El ministro de Economía, Toto Caputo, echó al secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras una denuncia por corrupción que involucra una estafa con los fondos de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado se calcula en 30 mil millones de pesos mediante la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico.

Acorralado, el funcionario de origen mendocino no se esforzó mucho por disfrazar su salida y argumentó “motivos personales” para dejar el cargo, resaltó el portal La Política Online.

Pero lo cierto es que el ministro de Economía decidió echarlo luego que se revelara una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol de la familia Zbikoski, que le habría causado al tesoro un perjuicio de 3 mil millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.

Sin ningún tipo de control estatal, la empresa La Nueva Metropol alteraba los boletos de los pasajeros para cobrar por recorridos más largos de los que efectivamente realizaban. Eso implicaba cobrar mayores subsidios.

El presidente Javier Milei disertó este miércoles ante el Foro Económico de Davos, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” y destacó los “logros” de su gestión desde su asunción en 2023. Fue un discurso anti Trump, si se quiere, ya que el presidente norteamericano viene cuestionando libre comercio. De hecho su política se basa en el proteccionismo y los aranceles.

“Lo justo no puede ser ineficiente, lo justo es eficiente. El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”, sostuvo ante los empresarios y jefes de Estado más importantes de todo el mundo. En la semana, Trump había dicho que quienes defendían el libre comercio defendían a China. ¿Qué quiso decir Milei?

Por ahora la relación entre Trump y Milei está en su punto más alto aunque no dejan de sorprender algunas diferencias ideológicas muy claras. Por ahora, Milei decidió no romper relaciones con China, todo lo contrario. Hay un boom de importaciones provenientes de ese país que afectan a la industria nacional. Todo lo contrario a lo que propone Trump.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur abrió este miércoles un nuevo capítulo luego de que el Parlamento Europeo decidiera remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una medida que retrasa su entrada en vigor y da inicio a una etapa de revisión jurídica.

La moción fue aprobada en una ajustada votación celebrada en Estrasburgo, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, según informó el portal AFP.

Con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado el pasado 17 de enero en Asunción se ajusta a los tratados del bloque comunitario. No obstante, la Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de aplicar el pacto de manera provisional mientras avanza el examen judicial.

Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, cuestionó la resolución del Parlamento al afirmar que “las cuestiones planteadas en esta moción no están justificadas”.

La votación fue celebrada en paralelo por centenares de agricultores franceses que se manifestaron con tractores frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Podemos estar orgullosos… llevamos meses y años trabajando en este tema”, señaló Quentin Le Guillous, secretario general de la organización Jóvenes Agricultores, citado por AFP.

Francia respalda el freno; Alemania pide avanzar

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró la decisión de la Eurocámara y sostuvo que el Parlamento “se expresó en coherencia con la posición de Francia”, uno de los países que lideró la resistencia al acuerdo por su impacto en el sector agrícola.

En sentido opuesto, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó en la red social X que el Parlamento Europeo “fracasó en reconocer la situación geopolítica” actual y reiteró su pedido de avanzar con la aplicación provisional del tratado.

Qué prevé el acuerdo UE–Mercosur

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo destinado a eliminar aranceles a más del 90 % del comercio bilateral y a conformar una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

El pacto impulsa las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras facilita el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

De acuerdo con estimaciones citadas por AFP, las exportaciones de la UE al Mercosur podrían aumentar un 39 %, mientras que las ventas del bloque sudamericano hacia Europa crecerían un 17 %. Sin embargo, la revisión del Tribunal de Justicia introduce una cuota de incertidumbre sobre los plazos de implementación definitiva del acuerdo.

Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de $30 mil millones.

El área de Transporte quedó envuelta en un escándalo de corrupción de dimensiones millonarias que terminó con la expulsión del secretario del área. Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de $30 mil millones.

La denuncia apunta contra la empresa de colectivos La Nueva Metropol, propiedad de la familia Zbikoski, acusada de defraudar al Estado mediante la manipulación de datos del sistema SUBE para inflar artificialmente los subsidios que recibía. Según las estimaciones, la maniobra habría generado un desfalco cercano a los $3 mil millones mensuales durante la gestión de Pierrini, quien no habría tomado ninguna medida pese a las advertencias formales.

Acorralado por la revelación del caso, el funcionario mendocino intentó disimular su salida alegando “motivos personales”, pero en el Ministerio de Economía nadie duda de que se trató de un despido forzado. Caputo decidió avanzar con la eyección de Pierrini tras la denuncia penal presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que también alcanza al propio ministro por presuntas irregularidades en la supervisión del sistema de subsidios.

La maniobra denunciada consistía en un corrimiento artificial de validaciones en la tarjeta SUBE, trasladando viajes de tramos cortos a tramos largos. De ese modo, determinadas empresas cobraban mayores subsidios “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”, según detalla la presentación judicial.

Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que ya en diciembre de 2025 existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias ante la Secretaría de Transporte, pero no se activaron auditorías ni controles efectivos. La denuncia subraya la “responsabilidad por omisión funcional” de las autoridades encargadas de supervisar y ejecutar los subsidios, en especial dentro del Ministerio de Economía.

El caso fue revelado por La Nación, en una investigación de Diego Cabot que detalló cómo La Nueva Metropol alteraba los boletos para simular recorridos más extensos y así cobrar mayores compensaciones estatales. Desde la empresa negaron las acusaciones y aseguraron que la denuncia fue impulsada por el Grupo Dota, que controla cerca del 50% del transporte automotor del AMBA.

Con el aval de Karina Milei, Caputo avanzó en la remoción de Pierrini y ahora evalúa profundizar cambios en todo el sector del transporte, incluida el área aerocomercial, donde la pasividad oficial frente a la crisis de Flybondi ya resulta insostenible.

Como reemplazante fue designado el arquitecto Fernando Herrmann, sin experiencia en transporte y proveniente de la actividad privada, lo que refuerza la idea de que el despido de Pierrini no respondió a una transición ordenada, sino a la necesidad política de cortar de raíz un escándalo de corrupción que amenazaba con escalar.

La petrolera estatal YPF cerró el trimestre con una facturación de USD 4.643 millones, pero registró una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones, datos que contrastaron con el relato oficial de una gestión exitosa encabezada por Horacio Marín. ¿El gobierno de Javier Milei empeora los números de la petrolera para forzar su privatización?

De acuerdo a diferentes medios, en los tres trimestres publicados de 2025, la compañía acumuló pérdidas por USD 150 millones y un flujo de caja libre negativo de USD 2.081 millones.

El dato más sensible fue el salto de la deuda: pasó de USD 6.800 millones en diciembre de 2024 a USD 9.595 millones hacia el cierre de 2025. Fuentes internas estimaron que, con el último trimestre aún pendiente, el pasivo podría rozar los USD 11.000 millones.

El deterioro financiero avanzó en paralelo a una política de venta de activos. YPF vendió el 50% de Profertil por USD 635 millones a Adecoagro, una empresa vinculada a Daniel González, figura clave del área energética. La operación incluyó una compañía con un Ebitda anual cercano a USD 235 millones y fuerte peso estratégico en el mercado de fertilizantes. “Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico”, ironizó un directivo de la petrolera.

La industria metalúrgica sigue siendo uno de los sectores más castigados por el desplome de la actividad económica. El sector tuvo otra fuerte caída en diciembre para cerrar 2025 con los peores indicadores desde la pandemia.

La actividad metalúrgica tuvo en diciembre una caída del 7,1 por ciento respecto al mismo mes del año 2024, de acuerdo al informe que elabora la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En comparación con noviembre, la baja fue de 1,3 por ciento.

El 2025 cerró con una caída del 0,9 por ciento, un número que es muy malo si se tiene en cuenta que la metalúrgica venía con un desplome de 12,1 por ciento en 2024. Es decir que ni amague de un efecto rebote. Solo en la pandemia de COVID tuvo registro similares.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el masivo desembarco de autos chinos para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.

El arribo del primer buque de la automotriz china BYD a la Argentina no sólo marcó un hito comercial, sino que volvió a encender la polémica política e industrial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el desembarco para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional la que atraviesa un difícil momento con suspensiones y caída de producción, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.

A través de su cuenta personal en X, el funcionario celebró la llegada de vehículos chinos y sostuvo que, frente a ellos, los autos producidos en el país “lucen como los de Pedro Picapiedras”. “Si pudiéramos ir a China veríamos que los autos son todos eléctricos y con dispositivos de seguridad que hacen a los nuestros parecer de la Edad de Piedra”, escribió, al tiempo que alentó explícitamente una mayor importación: “Deberíamos celebrar la llegada de estos autos. De hecho, pedir más”.

Sturzenegger enmarcó su defensa en argumentos vinculados a la seguridad vial, la tecnología y los costos. Señaló que los autos eléctricos chinos no sólo incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, sino que además resultan más económicos de mantener. “Si nos interesa la vida de los miles de argentinos que mueren en las rutas todos los años, deberíamos festejar esta llegada”, afirmó, y destacó que el cupo de importación fue “sobredemandado tres veces”.

Las declaraciones del ministro se produjeron en respuesta a las críticas del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien advirtió que el ingreso masivo de vehículos chinos implica una pérdida de divisas y una amenaza directa al empleo local. Para Sturzenegger, sin embargo, esos cuestionamientos responden a una mirada “anti comercio” y desligada del interés de los consumidores argentinos. “Quizás quienes critican deberían empezar por querer un poco más a los argentinos”, remató.

La postura del funcionario profundizó el debate sobre el impacto de la apertura comercial frente a economías fuertemente subsidiadas, como la china, y reavivó las tensiones con sectores políticos y productivos que denuncian prácticas de dumping y advierten sobre la destrucción de la industria nacional. Mientras Sturzenegger celebra la electrificación importada como sinónimo de progreso, desde distintos espacios cuestionan que esa visión avance en detrimento de la producción local, la inversión y el trabajo argentino.

Moreno cruzó a Sturzenegger por los autos chinos y advirtió sobre la destrucción de la industria nacional

Uno de los cruces más duros llegó de la mano de Guillermo Moreno, quien acusó al funcionario de ignorar el funcionamiento real del comercio internacional y de avalar un proceso de destrucción del trabajo argentino.

A través de un mensaje publicado en la red social X y un video explicativo, el dirigente peronista calificó como “técnicamente incorrectos” los argumentos de Sturzenegger y sostuvo que los precios de los vehículos chinos, en especial los eléctricos, están fuertemente subsidiados por el Estado chino. “El precio de los autos chinos está subsidiado. Está técnicamente mal lo que decís”, escribió Moreno, en respaldo a las advertencias formuladas previamente por el diputado Miguel Ángel Pichetto.

Moreno explicó que, cuando se analizan los costos reales, los valores actuales de los autos chinos no guardan relación con sus costos de producción. “Cuando los fuimos a estudiar, la diferencia de precios era del 10 o 12 por ciento, algo que se resolvía con logística. Hoy los precios responden a una estrategia de depredación de mercados”, afirmó, y advirtió que ese mecanismo termina expulsando a la industria local del mercado.

En ese sentido, cuestionó la apertura comercial sin condiciones frente a una potencia que no compite con reglas de mercado. “Así se destruyen industrias”, señaló, y remarcó que la preocupación no se limita al sector automotriz, sino que atraviesa a todo el entramado productivo nacional.

Moreno también apuntó contra el enfoque ideológico del oficialismo y sostuvo que va a contramano de lo que ocurre en el mundo. “El comercio internacional se administra para preservar el trabajo de la propia población. Ningún país serio deja que le destruyan su industria”, afirmó, y vinculó la actual política económica con experiencias pasadas que, según dijo, terminaron en desindustrialización y pérdida de empleo.

Finalmente, dejó un mensaje directo al ministro: “La realidad es infinitamente superior a la teoría. Te aconsejo que revises la teoría y salgas a caminar la calle. Fuiste a estudiar a Estados Unidos, pero no trajiste lo que hacen, sino sólo lo que dicen”, concluyó, en un nuevo capítulo del debate sobre apertura comercial, industria y soberanía económica.

Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.

El ambicioso “Plan Nuclear” que Demián Reidel prometió como eje estratégico para reposicionar a la Argentina en el mapa energético mundial terminó envuelto en un escándalo de proporciones. Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.

La controversia estalló en plena avanzada del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional, cuando una licitación clave dejó al descubierto presuntas irregularidades graves. Un gerente de Atucha I–II presentó una denuncia formal ante el Comité de Integridad de la empresa en la que detalló maniobras que derivaron en un aumento del 140% en el contrato del servicio de limpieza: de 4.400 millones de pesos a 10.700 millones por 24 meses. La operación debió ser suspendida tras la repercusión interna del caso.

Según la denuncia, desde una gerencia ocupada por funcionarios de máxima confianza de Reidel se impartió una orden directa al área de compras para “justificar con urgencia la diferencia” de precios. El señalamiento más grave recayó sobre el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, acusado de presionar de manera directa a personal de menor rango para avalar el monto cuestionado. El texto habla de un accionar intimidatorio y de un clima de disciplinamiento interno.

Los intentos por respaldar la contratación recurrieron a valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación, pero técnicos de la propia empresa advirtieron que el monto superaba en casi un 60% esos parámetros. A esto se sumó la desconfianza generada por la designación de un ex gerente de Nucleoeléctrica como síndico, lo que puso en duda la independencia del organismo de control.

El escándalo por los sobreprecios no fue un hecho aislado. La licitación coincidió con una reestructuración interna que incluyó despidos en áreas técnicas estratégicas. Dentro de la empresa crecieron las sospechas de que esos desplazamientos buscaban remover obstáculos a contrataciones direccionadas. Varias fuentes señalaron que algunos de los despedidos se habían negado a convalidar procedimientos irregulares o a incumplir normas internas.

A ese cuadro se sumaron otros contratos polémicos, como el de la migración del sistema SAP, cuyo presupuesto inicial de 600 mil dólares terminó escalando hasta los 7 millones. También se registraron fuertes críticas por el incremento de gastos en viajes, representación y el uso de tarjetas corporativas para pasajes en primera clase, además de reclamos de proveedores por pagos demorados.

Mientras el escándalo crecía puertas adentro, el perfil público de Reidel agravó la situación. En una exposición ante inversores afirmó que “Argentina es un gran país, el problema es que está poblada por argentinos”, una frase que generó rechazo y reforzó las críticas sobre su rol al frente de una empresa estratégica del Estado.

Desde el ámbito financiero también aparecieron cuestionamientos. Analistas recordaron la conocida máxima atribuida a Warren Buffett —“nunca pierdas plata”— y señalaron que ese principio no parece haberse reflejado ni en los antecedentes privados de Reidel ni en su gestión actual en Nucleoeléctrica.

El escándalo por los sobreprecios en Atucha dejó a Reidel en la cuerda floja. En el propio gobierno trascendió que el directorio de la empresa evaluó forzar su salida, aunque el funcionario logró sostenerse gracias a respaldos políticos de peso. Sin embargo, la crisis expuso con crudeza el contraste entre los anuncios grandilocuentes del “Plan Nuclear” y una realidad atravesada por proyectos paralizados, como el CAREM, el congelamiento de Atucha III (donde se reconocen presiones directas de los Estados Unidos) y promesas de inversiones internacionales que nunca se concretaron.

Lejos de consolidar una política nuclear sólida, la gestión de Reidel terminó bajo una lupa cada vez más intensa. El “Plan Nuclear” que prometía modernización y liderazgo tecnológico quedó asociado a denuncias de corrupción, contratos inflados y un escándalo que golpea de lleno la credibilidad de Nucleoeléctrica y del proceso de privatización impulsado por el Gobierno.

Aunque el índice al por mayor cerró 2025 en su nivel anual más bajo en ocho años, el rebote de diciembre y la aceleración sostenida de los últimos meses dejaron en evidencia límites crecientes del programa económico y pusieron en duda la solidez del proceso desinflacionario.

La inflación mayorista terminó 2025 con un aumento acumulado de 26,2%, un registro que el Gobierno presentó como un éxito, pero que quedó rápidamente relativizado por la dinámica de cierre del año. En diciembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) trepó 2,4%, marcando una aceleración que rompió la tendencia previa y volvió a encender alertas sobre el comportamiento de los costos en la economía real.

El dato, difundido por el INDEC, mostró que la desaceleración anual convivió con un cambio de ritmo en el último tramo del año, impulsado principalmente por los productos de origen nacional. Mientras los bienes importados subieron 1,7% en diciembre, los nacionales avanzaron 2,4%, con fuerte incidencia de combustibles, alimentos y productos agropecuarios, rubros sensibles tanto para la producción como para el consumo.

La suba mensual estuvo traccionada por los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, petróleo crudo y gas, vehículos y bienes del agro, sectores atravesados por aumentos de costos, ajustes tarifarios y una estructura de precios cada vez más presionada por la recesión y la pérdida de escala productiva. El encarecimiento también se reflejó en los índices que excluyen impuestos y en el precio básico del productor, lo que sugiere que la presión no se limita a factores fiscales sino a problemas más profundos del esquema económico.

En la comparación anual, los aumentos volvieron a exhibir un mapa desigual. Tabaco, combustibles, bienes agropecuarios y la industria automotriz encabezaron las subas, mientras que otros sectores mostraron variaciones muy por debajo del promedio. Lejos de una corrección armónica, el proceso dejó distorsiones persistentes entre actividades, con impactos directos sobre cadenas productivas clave.

Pese a este cuadro, desde el Ministerio de Economía insistieron en atribuir el resultado anual al “ordenamiento macroeconómico”, el ajuste fiscal y la desregulación. Sin embargo, los números de fin de año pusieron en cuestión esa lectura optimista: tanto la inflación mayorista como la minorista mostraron un sendero ascendente sostenido desde mitad de año, con diciembre consolidando el regreso a niveles cercanos al 3%.

El Índice de Precios al Consumidor cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025. Transporte y vivienda lideraron los aumentos del último mes, en un contexto de tarifas en alza y salarios que no lograron recomponerse al mismo ritmo. La trayectoria mensual dejó en evidencia que el piso inflacionario alcanzado en mayo fue transitorio y que, desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente casi sin interrupciones.

Así, mientras el Gobierno celebra mínimos estadísticos en la comparación anual, los datos recientes muestran una economía que no logra estabilizar sus precios y un proceso desinflacionario frágil, sostenido más por la recesión y la licuación de ingresos que por una reducción estructural de las presiones inflacionarias. El cierre de 2025 dejó, más que un logro consolidado, una señal de advertencia difícil de disimular.

El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes que lo muestran reclamando la isla ártica como parte del territorio estadounidense, en medio de un fuerte rechazo de aliados europeos y crecientes tensiones en la escena internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a escalar la controversia internacional con publicaciones en su red social Truth Social en las que aparece, con bandera en mano, “anexando” Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— y presentando un mapa que sugiere la inclusión de Groenlandia, Canadá y Venezuela dentro de una versión ampliada de Estados Unidos. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, fueron difusas como ilustraciones de su visión expansionista y provocaron críticas tanto en Europa como en foros diplomáticos internacionales.

Trump acompañó las publicaciones con mensajes que insisten en que Groenlandia es “imprescindible para la seguridad nacional y mundial” y aseguró haber discutido el tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos. Estas acciones se producen en medio de un contexto de tensión creciente entre Washington y la Unión Europea, con Bruselas considerando respuestas comerciales y arancelarias a las amenazas estadounidenses.

La difusión de estas imágenes expandidas —donde la bandera estadounidense cubre amplios territorios soberanos de aliados y vecinos— fue interpretada por críticos como una reafirmación de una política exterior agresiva y neoimperialista. Asimismo, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron como un error las advertencias de Trump y reforzaron su llamado al respeto de la integridad territorial de Groenlandia.

La polémica se da en el marco de otras acciones de Trump en los últimos meses, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su insistencia en reclamos estratégicos en el Ártico, que han tensionado las relaciones transatlánticas y sembrado dudas sobre el futuro del orden internacional basado en normas.