La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cruzarse con el gobierno de Javier Milei, después de que en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso anduviera a los empujones con Karina Milei. Militantes libertarios pidieron su renuncia en redes.

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”, ironizó en X Villarruel.

Después, siguió con sus tuits contra dirigentes oficialistas: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

La recaudación tributaria registró en febrero una baja real del 9,5%, profundizando el deterioro de las cuentas públicas y encendiendo alertas sobre la situación financiera de las provincias. Con este resultado, ya son siete los meses consecutivos en terreno negativo. Desde julio de 2025, los ingresos fiscales no logran acompañar el ritmo de la inflación. El motivo: la caída de la actividad golpea sobre los ingresos públicos, como era previsible.

En este contexto, se abre el interrogante sobre la capacidad de sostener el superávit fiscal que el presidente Javier Milei volvió a ratificar como meta para este año y que constituye el principal argumento a favor del actual esquema económico. La persistencia de la caída en los recursos pone presión sobre ese objetivo que solo se podrá lograr con más ajuste, que volverá a golpear sobre la recaudación, que necesitará un nuevo ajuste…

“El Gobierno ya agotó buena parte del margen de ajuste. Puede recortar subsidios, pero eso impacta en la inflación. El congelamiento del bono a los jubilados aporta poco. Y no parece viable modificar el ancla salarial”, sostuvo Hernán Letcher, economista y director del Centro de Política Económica Argentina (CEPA).

El retroceso golpea especialmente a los tributos que integran la masa coparticipable. El IVA, indicador clave del nivel de actividad, mostró una contracción real interanual del 3,2%. Parte de esa merma obedece a la caída del IVA Aduanero, tras la eliminación de la suspensión de los certificados de exclusión, una medida que favoreció a las importaciones.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, fue empujada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que le cerró el paso cuando quería quedar en primer plano de la televisión como la primera dama de Javier Milei. Todo ocurrió en cadena nacional en la inauguración de la asamblea ordinaria del Congreso.

En un momento del ingreso de Milei – visiblemente desordenado emocionalmente – las cámaras captaron el momento en que Villarruel la corre por la fueza a Karina entre sonrisas incómodas de la acompañante del mandatario.

La vicepresidenta está en una guerra abierta con los libertarios y así lo deja ver cada vez que puede. “Hay que defender a la industria nacional”, tuiteó hace pocos días mientras el gobierno festejaba la apertura económica, el cierre de empresas nacionales y el despido de miles de argentinos.

Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.

Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.

La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.

Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.

En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.

Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.

El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.

El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.

Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.

En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.

Transporte público, alquileres, medicina prepaga, luz y agua subirán en simultáneo, configurando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos en un contexto en el que la inflación mensual ronda el 2%–3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lejos de tratarse de ajustes aislados, se trata de subas acumulativas que se suman a los incrementos ya aplicados en los primeros meses del año y que afectan rubros esenciales de la vida cotidiana.

Transporte público: otro salto tras el 31% de febrero

El transporte vuelve a encabezar la lista de aumentos. Las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un incremento del 7,7% desde el 16 de marzo, tras el fuerte salto del 31% aplicado en febrero.

Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así:

• 0 a 3 km: $700
• 3 a 6 km: $779,78
• 6 a 12 km: $839,86
• 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, los valores prácticamente se disparan:

• Hasta 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,9%, llevando el boleto mínimo a $681,85. Para quienes viajan todos los días, el impacto mensual se vuelve significativo y erosiona aún más el salario.

Alquileres: subas que superan el 100%

El mercado inmobiliario presenta uno de los escenarios más duros. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los incrementos varían según el tipo de contrato, pero en muchos casos resultan abrumadores:

• Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres: +33,89% (ICL).
• Contratos firmados en marzo de 2023: +149,34%.
• Actualización trimestral: +7,3%.
• Ley 27.737 con fórmula “Casa Propia”: +16,61% semestral.

La dispersión de regímenes convive con aumentos que, en algunos casos, multiplican varias veces la inflación mensual, profundizando la dificultad para sostener una vivienda en alquiler.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y más presión en salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo aumentos de entre 2,9% y 3,2%, en línea con la inflación de enero (2,9% según el INDEC). El ajuste también alcanza a los copagos.

Si bien el porcentaje parece menor frente a otros rubros, se suma a una cadena de incrementos previos y consolida a la salud privada como uno de los gastos fijos más pesados para la clase media.

Luz: aumentos de hasta 17%

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas eléctricas subirán desde el 1° de marzo para usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas:

• Usuarios sin subsidios: +17%.
• Usuarios con subsidios: +12%.

El ajuste responde a la actualización de precios mayoristas y al Valor Agregado de Distribución (VAD), además del nuevo esquema de subsidios. En el AMBA aún se aguarda la confirmación de los incrementos para Edenor y Edesur.

Agua: actualización mensual del 4%

AySA continuará con su esquema de actualización mensual con tope del 4%, aprobado por el ERAS mediante la Resolución N° 53/25. El mecanismo combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Con esta suba, el valor promedio del servicio aumentará en $22.739, sumando otro ajuste a la lista de gastos fijos que deben afrontar los hogares.

Un marzo cargado de presión económica

El tercer mes del año llega así con un combo de incrementos simultáneos en servicios esenciales. Transporte, vivienda, salud y tarifas básicas vuelven a ajustarse en porcentajes que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los salarios.

La acumulación de subas configura un escenario complejo para millones de familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para absorber un nuevo y contundente golpe al bolsillo en marzo de 2026.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri y reconoció públicamente que se equivocó al no haber condicionado el acuerdo político de 2015 en materia judicial.

Entrevistada por Jonatan Viale en ¿La ves?, por la señal Todo Noticias, Carrió fue contundente: “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero no acordé el tema de la Justicia. Me arrepiento”.

La exdiputada sostuvo que durante el gobierno de Macri se consolidó un esquema de influencia sobre los tribunales. “Él se quedó con la Justicia”, afirmó, en referencia a la designación de operadores y alfiles cercanos al entonces mandatario.

Críticas al entramado político-judicial

Carrió también cuestionó con dureza al sistema político en general. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos. Existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel”, señaló.

Recordó además supuestos vínculos y encuentros entre miembros del poder político y judicial en los años 90. “Desde entonces veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”, denunció.

En ese marco, apuntó contra la comisión de Reforma del Código Penal durante la gestión de Juntos por el Cambio. “A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión donde estaba Mahiques. Era ese pequeño grupo que tenía Macri con Mahiques y Angelici”, afirmó, en referencia a Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici.

Debate por la ley de Glaciares

Finalmente, amplió sus críticas al debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. “Tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.

En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.

Maniobras sospechosas

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.

En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.

Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.

Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.

Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.

La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.

En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.

Un informe oficial reveló que más de 36.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos dos años, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 72.000 empleos, un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sector minorista y el pequeño comercio en todo el país.

La actividad de los kioscos, uno de los pilares del comercio minorista en Argentina, sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, según datos oficiales que dan cuenta de un deterioro sostenido de este segmento productivo. El informe indica que más de 36.000 locales cerraron definitivamente, dejando a su paso la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a este rubro.

Los cierres de kioscos se inscriben en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y presión inflacionaria que impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de proximidad. Factores como el aumento de tarifas, las tasas financieras y el encarecimiento de insumos y alquileres hicieron cada vez más difícil sostener estos negocios, que suelen funcionar con márgenes estrechos.

La pérdida de empleo en este sector no sólo representa una cifra cuantitativa significativa, sino que también tiene un fuerte impacto social y territorial, dado que los kioscos constituyen una fuente de ingresos para miles de familias y un punto de acceso cotidiano a bienes y servicios en barrios de todo el país.

Organizaciones del sector empresarial y cámaras que agrupan pequeños comerciantes advirtieron que la magnitud de los cierres pone en riesgo la sustentabilidad de un modelo comercial basado en la proximidad y que la situación podría profundizarse si no hay medidas de apoyo concretas para aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso al crédito y sostener la actividad productiva.

Además, el cierre de locales influye en la dinámica urbana y en la vida cotidiana de los vecindarios, ya que los kioscos suelen ser una pieza clave en la red de comercios barriales que abastecen desde productos básicos hasta servicios de pago y recarga.

La cifra de 72.000 empleos perdidos refleja que el impacto no se limita a la desaparición física de los locales, sino que afecta de manera directa la economía de cientos de miles de personas vinculadas a estos puestos de trabajo, agravando la ya delicada situación del mercado laboral en sectores informales y formales.

Con estos datos sobre la mesa, la discusión sobre la crisis del comercio minorista y las políticas de protección para los pequeños negocios se vuelve cada vez más urgente, en un escenario donde las cifras de cierre y desempleo ponen de manifiesto la profundidad de las dificultades económicas que atraviesa el sector.

Los industriales santafecinos aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

La crisis industrial en Santa Fe suma nuevos indicadores que confirman el paso de una situación de alerta a un escenario crítico. Los industriales aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diciembre de 2025 la actividad manufacturera provincial registró una caída interanual del 9,8%, con más de dos tercios de las ramas mostrando bajas en su producción. El retroceso no es coyuntural: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una contracción del 4,9% en el entramado empresarial y del 5,6% en el empleo sectorial.

El deterioro impacta en un territorio históricamente industrializado y fuertemente vinculado a la producción metalmecánica, textil, plástica y papelera, rubros que hoy aparecen entre los más afectados por la competencia importada. Desde la asunción de Javier Milei, el sector denuncia un cambio en las condiciones macroeconómicas que tensiona al máximo la estructura productiva local.

En este contexto, la FISFE remarcó “la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional” que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, proteja a los sectores transables de la competencia desleal y corrija los principales factores de pérdida de competitividad: costos logísticos, financiamiento productivo, presión impositiva y costos laborales no salariales, además de impulsar la recuperación del mercado interno.

Javier Martín, presidente de la entidad, advirtió en diálogo con PERFIL que la industria santafesina enfrenta “un mercado interno que no reacciona; las cadenas de pago se estresan, muchas empresas están endeudadas y tienen que bajar su producción o cerrar”. Si bien señaló que no hubo grandes conflictos laborales porque los despidos se realizaron con indemnizaciones conforme a convenio, alertó que el empleo industrial es difícil de recomponer: “Por cada puesto directo hay tres indirectos vinculados a servicios como catering, limpieza o seguridad”.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. “Enero pinta mal y la mayoría de las regionales nos dio un panorama muy sombrío por lo que va de febrero”, sostuvo Martín al proyectar el inicio de 2026.

Uno de los focos más críticos es la cadena de pagos. El informe de la FISFE señala que en diciembre la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos creció un 205% interanual, mientras que el monto nominal involucrado se disparó un 311%. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala.

Con empresas que cierran, producción en retroceso y un sistema financiero cada vez más tensionado, la crisis industrial golpea con fuerza a Santa Fe y profundiza el deterioro de uno de los principales motores productivos del país.