El gobierno nacional dio de baja el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), la fuerza que Patricia Bullrich había presentado como una suerte de “DEA argentina” para investigar a los narcos rosarinos.

La decisión quedó plasmada este miércoles en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, y expone el fracaso de una de las apuestas más promocionadas en materia de seguridad que intentaban emular a agencias foráneas.

El GEANRO había sido creado en mayo de 2024 y estaba integrado por agentes de inteligencia e investigación de las distintas fuerzas federales que operan en Rosario. Sin embargo, tras un año y medio de funcionamiento, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas. “Se les dio un año y medio y los resultados no fueron mucho mejores que lo que hace cada unidad de cada fuerza por separado”, admitió al portal La Política Online un funcionario nacional.

La falta de avances concretos terminó por sellar el destino de la brigada. “No tenía mucho sentido seguir trabajando de esa manera, entonces cada efectivo volverá a sus unidades para seguir trabajando en el Plan Bandera”, reconocieron desde el propio esquema de seguridad. En los hechos, la supuesta unidad de elite terminó siendo disuelta por ineficaz.

El GEANRO había sido pensado como una unidad investigativa antinarco al estilo de la DEA norteamericana, con actuación en las zonas más calientes de Rosario. Pero la coordinación entre distintas fuerzas volvió a demostrar ser un obstáculo difícil de superar, y la experiencia no logró romper las inercias ni mejorar el desempeño habitual de los organismos federales.

La disolución contrasta con el discurso oficial que acompañó su creación y se suma a una serie de anuncios rimbombantes que luego no se sostuvieron en la práctica. Mientras tanto, el gobierno busca despegarse del fracaso y remarcar la continuidad del Plan Bandera.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el GEANRO fue creado “en el marco de la emergencia” como un espacio acotado de coordinación investigativa entre cinco fuerzas federales y que ese objetivo “fue cumplido plenamente”. Según la versión oficial, su lógica de trabajo colaborativo fue absorbida por el Comando Unificado del Plan Bandera, que desde comienzos de 2025 concentra el intercambio de información criminal y las tareas investigativas.

La baja del GEANRO deja al descubierto otro retroceso en la política de seguridad del gobierno, que debió desactivar sin estridencias una estructura que había sido vendida como clave en la lucha contra el narcotráfico y terminó convertida en un nuevo papelón oficial.

El gobierno nacional de Javier Milei confirmó que alcanzó un acuerdo con seis bancos internacionales para un préstamo repo de USD 3.000 millones que se utilizará para pagarle a los bonistas la deuda que vence este viernes, despejando así una incógnita que venía golpeando a los activos argentinos. Entre los bancos hay uno chino. ¿Qué dirá Donald Trump sobre la relación de los libertarios con los chinos?

El Banco Central informó que el acuerdo es por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días y con una tasa del 7,4% anual, una tasa altísima. La entidad que conduce Santiago Bausili indicó que utilizará como garantía parte de su tenencia de los BONARES 2035 y 2038.

Mientras, el riesgo país subió porque hay dudas sobre la sustentabilidad de un programa económico basado en deuda y ajuste. La economía real no va para ningún lado y los mercados financieros lo saben.

Se trata del ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el entonces vicepresidente Lucas Llach, por el megafraude en perjuicio del Estado por 300 millones de dólares.

La Justicia Federal ordenó el embargo e inhibición de bienes contra Lucas Llach y otros 18 exdirectivos del Banco Nación y del Grupo Vicentín, acusados de haber participado en una estafa millonaria contra la entidad pública durante el gobierno de Mauricio Macri. El perjuicio investigado supera los 300 millones de dólares.

La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°10, en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos al Grupo Vicentin en los últimos meses de la gestión de Cambiemos. Entre los imputados figuran el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la cerealera.

Según consta en el expediente, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin habrían actuado de manera coordinada para permitir que las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran al banco por un total de USD 304.328.665,75, una deuda que permanece impaga y de cobro incierto.

La resolución judicial detalla que, pese a que la deuda se encontraba vencida y exigible desde el 8 de agosto de 2019, los responsables omitieron intimar a las empresas y, por el contrario, autorizaron la liberación de fondos mediante múltiples transferencias, aun cuando el Banco Nación no estaba legalmente habilitado para hacerlo.

En ese período, se habrían realizado 125 transferencias por un total de $43.449.104.966 desde cuentas vinculadas a Vicentin. Además, el fallo menciona el otorgamiento irregular de 28 préstamos por USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, cuando la situación financiera del grupo empresario ya era crítica.

Ercolini sostuvo que el embargo tiene como objetivo asegurar un eventual decomiso, impedir que se consolide el beneficio del delito investigado y garantizar la reparación del daño causado al Estado, contemplando también la aplicación de multas y la responsabilidad solidaria de los imputados.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado citó a 26 exintegrantes de los directorios del Banco Nación y del Grupo Vicentin a prestar declaración indagatoria, acusados de haber participado en un fraude millonario contra la banca pública.

La causa vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre el Grupo Vicentin y el gobierno de Cambiemos. Al respecto, el economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, afirmó que existió una connivencia política y empresarial que permitió a la compañía disponer de fondos que estaban depositados como garantía en la propia entidad, una maniobra que —según señaló— fue clave para consumar la estafa contra el Estado argentino.

El especialista en integración regional Francisco González habló con sobre las repercusiones del ataque norteamericano en Venezuela. “La situación ahora está tranquila pero se siente una presión constante. Como un peligro constante. No se sabe qué puede pasar”, dijo.

“Sabemos que hay una amenaza real, que puede pasar cualquier otro ataque, sobre todo en Caracas, la capital del país, donde pasaron los hechos del 3 de enero. Venezuela no tenía una experiencia bélica así. Fue un ataque sobre zonas civiles con muchos muertes”, agregó en diálogo AM 530.

“Hay marchas todos los días, los diferentes colectivos se están movilizando en todo el país. En Estados Unidos hay ‘anuncios’ todos los días, como negociaciones que parecen darse sin tener en cuenta a Venezuela. Trump le está hablando a su base social. Los acuerdos con Chevron existen desde antes”, explicó.

La dirigente libertaria defendió al gendarme procesado por herir de gravedad al fotoperiodista y volvió a justificar la violencia estatal como herramienta de gobierno, en línea con la política de seguridad del oficialismo.

Patricia Bullrich volvió a colocarse del lado de la represión y del relato oficial antes que de la Justicia. Al defender al gendarme acusado de disparar a quemarropa un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte, la exministra ratificó una concepción del orden público en la que las víctimas pasan a ser daños aceptables.

En declaraciones radiales, Bullrich desestimó el procesamiento judicial del efectivo y aseguró que el disparo se realizó “correctamente”, apoyándose en supuestas pericias propias y no en las que obran en la causa. La gravedad del ataque, que mantuvo a Grillo semanas en terapia intensiva, fue relativizada bajo una lógica que reduce la violencia institucional a un efecto secundario inevitable.

Lejos de mostrar cautela, la senadora de La Libertad Avanza volvió a apelar a un lenguaje beligerante para describir las protestas frente al Congreso y sostuvo que la represión es el precio a pagar para evitar el “caos”. En esa ecuación, la integridad física de un trabajador de prensa quedó subordinada a una idea abstracta de orden, administrada por las fuerzas federales sin margen para el control democrático.

La dirigente también incurrió en contradicciones al ser consultada por la aplicación selectiva del protocolo antipiquetes, especialmente en movilizaciones afines al oficialismo. Entre negaciones, excusas y desmentidas frente a imágenes públicas, terminó por evidenciar un doble estándar que refuerza la idea de una seguridad aplicada según conveniencia política.

El respaldo explícito a un agente procesado y la descalificación implícita de la Justicia consolidan una línea dura que no distingue entre manifestantes, periodistas o transeúntes. En nombre del orden, Bullrich volvió a justificar un modelo en el que la violencia estatal no solo se ejerce, sino que se celebra desde el poder.

El presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es vital para la “seguridad nacional” de Estados Unidos y no descartó explorar opciones, incluida la fuerza, para ejercer control sobre ese vasto territorio autónomo danés, generando rechazo entre aliados europeos y líderes groenlandeses.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a situar a Groenlandia en el centro de un foco de crisis internacional al reafirmar que su país “necesita” ese territorio ártico por motivos de seguridad nacional, una postura que ha tensado las relaciones con Dinamarca y otras capitales europeas que rechazan cualquier intento de control unilateral.

Trump, en declaraciones recogidas en múltiples medios, subrayó que el archipiélago, perteneciente al Reino de Dinamarca, es estratégico frente a la presencia de potencias como Rusia y China en el Ártico, y consideró que Washington debe asegurar su posición allí incluso si eso requiere asumir un papel directo.

La Casa Blanca confirmó que se evalúan “diversas opciones” para avanzar en ese objetivo, con funcionarios señalando que el uso de las fuerzas armadas no está descartado como herramienta para responder a lo que describen como una amenaza a la seguridad estadounidense.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por Dinamarca y la propia Groenlandia, respaldando firmemente la vigencia del derecho internacional.

En Dinamarca y Nuuk, las autoridades han rechazado de plano los planteos estadounidenses, calificándolos de inaceptables y una amenaza a la soberanía territorial. El primer ministro groenlandés llamó a mantener la calma mientras se busca “restablecer un diálogo constructivo” con Washington, pero reafirmó que Groenlandia no está en venta ni dispuesta a ser objeto de presiones externas.

La polémica por Groenlandia se produce en paralelo a otros focos de fricción entre Estados Unidos y sus aliados, y plantea cuestionamientos sobre el futuro de la cooperación estratégica en el Ártico, así como sobre la credibilidad de las instituciones multilaterales que tradicionalmente han regulado estas disputas.

Analistas internacionales consideran que la insistencia de Trump, además de poner en jaque las normas de soberanía que rigen las relaciones entre Estados, también pone a prueba la cohesión dentro de la OTAN y la capacidad de Europa para responder colectivamente a la presión política y militar de Washington en una región de creciente importancia geopolítica

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.

Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.

Un ajuste con impacto directo en la atención

La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.

Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones políticas y rechazo sindical

El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.

“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.

Tras la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ya no considera como un grupo real al denominado “Cartel de los Soles” que supuestamente lideraba el expresidente y manejaba el narcotráfico en Venezuela. Payasesca, Patricia Bullrich los había declarado “organización terrorista”.

El diario The New York Times reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro. El Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, lo había declarado el año pasado como una organización terrorista.

Tras la detención de Maduro, Justicia publicó una acusación en la que deja de lado sus postulados anteriores sobre el Cartel de los Soles y ya no habla de una organización narcocriminal si no de un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.

El medio destaca que en su anterior acusación Justicia se refiere 32 veces al Cartel de los Soles y describe a Maduro como su líder, pero ahora sólo lo menciona dos veces. Expertos en seguridad consultados por NYT dicen que Cartel de los Soles es un término coloquial inventado por los medios venezolanos.

La presidenta en ejercicio de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó una entrevista a medios locales y se refirió a la situación que vive ese país luego del ataque norteamericano. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, dijo.

“Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, aclaró la mandataria.

“Los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”, explicó. Durante los ataques murieron alrededor de 100 personas.

“El desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores”, agregó Delcy sobre la situación de Maduro que espera juicio en Estados Unidos. De modo increíble, la justicia de ese país decidió quitar la acusación de líder del cartel de los Soles, algo que no existe, luego de haberlo anunciado durante semanas. Vale todo.

“Ayer Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Y se declararon como inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada”, cerró la mandataria.