En declaraciones realizadas en un canal de streaming, la exministra de Seguridad sostuvo que el organismo representa “un gasto brutal acumulado” y planteó que los fondos destinados a la salud de los jubilados deberían ser transferidos a los sindicatos.

Bullrich comparó al PAMI con “una compañía de seguros donde todos los autos chocan” y argumentó que “cuando tenés a todas las personas grandes en un seguro de salud, eso no es un seguro, es un gasto”. En ese marco, cuestionó el origen del organismo y afirmó que fue creado en 1971 por una decisión improvisada del entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, y que “nunca nadie lo desarmó”, pese a que hoy atiende a cerca de cinco millones de jubilados, pensionados y familiares.

La senadora aseguró que sería “mucho más barato” destinar los aportes directamente a los sindicatos, que —según explicó— dejan de cubrir a los trabajadores una vez que alcanzan la edad jubilatoria. “El sindicato se saca de encima a los afiliados a los 65 años y no los tiene nunca más”, sostuvo, al defender su idea de reemplazar el PAMI por un esquema administrado por las organizaciones gremiales.

Si bien esta propuesta no fue presentada explícitamente durante la campaña electoral de La Libertad Avanza, espacio político al que hoy responde, el planteo se inscribe en la lógica de reducción del Estado y desmantelamiento de sistemas públicos que promueve ese sector.

Bullrich también cuestionó la calidad de la atención del PAMI y señaló que “no tiene una atención demasiado buena”, aunque reconoció que su tamaño lo vuelve difícil de reformar. No obstante, fue categórica al concluir que “conceptualmente el PAMI es un error”, minimizando el rol que cumple en la cobertura sanitaria de los sectores más vulnerables.

La exministra volvió al centro de la escena política tras asumir su banca en el Congreso. En las últimas horas también se viralizaron sus declaraciones en defensa de la reforma laboral, realizadas junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en un seminario para pymes, donde afirmó que en la Argentina “hay 500 mil trabajadores de plataformas” que prefieren no estar en relación de dependencia y que sean ellos mismos quienes paguen los seguros por eventuales accidentes laborales.

Con aumentos por encima del IPC, más familias quedaron al borde de la pobreza en plena recesión.

El INDEC confirmó este jueves que tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron en noviembre por encima de la inflación, profundizando el deterioro social en plena recesión. Más adelante, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, cifras que vuelven a poner en el centro del debate el impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

En el mismo tono, la CBA subió 4,1% y la CBT avanzó 3,6% en noviembre, muy por encima del IPC del mes, que fue de apenas 2,5%. Con el mismo ímpetu, las canastas acumularon en el año incrementos del 26,1% y 22,7% respectivamente, mientras que en términos interanuales aumentaron 28,9% y 25,5%. En ambos casos, los alimentos —que representan el gasto más sensible— continúan creciendo por encima del promedio general.

Más adelante, la comparación con octubre exhibe otro dato preocupante: en ese mes, una familia necesitaba $1.213.798 para no ser pobre y $544.304 para no ser indigente. Es decir, la suba mensual de las canastas volvió a ser mayor que los ajustes salariales y dejó a miles de hogares un escalón más cerca de la pobreza estructural. En paralelo, el Gobierno mantiene sin actualizar la estructura de gastos con la que se calculan las canastas, basada en datos de 2004/05, pese a contar con una encuesta más reciente realizada en 2017/2018.

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires reveló que su inflación de noviembre fue del 2,4%, con subas más fuertes en servicios por contar con una estructura de gastos actualizada. Si se toma ese esquema, el panorama es aún más crítico: en septiembre, una familia porteña necesitó $1.255.933, sin contar alquiler, para no ser pobre; y casi $2 millones para cubrir el nivel de “clase media”, también sin vivienda incluida. La diferencia entre los ingresos reales y el costo de vida crece cada mes.

Finalmente, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, la brecha entre salarios y necesidades básicas sigue ensanchándose mientras el Gobierno festeja desaceleraciones del IPC que no se traducen en alivio real para la población. Con canastas que suben más que la inflación y un ajuste que recae sobre los trabajadores, la supuesta estabilidad macroeconómica convive con una fragilidad social cada vez más evidente.

El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.

En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.

En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.

Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.

En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció este jueves la puesta en marcha de un fondo de $3.000 millones destinado a financiar proyectos de investigación científica con impacto directo en pymes y cooperativas bonaerenses.

La medida, presentada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, corresponde a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Durante el acto, Kicillof subrayó la decisión provincial de sostener e incrementar la inversión en ciencia y tecnología frente al recorte nacional. “Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”, afirmó.

Una inversión estratégica y la consolidación del FITBA

El gobernador advirtió que el sistema científico “está en emergencia” tras dos años de ajuste presupuestario a nivel nacional y señaló que la paralización de proyectos “condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”. En esta nueva edición del FITBA —que desde 2024 se consolidó como la principal política de financiamiento científico del país—, se financiarán 98 proyectos de instituciones bonaerenses, involucrando a más de 900 investigadores, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Costa destacó que esta herramienta “ha permitido acompañar al sistema científico-tecnológico, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras a pymes y cooperativas bonaerenses y responder a problemáticas de interés provincial”.

Energías renovables: nuevos proyectos y financiamiento

Además del lanzamiento del fondo principal, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) presentaron los nueve proyectos seleccionados en la convocatoria “2025 Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses”, orientados al desarrollo de soluciones experimentales en energías renovables, especialmente solar y eólica.

El presidente de la CIC, Roberto Salvarezza, destacó la relevancia estratégica de estas iniciativas: “En este contexto de transformación energética que atraviesa el mundo, contar con este tipo de proyectos es fundamental para construir el futuro de la provincia”. Por su parte, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, anunció que la Provincia destinará $400 millones adicionales para fortalecer estas líneas de investigación y las cadenas productivas del sector energético.

“Seguimos invirtiendo todos los días”

Al cerrar el acto, Kicillof reafirmó la continuidad de la política científica provincial pese al contexto económico nacional: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, seguimos adelante con un programa totalmente distinto, articulando con municipios, universidades y el sector productivo”. Y concluyó: “Vamos a seguir invirtiendo todos los días en apoyo de nuestro sistema científico y tecnológico”.

Del anuncio participaron ministros provinciales, intendentes y autoridades del sistema científico bonaerense.

La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

En un extenso mensaje publicado en redes, CFK subrayó que la cifra se conoció “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, al que sumó “un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares”, en un contexto de “consumo en caída libre y cierre de fábricas y comercios”.

Kirchner comparó el dato informado por el INDEC de Milei con el índice que exhibía su gobierno en noviembre de 2015. Recordó que en aquel momento la oposición impulsaba el “IPC Congreso”, que –según señaló– era “la repetición del índice de precios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri”. Con esa referencia, apuntó que la inflación que denunciaban entonces “era más baja que la de Milei”, a pesar de que “no le debíamos ni un dólar al Fondo” y de que su administración “había pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.

La expresidenta también reivindicó logros de sus gestiones: “Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y poníamos satélites en el espacio”.

El mensaje fue rematado con ironía, al sostener que para enumerar esos programas “no alcanzan los caracteres de X”.
En su crítica central, volvió a insistir en su interrogante: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, poniendo en duda la estrategia económica del actual gobierno pese a los severos ajustes aplicados.

Lo decidió el Consejo Directivo cegetista, que está reunido en Azopardo 802, donde define un plan de acción con “medidas graduales” contra el proyecto oficial.

La CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. El Consejo Directivo cegetista, que está deliberando en la sede de Azopardo 802, ya acordó que hará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.

El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la reforma laboral.

Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.

La central obrera reunió a su conducción con senadores y diputados de Unión por la Patria para consolidar una postura común frente al proyecto del Ejecutivo, que todavía no ingresó formalmente al Congreso. El sindicalismo evalúa movilizar al Parlamento y preparar medidas de fuerza.

La conducción de la CGT mantuvo este miércoles una extensa reunión con representantes del peronismo en ambas cámaras, en un intento por articular una estrategia conjunta para impedir que avance la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El encuentro, celebrado en el despacho del jefe del bloque del Senado, José Mayans, sirvió para alinear posiciones y exhibir unidad entre gremios y legisladores.

Los cosecretarios Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello aseguraron que el vínculo con el Ejecutivo está prácticamente roto y que no recibieron ningún documento formal que permita iniciar una negociación real. Tras el encuentro, adelantaron que la mesa directiva definirá este jueves un plan de protesta que podría incluir una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto.

La reunión contó con la presencia de dirigentes de peso de la CGT, entre ellos Gerardo Martínez (UOCRA), quien cuestionó la falta de información oficial sobre los alcances de la iniciativa. Legisladores peronistas —incluidos algunos que han tomado distancia del bloque— se sumaron al encuentro para acordar un camino común en el plano parlamentario y en la estrategia comunicacional.

En paralelo, los referentes sindicales y legislativos evaluaron la presentación de una propuesta alternativa que recoja proyectos previos del peronismo y defina una postura unificada frente al debate. La intención es intentar construir una mayoría en el Senado que permita bloquear cualquier modificación que, según advirtieron, implique retrocesos para los trabajadores.

“Le transmitimos a la CGT que nuestro bloque no acompañará ninguna iniciativa que afecte derechos laborales ni la capacidad de organización del movimiento obrero”, afirmó el senador Mariano Recalde al término de la reunión, en el marco de un frente común que busca elevar la presión política antes de que la reforma llegue al recinto.

El Gobierno venezolano advirtió sobre una escalada de presión estadounidense tras las declaraciones de Donald Trump, quien reconoció haber ordenado la toma de un buque petrolero de bandera venezolana en el Caribe. Funcionarios de Caracas afirman que la maniobra forma parte de un intento más amplio de avanzar sobre los recursos estratégicos del país.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sostuvo que la acción constituye un acto de piratería internacional y alertó que Washington busca influir sobre el control del petróleo, el oro, el gas y el agua. “No es un hecho aislado, es una ofensiva directa contra nuestra soberanía”, señaló el funcionario durante una actividad partidaria.

Cabello, también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que las organizaciones cercanas al oficialismo se preparan para sostener una respuesta prolongada frente a cualquier intento de presión externa. “Creen que el hostigamiento nos hará retroceder, pero el pueblo está movilizado y decidido a resistir”, aseguró.

En Caracas subrayan que la confirmación de Trump sobre el operativo contra el buque se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para debilitar al Gobierno y condicionar su capacidad de gestión. De acuerdo con el ministro, la masiva participación de simpatizantes en las recientes movilizaciones demuestra que existe respaldo popular ante lo que describió como un intento de apropiación de bienes nacionales.

Las autoridades venezolanas reclaman que la operación en el Caribe viola normas internacionales y constituye una agresión contra un Estado soberano. Voceros del Gobierno señalan que insistirán en denunciar el episodio en foros internacionales mientras buscan fortalecer los mecanismos internos de resguardo de los recursos naturales.

El regreso a los mercados internacionales de deuda que promocionó Toto Caputo y una parte de los medios compraron con entusiasmo tuvo gusto a poco. Argentina volvió a tomar deuda en los mercados internacionales por primera vez desde el gobierno de Mauricio Macri, que terminó en una crisis de deuda que casi obliga al ingeniero a adelantar su salida de Casa Rosada.

Caputo necesitaba 4 mil millones de dólares para pagar vencimientos en enero y solo logro 900 millones a una tasa carísima del 9 por ciento, muy lejos del 6,5 por ciento que el ministro de Economía vendió cuando anunció la operación. Es obvio: los mercados internacionales tampoco creen en la sustentabilidad del modelo de Milei.

Desde 2023, todo es ajuste, deuda y más ajuste para pagar intereses de deuda. La economía está en recesión excepto sectores como “valorización financiera” o “impuestos”, los únicos ítems que suben y explican que el PBI se haya “expandido” un 5%. Los sectores reales de la producción y el trabajo están en crisis hace dos años.

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno inició contactos con el Reino Unido para avanzar en el levantamiento del veto a la venta de armamento impuesto después de la guerra de Malvinas, pero Londres lo niega y advierte que mantendrá su postura inflexible.

El presidente argentino Javier Milei aseguró que su gobierno inició contactos con el Reino Unido para avanzar en el levantamiento del veto a la venta de armamento impuesto después de la guerra de Malvinas. Según declaró al diario británico The Telegraph, Buenos Aires y Washington estarían presionando para que Londres revise las restricciones que rigen desde 1982.

Milei sostuvo que el país necesita recomponer sus capacidades militares y justificó su postura con un mensaje directo: “No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. Al ser consultado por el medio inglés sobre si habían comenzado las negociaciones para revisar el embargo, respondió de manera categórica: “Absolutamente”.

Sin embargo, desde Londres rechazaron de plano esa versión. Un portavoz del gobierno británico afirmó que “no hay conversaciones específicas con Argentina sobre la flexibilización de los controles a la exportación de armas” y reiteró que la soberanía de las islas “no es negociable”, recordando además el referéndum de 2013 en el que los habitantes de las Malvinas optaron masivamente por seguir siendo parte del Reino Unido.

Pese a la negativa británica, Milei insistió en que la recuperación de las Malvinas será exclusivamente por vías diplomáticas. Consideró que la Argentina debe mostrar una relación “madura” con el Reino Unido y fortalecer los vínculos comerciales como señal de buena voluntad.

Posible viaje de Milei a Gran Bretaña

El Telegraph también informó que Milei analiza realizar en 2026 la primera visita de un presidente argentino a Londres en 27 años ―la última fue la de Carlos Menem en 1998―, donde buscaría reunirse con el primer ministro Keir Starmer e incluso con Nigel Farage, a quien elogió por su rol en el Brexit. Hasta ahora, no hay confirmación oficial del gobierno argentino.

La publicación británica agrega que el mandatario reiteró su intención de que el Reino Unido alivie el actual embargo militar, mientras fuentes oficiales inglesas sostienen que tal diálogo no existe. Este contraste vuelve a colocar en el centro del debate la política exterior argentina hacia Londres y la estrategia de Milei respecto de Malvinas, un tema en el que ya ha recibido críticas por su acercamiento al Reino Unido y su admiración por Margaret Thatcher.