En una entrevista con el medio estadounidense Politico, publicada este martes 9 de diciembre, el presidente Donald Trump volvió a encender la retórica imperialista de Washington al afirmar que consideraría expandir acciones militares a países como Colombia y México, usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, donde su gobierno ha desplegado recursos navales y ha intensificado operaciones contra lo que denomina “narcolanchas” vinculadas a Venezuela. Trump insiste en asociar estas acciones al combate contra el llamado Cartel de los Soles, organización con la que relaciona directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro aunque sin evidencias concretas.

Consultado sobre si estaría dispuesto a llevar una ofensiva militar más allá de Venezuela y apuntar hacia Colombia y México, Trump respondió sin titubeos: “Claro que lo haría”, dejando ver su disposición a intervenir en territorio latinoamericano bajo la bandera de la seguridad nacional estadounidense.

A pesar de decir que impulsa una “agenda de paz”, el mandatario subrayó que no descarta el uso de la fuerza para atacar presuntos objetivos vinculados al narcotráfico en la región, lo que reaviva los temores históricos de intervencionismo militar estadounidense en América Latina.

Las recientes declaraciones han generado preocupación entre los gobiernos latinoamericanos, particularmente ante un despliegue naval estadounidense que se ha fortalecido desde el 19 de agosto, acompañado de operaciones en aguas cercanas a Venezuela durante septiembre. Todo esto ocurre mientras Washington mantiene abierta la amenaza de una intervención directa contra Maduro, por cuya captura ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Aunque Trump se negó a confirmar si ordenaría un despliegue terrestre en Venezuela, evitó descartar dicha posibilidad. “No quiero hablar de estrategia militar”, dijo, pero al ser presionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, se limitó a advertir que “sus días están contados”.

Maduro responde ante la presión estadounidense

En contraste con la escalada retórica de Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció nuevas metas de su llamado “Plan 2026”, enfocado en la defensa nacional y la construcción de una “patria pacífica y próspera”.

Durante un encuentro con su gabinete, Maduro recalcó la necesidad de fortalecer la seguridad, reforzar la defensa territorial y consolidar la “batalla comunicacional” frente a lo que el Gobierno chavista describe como amenazas militares y campañas de desinformación provenientes de Estados Unidos.

Según Maduro, el fortalecimiento de equipos de comunicación y defensa en las más de 5.000 zonas comunales del país será clave para contrarrestar lo que considera una guerra psicológica impulsada desde el exterior.

La frase, pronunciada durante el programa Multiverso Fantino por Neura Media, generó un rechazo inmediato, convirtiéndose en uno de los episodios más repudiados de las últimas semanas.

Una nueva polémica estalló en redes sociales luego de que un militante libertario afirmara en vivo que estaría dispuesto a vender las Islas Malvinas si la oferta económica fuera conveniente. La frase, pronunciada durante el programa Multiverso Fantino por Neura Media, generó un rechazo inmediato y transversal, convirtiéndose en uno de los episodios más repudiados de las últimas semanas.

Lo que comenzó como un debate teórico sobre soberanía y venta de tierras derivó rápidamente en indignación. Alejandro Fantino había planteado un escenario hipotético sobre la posibilidad de vender “un millón de hectáreas en la Argentina a un extranjero”. Mientras casi toda la mesa descartó la idea de manera tajante —incluso con respuestas como “ni loco”—, la discusión escaló cuando otro panelista llevó el planteo al extremo: ¿qué pasaría si el comprador fuera el Gobierno británico y el territorio en cuestión fueran las Malvinas?

La frase que desató el rechazo

En ese momento, Ozzy Lescano, el joven militante libertario del panel, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al justificar la venta de territorio soberano. “Esto pasó históricamente en un montón de lugares, como en Alaska, Estados Unidos”, argumentó, comparando la compra estadounidense a Rusia con el conflicto del Atlántico Sur.

Fantino intentó frenarlo con un “Pensá, Ozzy, pensá”, pero Lescano insistió, afirmando que la compra y venta de territorios “es algo que pasa históricamente y en todo el mundo”. Al ser interrogado directamente sobre si él aceptaría vender las islas —“¿Vos lo agarrás?”—, respondió sin titubeos: “Si es negocio, lo pienso.”

La frase fue inmediatamente repudiada por sus compañeros en el estudio y se viralizó en redes sociales, donde recibió críticas masivas por relativizar un tema profundamente sensible para la memoria y la soberanía argentinas.

La omisión, considerada grave dentro del servicio exterior, obligó a retirar la pieza a los pocos minutos de su publicación tras una oleada de críticas e insultos en redes sociales.

El primer logo presentado por la Cancillería bajo la gestión de Pablo Quirno desató un fuerte malestar en sectores diplomáticos, luego de que se advirtiera que el diseño no incluía a las Islas Malvinas ni a la Antártida. La omisión, considerada grave dentro del servicio exterior, obligó a retirar la pieza a los pocos minutos de su publicación tras una oleada de críticas e insultos en redes sociales.

El diseño, difundido desde la cuenta oficial de Cancillería, mostraba un planisferio como fondo. Sin embargo, en ese mapa no figuraban dos territorios de enorme sensibilidad geopolítica para la diplomacia argentina: las Malvinas y la Antártida. La situación fue interpretada por muchos funcionarios como un traspié que revela la falta de atención del nuevo ministro a temas centrales de la política exterior.

Tras las críticas, el logo fue modificado de urgencia. En el nuevo diseño, los laureles y el escudo —que en la versión original tapaban precisamente los territorios faltantes— pasaron a cubrir parte de Europa y África, aunque sin tocar a China. Esta reconfiguración, lejos de calmar los ánimos, alimentó la percepción de que el error inicial no había sido del todo inocente.

Dentro de Cancillería la inquietud creció aún más debido a que la embajadora en Londres, Mariana Plaza, es señalada como impulsora de la llamada “doctrina Plaza”, una línea interna que promueve un acercamiento con las autoridades de ocupación británicas y que algunos interpretan como un giro que debilita el reclamo argentino sobre Malvinas.

Hechos con Chat GPT

El episodio ocurrió en el marco de la publicación de nuevos escudos ministeriales para celebrar los dos años de gestión mileísta, una iniciativa inspirada en tradiciones estadounidenses. Sin embargo, varios de estos diseños —criticados por su estética improvisada y comparados con trabajos hechos con la versión gratuita de ChatGPT— también fueron blanco de burlas.

El Ministerio de Desregulación replicó dos antorchas similares a la que porta la Estatua de la Libertad, mientras que Seguridad incorporó un águila calva, especie que no habita en la Argentina y que solo puede encontrarse en el hemisferio norte, hasta Puerto Rico. Observadores remarcaron que el país cuenta con otras especies autóctonas de águilas, como el Águila Mora, el Águila Coronada —en peligro de extinción—, la Harpía y varias variedades de águilas copetonas.

En diálogo con Bloomberg, el empresario sostuvo que es necesario que el Estado intervenga y fije normas claras para que la compañía pueda competir en condiciones equilibradas.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, volvió a encender el debate sobre la competencia con las plataformas chinas Shein y Temu, cuyo crecimiento explosivo en Argentina está impulsado por precios muy bajos y envíos rápidos. En diálogo con Bloomberg, el empresario sostuvo que es necesario que el Estado fije normas claras para que la compañía pueda competir en condiciones equilibradas.

Durante la entrevista, Galperin fue contundente al señalar la asimetría regulatoria:
“Se podría argumentar que es injusto para el gran minorista que declara y paga impuestos”, afirmó, en referencia a la ventaja que tendrían las plataformas chinas al operar bajo regímenes que les permiten ingresar mercancía de bajo costo con controles más laxos. Si bien aclaró que no le corresponde a Mercado Libre presionar a los gobiernos, dejó explícito su pedido de que las autoridades intervengan para “corregir estas diferencias”.

Las declaraciones de Galperin profundizan un reclamo que ya había sido planteado un mes atrás por Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en Argentina. De la Serna alertó que la llegada masiva de productos baratos desde China puede “socavar el tejido productivo local” y afectar el empleo, por lo que exigió un marco regulatorio igual para todos, que ponga en pie de igualdad a los vendedores locales y a las plataformas internacionales.

Mientras países de la región como México, Chile y Uruguay avanzaron con medidas para controlar las importaciones de bajo valor, Argentina todavía no implementó regulaciones específicas para este tipo de operaciones.

Bloomberg recordó que Mercado Libre cuenta hoy con una capitalización cercana a los US$105.000 millones y presencia en 18 países, operando bajo normativas, monedas e impuestos diversos. Además, Mercado Pago busca obtener licencias bancarias tanto en Argentina como en otros mercados para fortalecer su integración al sistema financiero.

La mayoría gana menos de un millón de pesos mensuales, muy por debajo de la Canasta Básica Total, que ya supera los $1,2 millones.

Un nuevo informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires revela un dato alarmante que sintetiza la profundidad de la crisis social: el 72% de los trabajadores argentinos —formales e informales— percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. La mayoría gana menos de un millón de pesos mensuales, muy por debajo de la Canasta Básica Total, que ya supera los $1,2 millones.
No se trata de una estadística aislada, sino de la confirmación de que la pobreza se ha convertido en la condición dominante incluso entre quienes cuentan con empleo.

El estudio muestra que la figura del “trabajador pobre” dejó de ser marginal para transformarse en un rasgo estructural del mercado laboral. Incluso dentro del empleo formal, el 58% de los asalariados no alcanza a cubrir la canasta básica, y uno de cada cinco empleados de jornada completa vive en condiciones de pobreza. En el universo informal y cuentapropista, el panorama es aún más grave: casi el 90% no llega al umbral necesario para cubrir gastos esenciales, evidenciando que la precariedad salarial es generalizada y transversal.

Un modelo económico que empuja a la mayoría hacia abajo

Según el informe, esta situación es resultado directo de un programa económico centrado en el ajuste fiscal, con una fuerte caída del poder adquisitivo y aumentos descontrolados en precios básicos y tarifas. Los investigadores advierten sobre la expansión de la “pobreza residencial”, impulsada por el tarifazo en servicios públicos: el gasto en luz, gas y agua pasó del 4% del salario mediano en 2023 al 11% en 2025, un salto que pulveriza cualquier margen de estabilidad.

Ante ingresos insuficientes, crece el recurso desesperado del pluriempleo. El 12% de los ocupados ya tiene más de un trabajo, una estrategia de supervivencia que alcanza incluso a asalariados formales y revela que el empleo dejó de ser una vía de movilidad social para convertirse en una herramienta apenas suficiente para no hundirse más.

Un país donde trabajar ya no protege de la pobreza

Las conclusiones del informe de la UBA ponen en evidencia las prioridades del gobierno: mientras se implementa un ajuste que profundiza la caída del consumo y erosiona los ingresos populares, la economía argentina se consolida como un modelo donde trabajar no garantiza salir de la pobreza. Para la mayoría, el empleo sirve únicamente para administrar la escasez, no para superarla.

Lejos de la frialdad de las planillas fiscales, la consecuencia es contundente: un país de trabajadores empobrecidos por decisiones políticas que desprotegen a quienes sostienen la economía con su esfuerzo diario.

De acuerdo con la consultora Equilibra, el IPC Nacional subió 2,5% en noviembre. La consultora desagrega el dato: los precios Regulados aumentaron 3,3%, el componente núcleo trepó 2,4%, y la carne se destacó con un salto del 4,5%, que arrastró al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas al 2,8%. 

La lectura de Econviews va en la misma dirección. Su último relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó una suba del 1% en la primera semana de diciembre, con aumentos de 2,2% en carnes y 1,6% en verdulería. En las últimas cuatro semanas, la canasta de alimentos y bebidas acumuló 3,6%, lo que muestra que la dinámica inflacionaria no se detiene.  

Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene planchado los salarios de los trabajadores, la inflación no dea de horadar cada mes el poder adquisitivo de millones de personas que necesitan salarios muy altos para no ser pobres. Todo mientras el INDEC se niega a actualizar su metodología porque sabe que la inflación es más alta de la que dicen sus cifras actuales porque no se ponderan correctamente los servicios públicos, que no paran de crecer hace dos años.

El gobierno de Javier Milei está en plena celebración de la llegada de los F-16 como uno de los hechos más destacados de la política de Defensa de las últimas décadas.

Sin embargo, el gobierno todavía no aclaró cómo hará para mejorar la capacidad técnica para mantener pistas y hangares en condiciones para aviones de este tipo. No son pocos especialistas que hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado, que además no contarán con la tecnología para operar en las Islas Malvinas.

Pero hay más: el gobierno gastó 300 millones de dólares en la compra de los aviones a Dinamarca, cuando hay países como Rumania que adquirtió 18 naves similares pagando solo la logística del transporte, lo que le costó 20 millones. Es decir, compraron más aviones a un 10% del valor.

El Ejecutivo vuelve a optar por la confrontación y el ajuste mientras profundiza una reforma que recorta derechos.

Este martes 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro nacional y una movilización en el Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende imponer con aval de los gobernadores. Más adelante, la administración confirmó que descontará el día a quienes adhieran, una señal clara de que la estrategia oficial continúa siendo disciplinar a los trabajadores en medio de un clima social cada vez más tenso.

En el mismo tono, el oficialismo se mostró confiado en aprobar la reforma que incluye cambios profundos en indemnizaciones, horas laborales y mecanismos de contratación. A pesar de que el Ejecutivo repite que busca “modernizar” el mercado laboral, lo cierto es que el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata del “mayor ataque en democracia a los derechos laborales”, y responsabilizó a los gobernadores por acompañar un proyecto regresivo que consolida la precarización.

Con el mismo ímpetu, la medida de fuerza también reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y el freno al recorte del 10% de los trabajadores del Estado. Las áreas afectadas incluyen desde la CONEAU, ANSES y CONADIS, hasta organismos técnicos estratégicos como el INTA, el INTI y los entes de control energético. Para los gremios, el ajuste fiscal del Gobierno está vaciando instituciones fundamentales y debilitando la capacidad del Estado.

Más adelante, la conducción de ATE remarcó que el paro se desarrolla en todo el país, con epicentro en el Congreso desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los descuentos son una forma de “ordenar” la administración pública, aunque en los hechos la medida funciona como un castigo directo que busca desalentar la protesta en vísperas del debate parlamentario de la reforma.

En un contexto económico y político marcado por la recesión, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores vuelve a escalar. El Ejecutivo, lejos de abrir canales de diálogo, elige profundizar la tensión social y avanzar con una reforma laboral que, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, recorta derechos, precariza empleos y castiga a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

El Gobierno profundiza beneficios al agro mientras la macroeconomía continúa en extrema fragilidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ceder ante la presión del sector agropecuario y confirmó una nueva reducción de retenciones, presentada como un “alivio fiscal permanente”. El anuncio, hecho en X, llega mientras la economía real sigue sin señales de recuperación y con un Gobierno que insiste en presentar rebajas impositivas selectivas como un “camino claro”, pese al estancamiento productivo que atraviesa el país.

Más adelante, Caputo reiteró que la eliminación total de los derechos de exportación es una “prioridad” del presidente Javier Milei, aunque condicionada a unas “condiciones macroeconómicas” que nunca terminan de llegar. El discurso oficial promete alivio mientras la inflación persiste, el consumo se derrumba y la recaudación fiscal cae, lo que vuelve difícil sostener la idea de un sendero económico coherente.

Con el mismo ímpetu, el ministro aseguró que la baja busca “mejorar la competitividad” de un sector que ya concentra cerca del 60% de las exportaciones nacionales. Las entidades agroexportadoras venían exigiendo un recorte, especialmente sobre la soja. Sin embargo, las nuevas rebajas vuelven a exponer un patrón: un Gobierno que ajusta a casi todos los sectores pero concede beneficios fiscales al agro sin ofrecer una estrategia integral de desarrollo ni resolver los problemas estructurales que frenan la inversión.

En el mismo tono, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el anuncio bajo el mantra del “equilibrio fiscal”, aunque la medida aún debe formalizarse en el Boletín Oficial. Mientras tanto, la agroindustria reclama que sigue fuera del RIGI y que el país acumula quince años de estancamiento productivo en soja, con infraestructura deteriorada y dificultades financieras que el Gobierno no aborda. La baja de retenciones puede entusiasmar a algunos, pero difícilmente resuelva un modelo económico que no ofrece horizonte ni crecimiento sostenido.

La actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar un marcado retroceso en noviembre: cayeron 4,1% interanual a precios constantes, profundizando la tendencia negativa del consumo. El deterioro se sintió aún más en la comparación mensual desestacionalizada, donde la actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Pese a este panorama crítico, el acumulado de enero a noviembre registra una suba del 3,4%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), impulsado por un mejor desempeño en la primera parte del año.

Caídas generalizadas y sectores clave en rojo

Seis de los siete rubros relevados mostraron fuertes descensos interanuales, lo que evidencia que la contracción abarca prácticamente todo el espectro comercial. Las retracciones más severas se dieron en:

• Perfumería: -17% interanual
• Bazar y decoración: -9,7%
• Alimentos y bebidas: -5,9%

El único sector que logró escapar de las caídas fue Farmacia, con un leve avance del 1,8%, motorizado por factores estacionales.

En términos mensuales, el panorama fue todavía más preocupante: todos los rubros retrocedieron respecto de octubre. Perfumería encabezó el derrumbe con -14,6%, seguida por Calzado y Marroquinería (-12,9%).

Percepción comercial: más deterioro y clima de inversión adverso

La lectura que hacen los propios comercios refleja el momento crítico:

• 37% percibe un deterioro en la situación económica interanual, subiendo cuatro puntos respecto de octubre.
• Aunque casi la mitad proyecta una mejora para 2025, el optimismo convive con una realidad áspera.
• El 60,1% considera desfavorable el contexto para invertir, un indicador que reafirma la falta de confianza y la escasez de recursos para impulsar proyectos.

Análisis sectorial: consumo frenado, ingresos erosionados y financiamiento ausente

Alimentos y bebidas: El retroceso del 5,9% refleja de forma directa la pérdida de poder adquisitivo. El consumo se concentró en productos esenciales y segundas marcas, sin señales de recuperación a pesar de una menor incertidumbre política.

Bazar, decoración y hogar: La caída de 9,7% estuvo marcada por el encarecimiento del crédito y la falta de cuotas, factores que paralizan compras de bienes durables. El consumidor prioriza gastos básicos y posterga equipamiento.

Calzado y marroquinería: Con una baja del 1,7%, el rubro mostró un desempeño debilitado, sostenido apenas por promociones online y eventos estacionales. Aun con una brecha cambiaria más favorable, las ventas dependen del financiamiento, hoy muy limitado.

Farmacia: El único rubro con crecimiento (1,8%), aunque sustentado en necesidades médicas y no en mayor capacidad de compra. Los consumidores reducen artículos de cosmética para poder sostener tratamientos esenciales.

Ferretería y construcción: La merma del 3,2% se mantuvo contenida por pequeñas reparaciones domésticas de fin de año. Sin embargo, la falta de crédito y la caída de ingresos bloquean proyectos de mayor escala.

Perfumería: Fue el rubro más golpeado, con un desplome del 17%. La inflación acelerada encareció fuertemente los productos, y la caída mensual (-14,6%) corrigió el pico de ventas del Día de la Madre.

Textil e indumentaria: Retrocedió 4,3% ante consumidores que postergan compras y buscan precios bajos por la pérdida de ingresos. El tráfico comercial no se traduce en ventas debido a límites saturados de tarjetas y precios en alza.