Pauny, la empresa que es la cuarta del país en venta de tractores y hace diez años era la primera de Córdoba en el rubro, sufre las consecuencias de la crisis productiva por la apertura de las importaciones, que tuvo un pico simbólico esta semana con el cierre de Fate. A pesar de su narrativa, el modelo de Javier Milei perjudica a las empresas que no le venden a nadie y deben competir con productos que llegan de países que defienden a sus empresas.

La tensión en Pauny es evidente, luego que terminan las vacaciones de verano, donde la fábrica suele aflojar su producción. El 2025 terminó mal, con suspensiones y bajas de sueldos. Las políticas de libre importación de Milei le pegaron derecho. A diez cuadras de la planta de Pauny, una fábrica colega decidió dejar de producir para empezar a ensamblar tractores de menor porte que llegan de la India.

Mientras China e India inundan el mercado argentino de productos, porque sus Estados protegen a sus industrias, el gobierno de Milei es funcional a esas naciones al abrir las importaciones. El gobierno libertario no la ve pero la crisis de las empresas empieza a multiplicarse.

Una explosión se registró este jueves en la Escuela de Gendarmería Nacional y dejó al menos tres agentes heridos. La Justicia investiga lo ocurrido mientras se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.

Una explosión se produjo en las instalaciones de la Escuela de Gendarmería Nacional y como consecuencia resultaron heridos tres efectivos de la fuerza. El hecho generó un importante despliegue de personal de seguridad y equipos especializados en el lugar.

Según la información oficial, el estallido ocurrió cuando los agentes manipulaban un paquete que se encontraba dentro del predio. Tras la detonación, los efectivos fueron asistidos de inmediato y trasladados para su atención médica. Hasta el momento, se informó que se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos y especialistas en explosivos para asegurar la zona y recolectar elementos que permitan esclarecer lo sucedido. El área fue vallada de manera preventiva mientras avanzaban las tareas de inspección.

La investigación quedó en manos de la Justicia federal, que busca determinar las circunstancias en que se produjo la explosión y establecer responsabilidades. Por el momento no se brindaron detalles oficiales adicionales sobre el contenido del paquete ni sobre su procedencia.

El hecho generó preocupación dentro de la fuerza y motivó el refuerzo de los protocolos de seguridad en instalaciones similares, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas.

Las autoridades señalaron que se continuará informando a medida que avance la investigación y se obtengan datos concluyentes sobre el episodio.

¿Cuáles son los cambios que propone la reforma de Milei? Compartimos una reseña de los principales puntos según el sitio especializado en temas sindicales Infogremiales. 

Convenios por empresa

“Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”, dice la ley. Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.

Ultraactividad

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo.

Salario “dinámico”

Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Indemnizaciones 

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”. 

Sin embargo, se especifica que en las liquidaciones resarcitorias por despidos sin causa “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual».

Cancelación de sentencias judiciales por juicios 

Pago en hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual. La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez.

Fondo de Asistencia Laboral 

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos que se conformara con una contribución mensual del UNO POR CIENTO (1%) para las grandes empresas y DOS Y MEDIO PORCIENTO (2,5%) para las micro, pequeñas y medianas empresas”. “A cambio de esos aportes, las empresas recibirán el beneficio de descuentos en las contribuciones patronales que tienen destino a la Seguridad Social (ANSES)», dice la ley.

Banco de horas

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable. La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Vacaciones

Las vacaciones se otorgarán: entre 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente” y se podrán tomar en forma dividida con un plazo mínimo de 7 días. Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”. 

Pago en moneda local o extranjera

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

Antigüedad

“Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador”, establece el proyecto. “Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada”, dice la norma.

Sindicatos 

Tope del 2% en las cuotas solidarias. Asambleas sólo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con la autorización del empleador. Se les reconocerá a los delegados sindicales, para “el ejercicio de sus funciones”, un crédito de hasta DIEZ (10) horas mensuales retribuidas”.

Limitación al derecho de huelga

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como «servicios esenciales» (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).

Bloqueos

Serán consideradas «infracciones muy graves» cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas; 

Responsabilidad solidaria en la contratación de terceros

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios. “Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o a proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.

RIMI

Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Certificados médicos

Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable. 

Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica.

Nuevos empleos

Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales.

Plataformas

Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Impuestos 

Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios. Se eximen los intereses de plazos fijos en dólares y el resultado de la venta de inmuebles destinados a casa-habitación (desde 2026). Se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial.

Justicia Laboral 

Se establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

INCAA

Se posterga hasta el 2028 la eliminación del 10% de las entradas,  un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom, que financia el Instituto de Cinematografía.

Derogaciones

Derogación de la ley de teletrabajo y reemplazo por modalidades más flexibles. Derogación de estatutos específicos (como el Estatuto del Periodista Profesional) en un plazo de un año desde la sanción de la ley.

El pago de más de 720 millones de pesos en alquileres, un contrato por 114 millones adjudicado sin licitación a la institución que dirige su esposa y presunto tráfico de influencias son los ejes de una denuncia penal que vuelve a exponer la opacidad en el manejo de fondos públicos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que lo colocaron en el centro de un nuevo escándalo. Esta semana, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia ante la Justicia Federal no solo contra el ministro, sino también contra su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.

Según la presentación judicial, Sturzenegger autorizó el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera por un total superior a 720 millones de pesos. La cifra resulta particularmente sensible en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios promovidos por el propio gobierno.

A ese monto se suma un contrato por 114 millones de pesos que la Cancillería adjudicó de manera directa —sin licitación pública— a la AACI, institución dirigida por Rouillet, para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos. La denuncia señala que la contratación se realizó mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.

El escrito judicial identifica a Rouillet como presunta coautora del delito de defraudación por su rol como directora ejecutiva de la entidad beneficiada y por su vínculo con el ministro. También apunta contra funcionarios de la Cancillería que habrían intervenido en la adjudicación directa y contra Quirno, a quien se acusa de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, al haber defendido públicamente la contratación en redes sociales en lugar de impulsar una investigación interna.

En cuanto a Sturzenegger, la denuncia sostiene que no puede descartarse su intervención para favorecer a la entidad dirigida por su cónyuge, lo que configuraría un caso de tráfico de influencias. Además, se pidió investigar como “partícipes necesarios” a responsables de áreas técnicas y jurídicas que habrían avalado el procedimiento, así como a funcionarios vinculados a políticas de transparencia y ética pública.

El caso estalló luego de que el ministro promoviera y defendiera en medios el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad, lo que profundizó la controversia al contrastar su discurso de austeridad con los millonarios gastos cuestionados.

Durante el fin de semana largo, la AACI envió un comunicado interno a sus trabajadores intentando justificar la contratación directa, argumentando, entre otros puntos, la cercanía geográfica de sus oficinas con la sede de la Cancillería. También señalaron que, aunque mantienen vínculos contractuales con el Estado desde 2018, en 2025 no habían prestado servicios. Sin embargo, trascendió que ese año sí se habrían dictado cursos para un reducido grupo de agentes, mientras que para 2026 el esquema se amplió significativamente.

Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “plenamente” al ministro, a quien suele elogiar públicamente. No obstante, cerca del mandatario evitan responder por qué no se abrió una licitación pública ni explicar el alcance de los alquileres millonarios, decisiones que contradicen el discurso oficial de austeridad y el programa de “alquiler cero” promovido por el propio Gobierno.

La falta de respuestas claras y la sucesión de contrataciones directas bajo sospecha vuelven a instalar un interrogante central: ¿cómo se compatibiliza el discurso de transparencia y ajuste con prácticas que, al menos en apariencia, eluden los mecanismos básicos de control y competencia pública?

La iniciativa, impulsada por Javier Milei, obtuvo media sanción con modificaciones y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Con el respaldo de gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral y dio un paso clave en su estrategia parlamentaria. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo media sanción modificada y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El texto fue aprobado en general por 135 votos afirmativos contra 115 negativos. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, el MID y una serie de espacios provinciales que resultaron determinantes tanto para alcanzar el quórum como para sostener los artículos más controvertidos. El acompañamiento de legisladores alineados con mandatarios provinciales fue decisivo para garantizar el avance del proyecto.

El rol de los gobernadores

El oficialismo contó con el respaldo de diputados vinculados a los gobernadores Mario Pasalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, entre otros. Su intervención fue central para habilitar el debate y asegurar los números necesarios.

No obstante, hubo tensiones: algunos diputados que dieron quórum luego votaron en contra. Desde Unión por la Patria cuestionaron esa conducta. Máximo Kirchner criticó a legisladores que, pese a rechazar la ley en sus discursos, facilitaron el inicio de la sesión. También el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, adelantó que el peronismo impulsará su derogación si vuelve al poder.

El cambio clave: eliminación del artículo 44

Para asegurar los votos aliados, el oficialismo tuvo que acepar la eliminación del polémico artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por accidentes o enfermedades inculpables. Ese punto había generado polémica pública tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, lo que llevó a bloques dialoguistas a exigir su retiro.

La supresión de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que Diputados introdujo modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción.

Principales ejes de la reforma

Pese a la eliminación del artículo 44, el proyecto mantiene puntos centrales:

• Convenios colectivos: prioridad de acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo para financiar indemnizaciones con aportes empresariales.
• Indemnizaciones por despido: mantiene un mes por año trabajado, pero excluye conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo y establece topes.
• Vacaciones: habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días.
• Banco de horas: permite compensar horas extras mediante acuerdos escritos.
• Trabajadores de plataformas: crea la figura del repartidor independiente, estableciendo que no constituye relación laboral.
• Derecho a huelga: amplía el listado de servicios esenciales y fija niveles mínimos de prestación.
• Blanqueo laboral: contempla quitas de hasta 70% en deudas previsionales y reducción de cargas para nuevos trabajadores registrados.

Con la media sanción modificada, el oficialismo apuesta a que el Senado convalide rápidamente los cambios para convertir la reforma en ley y consolidar una victoria legislativa antes del discurso presidencial de apertura de sesiones.

En un contexto de caída sostenida y señales cada vez más preocupantes para el sector, Stellantis anunció que frenará nuevamente las operaciones de su planta de El Palomar hasta marzo, profundizando el cuadro de crisis que atraviesa la industria automotriz argentina.

La automotriz —la única que mantiene dos fábricas en el país— justificó la medida en “tareas de mantenimiento y readecuación operativa”. Sin embargo, el parate vuelve a exponer el delicado momento productivo. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Las operaciones estarán suspendidas entre el 18 y el 27 de febrero, con regreso previsto para el lunes 2 de marzo. Durante ese lapso, la empresa realizará tareas de mantenimiento y buscará “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, en un escenario atravesado por dificultades logísticas y tensiones en la cadena de abastecimiento.

El impacto sobre los trabajadores vuelve a ser significativo. Según informó la compañía, durante los días sin actividad “el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales”, en el marco del acuerdo colectivo vigente firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica. La reducción salarial parcial se suma a un esquema de suspensiones que ya se había aplicado en diciembre, cuando la planta adelantó vacaciones para todo el personal y permaneció paralizada hasta el 5 de enero.

Stellantis también opera otra fábrica en Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota. Allí el receso fue de 15 días en diciembre, confirmando que el freno productivo no es aislado sino parte de un ajuste más amplio.

Siete meses de caída y el peor inicio desde 2020

El parate se produce en medio de un deterioro persistente. Según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), en enero de 2026 se fabricaron 20.998 vehículos, un 20,7% menos que en diciembre y 30,1% por debajo de enero de 2025, cuando se habían producido 30.058 unidades.

La industria acumula siete meses consecutivos de caída y registró el peor comienzo de año desde 2020. Si bien desde la entidad atribuyeron parte del retroceso a factores logísticos, menor cantidad de días hábiles y concentración de vacaciones en enero, los números reflejan una contracción más profunda.

El 2025 cerró con 490.876 vehículos producidos, un 3,1% menos que el año anterior. Las exportaciones, con 280.589 unidades, cayeron 10,8%, afectando uno de los principales motores del sector. En contraste, la venta de autos importados se disparó 47,8% interanual, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, evidenciando la creciente presión competitiva sobre la producción local.

En este escenario, las nuevas suspensiones en El Palomar no aparecen como un hecho aislado ni meramente “estacional”, sino como un síntoma más del agravamiento de la crisis automotriz, que combina caída de producción, retroceso exportador, mayor penetración de importados y un impacto directo sobre el empleo y los salarios del sector.

Con un comunicado, la Unión Industrial Argentina expresó su “gran preocupación ante el anuncio del cierre de la planta de neumáticos Fate, una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales”.

Luego, la UIA recordó que “a noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años. El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado”, le advirtieron al gobierno de Javier Milei. “Es fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”, explicaron.

“La experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”, exigieron.

Por último, los industriales advirtieron: “Queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno. Cuando esas condiciones no existen, la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas”.

La crisis en la industria comenzó a mostrar su dimensión estructural del modelo económico de Javier Milei y a impactar en empresarios que hasta hace poco festejaron con bombos y platillos el proyecto libertario. Es el caso de Joaquín de Grazia, el dueño de Granja Tres Arroyos, que salió públicamente a defender la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y ahora quedó de cara al precipicio por el ingreso de pollos de Brasil.

A diferencia de la dictadura y el menemismo, modelos similares al de Milei, ahora no se salvan ni las grandes empresas, como si ocurrió en aquellos períodos. Ahora, grandes empresas están al borde del colapso por el aumento indiscriminado de importaciones.

La crisis ahora afecta a la producción avícola y la principal procesadora de pollos del país Granja Tres Arroyos, atraviesan un panorama crítico por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo importado desde Brasil a precios que el mercado local no logra igualar.

A fines del año pasado, la empresa de de Grazia enfrentó dificultades para para pagar salarios, pero el conflicto se controló en enero cuando se normalizaron los pagos. A pesar de todo, el empresario defendió públicamente las políticas de Milei.

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el cierre de FATE es consecuencia directa del actual esquema económico y alertó que la crisis que atraviesa el sector manufacturero “no es un hecho aislado”, sino parte de un proceso que ya provocó la pérdida de 65.000 puestos de trabajo industriales en el país.

En un comunicado público, la entidad empresaria expresó que “lamenta profundamente” la decisión de la histórica fabricante de neumáticos y subrayó que su salida del mercado implica la pérdida de empleo, conocimiento y entramado productivo. Pero el eje del mensaje apuntó más allá de la empresa: “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”, señaló la UIA.

La central fabril puso el foco en la sobrecapacidad global y en prácticas comerciales desleales —especialmente provenientes de Asia— que, combinadas con la apertura importadora local, generan una presión creciente sobre la producción nacional. En ese contexto, el caso de la industria del neumático aparece como uno de los más afectados por la caída de precios y el aumento de las importaciones.

La planta de San Fernando producía cerca de cinco millones de neumáticos al año y empleaba a más de 900 trabajadores. Su cierre deja el mercado en manos de multinacionales como Bridgestone y Pirelli, marcando la salida del principal fabricante nacional del sector tras más de ocho décadas de actividad.

El impacto político y empresarial es aún mayor por el peso de su propietario, Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, única productora de aluminio primario del país. En el mundo industrial, la decisión fue interpretada como un punto de inflexión: cuando un empresario de esa magnitud deja de producir, el mensaje alcanza a todo el entramado fabril.

El trasfondo del conflicto también se vincula con la reciente eliminación del arancel del 80,14% a las chapas de aluminio provenientes de China, una medida que impacta de lleno en Aluar y que fue leída como otra señal de apertura en sectores considerados estratégicos. Para los industriales, la baja de barreras puede abaratar insumos aguas abajo, pero debilita al único productor nacional aguas arriba.

Lamentamos profundamente el cierre de la planta FATE, empresa nacional que durante décadas generó empleo, tecnología y valor. 
No es un hecho aislado: en dos años la industria perdió casi 65 mil puestos, en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada.…

— UIA (@UIAok) February 18, 2026

Días antes del comunicado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había recibido a la conducción de la UIA, encabezada por su presidente, Martín Rappallini. La entidad planteó medidas para sostener la actividad —como la reactivación del programa Ahora 12 y esquemas de alivio fiscal—, pero no hubo anuncios concretos. El mensaje oficial apuntó a la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

Aunque el tono del comunicado fue moderado, puertas adentro el diagnóstico es más severo: la apertura importadora funciona como ancla de precios, pero con efectos contractivos sobre la producción. Entre 2023 y 2025 las importaciones crecieron con fuerza mientras el índice de producción industrial acumuló una caída cercana al 4%. En el caso de los neumáticos, las compras externas subieron 34,8%, mientras los precios retrocedieron con fuerza, reflejando la presión competitiva sobre la industria local.

Para la UIA, el cierre de FATE sintetiza un cambio de etapa. La discusión ya no gira solo en torno a la competitividad o los costos, sino al sentido del modelo económico y a la viabilidad misma de la producción nacional bajo el actual esquema.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y advirtió que “las empresas y los puestos de trabajo caen como moscas”, al encabezar la reapertura del Museo Casa de Perón en Lobos.

Durante el acto en el histórico espacio dedicado a Juan Domingo Perón, Kicillof definió el lugar como “cargado de símbolos, de historia y también de injusticias históricas”, y aprovechó la ocasión para cuestionar con firmeza el rumbo económico nacional.

El mandatario provincial se refirió especialmente al cierre de FATE y lo calificó como “un día doloroso para nuestra provincia y para el país”. “Hoy amanecimos viendo el cierre de una empresa emblemática, FATE. Es un día doloroso”, sostuvo, al tiempo que vinculó la situación con las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Tenemos un Gobierno nacional enfermo. Cada familia que pierde su trabajo y cada empresa que cierra es un dolor para nosotros”, afirmó con contundencia. Y remarcó: “FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles, pero no sobrevivió a Milei”.

En su discurso, Kicillof insistió en que el actual modelo económico impacta de lleno en la producción y el empleo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y planteó que el cierre de industrias emblemáticas es una señal alarmante del deterioro del entramado productivo nacional.