Solo el jueves pasado, el Tesoro vendió USD 150 millones para frenar el dólar. El lunes había comprado USD 320 millones. El miércoles, apenas USD 13 millones. Pero los cálculos del mercado al cierre de la semana indican que las ventas fueron bastante mayores. El volumen operado este viernes llegó a USD 610 millones. Mas del triple de lo que se venía viendo después del resultado electoral.

A pesar de la euforia oficial, que no se sustenta en ningún dato objetivo, la economía sigue sin rumbo y espera un nuevo salvataje, sea del FMI, Estados Unidos o la deuda privada. Solo así, el ministro “timbero” Luis Caputo podrá hacer frente a los vencimientos de la deuda – que él tomó – que tiene en enero.

Mientras, las ventas siguen en picada, la inflación sigue altísima, no hay reservas y vuelve la presión sobre el dólar cuando arranca el verano y millones de argentinos aprovecharán el dólar barato para viajar al exterior. Por ahora, ni Caputo ni Javier Milei la quieren ver.

La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis y su evolución es favorable, aunque aún no se informó una fecha de alta.

Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada de urgencia tras presentar un fuerte dolor abdominal que derivó en el diagnóstico de apendicitis. La intervención se realizó mediante una técnica laparoscópica y, de acuerdo con la información médica difundida, el postoperatorio transcurre sin complicaciones.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuántos días deberá permanecer internada, aunque especialistas señalan que, en cuadros de estas características y con una evolución estable, el tiempo habitual de hospitalización suele ser breve. En general, este tipo de cirugías permite una recuperación hospitalaria de entre uno y pocos días, siempre que no surjan imprevistos clínicos.

Una vez que reciba el alta, se prevé que la expresidenta deba cumplir con un período de reposo y cuidados posteriores, evitando esfuerzos físicos durante varias semanas. Mientras tanto, su estado de salud es monitoreado de manera permanente y desde su entorno indicaron que la evolución continúa siendo favorable.

La expresidenta fue intervenida este domingo en el Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal, y según el parte médico oficial evoluciona de manera estable tras la cirugía.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de que médicos detectaran un cuadro de apendicitis complicada con peritonitis localizada tras un intenso dolor abdominal. El procedimiento se realizó tras la atención inicial en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, y con la autorización judicial correspondiente para su traslado al centro médico.

El equipo médico que la atendió confirmó que la cirugía fue exitosa y que la expresidenta, de 72 años, se encuentra estable y en observación postoperatoria, sin complicaciones mayores hasta el momento. Las autoridades del sanatorio indicaron que la intervención se llevó a cabo mediante laparoscopía y que se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución en las próximas horas.

Desde su entorno señalaron que, pese al cuadro abdominal que motivó la internación, la detección temprana del problema permitió una respuesta médica rápida y efectiva, lo que habría contribuido a que no se agravaran las complicaciones del cuadro abdominal. Familiares y allegados se mantendrían en contacto con el equipo sanitario mientras avanza su recuperación.

La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte malestar abdominal. Permanece en observación mientras se le realizan estudios médicos y aún no se difundió un parte oficial sobre su evolución.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este viernes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar una dolencia abdominal que motivó la intervención de su equipo médico. La expresidenta se encontraba en su domicilio cuando comenzó con el malestar, que derivó en una primera evaluación clínica.

Más adelante, y tras esa revisión inicial, los profesionales de la salud resolvieron su traslado al centro médico para realizar estudios complementarios y un control más exhaustivo del cuadro. El procedimiento se llevó a cabo con la autorización judicial correspondiente, dado que CFK cumple arresto domiciliario en el marco de su situación legal.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la duración de la internación. Desde su entorno indicaron que la hospitalización respondió a la necesidad de observación y evaluación, mientras se aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.

El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.

Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.

La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.

Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.

El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.

Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.

El Secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, habló sobre el impacto de la última movilización sindical, la postergación del debate de la reforma laboral y la presión del movimiento obrero para frenar una iniciativa perjudicial para los trabajadores.

Lobato aseguró que la movilización realizada en las últimas horas cumplió su objetivo central al forzar la postergación del tratamiento legislativo. “Lo primero que se logró con la movilización de ayer fue posponer la discusión, que era el objetivo principal que buscábamos”, afirmó.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM detalló que la presión sindical incluyó gestiones políticas directas. “Tuvimos charlas con diputados, senadores y gobernadores. La movilización influyó en la decisión de postergar la discusión”, explicó.

El sindicalista reconoció que parte de la base trabajadora no dimensionaba inicialmente el alcance del proyecto oficial. “Los trabajadores no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que iba a traer esta ley”, señaló, y remarcó que la protesta permitió visibilizar el rechazo gremial. En ese sentido, calificó la jornada como “una gran manifestación”.

Lobato ratificó además la voluntad de sostener el plan de lucha. “Nosotros desde la UOM tenemos la decisión tomada de estar en la calle”, indicó, y reclamó una medida de fuerza general cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, concluyó, al tiempo que llamó a la CGT a avanzar en una convocatoria unificada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El anuncio se da luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país incluyendo un caso en la propia quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno nacional anticipó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país. La decisión se conoce en un contexto atravesado por el malestar salarial, la crisis de la obra social militar y crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de contención emocional dentro de las fuerzas.

Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, la medida contempla una revisión amplia de los protocolos de evaluación, seguimiento y acompañamiento del personal, con especial foco en aquellos efectivos que cumplen funciones armadas en entornos de alta sensibilidad, como tareas de seguridad permanente y custodia presidencial. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de reemplazar los controles vigentes, sino de profundizarlos y complementarlos con instancias adicionales de seguimiento psicológico continuo y detección temprana de situaciones de riesgo.

El anuncio oficial se produjo tras la muerte de Rodrigo Gómez, soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida dentro del predio donde reside el Presidente de la Nación y la investigación, a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, apunta a un disparo autoinfligido, sin intervención de terceros. El hecho generó una fuerte conmoción interna y encendió alertas en la mesa chica del Ejecutivo.

Sin embargo, el caso de Olivos no fue un episodio aislado. Días después, en Monte Caseros, Corrientes, fue encontrado muerto Juan Javier Pereyra, suboficial principal del Ejército, de 48 años y con más de dos décadas de servicio. El cuerpo fue hallado dentro del Casino de Suboficiales de una dependencia militar, con signos compatibles con ahorcamiento. La Justicia también descartó la participación de terceros.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del jueves en Las Heras, Mendoza, donde Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario de 22 años perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, fue hallado sin vida en su vivienda por sus familiares. La causa quedó en manos de la Justicia provincial y de la Policía Científica, que avanzan bajo la hipótesis de suicidio. El Ejército emitió un comunicado breve y protocolar, sin mayores precisiones.

Tres muertes en menos de siete días, en tres jurisdicciones distintas, expusieron una problemática que distintos sectores consideran estructural. Jóvenes soldados voluntarios —muchos provenientes de sectores populares— cumplen jornadas extensas, tareas de alta exigencia emocional y funciones de seguridad sensibles, en un escenario de ajuste presupuestario, atraso salarial y dificultades crecientes en el acceso a la salud a través del IOSFA.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el Ministerio de Defensa analizan ahora reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar, actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia y mejorar el acompañamiento profesional del personal. Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar variables operativas, sanitarias y económicas.

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, en medio de reclamos por la falta de definición sobre las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión anterior. En la Casa Rosada advierten que aún no hay fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía. También se analiza una reestructuración del IOSFA, cuya crisis financiera impacta de manera directa en el bienestar del personal y sus familias.

Mientras las investigaciones judiciales continúan en paralelo, crecen las preguntas hacia el poder político y militar. Para distintos sectores, cuando las muertes se acumulan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. La alarma está encendida y el desafío, señalan, es si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios concretos antes de que la estadística vuelva a repetirse.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

En Neura, su canal de streaming, el periodista libertario Alejandro Fantino quiso escuchar a sus seguidores para saber cómo está la situación económica. “Yo tengo una visión de las cosas, comparto muchas políticas del gobierno, pero tal vez no estoy viendo la realidad. Quiero escuchar a la gente”, dijo.

Después, se sucedieron una seguidilla de mensajes todos con el mismo tenor: “Banco al gobierno pero no damos más, no hay plata en la calle, la gente la pasa muy mal”. “Ah, mirá” o “epa” repetía una y otra vez Fantino ante los mensajes muy críticos de la gente.

“A mi negocio no entra nadie. Nunca vi algo así. Ando en la calle todo el día y veo eso en todos lados, están todos los negocios sin gente. Yo banco pero se me hace cada vez más difícil”, resumió un oyente. No hay pauta oficial que tape el sol con un dedo.

n su reciente participación en el streaming libertario Carajo, el presidente Javier Milei volvió a lanzar su pronóstico económico y aseguró que para mediados del próximo año la inflación comenzará con “cero coma algo”, pese a que los datos de los últimos meses no son para nada alentadores.

En La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, el mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el “riesgo kuka” que afectaba las inversiones en el país.

Casi a oscuras y con el mameluco de YPF, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”.

De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. “El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, sostuvo. En el plano político, el mandatario hizo una lectura triunfalista de los comicios de octubre, donde su fuerza se impuso por amplio margen. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, señaló, aventurando que el resultado habría sido aún mayor si su imagen figuraba en las boletas.