Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos consolidaron un pedido masivo para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una década de su detención en Jujuy en un caso que diversas entidades consideran un montaje político y una violación de derechos fundamentales.

Milagro Sala, dirigente social y fundadora de la organización Tupac Amaru, lleva diez años detenida en la provincia de Jujuy, en un proceso que para numerosas organizaciones de derechos humanos, gremios y referentes políticos constituye una detención arbitraria e ilegal, sin que se hayan agotado todas las instancias de defensa ni se hayan garantizado sus derechos constitucionales.

A lo largo de estos años, se sumaron múltiples pronunciamientos internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron irregularidades y cuestionaron la proporcionalidad y legalidad de la prisión preventiva prolongada aplicada en su contra.

En las últimas semanas, miles de ciudadanos, agrupaciones sociales y figuras del ámbito político y cultural firmaron un petitorio colectivo que reclama la libertad de Sala, subrayando que su detención superó ampliamente los plazos razonables de prisión preventiva y que su situación representa una afrenta al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, más allá de las causas judiciales específicas, el caso de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de persecución política y de uso abusivo del sistema penal para silenciar a voces críticas y referentes comunitarios que tenían un rol activo en la articulación social y política.

Este décimo aniversario de detención coincide con llamados a una revisión exhaustiva de su situación procesal, así como con reclamos para que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales y se garantice el acceso a la justicia sin demoras indebidas.

Para quienes firman la petición, la liberación de Milagro Sala no solo responde a un caso particular, sino que también representa una reivindicación más amplia del estado de derecho, la equidad procesal y la protección de los derechos civiles y políticos en Argentina.

En medio de las alertas del Servicio Nacional Meteorológico por altas temperaturas, más de un millón de uuarios del AMBA se quedaron sin luz. Todavía hay más de 100 mil familias sin suministro. Tanto Edesur como Edenor recibieron ganancias extraordinarias gracias al tarifazo del gobierno de Javier Milei pero los cortes siguen aunque la justificación de los aumentos sea “aumentar la inversión en infrasestructura”.

Durante el gobierno de Mauricio Macri pasó lo mismo: se establecieron brutales tarifazos bajo el argumento de que eran necesarias para que las empresas pudieran mejorar el servicio. Pasó igual que ahora: las empresas aumentaron sus ganancias y para los usuarios la pérdida es doble, porque pagan más por un servicio muy malo.

El liberalismo argentino replica las recetas en todos los ámbitos con los mismos resultados. En los servicios públicos, promete mejoras en los servicios con tarifas dolarizadas. Pasa lo segundo pero nunca lo primero. Como cuando prometen mejorar el empleo si se reforman las leyes laborales. Suele pasar lo segundo pero lo primero siempre empeora. La historia siempre se repite.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado concretó el pasado jueves un gesto insólito: le entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro tuvo lugar al mediodía en la Casa Blanca y fue presentado por la líder de Vente Venezuela como un reconocimiento al ” compromiso (de Trump) con la defensa de la libertad en Venezuela”. A Corina Machado solo le preocupa que Trump la elija como presidenta de Venezuela. Sabe que es la única manera de quedarse con el poder.

Pero el papelón no se detuvo ahí: “Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington”, insistió Corina Machado, elogiando el ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela donde murieron más de 150 personas.

Como si no faltara ningún papelón por atravesar, la fundación sueca que entrega el premio rechazó la posibilidad de transferir el premio: “Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre”. Nada dijeron sobre el premio Nobel de la Paz que entregaron a una persona que defendió un brutal ataque militar contra su propio paz.

El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como sobre todo de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

Pese a los discursos oficiales que destacan una supuesta disminución de la pobreza, la realidad social en la Ciudad de Buenos Aires parece ir en sentido contrario. El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como —sobre todo— de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

El relevamiento, difundido por la gestión de Jorge Macri y realizado en noviembre pasado por 85 equipos oficiales, mostró un crecimiento general de la población en situación de calle respecto de la medición de mayo. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los datos exponen un deterioro social persistente en uno de los distritos más ricos del país.

Según el informe, la cantidad de personas que pernoctan en la vía pública aumentó un 3% en el último semestre. Sin embargo, el salto más pronunciado se dio en los Centros de Inclusión Social (CIS): la población alojada en estos paradores creció un 20% en el mismo período. De hecho, el 94% del incremento total de personas en situación de calle se explica por el aumento de quienes requieren alojamiento estatal, mientras que solo el 6% corresponde a nuevas personas registradas directamente en la calle.

La comparación histórica refuerza la dimensión del problema. En noviembre de 2017, cuando se realizó el primer censo con esta metodología, se habían contabilizado 636 personas durmiendo en la vía pública y 966 en paradores. Ocho años después, las cifras se multiplicaron: 1.613 personas pasan la noche en la calle y 3.563 dependen de los CIS, un crecimiento que contradice los relatos oficiales de mejora social.

Desde el Gobierno porteño explican parte de este aumento por la incorporación de diez nuevos Centros de Inclusión Social durante 2025, que ampliaron la capacidad del sistema en más de 4.900 plazas. No obstante, aun con mayor infraestructura, los números revelan que la demanda de asistencia no deja de crecer, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El censo también evidencia una fuerte concentración territorial: la mitad de las personas en situación de calle se encuentra en las comunas 1 y 3, que incluyen barrios como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro, Balvanera y San Cristóbal. En cuanto al perfil etario, el 80% tiene entre 19 y 59 años y un 8% supera los 60, lo que refuerza la preocupación por el impacto del fenómeno en adultos mayores. Además, el 67,1% de las personas relevadas nació fuera de la Ciudad, mientras que el 31,9% es oriundo del distrito.

Así, mientras los indicadores macroeconómicos y los anuncios oficiales intentan instalar una narrativa de recuperación, la expansión de la población en situación de calle expone una realidad cotidiana que desmiente esa lectura y vuelve a poner en el centro el alcance real de la crisis social.

En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.

La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.

La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.

La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.

Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.

El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.

Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.

Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.

Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.

Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), e impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio.

Un apagón eléctrico de gran magnitud que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio, informó este jueves la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía explicó que el corte de energía, ajeno a la empresa, afectó a varias instalaciones clave que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad. Se trata de plantas y sistemas de bombeo que demandan una gran cantidad de energía para garantizar el abastecimiento de agua potable.

AySA aclaró que, aun cuando el servicio eléctrico sea restablecido, la normalización del suministro de agua no es inmediata, ya que los sistemas de bombeo deben atravesar un proceso de arranque secuencial. Por ese motivo, la recuperación del servicio y la presurización de la red se dará de manera gradual a lo largo de la jornada.

Como consecuencia del apagón, la empresa advirtió que podría haber baja presión y/o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Ante la masividad del corte eléctrico y las altas temperaturas, AySA solicitó a los usuarios extremar los cuidados y hacer un uso responsable del agua potable, priorizando su consumo para actividades esenciales.

La periodista relató un episodio ocurrido en un cumpleaños privado en el que el expresidente habría manoseado a la esposa de un conocido. “Está sacado, no lo podemos parar”, habrían reconocido desde su propio entorno.

El expresidente Mauricio Macri quedó envuelto en un nuevo escándalo tras un fuerte relato realizado por la periodista Nancy Pazos, quien contó al aire un episodio ocurrido el pasado 5 de noviembre durante el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un reconocido restaurante porteño.

Según narró Pazos, el hecho ocurrió cuando Macri, acompañado por Juliana Awada, compartía una charla informal con otra pareja invitada al evento. Al momento de pasar a las mesas, el exmandatario “se hizo el caballero”, dejó avanzar a las mujeres y, en ese contexto, manoseó a una de ellas. “Le metió la mano en el culo. No te estoy jodiendo”, aseguró la periodista.

Siempre de acuerdo al relato, la mujer sintió el contacto en la zona baja de la espalda de manera claramente insinuante. La situación generó un momento de enorme incomodidad y tensión, especialmente cuando la víctima se lo contó a su esposo, quien debió ser contenido para evitar un enfrentamiento en medio del cumpleaños.

Pazos agregó que el marido, completamente alterado, buscó a un amigo cercano de Macri para consultarle qué hacer ante lo ocurrido. La respuesta fue demoledora: “Está sacado; no lo podemos contener”, le habrían dicho desde el propio entorno del expresidente.

El episodio, relatado públicamente por una periodista con nombre y apellido, vuelve a exponer a Mauricio Macri en un contexto de conductas denunciadas como abusivas y genera un fuerte repudio político y social. Hasta el momento, el expresidente no realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

El Indec reveló ayer el dato de inflación de diciembre 2025, que se ubicó en 2,8%, con un incremento interanual de 31,8%. Por su parte, la carne aumentó un 71% interanual, es decir, más del doble que la acumulada en todo el año pasado. Ese golpe durísimo al bolsillo de los argentinos repercute en que la carne dejó de ser un alimento cotidiano de las familias en el país.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los últimos dos años el consumo per cápita de carne bovina en Argentina cayó de manera significativa y se ubicó en niveles históricamente bajos comparado con años previos (alrededor de 42-48 kg/año). Pese a que en 2025 hubo una leve recuperación respecto a 2024, el consumo siguió por debajo de los valores de 2023.

El gobierno de Javier Milei decidió sacar las retenciones a la carne y de ese modo beneficiar a otros países que compran carne argentina. En cambio, para los argentinos la situación es al revés: la carne está cada vez más cara y ya dejó de ser el alimento típico del plato argentino.

La temporada de verano 2026 avanza con números dispares en la Provincia de Buenos Aires. Tras las fiestas y el cierre de la primera quincena de enero, los principales destinos registran niveles de ocupación considerados aceptables, aunque lejos de una temporada expansiva. El rasgo dominante es la reducción de las estadías y un consumo más medido por parte de los visitantes, con picos concentrados entre viernes y domingo.

“La foto que vemos es bastante clara: no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con mucha decisión de último momento y una fuerte concentración de turistas entre viernes y domingo”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), al presentar el relevamiento sectorial. El diagnóstico se repite tanto en destinos de costa como del interior bonaerense.

En ciudades como Tandil, la ocupación mostró contrastes según el tipo de alojamiento. Las cabañas alcanzaron promedios elevados, impulsadas por el turismo de naturaleza y los viajes familiares, mientras que los hoteles operaron con mayor rotación y estadías breves. “El turista prioriza experiencias concretas, viene menos días y cuida mucho el gasto. Incluso con buena ocupación en algunos segmentos, la rentabilidad es moderada”, señaló Genaro García, titular del área Turismo de FEBA.

En la costa atlántica, Monte Hermoso reflejó con claridad la dinámica de la temporada: fines de semana completos y semanas más tranquilas, con niveles que bajan entre lunes y jueves. En el corredor geselino, diciembre resultó flojo, aunque enero mostró una recuperación parcial, con Mar de las Pampas y Villa Gesell sosteniendo ocupaciones medias gracias a políticas de precios contenidas y ajustes muy por debajo de la inflación.

Mar del Plata, con una ocupación cercana al 65%, volvió a concentrar el mayor volumen de visitantes de la provincia. Sin embargo, el patrón de cautela en el gasto también se hizo sentir. “Hay presencia y movimiento, pero no hay derroche”, resumieron desde el sector. El balance de la primera parte del verano deja en evidencia una temporada marcada por la austeridad y el ajuste del bolsillo, un reflejo directo del impacto del rumbo económico nacional sobre el turismo interno, reseñó Política Argentina.

Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

A días del inicio de 2026, Mercado Libre ejecutó un despido masivo que alcanzó a 119 trabajadores del área tecnológica en América Latina, de los cuales 32 se desempeñaban en Argentina. Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

La medida fue adoptada por la empresa fundada por Marcos Galperín, empresario que se identifica públicamente con las ideas libertarias del presidente Javier Milei, y comenzó a trascender en redes sociales pocos días después del cierre de 2025. Frente a la repercusión pública, el medio El Destape se contactó con voceros de la compañía, quienes confirmaron los despidos.

Desde Mercado Libre intentaron presentar la decisión como una acción “puntual”, enmarcada en una supuesta “transformación” organizacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que se encuentra “evolucionando la organización de los equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido”, y precisó que “como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina”. También aclaró que la medida, según su versión, “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

No obstante, el relato de los trabajadores despedidos contradice el discurso empresarial. De acuerdo con testimonios recogidos, los empleados fueron convocados a reuniones virtuales sin información previa y, al conectarse, se encontraron con decenas de compañeros en la misma situación. En esos encuentros —realizados incluso en dos idiomas por la participación de personal de Brasil— se les comunicó la desvinculación inmediata, el pago de la indemnización y la obligación de entregar las computadoras y cerrar el vínculo laboral en el acto.

Una trabajadora consultada señaló que este tipo de recortes viene avanzando desde hace tiempo en áreas como Atención al Cliente y Experiencia de Usuario, donde la empresa estaría reduciendo personal humano para avanzar en procesos de automatización.

Según indicaron los propios empleados, Mercado Libre se encuentra probando bots y agentes de inteligencia artificial para asumir tareas que hasta ahora eran realizadas por trabajadores especializados. El caso vuelve a encender el debate sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el sector tecnológico, y pone en cuestión el rol de las grandes corporaciones en un contexto regional atravesado por el ajuste, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.