Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual del 6,2% y opera con apenas 40,6% de utilización de su capacidad instalada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

El dato resulta especialmente alarmante porque la metalurgia funciona como uno de los principales termómetros del entramado productivo nacional. Su retroceso no sólo evidencia el freno de la producción, sino que anticipa mayores dificultades para rubros estratégicos como la construcción, la industria automotriz y la maquinaria agrícola. Actualmente, la actividad se ubica 17,9% por debajo de sus máximos recientes y en niveles similares a los registrados durante la pandemia.

La caída del uso de la capacidad instalada —que descendió cuatro puntos respecto de diciembre, cuando se ubicaba en 44%— confirma la magnitud del deterioro. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtió la entidad empresaria.

El derrumbe del sector se produce en un contexto crítico para la industria nacional. Esta semana la crisis quedó expuesta con el cierre de Fate, uno de los principales fabricantes de neumáticos del país, que cesó sus operaciones y dejó sin empleo a 920 trabajadores en medio de la caída de ventas y el avance de las importaciones chinas.

En enero ningún subsector logró escapar a la contracción. Fundición encabezó las bajas con un desplome del 17,8%, seguida por Autopartes (-8,5%), Carrocerías y Remolques (-6,8%), Equipo eléctrico (-5,5%) y Maquinaria Agrícola (-3,4%). El retroceso generalizado confirma que la crisis no es sectorial sino estructural.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, alertó que “la actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación”. También advirtió que el elevado nivel de importaciones, combinado con un consumo interno en retroceso, configura un escenario “nocivo y preocupante” para la producción nacional y el empleo.

El impacto ya se refleja en el mercado laboral: en enero el empleo metalúrgico cayó 2,7% interanual y 0,3% respecto de diciembre. Así, el derrumbe de la metalurgia se consolida como otro duro indicador de la recesión general que golpea a la industria argentina y profundiza la incertidumbre sobre la recuperación del aparato productivo.

Fate es Fábrica Argentina de Telas Engomadas, una empresa de capitales argentinos que producía neumáticos en el país. La fábrica producía neumáticos de autos, camionetas, camiones y hasta maquinaria agrícola.

Creada en 1940, desarrolló una planta gigante en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Hasta 2023 tuvo casi 3000 empleados. Por las políticas de apertura de importaciones de Javier Milei achicó su plantel hasta los 1500 actuales. Todos fueron despedidos hoy.

FATE pertenece a la familia Madanes Quintanilla, con historia en la industria argentina. Lograron resistir a las políticas anti-industriales de Martínez de Hoz y del menemismo pero cerraron con Milei. Estaba trabajando al 30% de sus posibilidades hace un año por la apertura de importaciones.

El Banco Santander confirmó el cierre de más de 30 sucursales en todo el país y puso en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, en medio de una reestructuración que genera inquietud entre sindicatos y sectores laborales.

El grupo financiero Banco Santander comunicó el cierre definitivo de más de 30 sucursales en diversas localidades de Argentina, lo que pondrá en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, según informaron desde la entidad.

La medida forma parte de un plan de reestructuración que elaboró la empresa, que implicará el cese de operaciones en varias sucursales de su red de atención al público. Hasta ahora, la entidad explicó que los cierres se inscriben en un proceso de ajuste de su estructura física, con traslado de servicios hacia modalidades no presenciales.

Las sucursales afectadas se ubican en distintas provincias del país, aunque la empresa no detalló los lugares ni el cronograma completo de los cierres. La decisión fue comunicada a los trabajadores y generó inquietud entre el personal y los sectores que analizan el impacto de la medida en el empleo formal del sector financiero.

Según lo que trascendió, la compañía justificó el cierre de sucursales en base a una supuesta reorganización por las nuevas dinámicas del mercado y al uso creciente de canales digitales por parte de los clientes, lo que habría reducido la demanda de atención presencial en algunas oficinas. No obstante, la noticia encendió alarmas entre organizaciones laborales y sectores vinculados al empleo bancario.

El cierre de sucursales bancarias representa una tendencia observada en varias entidades en los últimos años, aunque la magnitud de la decisión del Santander hizo que la situación tuviera un impacto inmediato en la discusión sobre el futuro del trabajo en el sector y las condiciones de estabilidad laboral de los empleados afectados.

Con más de 30 oficinas fuera de servicio y casi 500 trabajadores en una situación de incertidumbre, la reestructuración del Banco Santander se suma a una serie de ajustes en otros sectores de la economía que vienen generando preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo y la precarización de los empleos formales.

En plena discusión por la reforma laboral, el oficialismo salió a cuestionar a Sturzenegger por el polémico contrato vinculado a su esposa y por su rol en el diseño de las licencias incluidas en el proyecto.

En medio del debate por la reforma laboral, el Gobierno puso el foco en Federico Sturzenegger por un contrato relacionado con su esposa que generó ruido interno y abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial y ciertas decisiones administrativas. El señalamiento se da mientras el Ejecutivo intenta blindar la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Desde sectores del oficialismo dejaron trascender su malestar por el impacto político del caso y por el momento elegido, justo cuando el proyecto laboral enfrenta resistencias en el Congreso y críticas de sindicatos y gobernadores. La polémica gira en torno a un contrato que habría beneficiado al entorno familiar del economista, lo que desató reproches dentro del propio espacio.

El conflicto no se limitó a ese punto. También surgieron cuestionamientos sobre el diseño de las licencias contempladas en la reforma laboral, un aspecto sensible del proyecto que ya había generado debate público. En ese marco, algunos funcionarios deslizaron que determinadas decisiones técnicas podrían terminar complicando la estrategia parlamentaria.

La situación dejó al descubierto fricciones dentro del oficialismo, que intenta mostrarse cohesionado frente al tratamiento legislativo pero exhibe diferencias en la trastienda. El episodio se suma a otras tensiones que atravesaron el armado libertario en las últimas semanas.

Mientras la reforma laboral avanza hacia Diputados, el Gobierno busca evitar que la controversia escale y afecte las negociaciones políticas necesarias para su aprobación definitiva. Sin embargo, el ruido interno ya forma parte del escenario.

La disputa alrededor de Sturzenegger no sólo expone una discusión puntual sobre un contrato o sobre el alcance de las licencias laborales, sino también las dificultades del oficialismo para sostener un relato de transparencia y orden en medio de una agenda legislativa cargada y políticamente sensible.

La empresa comunicó el cierre de su histórico taller en la localidad de San Fernando, dejando sin trabajo a cerca de mil empleados.

La fábrica de neumáticos Fate confirmó que cerrará de manera definitiva su planta ubicada en San Fernando, poniendo fin a décadas de actividad productiva y dejando a casi mil trabajadores sin empleo. La empresa atribuyó la medida a la fuerte crisis que azota la industria argentina que terminó de hundir la demanda y a la inviabilidad económica de mantener operativas sus líneas de producción.

La noticia generó una enorme preocupación en los sindicatos y en los trabajadores de la planta, que recibieron la confirmación del cierre por parte de las autoridades de la compañía tras varias semanas de incertidumbre. El impacto social de la medida se siente de inmediato en una región donde la industria manufacturera ya enfrenta una marcada retracción de la producción y del empleo formal.

Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, explicó que el contexto económico, la falta de competitividad en el mercado interno y las condiciones de costos operativos llevaron a la decisión de cesar las actividades en el taller de San Fernando. La compañía señaló que evaluó distintas alternativas, pero que finalmente la decisión fue inevitable.

Desde los gremios locales criticaron con dureza la medida, describiéndola como un golpe directo al empleo en la industria y un retroceso para el sector productivo argentino. Los representantes sindicales adelantaron que buscarán instancias de diálogo con el Gobierno nacional y provincial para explorar posibilidades de sostener fuentes de trabajo y mitigar el impacto social de los despidos.

La planta de San Fernando fue un símbolo de la producción industrial del país durante décadas, y su cierre no sólo significa la pérdida de puestos laborales, sino también el deterioro de una cadena productiva que ya venía golpeada por años de estancamiento y caída de la actividad fabril.

El anuncio de Fate se suma a otros cierres y achiques productivos registrados en los últimos meses, en un contexto de caída de la actividad económica y presión sobre los costos que afecta a múltiples ramas de la industria manufacturera.

Con la confirmación del cese definitivo de operaciones y la salida de cerca de mil trabajadores, se abre un capítulo más en la crisis del empleo industrial, poniendo nuevamente sobre la mesa la urgencia de políticas que protejan el trabajo productivo y frenen la desindustrialización.

En plena votación de la reforma laboral, la legisladora apareció con unas gafas inteligentes modelo Ray-Ban Meta que incorporan funciones de inteligencia artificial, capaces de grabar, traducir y reproducir audio en tiempo real.

Lejos de tratarse de un detalle anecdótico, el episodio reavivó cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Diversos asistentes señalaron que la senadora habría utilizado el dispositivo como apoyo para leer o recibir indicaciones durante su exposición, lo que abrió un debate incómodo: ¿es compatible el uso de tecnología “asistida” con la responsabilidad de intervenir en un debate parlamentario de manera autónoma y transparente?

Más allá de la legalidad estricta —ya que no existe una prohibición expresa sobre este tipo de dispositivos— el hecho pone en discusión la coherencia entre el discurso político y la práctica. En un recinto donde se exige preparación, solvencia y claridad argumentativa, el recurso a herramientas que permiten “machetearse” en tiempo real debilita la credibilidad institucional y proyecta una imagen de improvisación encubierta por tecnología.

El episodio generó bromas y comentarios en redes sociales, pero también un trasfondo más serio: la falta de reglas claras sobre el uso de dispositivos con inteligencia artificial en espacios de deliberación pública. En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor transparencia, la escena dejó una pregunta abierta sobre los límites éticos del uso de tecnología en la política y el ejemplo que ofrecen quienes ocupan cargos de representación.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso enfático contra “la casta”, los privilegios y los vínculos entre política y negocios, un nuevo contrato estatal vuelve a poner en tensión esa narrativa con los hechos concretos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalentes a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020 y, según consta en el expediente oficial, fue quien preparó la propuesta presentada al Ministerio. La contratación se realizó bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad y, debido al vínculo matrimonial con un ministro nacional, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó asentado que la Declaración Jurada de Intereses arrojó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un integrante del gabinete nacional. La OA encuadró formalmente la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet. Como “mecanismo adicional de transparencia”, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI.

Números polémicos

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal de los pasos administrativos, los números también alimentan la controversia. El contrato prevé 594 horas presenciales de capacitación entre marzo y noviembre, lo que implica un costo de $191.993 por hora cátedra.

Al compararlo con valores oficiales de referencia, las diferencias son significativas:

• Una “Hora cátedra sin antigüedad” se abona actualmente $43.800,36, lo que implica que Cancillería pagará $148.193 adicionales por hora (un 338% más).
• Incluso frente a una “Hora cátedra con mayor antigüedad”, valuada en $64.289,67, la diferencia asciende a $127.703 por hora (198% por encima del salario tope docente).

La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

Además, el portal oficial registra una contratación previa entre Cancillería y la AACI en 2024 por $55.388.180 para un curso de capacitación, lo que refuerza la continuidad del vínculo contractual entre el Ministerio y la institución dirigida por la esposa del ministro.

En el plano político, la senadora nacional Juliana di Tullio anunció que denunciará en Comodoro Py tanto a Sturzenegger como a Rouillet por considerar “irregular” la contratación.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, al momento de la apertura se registró una única oferta: la de la propia entidad dirigida por Rouillet.

Así, aunque el procedimiento incluyó controles formales y la firma de un Pacto de Integridad, la adjudicación expone una tensión evidente entre el discurso oficial de combate a los privilegios y la decisión de otorgar un contrato millonario a una institución conducida por la esposa de un ministro clave del gabinete. El contraste entre la retórica contra la “casta” y las prácticas de contratación pública vuelve a quedar bajo escrutinio.

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró al 2,4% en las últimas cuatro semanas. El principal impulso provino de las subas en carnes, producto que también lideró los aumentos de la segunda semana de febrero. Se empieza a comprender el por qué de la manipulación del INDEC de Javier Milei.

La consultora LCG reportó que en los segundos siete días del mes en curso el precio de los alimentos creció 1%. Si bien hubo una desaceleración respecto de la semana previa (+2,5%), se trató de la segunda cifra más alta desde noviembre.

Desde abril del año pasado, la inflación no para de subir cada mes y en enero de este año terminó en casi 3%. Además, el gobierno libertario decidió no cambiar la metodología del INDEC porque sabía que el descontrol de precios podía ser todavía peor. Según trascendió, la inflación mensual real está subiendo al 3,5% mensual.

El INDEC informó que en diciembre la utilización de la capacidad manufacturera se ubicó en 53,8%, reflejando un deterioro tanto mensual como interanual. Es el peor número en 21 meses y se emparenta con lo sucedido en pandemia, cuando había restricciones para la circulación de personas. 

Según del organismo público, el dato implica una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, cuando el indicador había marcado 56,7%, y confirma que casi la mitad de la capacidad industrial permaneció ociosa al cierre del año. Los datos hablan del modelo de Javier Milei que no tiene a la industria nacional en el centro de su política económica. 

Entre los sectores con mayor nivel de utilización se destacaron refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). En este último rubro, el buen desempeño estuvo traccionado por un incremento de 11,9% interanual en la producción de acero crudo, según informó la Cámara Argentina del Acero.

En el otro extremo, la industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad; caucho y plástico al 33,4%; textiles al 35,2%; y metalmecánica —excluida la automotriz— al 38,9%. En metalmecánica pesó especialmente la fuerte caída en la producción de electrodomésticos (-43% interanual) y maquinaria agropecuaria (-22,9%), mientras que en caucho y plástico se destacó el desplome de neumáticos (-57,3%).

El dato, informado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), confirma una tendencia de deterioro sostenido que ya no puede explicarse solo por cambios culturales en la dieta, sino por una combinación de menor producción, precios en alza y una oferta interna cada vez más restringida.

Según la entidad, la producción de carne vacuna alcanzó en enero las 239 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una contracción interanual del 10% (-26,6 mil toneladas), producto de un muy bajo nivel de faena. En paralelo, las exportaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios: 57 mil toneladas res con hueso, apenas 1% más que en enero de 2025. En términos absolutos, fueron 560 toneladas más que un año atrás.

En este contexto, el consumo aparente en el mercado interno se desplomó 13% interanual, lo que equivale a 27,1 mil toneladas menos disponibles para los hogares argentinos. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó también en 47,9 kilos por habitante al año, 0,5% por debajo del promedio registrado un año atrás, consolidando el piso más bajo en dos décadas.

El retroceso del consumo coincidió además con nuevas subas de precios. En enero, cuatro de los cinco cortes relevados por el INDEC aumentaron por encima de la inflación mensual (2,8%): el asado subió 5,6%; el cuadril y la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1%. Solo la paleta quedó levemente por debajo, con un 2,6%. Es decir, en un escenario de ingresos erosionados, la carne volvió a encarecerse por encima del promedio general de precios.

Desde CICCRA explicaron que el bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna responde a una tendencia que se arrastra desde hace años. La faena de enero de 2026 ocupó el puesto 36 entre los últimos 47 eneros, un indicador elocuente del enfriamiento del sector. En total, se faenaron 1,014 millones de cabezas, 11,8% menos que en enero de 2025 y 16,1% por debajo del mes previo, ajustado por días laborables.

Las causas productivas también pesan: la fuerte sequía entre 2021/22 y 2023/24 y las inundaciones de 2024 y 2025 generaron ventas anticipadas de hacienda, reducción de existencias y deterioro del índice de preñez, con menores zafras de terneros. El resultado fue una tendencia contractiva de la faena durante los últimos dos años, con 20 bajas interanuales consecutivas.

Sin embargo, mientras la producción se retrae, las exportaciones se sostienen. En un escenario de menor oferta, esa decisión impacta directamente sobre el mercado interno, que absorbe el ajuste vía menor consumo y mayores precios. Así, la caída en el consumo per cápita no solo refleja problemas productivos o climáticos, sino también una estructura de prioridades donde el mercado externo mantiene su dinamismo mientras la mesa de los argentinos pierde protagonismo.