciones y entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Por trabajo genuino.
Repudiamos el brutal ataque a las y los jubilados y la represión a todas las movilizaciones populares. ¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya! ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables!
Le decimos no a la destrucción de la salud pública. Y a la política de cierre, vaciamiento, despidos y privatización de hospitales y programas de salud. ¡En defensa del hospital Garrahan como causa nacional! Rechazamos los sumarios, sanciones e intentos de despidos que el gobierno quiere consumar a pesar del fallo judicial favorable! Aplicación efectiva de la ley de Emergencia Pediátrica y de la ley nacional en Discapacidad.
¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! No a la degradación del ministerio de Educación. Aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y rechazo al nuevo intento de modificación del gobierno de Milei para no cumplirla.
No a la entrega de los bienes comunes. La ley de Glaciares no se toca. Defendemos la tierra y el agua contra el extractivismo. El RIGI profundiza la política que incendia e inunda los territorios y persigue a nuestras comunidades.
Basta de militarización de los territorios. Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos originarios a los territorios ancestrales, autodeterminación y cultura, y acompañamos los reclamos de restitución. Abajo toda la legislación represiva: leyes antiterroristas, derogación de la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia y decreto habilitante de las Fuerzas Armadas en inteligencia y seguridad interior.
Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación y derogación de la Ley Bases, los DNU 70/23 y 941/25 que empodera más a la ex SIDE.
Rechazamos la política pro fascista, colonial, racista y xenófoba de este gobierno. Basta de atacar y perseguir a migrantes. ¡Migrar no es delito!
Denunciamos el desmantelamiento de las políticas de género y diversidad, el ataque a los derechos logrados por mujeres y personas LGBTINB+ y la promoción de discursos de odio desde las más altas esferas del Estado, como también el aumento de la violencia machista. Basta de Femicidios. Aparición con vida de Tehuel. Justicia por Diana Sacayán. Cuidados y reparación para la población travesti trans.
La deuda es una estafa, las estafas no se pagan. La única deuda es con el pueblo, que esa plata se destine a las jubilaciones, medicamentos, protección social, trabajo, vivienda, salud y educación y no al Fondo. Fuera el FMI.
Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales. Basta de despidos de trabajadores del sector público y privado. No al cierre de empresas y fuentes de trabajo. Las políticas de ajuste y destrucción de derechos han sido y son devastadoras y no fueron respondidas con un plan de lucha contundente para frenarlas. Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de salir a luchar. Necesitamos que las centrales de trabajadores y trabajadoras se pongan al frente de un plan de lucha contra estas políticas. Paro general y plan de lucha ya.
Desde esta plaza nos solidarizamos y hacemos nuestras las luchas del mundo.
Justicia por las niñas Villalba, asesinadas por el Ejército de Paraguay. Aparición con vida de Lichita. Fuera el imperialismo norteamericano de Venezuela, basta de bloqueo y agresiones a Cuba, fuera yanquis de América Latina.
Milei está alineado con el sionismo genocida. Nos pronunciamos por una Palestina libre repudiamos el genocidio en Gaza y la agresión de EEUU e Israel contra el pueblo de Irán. Decimos NO al Genocidio, NO a la Guerra.
Por la autodeterminación de los pueblos.
Pasaron 50 años y seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Por pan, salud y trabajo. Educación y vivienda.
Levantemos ahora mismo muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega.
Con 30.000 luchas como bandera, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Porque somos el país del Nunca Más y el pañuelo blanco. Porque seguiremos, como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos.
A 50 años del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos, con la unidad que necesita nuestro pueblo:
Era el mediodía del 20 de marzo de 2026 y desde el Puerto Progreso en Mérida Yucatán, México partió el barco atunero “Maguro”, bautizado respetuosamente como el “Granma 2.0” por su tripulación de 27 personas de 11 países de todo el mundo. El objetivo: llevar a La Habana, Cuba, más de 30 toneladas de alimentos, insumos médicos, artículos de primera necesidad para niños y niñas y 97 paneles solares. El reto: cruzar el muro político y económico del bloqueo a Cuba impuesto por los Estados Unidos desde 1962.
Lo cierto es que el bloqueo a Cuba era también un muro cognitivo y cultural, tanto así que la aventura era inédita. Nunca, desde aquel 25 de noviembre de 1956, había salido un barco militante desde costas mexicanas rumbo a Cuba con fines tan claramente políticos.
Hace 70 años era Fidel Castro con 81 hombres armados listos para desencadenar la revolución más importante del siglo pasado. Ejemplo de dignidad para toda la humanidad. En esta ocasión no llevamos armas, pero sí mucha solidaridad en coordinación con otras miles de personas que han llegado a Cuba en el marco de la operación denominada “Convoy Nuestra América” impulsada por la Internacional Progresista que busca por aire y mar ir al llamado de Cuba, responder un poco a toda la solidaridad que los cubanos y cubanas han esparcido por todo el planeta.
Hoy Cuba vive momentos muy difíciles, son ya tres meses en que el bloqueo ha arreciado por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que impide la llegada de petróleo generando una profunda crisis energética que ha impactado en hospitales y en la vida diaria de todo el pueblo. Sin ningún remordimiento, la cabeza del imperio, asegura que quiere a Cuba para él, ha amenazado al Presidente Miguel Díaz Canel y se la pasa insinuando acciones militares contra la Isla. La respuesta del mundo debe ser urgente y ya se empiezan a ver distintas acciones de solidaridad.
Lo diferente de esta pequeña embarcación es el aprendizaje y el ejemplo expresado en esta simple acción. Es romper el muro del miedo a los misiles que han matado a tantos pescadores inocentes en nuestro Caribe, el miedo a ser interceptados, el miedo a las amenazas que bajan del imperio. Es haber cruzado el mar con la certeza que el mar, así como toda la tierra, la Patria Grande, también es nuestro. Es romper el bloqueo un barco a la vez.
Este impulso nunca hubiera sido posible sin todas las decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que en 2025 intentó llevar alimentos a Gaza, Palestina. Un total de 42 personas secuestradas y torturadas, muchas que hoy tripulan el Granma 2.0, decenas de barcos atacados por drones israelíes y la frustración de no haber podido llegar al destino. Todo ese aprendizaje hoy permite el éxito de esta misión a Cuba.
“Es una enorme alegría saber que esta vez si lo vamos a lograr, hemos recibido muchos mensajes de nuestros hermanos palestinos, felices que vamos a llegar a Cuba con esta flotilla, también la gente cubana está alegre porque este es un mensaje de esperanza. Una vez terminemos en La Habana de desembarcar volveremos intentar llegar a Gaza” comentó Thiago Ávila, brasileño, coordinador de este histórico esfuerzo.
Escribo este artículo antes de llegar al puerto de La Habana, aún navegando en este Granma 2.0, con las costas de Cuba a un costado. Y lo hago porque una vez en tierra la historia se ampliará, habrán actos de recepción y palabras de los cubanos y las cubanas. Hablaremos seguramente de las siguientes acciones que vienen.
Yo que vengo de ser Vice Canciller de Honduras vi detrás del velo de la diplomacia, solo para darme cuenta que el derecho internacional se volvió una maquinaria oxidada, que suena mucho pero mueve poco. En esta ocasión soy parte de esta tripulación como corresponsal de TeleSUR, y recordaré siempre estas 370 millas náuticas, estos cuatro días en altamar, el olor de la cocina y las comidas colectivas, la incomodidad y las sonrisa e historias con tantos acentos diferentes que confluimos en este pequeño barco cruzando el mar. Creo que la diplomacia nunca debe olvidar que el futuro del derecho internacional, del derecho en general y de la justicia en su más fina naturaleza, está en la gente, en los pueblos y su capacidad de unirse y organizarse.
Si la naturaleza del imperio es la barbarie, la de todo lo que no sea imperio debe ser siempre la humanidad.
A 20 millas náuticas del Puerto de La Habana. Lunes 23 de Marzo de 2026
Una nueva factura por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este volvió a encender alarmas y profundiza una situación cada vez más comprometida para el jefe de Gabinete, en medio de inconsistencias, versiones cruzadas y crecientes dudas judiciales.
El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por un broker aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del viaje de ida a través de una de sus empresas. El documento presenta irregularidades tanto en la fecha como en el monto, y se suma a una trama que no deja de complejizarse y que complica cada vez mas la situación del funcionario libertario.
La investigación judicial sobre los vuelos privados de Adorni incorpora así un nuevo elemento que pone el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su entorno cercano. El broker Agustín Ismel Issin, quien figura en documentación previa vinculada a paquetes de vuelos, aparece nuevamente como intermediario en la operación.
Según los registros, Issin —piloto y socio en Jag Aviation— adquiere paquetes de vuelos para su reventa a clientes privados. Una factura anterior, emitida en febrero por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso del funcionario. En paralelo, ya se había conocido otro comprobante por el vuelo de ida, por 4.830 dólares, emitido a una productora vinculada a Grandio, quien además habría alojado a Adorni durante su estadía en Uruguay.
El nuevo documento, emitido el mismo día en que el caso tomó estado público, consigna únicamente el tramo “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO” por un valor de 3.000 dólares, una cifra inferior al trayecto inicial. En el sector aeronáutico no descartan que su emisión haya sido una reacción a la repercusión mediática del caso, lo que agrega más interrogantes.
En este contexto, la Justicia espera que Grandio presente los comprobantes de la transferencia que respalden ese pago, mientras crecen las dudas sobre la trazabilidad del dinero.
Las explicaciones brindadas hasta ahora no hicieron más que aumentar la confusión. Grandio ofreció versiones contradictorias: primero aseguró que Adorni había pagado el vuelo, luego que el gasto fue compartido y finalmente que se cubrió con fondos estatales. A pesar de afirmar que cuenta con documentación, aún no la presentó.
Por su parte, Adorni sostiene que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que respalden esa afirmación.
Issin, en tanto, confirmó su rol como intermediario y señaló que la empresa operadora fue AlphaCentauri, mientras que Jag Aviation comercializó los vuelos. La aeronave utilizada habría sido un Honda Jet matrícula LV-HWA, visible incluso en registros audiovisuales difundidos en medios.
La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, avanza con pedidos de información a organismos públicos y privados. Sin embargo, algunas empresas ya advirtieron que no conservan registros de cámaras por más de 30 días, lo que podría dificultar la reconstrucción completa de los hechos.
Con cada nueva evidencia, el caso suma capas de complejidad y deja a Adorni en una posición cada vez más delicada, bajo la lupa judicial y con interrogantes aún sin respuesta.
Documentos contables oficiales confirman que el IOSFA contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa.
Los informes, a los que se accedió de manera exclusiva, desmienten de forma categórica la narrativa libertaria que intenta atribuir la crisis actual a la herencia del gobierno de Alberto Fernández.
Lejos de un escenario de colapso, los números de 2023 reflejan una situación financiera robusta: el resultado del ejercicio creció un 5,4% hasta alcanzar los $13.289 millones, mientras que el patrimonio neto registró un incremento del 67,8%, cerrando en $32.260 millones. A su vez, el flujo de efectivo mostró un saldo positivo con un aumento de $4.327 millones, revirtiendo la caída registrada en 2022. La liquidez inmediata, en tanto, se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones.
Este cuadro evidencia que Petri recibió una obra social con cuentas ordenadas, capacidad de ahorro y margen de maniobra frente a un contexto inflacionario adverso. Sin embargo, ese escenario se deterioró rápidamente hasta desembocar en una crisis que hoy se traduce en el corte de prestaciones de salud para militares activos y retirados.
Las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria aparecen en el centro de las críticas. Darío Díaz Pérez, ex titular del IOSFA durante la administración anterior, había advertido que una de las medidas más graves fue la suspensión del pago de reintegros, afectando directamente a afiliados que deben afrontar gastos urgentes por fuera de la cobertura. “Estamos hablando de personal en actividad y retirados, muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad”, señaló.
Desde dentro del propio organismo, las denuncias son aún más contundentes. Fuentes actuales del IOSFA aseguran que no solo se consumió el superávit heredado, sino que además se contrajeron deudas millonarias: un crédito de $14 mil millones con el IAF durante la presidencia de Oscar Sagás, seguido por otro de $42 mil millones bajo la gestión de Roberto Fiocchi, ambos sin cancelar. La llegada posterior de Betina Surballe habría intentado contener las consecuencias de estas maniobras.
En este contexto, la crisis ya no se limita a los balances: se expresa en protestas de efectivos sin cobertura médica y en el plano judicial, tras la denuncia presentada por Lourdes Arrieta que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
El contraste entre el superávit heredado y el actual descalabro financiero no solo pone en cuestión la gestión de Petri, sino que instala una sospecha cada vez más extendida: la crisis del IOSFA no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que hoy están bajo la lupa por su posible impacto en el vaciamiento de la obra social.
El abogado querellante en la causa $LIBRA, Martín Romeo, aseguró que la investigación ya reúne a más de un centenar de damnificados y un volumen millonario de pérdidas, al tiempo que apuntó directamente contra el entramado que vinculó el proyecto con Javier Milei. “La estafa funcionó, pero se les fue de las manos. No calcularon la visibilidad que tiene Milei en redes sociales”, afirmó, en lo que consideró una síntesis del desborde que terminó exponiendo la maniobra. “¿Vos te pensás que con la cantidad de dinero que se llevaron Karina hubiera aceptado U$D5.000.000?”, ironizó.
Romeo explicó que la querella representa a 102 personas, con pérdidas que alcanzan los 5 millones de dólares, y que ahora esperan la validación individual de cada damnificado por parte de la Cámara. En ese universo, detalló, hay casos de inversores que perdieron 500 mil dólares y hasta fondos que registraron caídas de 2 millones. “Son cifras que a veces generan poca empatía, pero estamos hablando de un presidente que promovió este proyecto para financiar pymes”, remarcó.
El abogado sostuvo que las advertencias existieron desde el inicio. “Desde el minuto uno hubo gente que intentó avisarle al presidente que se trataba de estafadores de poca monta”, indicó. Como ejemplo, mencionó el intercambio entre Maxi Firtman y Demian Reidel en redes sociales, donde —según explicó— se alertaba sobre las irregularidades sin que eso derivara en una reacción.
En su reconstrucción, Romeo ubicó como antecedente clave a CoinX, el fondo cripto que sirvió de puente para el acercamiento entre Mauricio Novelli y Milei y que luego se comprobó fraudulento. “Ofrecía entre 6% y 10% de interés mensual. Cualquiera que supiera lo básico podía ver que era imposible”, señaló.
Sobre Novelli, el querellante fue contundente: “Hoy está muy complicado y es el hombre más odiado de la Argentina”. Afirmó además que las pruebas lo ubican como el eje de la operatoria y cuestionó la falta de avances judiciales: “Si no está preso es porque el fiscal Taiano avanza lento”.
Romeo también planteó que, a lo largo de la causa, se fue construyendo un perfil de los involucrados que incluye al propio Presidente. “Milei es alguien que históricamente ha devuelto favores personales, y ahora lo hace desde un rol institucional”, sostuvo.
En esa línea, recordó el vínculo temprano entre Novelli y el actual mandatario. “Cuando Milei estaba en un momento complicado, Novelli se convierte en uno de los primeros aportantes de su campaña. Era un chico de 28 años, sin la capacitación necesaria y con una obsesión desmedida por la plata”, afirmó.
El abogado agregó que existen elementos que apuntan a un sistema de pagos para acceder al Presidente. “Nos consta que había dinero de por medio para conseguir reuniones con Milei. En los chats de Novelli está toda la información”, aseguró, y consideró clave una eventual indagatoria: “Es muy importante lo que pueda decir, llama la atención que el fiscal todavía no lo cite”.
Irán endureció su postura y lanzó una contundente respuesta contra las declaraciones belicosas del presidente Javier Milei, al condenar su “apoyo descarado” a la guerra y acusarlo de intentar desviar la atención del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.
En una jornada atravesada por fuertes tensiones internacionales, el gobierno argentino recibió señales opuestas desde Medio Oriente: mientras Israel respaldó su alineamiento en el conflicto, fue Irán quien redobló la presión diplomática y elevó el tono de las críticas.
La reacción de Teherán se da en el marco de una escalada que comenzó cuando Milei calificó a Irán como un país vinculado al terrorismo en su discurso ante el Congreso. Desde entonces, el mandatario no solo reafirmó su apoyo a Estados Unidos y a Israel, sino que incluso celebró un eventual cambio de régimen iraní, sugirió la posibilidad de envío de fuerzas argentinas a la guerra en curso y se definió como “el presidente más sionista del mundo”, tocando uno de los puntos más sensibles para la República Islámica.
El conflicto internacional —desatado tras la ofensiva militar ilegal y unilateral iniciada por Estados Unidos a fines de febrero— sigue sin un horizonte claro y ha generado repercusiones políticas incluso en Washington, donde la administración de Donald Trump enfrenta tensiones internas.
En este contexto, la respuesta iraní fue directa y sin matices. Zahra Ershadi, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó los dichos del mandatario argentino como “insultantes, hostiles y antiiraníes” y sostuvo que su posicionamiento constituye una violación del derecho internacional.
“El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales”, afirmó la funcionaria.
Pero el señalamiento no se limitó al plano externo. Desde Teherán también vincularon el discurso de Milei con la situación interna argentina, al advertir que busca “desviar la opinión pública” de los problemas económicos y de los resonantes casos de corrupción cercanos a su entorno.
En particular, mencionaron el impacto del caso $LIBRA, que volvió a tomar relevancia en los últimos días, y el deterioro de indicadores como la inflación y el empleo, en un escenario marcado por el ajuste y la caída de la actividad.
Finalmente, Irán introdujo un elemento adicional de presión al advertir sobre una posible “responsabilidad internacional” de la Argentina por su alineamiento con las acciones militares de Estados Unidos e Israel, a las que considera una “guerra de agresión” ilegal. La advertencia marca un nuevo capítulo en una crisis diplomática que ya impacta de lleno en la política exterior argentina.
