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El dólar oficial se acerca a los 1500 (para Clarín, debería estar en 1700 pesos)

El dólar oficial mayorista profundiza su alza, trepa $14,50 y se ubica a $1.454, a tan solo $1 por debajo de su máximo nominal histórico luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación. Mientras, el MEP se mueve en la franja de los 1500 pesos.

El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.

Mientras, el Grupo Clarín sacó un artículo en su suplemento económico en el que habló de una exigencia del JP Morgan de llevar el dólar al 1700 pesos “lo más rápido posible”. ¿Podrá el gobierno de Javier Milei bajar la inflación con un dólar corriendo a al alza? Hace 7 meses, la inflación mensual corría al 1,5%, ahora lo hace al 2,5% y podría seguir subiendo. ¿Adiós a la desinflación?

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Milei y Caputo aceptaron imposición del FMI porque se quedaron sin dólares para pagar la deuda que tomaron

En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Milei tendrá que pagar la fiesta que armó… Milei.

La deuda tarde o temprano hay que pagarla. El gobierno libertario deberá afrontar un esquema de vencimientos muy complejo y para eso debe acumular reservas, una exigencia de FMI a la que Milei se oponía hasta hace 5 días cuando dijo que no pensaba hacerlo porque eso subiría la inflación.

¿En qué quedamos? Ahora las bandas cambiarias se moverán justamente por inflación en un sistema de indexación que en teoría le permitirá al gobierno acumular reservas. El gobierno no sabe cómo seguir y vuelva a cambiar el esquema cambiario, esta vez, por exigencia del FMI. ¿Y si la inflación vuelve a crecer?

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El Banco Central descartó levantar el cepo y expuso los límites del plan económico de Milei

Bausili negó una flexibilización cambiaria mientras el Gobierno insiste en que el dólar no presiona sobre los precios.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno no tiene previsto avanzar en el levantamiento del cepo cambiario y descartó cualquier flexibilización que implicara su desarme total. Más adelante, el funcionario sostuvo que el esquema de actualización mensual de las bandas del dólar, combinado con compras de reservas, no había provocado un rebrote inflacionario, aun cuando el frente externo siguió mostrando señales de fragilidad.

En el mismo tono de autosuficiencia que caracterizó al equipo económico, Bausili aseguró que los movimientos en el tipo de cambio “no generaron una aceleración de la inflación”. Sin embargo, con el mismo ímpetu, evitó explicar cómo se sostuvo esa afirmación en un contexto de escasez de dólares, atraso cambiario y una economía que continuó atada a controles que el propio oficialismo había prometido eliminar.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili (MARTIN ZABALA – XinHua)

Más adelante, la ratificación de que el cepo continuó vigente volvió a dejar en evidencia las contradicciones del discurso libertario. Por más que a Milei y su junta les molestó, el control cambiario se consolidó como una herramienta permanente ante la imposibilidad de acumular reservas genuinas sin recurrir a parches regulatorios y restricciones que desmintieron la retórica de la libertad económica.

En paralelo, el Gobierno formalizó cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la renuncia de su director, y designó a Andrés Vázquez como nuevo titular del organismo. Finalmente, la definición del Banco Central dejó un dato central: lejos de la promesa de libertad cambiaria, el cepo siguió siendo el ancla de un programa económico que no logró resolver sus propias inconsistencias ni ofrecer un horizonte claro.

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El FMI alerta por la falta de reservas y prepara más desembolsos para apuntalar al Gobierno

El FMI otorgará un nuevo “waiver” al Gobierno de Javier Milei y desembolsará u$s1.050 millones correspondientes al programa que el país mantiene con el organismo.

En Washington ya se da por hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzará en las próximas semanas con la aprobación de un segundo waiver consecutivo para la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), una señal que enciende alertas tanto dentro del organismo como en el sistema financiero internacional. Así lo confirmaron al portal Ámbito dos fuentes de la burocracia interna del Fondo.

La dispensa se aprobaría en simultáneo con la próxima revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que habilitaría un desembolso cercano a u$s1.050 millones (763 millones de DEG), previsto para el 23 de enero de 2026. En los hechos, el staff técnico ya asume que el Banco Central no alcanzará las metas pactadas, incluso luego de haber sido flexibilizadas en evaluaciones previas.

La propia portavoz del FMI, Julie Kozack, reconoció la semana pasada que cumplir el objetivo de reservas de fin de año “será un desafío”, aunque evitó confirmar explícitamente un nuevo waiver. Sin embargo, puertas adentro del organismo el diagnóstico es compartido: la autoridad monetaria argentina volverá a incumplir y el staff recomienda para 2026 un sendero de acumulación “más ambicioso”, apoyado en políticas monetarias y cambiarias más consistentes.

De concretarse, se trataría del segundo perdón consecutivo por la misma meta clave, luego del otorgado a mediados de 2025, cuando el FMI redujo sustancialmente el objetivo anual de reservas. Para el organismo, el problema es doble y estructural: por un lado, una política monetaria con desvíos recurrentes en los agregados clave —M2 privado transaccional y activos domésticos netos del BCRA—; por el otro, proyecciones persistentemente insuficientes de acumulación de divisas.

En términos más directos, el Fondo no está dispuesto a convalidar un esquema de déficit crónico de cuenta corriente ni una apreciación cambiaria sostenida artificialmente por flujos financieros, en detrimento de la competitividad externa.

Promesas, deuda y fragilidad externa

El programa aprobado en abril de 2025 estableció un régimen de control de agregados monetarios, con el M2 privado transaccional como variable objetivo y un sendero restrictivo en torno a los $65,8 billones para diciembre. El objetivo era sostener la demanda de dinero, reducir la presión cambiaria y consolidar la desinflación bajo un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. Sin embargo, las expansiones monetarias por encima de lo previsto y las intervenciones inconsistentes terminaron debilitando el frente externo y frustrando la acumulación genuina de reservas.

La fragilidad externa tampoco logró compensarse con instrumentos alternativos. Tal como se señaló en notas previas, el swap de monedas con Estados Unidos por hasta u$s20.000 millones presenta serias dudas de viabilidad jurídica. El acuerdo firmado entre el BCRA y el Tesoro estadounidense a través del Exchange Stabilization Fund carece de autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), condición necesaria para que el mecanismo sea plenamente operativo. Esto deja a la Reserva Federal con la potestad de rechazar giros de manera unilateral, tornando el compromiso potencialmente revocable. Hasta ahora, solo se activaron u$s2.500 millones.

En Wall Street y en el propio equipo económico argentino predomina la percepción de que el remanente del swap no será utilizado y que funciona más como una línea contingente testimonial que como un respaldo efectivo. Incluso el presidente Javier Milei reconoció recientemente los riesgos del endeudamiento al cuestionar la experiencia del período macrista, una admisión implícita de que el actual esquema de financiamiento no es sostenible sin dólares genuinos.

El límite informal de los waivers y el fantasma de 2001

Si bien el estatuto del FMI no prohíbe explícitamente más de dos waivers consecutivos por la misma meta cuantitativa, en la práctica institucional existe un límite informal: conceder dispensas reiteradas sin correcciones profundas erosiona la credibilidad del programa. El antecedente más citado es el de diciembre de 2001, cuando el Fondo decidió frenar un desembolso clave para la Argentina tras incumplimientos persistentes, acelerando el colapso del régimen económico.

Fuentes del organismo y analistas financieros advierten que un tercer waiver consecutivo podría marcar un punto de quiebre y obligar a ajustes abruptos, como una devaluación significativa. Modelos econométricos utilizados en Washington y por brokers de Wall Street ubican el tipo de cambio nominal de equilibrio en un rango de $1.750 a $2.000, con altos niveles de confianza estadística.

A esta tensión se suma el vencimiento, el 9 de enero, de bonos globales y bonares por cerca de u$s4.300 millones. El Ministerio de Economía trabaja en una ingeniería financiera que incluye nuevas colocaciones, repos con bancos internacionales y posibles canjes, mientras el staff del FMI observa con cautela pero sin anticipar, por ahora, un evento disruptivo.

Panorama critico

Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en 2026, cuando la Argentina enfrentará vencimientos de deuda externa por u$s17.800 millones, según advirtió UBS. Con reservas aún frágiles y un acceso limitado al crédito voluntario, la presión para acumular dólares se vuelve crítica.

En síntesis, el FMI reconoce los avances en materia fiscal y desinflación, pero considera que sin acumulación sostenida de reservas y con una política monetaria aún inconsistente, el programa transita una zona de riesgo creciente. El segundo waiver en marcha es, al mismo tiempo, un alivio de corto plazo y una señal de alarma de fondo.

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Inédito: por primera vez en 22 años se desploma la inversión extranjera directa

Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Por primera vez en más de dos décadas, la economía argentina exhibe un dato tan contundente como inquietante: la inversión extranjera directa (IED) cerró con saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Las cifras del Banco Central confirman un quiebre estadístico de magnitud. En los últimos veinte años, aun en contextos de crisis y volatilidad, la IED había logrado sostener un balance positivo. En 2025, en cambio, el capital extranjero no solo dejó de ingresar: se fue. El contraste resulta aún más elocuente si se lo compara con otros países de la región, donde la inversión extranjera continúa mostrando saldos favorables.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el dato refleja un proceso extendido de desinversión. Según información del BCRA y reportes periodísticos, la salida neta de divisas responde a la venta de empresas y activos locales por parte de compañías controladas por capitales foráneos, que transfirieron sus operaciones a firmas nacionales o directamente abandonaron el mercado argentino. Se trata de un cambio estructural en el comportamiento del capital corporativo que atraviesa distintos sectores de la economía.

La dimensión del retroceso se vuelve aún más clara al observar la serie histórica. Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió 3.235 millones de dólares anuales. En el período 2020-2023, ese monto se redujo a 953 millones. En 2025, la tendencia se quebró por completo: el saldo pasó a terreno negativo, un resultado inédito en más de 22 años.

El sector energético fue uno de los primeros en mostrar señales de este éxodo. A fines de 2024, grandes petroleras internacionales comenzaron a desprenderse de sus activos en Vaca Muerta. ExxonMobil vendió la totalidad de sus participaciones a Pluspetrol por unos 1.700 millones de dólares. Petronas abandonó su proyecto de gas natural licuado con YPF y evaluó retirarse de La Amarga Chica. TotalEnergies y Equinor siguieron el mismo camino, buscando transferir o vender sus concesiones en Neuquén.

Si bien las empresas aluden a reacomodamientos globales y estrategias de eficiencia, los informes de consultoras privadas señalan factores locales decisivos: alta incertidumbre económica, restricciones cambiarias aún vigentes, dificultades para girar utilidades y una marcada inestabilidad en las reglas de juego. En el propio mundo empresario, el diagnóstico es directo: el marco institucional argentino desalienta la permanencia.

El resultado final expone una paradoja difícil de ocultar. Mientras el Gobierno se presenta como el más ortodoxo y pro-capitalista de la historia reciente, los números muestran que el capital extranjero se retira. El saldo negativo de la inversión extranjera directa no solo es un dato técnico: es una señal política y económica de peso, que revela que la retórica de mercado no alcanza cuando la realidad espanta a los inversores.

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El Gobierno privatiza Tecnópolis y profundiza el vaciamiento cultural del Estado

Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martelli sea privatizado, en línea con la política de ajuste y retiro del Estado impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso para concesionar Tecnópolis, uno de los principales espacios públicos dedicados a la ciencia, la cultura y la producción nacional, y lo hizo bajo el argumento de reducir el gasto público y “aliviar” las cuentas del Estado, aun a costa de resignar un bien de uso social que durante años fue de acceso libre y gratuito.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que este lunes se abrirá el concurso público para transferir la explotación del predio a manos privadas por un plazo inicial de 25 años. Desde el Ejecutivo se insistió en presentar al complejo como un símbolo del “déficit” heredado, pese a su rol como espacio estratégico para actividades educativas, culturales y tecnológicas.

Según la información oficial, la concesión se enmarca en el plan de déficit cero y “racionalización” del gasto, una fórmula que en los hechos se traduce en el desmantelamiento de políticas públicas y en la cesión de activos estatales al sector privado. El predio, que dependía de la Secretaría de Cultura, fue descripto por el Gobierno como financieramente inviable, con deudas acumuladas y faltantes de equipamiento, sin mencionar el impacto social de su funcionamiento ni las decisiones presupuestarias que llevaron a esa situación.

Desde el inicio de la actual gestión, Tecnópolis ya había sido objeto de un fuerte recorte, con una reducción superior al 30% de su planta de trabajadores, en una señal clara del rumbo adoptado. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el proceso con una concesión de largo plazo que, bajo la promesa de un canon mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, consolida la retirada del Estado de un área clave.

La medida vuelve a exponer el sesgo ideológico del gobierno libertario, que prioriza el ajuste y la privatización como únicas respuestas, incluso cuando se trata de espacios públicos que cumplen una función social, educativa y cultural difícilmente reemplazable por la lógica del mercado. Traducido sin eufemismos: menos Estado, menos acceso y más negocio para pocos.

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Kicillof se planta al ajuste de Milei y confirma respaldo a la protesta sindical

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico nacional, advirtió sobre el deterioro social y ratificó que participará de la movilización convocada por las centrales obreras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó su confrontación con el gobierno de Javier Milei al anunciar que acompañará la movilización impulsada por la CGT junto a las dos CTA, en rechazo a la reforma laboral y al programa económico del Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por el agravamiento de la crisis social y productiva.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial describió un escenario marcado por despidos masivos, cierre de empresas y pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según detalló, desde el inicio de la actual gestión nacional se registraron cientos de miles de cesantías y la desaparición de miles de firmas, con un impacto especialmente severo sobre las pymes industriales. “La economía cotidiana está cada vez más asfixiada”, resumió.

Kicillof alertó además sobre el endeudamiento de los hogares y el deterioro del consumo interno. Señaló que amplios sectores de la población ya no logran afrontar compromisos financieros, ni siquiera aquellos asumidos a través del sistema bancario o las billeteras virtuales, mientras se profundiza la caída en rubros clave como alimentos, industria metalmecánica, automotriz y producción láctea.

El gobernador también puso el foco en las consecuencias sanitarias del ajuste. Afirmó que la demanda en hospitales y centros de salud públicos se multiplicó de manera exponencial ante la imposibilidad de muchas familias de comprar medicamentos en el circuito privado. En ese marco, defendió la declaración de la emergencia económica en la provincia, aclarando que responde a una crisis social antes que a un problema estrictamente fiscal.

En un tono particularmente crítico, cuestionó el esquema económico nacional, al que acusó de sostener la desaceleración inflacionaria a costa de salarios, jubilaciones y producción local, mediante el atraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones. También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, al sostener que fue elaborada sin diálogo con trabajadores, empresarios ni el Congreso, y que implica un retroceso histórico en materia de derechos.

Con ese diagnóstico, Kicillof ratificó su decisión de acompañar la protesta sindical prevista para esta semana y dejó en claro su alineamiento con los reclamos del movimiento obrero frente a un modelo que, advirtió, “está dejando a amplios sectores afuera”. Traducido al criollo: el conflicto recién empieza y nadie parece dispuesto a aflojar.

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“Un 54 por ciento no votaría a Milei si se presenta en el 2027”

El consultor político de la empresa Zuban Cordoba, Facundo Londero, se refirió al momento político del gobierno de Javier Milei. Reconoció que aumentó su respaldo desde las elecciones de octubre pero aseguró que existe una mayoría que “hoy no está dispuesto a votarlo pero la oposición no logra expresarla”

“Hay una división muy grande entre el mileismo y antimileismo. El gobierno ganó mucho respaldo desde el triunfo electoal. Aprueba su gestión más de un 40% de la sociedad”, explicó el consultor en diálogo con AM 530.

“Pero lo que se destaca es que el 60% de la sociedad cree que su situación económica empeoró. Hay respaldo a pesar de eso. Solo una minoría cree que su situación es mejor gracias a las políticas de Milei”, describió.

“Hay un tener en cuenta que hay un 54% no está dispuesto a votar al gobierno. Pero ese rechazo no encuentra expresión”, siguió. “Hay un 20% que lo votó en el balotaje no está dispuesto a votarlo de nuevo. Ahora, no sé si votaría a un peronista”, advirtió.

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Por decreto: el Gobierno autorizó suba del 1.000% en gastos reservados para la Fuerza Aérea

Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El presupuesto destinado a gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina registró un incremento inédito: pasó de $15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a $166 millones tras una actualización publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. La ampliación, dispuesta por decreto, rige para el último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023, los recursos asignados a partidas sin rendición pública crecieron un 3.970%.

La Ley 25.520 define a la inteligencia nacional como el conjunto de actividades orientadas a la obtención y análisis de información vinculada a amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior y exterior del país. Estas tareas pueden financiarse mediante gastos reservados, cuyo detalle solo es conocido por las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El 1° de diciembre, a través del decreto 849/2025, el Poder Ejecutivo reasignó recursos y amplió partidas presupuestarias en distintos organismos. Entre ellos, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorporó $151 millones adicionales para gastos reservados. Hasta ese momento, el organismo contaba con $15,34 millones para ese concepto, por lo que la ampliación representa un aumento del 985%, a ejecutarse además en menos de un mes.

Los datos de ejecución reflejan la magnitud del salto: hasta el 3 de diciembre se habían devengado $15,18 millones en gastos reservados, prácticamente el total asignado para todo el año. Para el 8 de diciembre, en apenas cinco días, se sumaron otros $20 millones, superando lo ejecutado durante los once meses previos.

La comparación histórica refuerza el carácter excepcional del aumento. En 2016, primer año con registros disponibles, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $1,25 millones y se mantuvo por debajo de los $2 millones durante varios años. En 2023 ascendió a $4,09 millones y, entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el incremento acumulado alcanza el 3.970%.

El refuerzo presupuestario se produjo además en un contexto político particular: en vísperas de la asunción de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Carlos Andrés Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El aumento también coincide con la llegada de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca, enmarcada en el plan oficial de “modernización” del sistema de defensa.

En términos generales, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Defensa incrementó su presupuesto vigente en $123.044 millones. La mayor parte se destinó al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares ($59.634 millones), mientras que también se ampliaron partidas para gastos de personal y funcionamiento en los estados mayores de la Fuerza Aérea ($24.761 millones), el Ejército ($15.966 millones) y la Armada ($15.398 millones), entre otros.

Dentro del refuerzo asignado a la Fuerza Aérea, $8.198 millones se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, que creció un 2,6%. Allí se incorporan los $151 millones de gastos reservados, un monto muy superior al que regía previamente para ese concepto.

El portal PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de este aumento en gastos reservados, que no fue postergado hasta 2026, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

SIDE: otro salto en fondos sin control público

La Secretaría de Inteligencia de Estado también registró una fuerte expansión presupuestaria. Durante 2025, el organismo pasó de contar con $48 mil millones a $106 mil millones, un aumento del 32,3%, luego de que el Congreso rechazara en 2024 un DNU que buscaba otorgarle $100 mil millones en gastos reservados. Del total actual, $26 mil millones se sumaron mediante el último decreto.

Hasta el momento, la SIDE ejecutó $75 mil millones: $41 mil millones en personal y $13 mil millones en gastos reservados. Si bien la ampliación incluyó $19 mil millones adicionales para salarios, los mayores cuestionamientos se concentraron en otros rubros, como textiles y vestuario ($320 millones), productos de cuero y caucho ($350 millones), cubiertas y cámaras de aire ($350 millones) y mantenimiento, reparación y limpieza ($900 millones).

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A pesar de su retórica capitalista, desde que gobierna Milei cierra una empresa por hora

Brutal. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.  

Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a  casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.  

Mientras, el gobierno de Javier Milei insiste en una retórica pro capitalista y a favor de los empresarios. Pero la realidad muestra otra cosa: miles de empresarios debieron bajar las persianas de sus empresas, en algunos casos emprendimientos de décadas, porque no tienen rentabilidad debido a la caída del consumo doméstico. No fue magia, fue Milei.

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