Luego del fallo en Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley que busca blindar la expropiación de la petrolera, en un contexto marcado por las señales privatizadoras del presidente Javier Milei.
La iniciativa, acompañada por otros diputados de Unión por la Patria, apunta a que el Congreso reafirme la expropiación como una política estratégica de “soberanía hidrocarburífera”, con el objetivo de fortalecer la posición jurídica del país frente a futuros reclamos internacionales.
De este modo, el proyecto traslada el debate al ámbito legislativo y fuerza una definición política en un escenario de creciente tensión, especialmente porque Milei ya había planteado la posibilidad de privatizar la compañía tanto en la primera versión de la Ley Bases como en reiteradas declaraciones públicas.
En ese marco, Kirchner interpretó el fallo como una “validación internacional de la soberanía jurídica” argentina y cuestionó con dureza la postura del oficialismo: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que sólo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional”, sostuvo.
Una nueva denuncia judicial complica aun más la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala presuntos contratos millonarios de la consultora de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado.
El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y describe un supuesto entramado de relaciones entre firmas privadas y organismos públicos en la órbita del funcionario.
El eje de la denuncia sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la naviera —que mantiene contratos históricos con la petrolera— habría contratado servicios de capacitación de +BE en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos.
De acuerdo con la denunciante, este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera como representante del Estado. Desde la empresa naviera, sin embargo, señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones.
LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF
+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y… pic.twitter.com/mxKWwnsL3p
La denuncia también apunta a la licitación del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Entre las firmas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— sería cliente de la consultora +BE. Para Pagano, este vínculo podría configurar otro posible conflicto de intereses dentro del esquema denunciado.
Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con el grupo empresario, lo que amplía el entramado de conexiones bajo análisis.
Empresas proveedoras del Estado y otras licitaciones
El escrito también señala que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, compañía que presta servicios a distintos organismos estatales como AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.
A su vez, la denuncia incorpora supuestas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir un esquema de simulación de competencia.
Pedido de investigación patrimonial
Finalmente, Pagano solicitó investigar la evolución patrimonial de Adorni, al advertir un presunto incremento que no se correspondería con sus ingresos como funcionario, además de mencionar deudas con acreedores privados.
La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.
Argentina registró a finales de 2025 un nuevo máximo histórico en su deuda externa bruta, que alcanzó los 320.305 millones de dólares, consolidando un fuerte incremento del endeudamiento durante la actual gestión.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ‘stock’ de deuda aumentó en 1.709 millones de dólares respecto al trimestre anterior. El principal factor detrás de esta suba fue el mayor endeudamiento del Gobierno general —que incluye al Estado nacional y las provincias—, con un incremento de 3.647 millones de dólares.
Otros sectores también contribuyeron a la dinámica del endeudamiento: las sociedades captadoras de depósitos sumaron 2.777 millones de dólares en el cuarto trimestre, mientras que la deuda del Banco Central registró una leve baja de 310 millones.
En la comparación interanual, el aumento es aún más significativo: el stock de deuda externa bruta a valor nominal creció en 44.168 millones de dólares respecto al mismo período de 2024.
El nivel alcanzado a diciembre de 2025 representa el más alto desde que el Indec inició la serie en 1994. Además, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.
Las cinco fuerzas federales protagonizarán el próximo 2 de abril una protesta inédita en reclamo por los bajos salarios. Será la primera vez que efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal se movilicen de manera conjunta. La convocatoria contempla un “abrazo solidario” en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.
El malestar expone una fuerte contradicción con el discurso oficial: mientras el gobierno asegura “cuidar a quienes nos cuidan”, en los hechos los ingresos de muchos efectivos quedan por debajo de la línea de pobreza. Esa situación obliga a numerosos uniformados a buscar ingresos extra —como manejar Uber— para poder sostenerse a fin de mes.
A este escenario se suma la crisis de la obra social IOSFA, que agrava aún más el cuadro. Los efectivos habían sido incorporados al sistema de los militares, que quedó profundamente deteriorado durante la gestión del ex ministro Luis Petri, hasta un punto crítico que derivó en su virtual desmantelamiento. Posteriormente, el gobierno dispuso su división en dos nuevas entidades: OSFFESEG, destinada a las fuerzas de seguridad, y OSFA, para los militares. También se anunció la implementación de un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, aunque su aplicación sigue siendo incierta.
En la práctica, muchos uniformados denuncian que hoy cuentan con una cobertura médica muy limitada o directamente inexistente. “Los grupos de WhatsApp están en llamas”, resumió un integrante de las fuerzas.
La política anti-inflacionaria del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un límite claro: hace meses que está en torno al 2/3% y no baja de ahí más allá del discurso libertario. Hoy, se confirmó que la nafta cuesta por encima de los 2000 pesos, lo que encarece todos los costos de la economía.
Según el gobierno, los incrementos se deben a la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio internacional del petróleo. Ahora, el impacto puede estar claro para países que no producen petróleo. ¿Por qué Argentina tiene precios internacionales en su mercado interno si tiene yacimientos muy importantes?
El gobierno nacional tiene una política que va a contramano del mundo, donde se implementan políticas que protegen los mercados locales. Desde China hasta Rusia y Estados Unidos, más allá de diferencias geopolíticas. Solo Argentina mantiene una política que se desentiende de la actividad doméstica.
La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.
Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.
En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.
Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.
La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.
Así lo aseguró el secretario general de ATE en la Superintendencia de Servicios de Salud, Leandro Castro, al encabezar una conferencia de prensa en la sede central del organismo, donde denunció expedientes cajoneados, irregularidades en la gestión y un deterioro del sistema que impacta directamente en el acceso a prestaciones médicas.
A horas de la tarde de este viernes se realizó una conferencia de prensa en la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde dirigentes sindicales profundizaron las denuncias por vaciamiento, corrupción y deterioro del organismo, y advirtieron sobre el impacto directo en el acceso a la salud de millones de usuarios.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo, Leandro Castro, fue el principal orador y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los trabajadores del Estado no somos neutrales. Defendemos el rol del Estado porque es garantizar derechos, especialmente en salud”.
En esa línea, describió el escenario cotidiano que enfrentan los empleados: “Todos los días vemos la angustia de familias que reclaman por tratamientos, medicamentos o intervenciones urgentes. Y también sentimos la frustración cuando, por decisiones políticas, el Estado deja de dar respuestas”.
Además, Castro criticó la paralización de expedientes y una política deliberada de desfinanciamiento. “Hoy denunciamos con claridad que hay expedientes cajoneados, discrecionalidad en sanciones y una transferencia de recursos hacia las grandes empresas de medicina prepaga, en detrimento del sistema solidario”.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado al cobro de los coseguros. “Queremos ser claros: los coseguros para intervenciones quirúrgicas son ilegales. El Programa Médico Obligatorio no los contempla. Sin embargo, se intenta instalar que el usuario debe pagar. Eso no solo es ilegal, es condenar a muchos a no poder acceder a tratamientos esenciales”, remarcó.
También apuntó contra prácticas discriminatorias dentro del sistema: “Denunciamos la discriminación dentro de las obras sociales por afiliación sindical, lo cual viola la ley y pone en riesgo la salud de los trabajadores”.
“Lo que está en juego es el sistema solidario de salud. Buscan desfinanciarlo para concentrar el negocio en pocas manos. Y eso significa dejar afuera a los que más necesitan”, advirtió, y luego concluyó: “Podrán ajustar salarios, podrán intentar disciplinarnos, pero la dignidad de los trabajadores del Estado no se negocia. Seguimos de pie, defendiendo la salud como derecho y no como negocio”.
Cabe destacar que la conferencia se realizó en un contexto marcado por denuncias judiciales por presunta corrupción dentro del organismo y por un conflicto gremial en ascenso, que ya incluyó paros, asambleas y protestas.
En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó el micrófono y no dudó en respaldar el reclamo al endurecer el tono contra el Gobierno. “Los estatales estamos de pie, más vivos que nunca, a pesar de los ataques”, afirmó.
El dirigente de los estatales a nivel nacional advirtió sobre un posible recorte de personal en la administración pública y lo vinculó con una política de ajuste. “Quieren avanzar con miles de despidos, pero no van a poder. El Estado ya funciona al límite y se sostiene por el esfuerzo de sus trabajadores”.
Asimismo, vinculó la situación del organismo con las denuncias de corrupción conocidas en los últimos días, en clara referencia a los conocidos actos ilegales realizados por el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. “La corrupción en la Superintendencia no tiene techo. Hay funcionarios que no pueden explicar cómo multiplicaron su patrimonio ni gastos millonarios”, sostuvo.
El dirigente también alertó sobre el rumbo del sistema de salud: “Quieren destruir el sistema de obras sociales para favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. Buscan que cada argentino tenga la salud que pueda pagar”.
Por su parte, Fernanda Boriotti, en representación del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas del Estado y de FESPROSA, expresó su apoyo a la protesta y llamó a profundizar la unidad. “Hoy estamos desafiando la reforma laboral. Estamos realizando esta asamblea sin pedir permiso, y ese es el camino: no dejarnos avasallar”.
Finalmente, remarcó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es en unidad, con objetivos comunes, como vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer en la calle. La lucha es hoy, fue ayer y seguirá siendo mañana”.
El conflicto en la Superintendencia de Servicios de Salud continúa escalando y trasciende lo estrictamente laboral; se trata de una disputa por el modelo de sistema de salud y por el rol del Estado en la garantía de derechos más elementales de la sociedad.
La más reciente medición de Atlas Intel refleja un marcado deterioro en la percepción del gobierno nacional. De acuerdo con el relevamiento, la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó por tercer mes consecutivo y alcanzó el 61,6%, el registro más alto desde el inicio de su mandato.
En paralelo, el nivel de aprobación descendió hasta el 36,4%, configurando su piso histórico, mientras que la evaluación negativa sobre el desempeño general del Ejecutivo también se profundizó por segundo mes consecutivo y ya supera a más de la mitad de la población (57,4%). Estos indicadores consolidan una tendencia de desgaste que se viene acentuando en los últimos meses.
Tras un repunte en febrero, impulsado por avances legislativos en el Congreso, la imagen presidencial volvió a retroceder en marzo, con una caída de dos puntos que interrumpe esa recuperación parcial. El cambio de tendencia sugiere que el impacto político de aquellas victorias parlamentarias fue transitorio frente a un contexto económico y social cada vez más exigente.
El estudio, además, se inscribe en un escenario donde las políticas de ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo comienzan a tener un correlato más nítido en la opinión pública. En ese marco, la caída en los niveles de aprobación y el aumento del rechazo aparecen como señales de alerta para un gobierno que, hasta hace pocos meses, lograba sostener mejores expectativas en amplios sectores de la sociedad.
Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que volverán a golpear los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros sensibles que inciden de manera directa en el costo de vida cotidiano.
Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%, lo que marcaría una desaceleración leve pero aún insuficiente para recomponer el poder adquisitivo, especialmente en sectores que vienen acumulando fuertes pérdidas en los últimos meses.
En este escenario, comienzan a evidenciarse con mayor claridad las tensiones del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia de ajuste basada en la liberalización de precios, la quita de subsidios y la contracción del gasto público tiende a trasladar el peso de la estabilización a los ingresos de la población, sin mecanismos de contención que amortigüen el impacto social. Mientras, la inflación mensual sigue altísima, en torno del 3%.
A esto se suma que la dinámica de aumentos en servicios esenciales no parece acompañada por una mejora equivalente en salarios o ingresos, lo que profundiza la pérdida de poder de compra y enfría la actividad económica. Distintos analistas advierten que el esquema actual corre el riesgo de consolidar una estabilización “recesiva”, donde la baja de la inflación se logra a costa de una caída en el nivel de actividad, el empleo y el bienestar general. En ese marco, abril no solo llega con aumentos, sino también con interrogantes sobre la sostenibilidad social del rumbo económico.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión clave con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un contexto de fuerte tensión financiera.
Allí, el mandatario provincial denunció la “asfixia” ejercida por el gobierno de Javier Milei y anunció una medida central para sostener a los distritos: la coparticipación de deudas nacionales con los municipios.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su equipo económico, Kicillof explicó que la crisis que atraviesan los municipios responde a tres factores: la ausencia de políticas del Estado nacional, los recortes de fondos y la caída de la recaudación producto del parate económico. En ese marco, aseguró que la Provincia no dejará solos a los bonaerenses, pese a la falta de recursos.
Durante el encuentro, el gobernador apuntó contra la Casa Rosada y denunció un plan “deliberado” para trasladar el peso de la crisis a provincias y municipios. En esa línea, remarcó que el deterioro económico no es responsabilidad de las familias ni de los comerciantes, sino de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Convocamos a las y los intendentes para renovar el reclamo ante los incumplimientos del Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres… pic.twitter.com/Uibvr0XhLO
Como respuesta, Kicillof anunció que la Provincia avanzará en la coparticipación de los fondos obtenidos a través del recupero de deudas que la Nación mantiene con Buenos Aires. “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita distribuir lo recaudado”, señaló. La iniciativa busca reforzar las finanzas municipales y amortiguar el impacto del ajuste nacional.
Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda acumulada de la Nación con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, cifra que se eleva a 22 billones si se suma la caída de la recaudación. El monto representa cerca del 50% del presupuesto anual bonaerense, lo que configura —según el gobierno provincial— un escenario crítico.
Ante esta realidad, proponemos a los 135 municipios adherir a una normativa que permitirá coparticipar lo recuperado de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables.
En paralelo, la Provincia confirmó que abonará el próximo 30 de abril la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de evitar que los distritos frenen obras y servicios. Además, Kicillof adelantó una nueva reunión con autoridades nacionales el 21 de abril para insistir con los reclamos por los recursos adeudados.
El encuentro cerró con una fuerte señal de unidad política entre intendentes de distintos espacios, quienes respaldaron las medidas y coincidieron en la necesidad de articular respuestas frente a la crisis. Para Kicillof, el camino es sostener el reclamo en la Justicia y defender los recursos provinciales para evitar que el ajuste impacte de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.
