Mientras la Casa Blanca enfrenta tensiones internas, fuertes rumores en los circuitos financieros internacionales indican que se prepara un nuevo rescate para la Argentina por 20 mil millones de dólares, proveniente del sector privado y bajo la sombra del Tesoro estadounidense como garante.

Mientras la Casa Blanca enfrenta tensiones internas y Estados Unidos vive un clima económico incierto, fuertes rumores en los circuitos financieros internacionales indican que se prepara un nuevo rescate para la Argentina por 20 mil millones de dólares, proveniente del sector privado y bajo la sombra del Tesoro estadounidense como garante.

El periodista Henrik Rehbinder, radicado en Los Ángeles, advirtió en diálogo con Canal E que el Gobierno argentino continúa apelando desesperadamente al financiamiento externo para sostener su frágil estabilidad económica y política. Según el analista, Washington mantiene su apoyo no por convicción económica sino por razones geopolíticas: frenar el avance de China en América Latina.

Tensión política en EE.UU. por la ayuda a Argentina

Rehbinder explicó que esta posible nueva asistencia financiera llega en el peor momento para Donald Trump:

“El gobierno está cerrado hace tres semanas, dicen que no tienen plata para pagar subsidios de salud, pero sí para enviarla a la Argentina”, señaló.

Esto genera un fuerte costo político interno para Trump, quien ya acumula malestar en su propia base rural por sus declaraciones sobre la importación de carne argentina:

“No hay suficiente exportación argentina como para bajar el precio de la carne en EE.UU. Fue una declaración improvisada que irritó a productores y ganaderos norteamericanos”, remarcó.

Apoyo condicionado y sospechado

Detrás del respaldo estadounidense —según Rehbinder— no hay altruismo sino estrategia:

“Argentina es clave en el ajedrez global con China. La prioridad de Washington es evitar que caiga bajo la órbita financiera de Pekín”.

Pero el periodista advierte que el financiamiento no está cerrado y genera resistencias dentro del Partido Republicano y también entre los bancos privados:

“Se está hablando de otro rescate del sector privado por 20 mil millones de dólares para reforzar las reservas, pero ningún banco le presta a Argentina sin un garante del Tesoro”.

Un gobierno argentino dependiente del dinero externo

Los trascendidos confirman que el Gobierno argentino continúa pidiendo dinero como un adicto que estira su agonía financiera con créditos cada vez más riesgosos, aplazando decisiones de fondo y comprometiendo el futuro económico del país.
Rehbinder advirtió sobre la fragilidad del plan:

“Hay gran incertidumbre sobre quién será el garante: si el Tesoro de EE.UU., los países aliados o los bancos privados. Nada está claro”.

Mientras tanto, en Wall Street ya se habla de un “rescate encubierto” que prolongaría un modelo basado en deuda, sin reformas estructurales y con un gobierno que apenas sobrevive políticamente gracias al financiamiento externo.

El economista Ricardo Arriazu, una de las voces más escuchadas por el presidente Javier Milei, advirtió que una nueva derrota electoral del oficialismo podría tener un fuerte impacto sobre el dólar y la estabilidad financiera.

“Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel”, señaló durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Según Arriazu, el Gobierno necesita asegurarse “al menos un tercio de los legisladores en alguna de las dos cámaras” para mantener la confianza externa y evitar una corrida cambiaria. “El programa económico depende de que el tipo de cambio no se mueva hasta las elecciones, esa es la clave”, sostuvo.

El economista delineó dos escenarios posibles a partir del lunes 27 de octubre. Si La Libertad Avanza logra sostener el apoyo en las urnas, anticipó que el respaldo de Washington se mantendrá y que “la economía puede cambiar de la noche a la mañana”. En ese caso, proyectó que el dólar podría retroceder a un rango de entre $1.300 y $1.350.

El ministro de Justicia acaba de dar un paso al costado: según informes de prensa, Mariano Cúneo Libarona tiene ya redactada su carta de renuncia y la presentará formalmente tras las elecciones del próximo domingo. Dejará de ser ministro de Justicia. Será la segunda renuncia, ya que el Canciller también anunció que se va después de las elecciones que pueden marcar una crisis política muy grande en el gobierno.

En la nota publicada por La Nación, se destaca que la reunión cara a cara con el presidente Javier Milei se daría el domingo por la noche o el lunes por la mañana, y que luego dejará su cargo. Según su entorno, los motivos aducidos son de salud y personales: “Más que por salud es por la necesidad de recuperar mis afectos”, dijo.

El anuncio se da en un contexto de alta presión para el Ejecutivo: múltiples renuncias en el gabinete, una reestructuración de cara a la segunda parte del mandato, y especulaciones sobre la fusión de la cartera de Justicia con la de Seguridad. Se espera que el domingo, el gobierno de Milei pierda en 12 o 14 provincias argentinas, entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las tres más pobladas del país.

Un reciente informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) advirtió sobre un panorama económico crítico: la probabilidad de que la economía argentina sufra un fuerte freno alcanza el 98,01%, un nivel prácticamente equivalente a una certeza estadística.

Este registro, que representa el mayor salto en años, comenzó a acelerarse de manera abrupta durante agosto, marcando un quiebre en la dinámica económica reciente.

Aunque en septiembre la probabilidad cedió levemente 0,85%, el indicador continúa peligrosamente cerca del 100%, lo que reafirma las proyecciones negativas. En términos interanuales, el índice muestra una caída de 1,52% respecto de septiembre de 2024, evidenciando un deterioro persistente del ciclo económico.

En contraste, el INDEC informó esta tarde que la actividad económica creció 0,3% en agosto, acumulando 5,2% en lo que va del año. Sin embargo, analistas aclaran que este dato responde a sectores puntuales como la intermediación financiera y la minería, mientras que áreas clave para el empleo como el comercio y la industria registraron caídas, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este contraste entre indicadores pone aún más en duda la solidez de la recuperación.

El Índice Líder (IL) elaborado por el @CIF_UTDT, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cae 0,85% en septiembre 2025 con respecto al mes anterior. Descargá el informe completo acá: https://t.co/kvvivYf5H6 pic.twitter.com/rt3qRXmc0j

— Universidad Torcuato Di Tella (@utditella) October 22, 2025

Señales de alerta acumuladas

La UTDT detalló que en septiembre de 2025 el Índice de Difusión (IDCIF) se ubicó en apenas 30%, lo que significa que solo 3 de las 10 variables que conforman el Índice Líder (IL) mostraron evolución positiva:

• Índice de Confianza del Consumidor
• Despachos de cemento
• Índice de Precios de Minerales no metálicos

El resto de los componentes exhibió señales contractivas. Además, la serie de tendencia-ciclo del IL cayó por sexto mes consecutivo, ubicándose en 122,94 puntos, un descenso mensual del 0,97%. Según el informe, esto indica que la economía ya transita una desaceleración profunda y se encamina con alta probabilidad hacia una recesión en los próximos meses.

Qué mide el Índice Líder

El documento de la UTDT remarca que el Índice Líder anticipa cambios en el ciclo económico y permite detectar el paso de expansión a recesión. Se construye a partir de diez indicadores mensuales, entre ellos:

• Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC)
• Índice Merval
• Agregado Monetario M1
• Precio FOB de la soja
• Ventas de autos a concesionarios
• Recaudación de IVA
• Despacho de cemento al mercado interno
• Confianza del consumidor
• Producción industrial de minerales no metálicos
• Producción siderúrgica

El salto que encendió las alarmas

El cuadro evolutivo del informe revela la brusca escalada de riesgo:

• Mayo: 57,08%
• Junio: 56,16%
• Julio: 56,16%
• Agosto: 98,61%

Este salto mensual es el más abrupto desde que se realiza el registro, al menos desde 2018. Para la UTDT, la probabilidad de recesión ya es extremadamente alta.

El Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT advirtió que el indicador se ha convertido en una herramienta clave para monitorear en tiempo real los riesgos macroeconómicos del país. Bancos, consultoras y organismos públicos siguen de cerca esta señal que hoy se torna alarmante: la economía se aproxima a un freno severo si no se revierten rápidamente las condiciones actuales.

Desde la Fundación Pensar, el think tank de Mauricio Macri dentro del PRO difundió un informe lapidario contra la gestión de Javier Milei y encendió alarmas sobre el impacto electoral que podría tener la crisis económica en las legislativas de este domingo.

El documento advierte un deterioro social profundo, pérdida de empleo y un creciente rechazo ciudadano hacia la conducción del Gobierno.

Bajo el título “El contador”, el informe fue elaborado bajo la coordinación de María Eugenia Vidal con aportes del exministro de Economía Hernán Lacunza. Allí se afirma que, desde el inicio del gobierno libertario, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo, producto de la recesión y la caída de la actividad industrial. Además, denuncia que la mayoría de los salarios quedaron muy por detrás de la inflación: el salario mínimo perdió cerca del 30% de su poder adquisitivo y las jubilaciones retrocedieron un 5%, incluso con bonos extraordinarios.

El trabajo también revela un creciente malestar social:

• 54% de los encuestados reconoce un “estado de ánimo negativo”;
• 49% afirma que ya no llega a fin de mes;
• 63% tuvo que recortar gastos básicos para sostenerse;
• Más de la mitad teme perder su empleo en los próximos meses.

Según el análisis político incluido en el documento, la economía se consolidó como el principal problema del país para casi uno de cada cinco argentinos, seguida por la corrupción, los bajos salarios y el propio presidente Milei, que aparece mencionado por primera vez como factor de preocupación pública. Además, el estudio detecta que un 55% rechaza “las formas” del Gobierno y un 46% ya adelanta que votará a la oposición en los próximos comicios, lo que para el PRO configura un escenario de derrota para La Libertad Avanza el 26 de octubre.

Aunque Milei aún conserva un 46% de imagen positiva —sostenida sobre todo entre jóvenes menores de 30 años—, el informe sostiene que existe una “desconexión creciente” entre el discurso económico oficial y la realidad que viven las familias, muchas de las cuales reemplazaron consumos básicos por segundas marcas o eliminaron por completo gastos recreativos.

Con este documento, la Fundación Pensar marca distancia pública respecto del rumbo económico del Gobierno y reabre la tensión en la alianza entre Milei y Macri, que se selló para enfrentar a Sergio Massa en el balotaje de 2023. El PRO busca reposicionarse como “opción moderada e institucional” frente al desgaste del oficialismo libertario, advirtiendo que “lo peor de la crisis aún no pasó”, según cree el 70% de los consultados.

El tribunal rechazó la pretensión del Gobierno de difundir un “número nacional” en las elecciones legislativas. La medida había sido impugnada por Fuerza Patria, la UCR y la izquierda, que denunciaron un intento de manipular la lectura política del resultado.

La Cámara Nacional Electoral le impuso este martes un límite al Gobierno al ordenar que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del próximo domingo se difundan por distrito, tal como establece la Constitución, y no como un total nacional, como pretendía hacer la administración de Javier Milei.

El fallo, firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue unánime y repuso las reglas tradicionales del escrutinio provisorio frente a un intento del oficialismo de alterar la presentación de los datos.

El planteo fue impulsado por Fuerza Patria y acompañado por la UCR y el Frente de Izquierda, luego de que en el simulacro del fin de semana pasado el Gobierno mostrara resultados unificados que sumaban los votos libertarios en todo el país. Esa metodología, según los partidos opositores, buscaba “fabricar una mayoría artificial” y ofrecer un “relato triunfalista” en la noche electoral.

La CNE fue tajante: los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional son claros al definir que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben considerarse distritos independientes en la elección de senadores y diputados nacionales.

En su resolución, los jueces subrayaron que “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global”, recordando que ese tipo de conteo solo corresponde a comicios presidenciales.

El fallo tiene un peso político evidente: impide al Gobierno presentar un “resultado nacional” que lo favorecía, ya que La Libertad Avanza compite con su sello en las 24 jurisdicciones, mientras que el peronismo y otras fuerzas lo hacen solo en algunas.

Con esta decisión, la Justicia Electoral le recordó al Ejecutivo que el conteo no es una operación de marketing, sino un acto institucional sujeto a la ley. Milei, que esperaba una “foto de victoria nacional” el domingo a la noche, deberá ahora conformarse con los resultados provincia por provincia.

Tras la dimisión del titular de la cartera de exteriores, crecen las tensiones internas y disputas de poder dentro del Gabinete. Su salida refleja el creciente peso del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado a los diplomáticos tradicionales.

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, confirmando lo que desde hace días era un secreto a voces en la Casa Rosada. El diplomático, hombre del establishment financiero y exembajador en Washington, decidió dar un paso al costado luego de una serie de tropiezos diplomáticos y de choques con el núcleo más duro del oficialismo.

La gota que rebalsó el vaso fue el confuso episodio durante la reunión entre Milei y Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense pareció desconocer la naturaleza de las elecciones argentinas, un desliz que expuso la falta de coordinación del Palacio San Martín. Desde entonces, el entorno del Presidente —y en particular el sector ligado a Santiago Caputo— comenzó a marcarle la cancha al canciller.

Werthein no ocultaba su incomodidad con la posible incorporación de Caputo al Gabinete, a quien consideraba una amenaza directa a la autonomía de la Cancillería. El “Gordo Dan”, operador de las milicias digitales libertarias, lo había acusado días atrás de “traicionar la línea del Presidente”, acelerando su desgaste político.

Con su salida, Milei pierde al último diplomático de carrera con vínculos sólidos en Washington, y se abre una nueva interna por la sucesión. Entre los posibles reemplazantes suenan nombres dispares: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el empresario Alec Oxenford, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, e incluso viejos conocidos del macrismo como Jorge Faurie o Federico Pinedo.

Werthein había asumido hace menos de un año, tras el desplazamiento de Diana Mondino, quien cayó en desgracia luego del voto argentino en la ONU contra el bloqueo a Cuba. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad en un gobierno que acumula renuncias y fracturas en su frente interno.

El Palacio San Martín, símbolo de la diplomacia profesional argentina, vuelve a quedar vacante y bajo amenaza de ser absorbido por el poder informal que hoy rodea al Presidente.

En un contundente comunicado, las universidades públicas de todo el país rechazaron la decisión del presidente Javier Milei de suspender por decreto la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, y anunciaron que recurrirán de manera unificada a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En un contundente comunicado conjunto, las universidades públicas de todo el país rechazaron la decisión del presidente Javier Milei de suspender por decreto la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente (Ley Nº 27.795) y anunciaron que recurrirán de manera unificada a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

La resolución fue aprobada por unanimidad en un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reunió a rectoras y rectores de las 73 universidades nacionales en la Facultad de Derecho de la UBA. Durante el encuentro, la dirigencia universitaria denunció que el Gobierno nacional desconoce la división de poderes al bloquear por decreto una ley aprobada por el Congreso y promulgada oficialmente.

“Un decreto no puede suspender una ley. Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional”, afirmó el rector anfitrión, Leandro Vergara (UBA), al presentar el texto del comunicado.
“Las universidades exigimos respeto al sistema republicano y al Estado de Derecho”, agregó el presidente del CIN, Oscar Alpa.

💪 Las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
https://t.co/oKB33EVQuV pic.twitter.com/SH9NDhUrEB

— CIN (@CINoficial) October 22, 2025

El comunicado del CIN recuerda que la ley fue votada en agosto, vetada parcialmente por Milei y luego ratificada por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, lo que obliga constitucionalmente a su cumplimiento. Sin embargo, pese a haber sido promulgada, el Poder Ejecutivo mantiene bloqueada su ejecución presupuestaria.

“Hemos sido responsables y agotamos los canales institucionales de diálogo. Ahora corresponde acudir a la Justicia para frenar este atropello y garantizar la vigencia de la ley”, sostuvo el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

Además de la acción judicial, el plenario resolvió elevar una solicitud formal al Congreso para que incluya en el Presupuesto 2026 los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento, que prevé incrementos progresivos para sostener el funcionamiento y el salario docente en el sistema universitario público.

The Wall Street Journal (WSJ) reveló que la administración de Donald Trump está exigiendo contrapartidas estratégicas al salvataje financiero: acceso preferencial al uranio argentino y el desplazamiento de China del sector de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

Aunque el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo aseguró públicamente que el salvataje financiero estadounidense a la Argentina no implicaría condicionamientos políticos ni económicos, un informe publicado por The Wall Street Journal (WSJ) reveló que la administración de Donald Trump sí está exigiendo contrapartidas estratégicas: acceso preferencial al uranio argentino y el desplazamiento de China del sector de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

Según el diario financiero, Caputo mantuvo reuniones recientes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en las que se discutió cómo garantizar a Washington el control de minerales críticos, con especial foco en el uranio que posee la Argentina en provincias como Chubut, Mendoza, Neuquén y Salta.

El pedido forma parte de la negociación por el paquete de asistencia financiera de 40.000 millones de dólares que impulsa la Casa Blanca: 20.000 millones en un crédito de bancos privados de Wall Street y otros 20.000 millones a través de un nuevo swap de monedas. Aunque el ministro argentino negó públicamente que existan exigencias geopolíticas detrás del acuerdo, la publicación del WSJ desmiente esa versión.

Washington apunta al uranio y a China

El medio estadounidense plantea con claridad la estrategia de fondo: “dividir a la Argentina de China” y sacar a Beijing de sectores clave de la economía nacional. Para eso, Estados Unidos presiona para convertirse en socio exclusivo de la explotación de uranio, recurso que considera crítico tanto para su industria energética como para su desarrollo militar.

Además del uranio, el Tesoro norteamericano también apuntó contra el rol de China en el país. Según el WSJ, Washington demandó que empresas estadounidenses reemplacen a las compañías chinas en telecomunicaciones e Internet, sectores en los que actualmente dominan firmas vinculadas a Huawei y ZTE.

“Si hacés negocios militares con China, me va a molestar mucho”

El artículo cita incluso declaraciones recientes de Donald Trump durante su encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca. Según el WSJ, el presidente estadounidense fue explícito:

“Podés comerciar un poco, pero no deberías avanzar más. Nada con China en el ámbito militar. Y si eso ocurre, me va a molestar mucho”.

Pese a ese tono de advertencia, Milei declaró después que Estados Unidos no le exigió romper relaciones con China ni restringir acuerdos estratégicos. El informe del WSJ vuelve a contradecir la versión oficial.

Recursos provinciales y tensiones internas

Otro punto clave que menciona el diario es que, según la Constitución argentina, los recursos minerales pertenecen a las provincias. Esto implica que cualquier acuerdo sobre uranio deberá contar con la aprobación de los gobernadores. En ese escenario, Estados Unidos podría negociar directamente con las provincias, debilitando la posición del Gobierno nacional.

Martín Varsavsky, inversor cercano al presidente, admitió que la extensión del horario laboral forma parte de un borrador oficial “negociable y opcional”. La aclaración generó mayor preocupación entre gremios y sectores opositores, que advierten un intento de retroceso en derechos laborales básicos.

El empresario Martín Varsavsky, uno de los referentes del círculo económico más próximo a Javier Milei, buscó poner paños fríos a la controversia sobre la reforma laboral que el Gobierno prepara para 2026, pero terminó confirmando lo que muchos sospechaban: la Casa Rosada estudia permitir jornadas de hasta 13 horas diarias.

Según Varsavsky, la medida “no sería obligatoria”, sino una “opción negociable” entre empleadores y trabajadores, inspirada en el reciente modelo implementado en Grecia. El argumento oficial apunta a “aumentar la productividad” y “flexibilizar” el mercado laboral, aunque la propuesta desató una ola de críticas por su evidente sesgo en favor del empresariado.

Los borradores filtrados incluyen además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese; la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda —incluido el dólar— y la creación de un “banco de horas” para compensar tiempo libre en lugar de pagar horas extras.

“Es apenas una idea en evaluación, no una decisión del Presidente”, aclaró Varsavsky. Sin embargo, el reconocimiento de que se estudia formalmente un esquema de 60 horas semanales bastó para encender las alarmas en los sindicatos, que lo consideran un ataque frontal al corazón de las conquistas laborales argentinas.

Desde la CGT advirtieron que la iniciativa representa “una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernización”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el rechazo con el hashtag #13HorasNo, denunciando lo que definen como “un nuevo experimento libertario sobre el cuerpo de los trabajadores”.

Mientras el Gobierno insiste en presentar la reforma como un paso hacia “la libertad económica”, la oposición y el movimiento obrero ven en la propuesta un intento de reinstalar condiciones laborales propias del pasado. En un país donde la informalidad ya supera el 50%, el anuncio se lee menos como un proyecto de modernización y más como una advertencia sobre el rumbo que Milei pretende imponer.