El titular de AFIP presentó una denuncia tras recibir mensajes intimidatorios en Twitter con información de la ubicación de veraneo de su familia.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales.

Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Los mensajes fueron publicados desde distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía “ganas de hacerle una maldad”.

El mensaje en cuestión se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió: “Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad….”.

El posteo ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide “agarrar una ametralladora”. La denuncia fue presentada por el titular de la AFIP ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.

Estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El embajador argentino en Brasil se mostró a favor de una interna en el oficialismo y puso como ejemplo la “heterogeneidad” del armado electoral de Lula Da Silva.

En el marco del debate por el armado de una mesa política en el Frente de Todos, el embajador argentino en Brasil y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, se mostró a favor de la realización de unas PASO que ordene las candidaturas del oficialismo.

En declaraciones radiales, Daniel Scioli pidió emular al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien creó una “heterogénea alianza de partidos para alzarse con un nuevo mandato al frente de la economía más grande de Sudamérica”

“Mi vida política arrancó en una primaria, en una interna abierta y simultánea en la Capital Federal. Así que yo soy un defensor de las PASO y si hay un espacio político que tiene que buscar integrar y ampliar… inspirémonos en lo que hizo Lula”, afirmó el ex gobernador bonaerense a El Destape.

Al tiempo que prosiguió: “Él (Lula) fue a buscar a quienes fueron sus adversarios. No solo fortaleció el PT, sino que se amplió a otros siete partidos. No solo lo hizo para ganar la elección, sino también para gobernar”.

En esa dirección, Daniel Scioli hizo hincapié en que las PASO “es uno de los desafíos que tenemos nosotros que cada dirigente en cada rincón del país pueda participar y que democráticamente la gente ordene las candidaturas”.

Por su parte, Daniel Scioli aseguró que la unidad del Frente de Todos no está en peligro, y dijo que “se puede tensar, pero nunca romper”. Al momento que valoró la gestión de Alberto Fernández, la cual a pesar de haber iniciado con grandes problemas como la pandemia y la guerra en Ucrania, señaló que “ahora la agenda se va acomodando”.

Más allá de que cada provincia debate salarios con los sindicatos locales, la paritaria nacional docente actúa para marcar el piso para el salario mínimo en todo el país. La primera reunión será la semana entrante.

El Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Jaime Perczyk, convocó a los gremios docentes a la paritaria nacional para discutir los salarios del sector. La cita será el próximo jueves 9 de febrero y también fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), uno de los cinco gremios a nivel nacional que participa de las negociaciones.

En ese sentido, Ctera afirmó que planteará “aumento de salario que supere la inflación, con revisión permanente”, la “modificación del Impuesto a las Ganancias” y “continuar con la elaboración del Convenio Colectivo del sector docente”.

Además, adelantó que pedirá “una nueva Ley de Financiamiento Educativo” y el “Presupuesto Educativo Nacional”.

Aunque cada provincia negocia por su cuenta los salarios de los docentes con los sindicatos locales, la paritaria nacional docente marca un piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente del país y por lo tanto indica el mínimo para el inicio de cada discusión paritaria local.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que representa a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, anunció que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llamó a una reunión también para el jueves 9 de febrero, a las 14.

El gremio docente afirmó en un comunicado que reclamarán a la ciudad “un aumento que supere la inflación para continuar la recuperación del poder adquisitivo iniciada en 2021, luego de 5 años consecutivos en los que el salario docente no superó los índices inflacionarios”.

Presentado por el ministro de Economía Sergio Massa en el CCK, la nueva etapa del programa abarca 50 mil productos hasta el 30 de junio e incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas.

Ante empresarios del sector y gremios de la CGT, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes la ampliación del Programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y reduce desde el 4 hasta el 3,2% el promedio mensual de las variaciones del 86% de los productos que forman parte de la oferta.
“Este programa lo que pretende es, al contener el 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: la primera es que hay casi 50.000 productos y la segunda que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual”, dijo el ministro Massa en el acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El ministro destacó que “tal como se dio en la primera etapa, (en el programa) hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precios fijos, porque es lo que le permite al consumidor cuidar un poco más su ingreso, su salario, a la hora de elegir en la góndola del supermercado”.
Como una novedad de la nueva etapa del programa, el titular de Hacienda anunció la incorporación de una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas con una proyección de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.
En ese sentido, Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, y que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.
“El segundo gran desafío era resolver ese temor que presenta en algunos la idea de que la verificación o el control es malo. Veían algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida algunos entraban en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar”, subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.
En este sentido, añadió que “para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online”. Acorde a lo informado oficialmente, el sistema de control se realizará a través de un software desarrollado por Arsat y Amazon, que estará bajo la secretaría de Comercio y permitirá monitorear en tiempo real si en las grandes bocas de expendio se está cumpliendo el compromiso de precios asumido por las empresas.
Este relanzamiento del programa adelanta a febrero los lineamientos centrales del acuerdo anunciado en noviembre del año pasado, que en principio se iba a extender hasta marzo, en el que se estipulaba un promedio de aumento mensual del 4% con la participación de 102 empresas.
Esta vez, los objetivos son más altos: el promedio de aumento baja al 3,2% y la cantidad de empresas casi se quintuplica. En tanto, la ampliación prevé mantener una canasta de 2.000 productos con precios congelados, que se estima subirán alrededor del 9% respecto a enero, y que serán rotativos de acuerdo a la producción de cada empresa.

El bloque de esa fuerza opositora mantiene su decisión de no dar quórum en las sesiones extraordinarias.

Luego de que la Justicia declarara culpables a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, por la muerte del niño Lucio Dupuy, el futuro de la ley Lucio continúa en duda a causa de la decisión del bloque de Juntos por el Cambio de no dar quorum mientras continúe la iniciativa del oficialismo del juicio político contra la Corte Suprema.

La ley Lucio, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está inscripta desde hace una semana en el temario de las sesiones extraordinarias del Senado nacional y el oficialismo pretende sancionar la normativa el próximo 24 de febrero.

Sin embargo, el tratamiento de la ley Lucio en la Cámara alta avizora dos obstáculos: la falta de esquema definido de trabajo en las comisiones y la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum, pese a que sus senadores dejaron entrever que apoyan la normativa.

Con la iniciativa encabezada por el presidente Alberto Fernández de someter a juicio político a la Corte Suprema, la oposición afirmó que no dará quorum en ninguna de las sesiones extraordinarias mientras dure la embestida contra el máximo tribunal.

Ante este escenario, el futuro de la ley Lucio dependería de que el Frente de Todos reúna quorum junto a sus aliados provinciales, o bien que el bloque de Juntos por el Cambio abra un paréntesis en la decisión tomada.

Por su parte, el diputado y uno de los autores del proyecto, Martín Maquieyra, sostuvo que la ley Lucio debería ser una excepción a la decisión tomada por la coalición opositora. “Esto va más allá de cualquier otra cuestión, necesitamos urgente el tratamiento de esta ley”, remarcó.

Cabe destacar que, el proyecto que lleva la firma del legislador Maquieyra (Pro) y las diputadas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (Frente de Todos) fue aprobado en Diputados el 9 de noviembre de 2022, con 228 votos a favor y 28 ausentes.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “Ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinariasdel Senado. La agenda incluye en total 28 proyectos de ley, pero solo registró avances significativos el debate de la Comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, se presentó ante la justicia para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se niega a investigar qué paso durante el atentado contra la vicepresidenta. El hecho más grave de la democracia reciente todavía no fue aclarado.

“La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada”, aseguró Ubeira en la audiencia.

“De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…) es totalmente incompatible con la función judicial”, advirtieron.

“El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes”, agregaron.

La situación es increíble: la jueza que debe investigar quién atentó contra Cristina trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los magistrados tienen prohibido tener otros trabajos. Entre las cuestiones que se le señalan a Capuchetti está que no investigó los posibles nexos entre quien disparó contra CFK y empresarios macristas – la familia de Nicolás Caputo le pagó millones de pesos.

Mafias judiciales.

La prestigiosa dirigente de derechos humanos Nora Cortiñas habló ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se evalúa la situación de los 4 jueces de la Corte Suprema. “El juicio político llega muy tarde. Estos jueces ya han hecho mucho daño”, dijo la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

“No solo beneficiaron a los grupos económicos y mediáticos, sino también a los genocidas de la última dictadura”, aseguró Cortiñas, que recordó el 2×1 que la Corte intento aplicar para beneficiar a genocidas.

Además, Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, protegió cuando era intendente de Santa Fe al torturador Eduardo Ramos. En la Comisión, Patricia Isasa, víctima de Ramos, recordó que advirtió a Rosatti sobre quién era el represor que trabajaba en la secretaria de Cultura durante su gestión. Le mostró pruebas y compartió testimonios de víctimas. Rosatti no hizo nada y protegió al represor.

Macrismo.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, comparó el discurso del diputado nacional Javier Milei con el del Adolf Hitler, el brutal dictador alemán. No es la primera vez que desde el radicalismo cruzan al líder de la ultraderecha argentina.

“Hay una situación que comprendo, el otro límite es la antipolítica. Hitler también decía ”el Gobierno alemán nos ha quitado la libertad, seamos libres, voy a resolver la inflación de un plumazo, hay que terminar con la casta política'”, aseguró Morales en referencia a Milei.

¿Qué dirán los halcones de Juntos por el Cambio? Mauricio Macri, Patricia Bullrich y hasta María Eugenia Vidal buscan hacer un acuerdo con Milei de cara a las próximas elecciones. ¿Se sentirán cómodos al lado de un dirigente que copia el discurso de Hitler?

Mafias judiciales.

En el marco de la comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa acusó a Horacio Rosatti de haber protegido al represor que la torturó durante la última dictadura. Brutal.

Según relató Isasa en la comisión que comanda la diputada Carolina Gaillard, en su época como intendente de la ciudad de Santa Fé (1995-1999), el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti encubrió a su torturador que trabajaba como empleado municipal.

Patricia Isasa tenía apenas 16 años cuando en 1976, al inicio de la última Dictadura cívico-militar, fue detenida, torturada y violada en la ciudad de Santa Fé, vejaciones en las que participó Eduardo Alberto Ramos.

“Todo el mundo me decía que era el matón de Rosatti, que era el intendente de la ciudad de Santa Fe. Vos podés ser el intendente pero podés no saber quiénes son tus empleados. Y aunque los conozcas, por ahí no conocés el currículum de tus empelados. Me pareció que lo que correspondía era entrevistarse con él y decirle realmente quién era Ramos”, recordó Isasa.

Entonces, contó que fue a verlo en 1998 a Rosatti para exponer la participación como torturador de Eduardo Ramos, empleado municipal de la ciudad de Santa Fé, pero el intendente hizo caso omiso al prontuario criminal de éste y lo mantuvo en funciones.

Isasa le había contado además al intendente Rosatti que Ramos, además de ser el “amo y señor” de la represión en la comisaría donde ella estuvo privada de la libertad, también lideraba una banda delictiva paralela con la que salía a robar.

“Lo detienen a Eduardo Alberto Ramos a fines de 1977. Trabaja en la represión en el 76 completo y 77 hasta fines de noviembre de 1977. Ahí es detenido por hechos comunes: privación ilegal de la libertad, robos reiterados y abusos. Es condenado por estos hechos a 16 años de prisión. Se lo muestro a Rosatti. También tenía causas por corrupción de menores. Si lo comparamos con Robledo pucho, este es un bebé de pecho”, expresó.

“Además de esto, es la persona que me secuestró, que entró a mi casa a cara descubierta, que nos torturó. No le conté (a Rosatti) lo de la violación porque me costó décadas hablar de esto”, continuó.

Legisladores, asociaciones de juristas y de derechos sociales, expusieron en Diputados. El próximo jueves se avanzará con la votación de la admisibilidad de los pedidos.

Diputados de la Nación, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

De este modo, el próximo jueves se avanzará en la votación acerca de la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario.

El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener “idoneidad” debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la Ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti “pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió”.

“En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano”, agregó, y destacó el “respeto” de sus compañeros de otros bloques que conforman JxC.

Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento “no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión”.

Posteriormente, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de “la multisectorial por la democratización” de la Justicia presentó en 2022 “un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño”.

El representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, dijo que denunció “por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal”.

También expusieron los diputados del FdT, Vanesa Siley (miembro del Consejo de la Magistratura), María Rosa Martínez y Pablo Carro, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.