La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió este miércoles que el próximo lunes se movilizará hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la presentación judicial que realizará contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. De este modo, la central descartó adherir al paro de 36 horas con movilización convocado por el sector más combativo agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

La determinación fue adoptada en una reunión ampliada de la mesa chica cegetista que tuvo lugar en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ubicada en Moreno al 1300. Allí, los principales referentes sindicales debatieron la continuidad del plan de lucha y finalmente se impuso la postura de concentrar los esfuerzos en la vía judicial para cuestionar aspectos del proyecto oficial.

Al término del encuentro, el triunviro Jorge Sola explicó que la decisión fue “respaldar el análisis legal que se viene realizando y la presentación que hará la CGT sobre los puntos que consideramos inconstitucionales”. Con esa definición, la central optó por una estrategia más moderada: la movilización no incluirá una convocatoria masiva a trabajadores y afiliados, sino que estará integrada principalmente por dirigentes y delegados.

Durante el debate interno, no obstante, surgieron posiciones más confrontativas. Juan Carlos Schmid, referente de Dragado y Balizamiento y titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), propuso avanzar con paros sectoriales en reclamo de mejoras salariales y laborales. En la misma línea, Omar Maturano, líder de La Fraternidad, planteó convocar al Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para definir nuevas medidas de acción directa.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el rumbo económico del presidente Javier Milei durante la entrevista que brindó anoche en Cenital. “Lo que están haciendo no es un plan de estabilización, es un plan de ajuste”, afirmó, y sostuvo que “el equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo”. En ese sentido, advirtió que “cuando se frena la obra pública, cuando se paraliza el consumo y se destruye el salario, el impacto no es teórico: es concreto y se siente en cada barrio. El país que deja Milei es una mierda”, sentenció.

Kicillof remarcó que la provincia busca “amortiguar el golpe” de las políticas nacionales y señaló que “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desfinancia la educación, la salud y la producción”. También denunció la caída de transferencias y fondos específicos: “Nos recortaron recursos que estaban destinados a infraestructura y programas sociales. Eso no es eficiencia, es deserción del Estado”. Y agregó: “La Provincia está haciendo un esfuerzo enorme para sostener lo que Nación abandona”.

En el plano político, el mandatario bonaerense llamó a construir una alternativa amplia y dejó definiciones con tono opositor. “No se trata de poner palos en la rueda, se trata de defender a nuestra gente”, aseguró. Además, consideró que “hay que discutir el modelo de país” y sostuvo que “no todo se resuelve con desregulación y motosierra”. Sin confirmar escenarios electorales, deslizó que “la sociedad está esperando una propuesta clara que enfrente este ajuste”.

Sobre el cierre, Kicillof planteó que el momento exige firmeza: “No es tiempo de especulaciones, es tiempo de responsabilidades”. Y concluyó con una advertencia política: “La historia argentina demuestra que los procesos de ajuste extremo terminan mal. Nosotros creemos en un Estado presente, en la producción y en el trabajo como motores del desarrollo”.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria impulsaron un proyecto de resolución para exigir información detallada y precisa sobre las implicancias y alcances del acuerdo de comercio e inversión firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, y solicitaron la presencia del canciller Pablo Quirno en el Congreso.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés, acompañado por Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros legisladores del espacio opositor. El eje central del proyecto es que el funcionario explique en detalle el contenido del entendimiento bilateral, los compromisos asumidos por el Estado argentino y sus eventuales consecuencias económicas, regulatorias y estratégicas.

Pedido de información y advertencias legales

En los fundamentos, Valdés sostuvo que el contexto jurídico en Estados Unidos genera interrogantes sobre la solidez del acuerdo. Citó un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inválidas medidas arancelarias adoptadas durante la presidencia de Donald Trump, al considerar que la política comercial en materia de aranceles es una atribución del Poder Legislativo y no puede ser ejercida unilateralmente por el Ejecutivo.

Según el diputado, al momento de la firma del tratado —el 5 de febrero— ya existían decisiones judiciales que cuestionaban la legalidad de esas políticas, lo que, a su entender, podría modificar el marco legal del acuerdo bilateral. En ese sentido, reclamó saber si la Cancillería advirtió oportunamente al ministro sobre esa situación y qué evaluaciones jurídicas se realizaron antes de avanzar con la firma.

El proyecto solicita formalmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores remita al Congreso el texto completo del acuerdo y sus anexos, así como informes pormenorizados sobre su posible impacto arancelario, productivo, laboral, regulatorio y ambiental.

Desde Unión por la Patria advirtieron que el entendimiento podría afectar sectores sensibles de la economía argentina —como la industria nacional y las economías regionales— y limitar la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas propias. Por ello, remarcaron que el Congreso debe ejercer sus facultades constitucionales de control sobre los tratados internacionales y evaluar si los compromisos asumidos podrían colocar al país en una posición de desventaja ante eventuales cambios en la política comercial estadounidense.

Apoyos al proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del bloque, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Nancy Sand y Aldo Leiva, quienes acompañaron el pedido de interpelación al canciller.

La medida de fuerza tendrá alcance nacional y alcanzará tanto a escuelas públicas como privadas, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno por la falta de acuerdo salarial y la ausencia de convocatoria formal a la paritaria nacional docente.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, el arranque de clases del próximo 2 de marzo enfrenta un escenario cada vez más incierto y con altas probabilidades de verse afectado a nivel nacional. La confirmación de que los gremios docentes de la CGT se sumarán al paro convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) profundizó la tensión y dejó al sistema educativo al borde de una paralización masiva.

Reclamo salarial y paritaria nacional

La adhesión fue anunciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman, ambos sindicatos enrolados en la CGT. Desde hace semanas venían advirtiendo que el conflicto podía escalar si no había respuestas concretas.

Romero sostuvo que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, mientras que Felman fue más tajante al afirmar que el 2 de marzo “se paraliza la educación en todo el país”, al considerar que el Gobierno obliga a los gremios a reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales.

El eje del reclamo es la falta de convocatoria a una paritaria nacional que establezca un salario mínimo docente y condiciones laborales comunes para todas las jurisdicciones, un punto que los sindicatos consideran clave para garantizar previsibilidad en el sistema.

Financiamiento, FONID y conflicto abierto

El paro fue definido días atrás en un congreso extraordinario de CTERA, encabezada por Sonia Alesso. Además de la cuestión salarial, el gremio exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para el sector.

Desde los sindicatos advierten que el sistema educativo atraviesa uno de los ajustes más severos de las últimas décadas y cuestionan el retiro del Estado nacional de compromisos que, aseguran, impactan directamente en salarios, infraestructura y calidad educativa.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) también anticipó su adhesión a la medida. Mientras continúan las negociaciones con la gestión de Axel Kicillof, los gremios rechazaron una propuesta de aumento del 3% y mantienen el diálogo en cuarto intermedio.

De concretarse el paro con el nivel de adhesión previsto, el inicio de clases podría verse seriamente afectado en gran parte del país, y solo en territorio bonaerense cerca de un millón de alumnos podrían no comenzar el ciclo lectivo el lunes, en un escenario que mantiene en vilo a familias y autoridades educativas.

El valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en enero un aumento del 5,6%, el salto mensual más pronunciado desde marzo de 2025.

El dato fue difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. La CBA fija el umbral de indigencia: para un hogar tipo —integrado por una pareja propietaria y dos hijos pequeños— se requirieron al inicio del año al menos $767.413 para no caer por debajo de esa línea.

En paralelo, desde el 1° de enero comenzó a aplicarse un nuevo esquema de subsidios a la electricidad que excluye a parte de los usuarios alcanzados por el régimen anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que funciona como referencia para medir la pobreza, subió 3,7%, también el mayor incremento de los últimos diez meses. Así, esa misma familia necesitó ingresos por $1.396.660 para no ser considerada pobre.

A diferencia de la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional, el organismo porteño aplica un esquema propio de canastas para segmentar con mayor detalle a los sectores “no pobres”. Con este criterio, en enero se clasificó como “no pobre vulnerable” a los hogares con ingresos de entre una CBT y $1.760.925,78.

Aquellos que percibieron entre esa cifra y hasta $2.201.157,23 fueron ubicados dentro de la categoría “clase media frágil”, mientras que se consideró “sector medio” a quienes registraron ingresos de hasta $7.043.703,15. Por encima de ese monto se encuadran los denominados “sectores acomodados”.

La ocupación de la planta de aires acondicionados en Tierra del Fuego por parte de sus 140 trabajadores, que denuncian salarios adeudados desde el año pasado, expone con crudeza la profundización de la crisis industrial y abre un interrogante sobre el futuro inmediato del sector. Desde diciembre no cobran el salario ni saben qué va a pasar con la fábrica.

La firma Aires del Sur fue tomada en las últimas horas por su personal, que asegura no haber cobrado los últimos dos meses y advierte sobre el riesgo concreto de cierre. La razón: la delirante apertura de importaciones que está inundando el mercado de productos chinos. Mientras, cierran las fábricas argentinas.

El conflicto se inscribe en una secuencia de suspensiones y clausuras que ya impacta en distintas regiones del país y que ahora alcanza al régimen de promoción fueguino, jaqueado por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Aires del Sur produce equipos de aire acondicionado bajo tecnología de la israelí Electra Consumer Products y comercializa en el país las marcas Electra y Fedders.

Además de enfrentar la retracción del consumo y la mayor competencia externa, la compañía se prepara para un escenario aún más adverso: el próximo año vencen las medidas antidumping que protegían al sector, lo que anticipa un fuerte ingreso de equipos importados —principalmente de origen chino—. El antecedente de los microondas resulta ilustrativo: tras el fin de esas barreras, la producción nacional se desplomó alrededor de un 60%.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el mercado interno y que sigue dejando víctimas en el entramado productivo, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes y 400 trabajadores quedaron en la calle.

Tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que había sido adquirida por el grupo Grupo Vicentin, estaba a cargo de la elaboración de reconocidos yogures y postres de SanCor, una marca emblemática de la tradición láctea argentina.

A pesar de sus inicios prometedores, la empresa acumuló importantes deudas con proveedores, transportistas y empleados. Desde 2023 arrastraba atrasos salariales y había aplicado suspensiones masivas, en un contexto de caída del consumo y fuerte retracción de la actividad.

ARSA operaba dos plantas clave: una en Arenaza (partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires), donde trabajaban 180 empleados, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con alrededor de 200 trabajadores. Ambas eran el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor.

Entre los productos más destacados que salían de sus líneas de producción se encontraban los yogures Yogs y Primeros Sabores, orientados al consumo familiar, y una amplia gama de flanes y postres como los tradicionales flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de argentinos.

El cierre de ARSA no solo implica la pérdida de 400 puestos de trabajo, sino que vuelve a evidenciar el impacto de la crisis sobre la industria alimenticia y el mercado interno, con empresas que no logran sostener su actividad frente al derrumbe del consumo, la oleada importadora y el aumento de los costos.

En el distrito más rico del país, los propios datos oficiales muestran que la pobreza sería al menos seis puntos más alta que la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una brecha difícil de atribuir únicamente a diferencias técnicas.

Impulsada por aumentos en alimentos como carne, frutas y verduras, la canasta de indigencia trepó 5,6% en enero y alcanzó los 767 mil pesos. La canasta de pobreza también subió —3,7%— y en ambos casos los incrementos superaron la inflación mensual de la Ciudad (3,1%). Es decir, mientras los precios de los consumos básicos avanzan por encima del promedio general, las mediciones nacionales no reflejan con la misma intensidad ese deterioro.

Para Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la diferencia no es menor y responde a la metodología utilizada. Según explicó, la Ciudad realiza un relevamiento directo del gasto de los hogares: el encuestador consulta cuánto se destina efectivamente a alimentos, ropa y otros consumos esenciales. El INDEC, en cambio, estima los gastos no alimentarios mediante un coeficiente, un mecanismo que —según cuestiona— mantiene rezagados rubros sensibles como tarifas, medicina prepaga y educación privada.

La utilización de esta metodología indirecta no es exclusiva del organismo nacional: también la emplean las provincias, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real de la pobreza y la indigencia en el país. En ese contexto, la distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que se percibe en la vida cotidiana se amplía.

“En el resto del país no lo vas a ver reflejado en términos estadísticos, lo vas a ver reflejado en la situación social”, advirtió Chávez Molina, quien consideró probable que los niveles reales de pobreza e indigencia sean más altos que los publicados, aunque la metodología vigente impide comprobarlo con exactitud.

Paradójicamente, incluso con criterios distintos, la medición porteña no enfrenta cuestionamientos de legitimidad en la captación de hogares bajo la línea de pobreza. El contraste deja expuesta una tensión de fondo: mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, las cifras oficiales nacionales parecen amortiguar ese impacto en los papeles, pero no en la realidad.

La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día o incluso más según un relevamiento periodístico.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) desató una fuerte controversia tras el cierre masivo de causas por evasión tributaria en los tribunales penales económicos. La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día —o incluso más— según un relevamiento periodístico.

El núcleo de la polémica radica en la actualización extraordinaria de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica incrementos superiores al 6500%. En el caso de la evasión a través de terceros, el umbral subió de $2.000.000 a $200.000.000, un alza cercana al 9900%. En términos generales, la ley elevó en torno al 3000% los pisos a partir de los cuales una conducta se considera delito penal.

Como consecuencia, la enorme mayoría de las causas en trámite quedaron fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, son muy pocos los expedientes que superan los nuevos montos. El cierre se produce por dos vías: pedidos de las defensas para acogerse a la nueva norma o decisiones de los jueces que, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna, extinguen las acciones de oficio. En muchos casos, los fiscales no apelan o retiran la acusación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, respaldó formalmente este criterio. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos en causas ya iniciadas.

¿Una ley hecha a medida de la delincuencia?

El debate jurídico y político es intenso. Para los críticos, la ley funciona como una amnistía encubierta que beneficia a evasores y debilita la capacidad del Estado para investigar el origen de los fondos. El tributarista Marcos Sequeira sostuvo que la norma “beneficia a los grandes evasores” y modifica el paradigma histórico del derecho tributario al abandonar la lógica de control sobre la procedencia del patrimonio. Según su interpretación, el Estado prioriza que los fondos ingresen al mercado —ya sea para consumo o adquisición de bienes— por encima de la verificación de su origen.

En la misma línea, el excanciller Jorge Taiana cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que la “hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal” podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero, en contradicción con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos los vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los defensores de la norma, en cambio, argumentan que el objetivo es concentrar los recursos del sistema penal en los grandes evasores y descomprimir los tribunales, trasladando los casos menores al ámbito administrativo, donde continuarían bajo sanciones y multas.

Mientras tanto, el efecto inmediato es tangible: centenares de expedientes cerrados y un cambio profundo en el alcance del derecho penal tributario, cuya dimensión institucional y económica sigue generando fuertes interrogantes.

La polémica por el millonario contrato del gobierno de Javier Milei con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que dirige María Josefina Rouillet (esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) sumó nuevos datos que agravan el escándalo.

Según una investigación del periodista Sebastián Lacunza publicada en Diario.ar, basada en información oficial del portal Compr.AR, apenas iniciado el mandato libertario la Cancillería renovó el convenio con la AACI con un incremento del 398%. La adjudicación firmada en febrero de 2024 ascendió a $55,3 millones, cuando la última renovación bajo la gestión de Alberto Fernández había sido por $11 millones en marzo de 2023.

El salto supera ampliamente la inflación acumulada desde entonces (276%), lo que implica un aumento real del 32%. El dato resulta particularmente sensible en el contexto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno bajo la consigna “no hay plata”.

El contrato con la AACI se remonta a la gestión de Mauricio Macri. La primera adjudicación directa fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. En noviembre de 2019 se elevó a $2,7 millones, por debajo de la inflación acumulada en ese período. Durante el mandato de Alberto Fernández, las renovaciones continuaron con aumentos que también quedaron por debajo o apenas en línea con la inflación: $4 millones en noviembre de 2020, $5,7 millones en marzo de 2022 y $11 millones en marzo de 2023.

El quiebre se produjo con la llegada de Milei. Tras el incremento del 398% en febrero de 2024, el 23 de diciembre de 2025 se adjudicó un nuevo contrato por $114 millones, otra vez con una suba superior a la inflación del período (82% en 22 meses).

En total, desde la última firma de la gestión anterior hasta la más reciente adjudicación bajo Milei, el contrato acumuló un aumento del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo lapso.

Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste en áreas sociales, culturales y presupuestarias, el crecimiento exponencial del convenio con la institución que dirige la esposa del ministro de Desregulación alimenta cuestionamientos políticos y judiciales. Para muchos críticos, el mensaje parece contradictorio: para algunas partidas “no hay plata”, pero para otras, sí.