La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación militar en Venezuela y la detención del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que el objetivo real de Washington es “apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”.

La exmandataria rompió el silencio tras conocerse la operación estadounidense denominada “Operación Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, en un hecho sin precedentes en la región. Cristina Fernández de Kirchner calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y aseguró que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Desde su cuenta en la red social X, la dirigente sostuvo que las justificaciones oficiales de Washington sobre la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico no explican el operativo, y planteó que lo ocurrido “no es restablecer un gobierno democrático ni combatir criminalidad organizada”, sino una intervención con fines geopolíticos.

Kirchner advirtió que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, acusando abiertamente a la administración estadounidense de actuar para asegurarse el control de recursos estratégicos de Venezuela. Según su lectura, esta situación representa un peligroso antecedente que podría legitimar nuevas violaciones a la soberanía de países considerados más débiles frente a potencias con mayor poder económico y militar.

La expresidenta vinculó además la intervención a la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), una doctrina que, en su interpretación, implicó el uso de la fuerza militar para proteger intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en América Latina. En ese marco, sostuvo que este tipo de acciones resultaron en el pasado en “atraso económico y social” para los países afectados.

El mensaje de Cristina Kirchner llegó horas después de haber recibido el alta médica tras su internación por una complicación postoperatoria, con lo que su pronunciamiento marca una fuerte postura política internacional en un momento de alta tensión geopolítica.

Las declaraciones de la exmandataria reavivaron el debate en las redes sobre la política exterior de Estados Unidos y sus intervenciones en América Latina, así como también sobre las consecuencias de la captura de Maduro.

Por Lois Pérez Leira

La “Declaración de Nuestra América” no es un pronunciamiento más en la larga lista de comunicados regionales: es una toma de posición política explícita frente a la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela. El texto denuncia las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el despojo de activos venezolanos, y expresa una coordinación que el movimiento comunista latinoamericano no exhibía con esta nitidez desde hace varios años.

Desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Comunista de la Argentina y el de Uruguay, el documento articula una respuesta continental que asume una premisa clara: lo que está en juego en Venezuela no es un conflicto interno, sino un ensayo de dominación aplicado a escala regional.

En Centroamérica y el Caribe, partidos como el del Pueblo de Panamá, el Guatemalteco del Trabajo, Vanguardia Popular de Costa Rica y el Partido Comunista de Honduras —junto al Partido de la Revolución Morazanista— sostienen una lectura sin eufemismos: la presión sobre Caracas funciona como advertencia para cualquier país que intente salirse del alineamiento estratégico con Washington.

Esa misma lógica aparece en el Caribe insular. El Movimiento Caamañista de República Dominicana, RASIN Kan Pèp La de Haití y el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica (CNCP, por sus siglas en español) advierten que la militarización de la cuenca caribeña no es defensiva ni circunstancial, sino parte de un dispositivo de control político y territorial.

En el eje andino-amazónico, el respaldo adquiere mayor densidad política. El Partido Comunista Colombiano, de Ecuador, Perú y Bolivia coinciden en señalar que las sanciones no solo buscan asfixiar a Venezuela, sino disciplinar a toda la región mediante el colapso inducido y la manipulación de la crisis migratoria.

La adhesión del Partido Comunista do Brasil introduce un elemento estratégico adicional: la discusión sobre soberanía financiera y la necesidad de romper la dependencia estructural del dólar como instrumento de castigo político.

En el texto, los firmantes sostienen que “la defensa de Venezuela no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino”, en una formulación que resume el eje político del documento.

De la denuncia a la acción

El documento, coordinado técnicamente por el dirigente chileno Daniel Jadue, evita el error habitual del progresismo declarativo. No se limita a denunciar, sino que plantea iniciativas concretas: un Mecanismo de Cooperación Humanitaria Soberana, la defensa del Partido Comunista de Venezuela en su propio territorio y una interpelación directa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para que abandonen la inercia diplomática.

El mensaje es claro y contundente: no hay neutralidad posible frente al cerco sobre Venezuela. Callar es convalidar.

Más allá de las siglas, la firma de todas estas organizaciones expresa la reactivación de un internacionalismo político que vuelve a leer la región como un campo de disputa geopolítica y no como un mosaico de crisis aisladas.

La arquitectura política de América Latina empieza a discutir, otra vez, la necesidad de romper con la tutela de Washington. Y una vez más, lo hace de forma valiente y consecuente con la historia de la liberación latinoamericana.

Con el nuevo año, el Gobierno habilitó otra suba en colectivos y subtes que profundiza el deterioro del ingreso. Los boletos aumentaron 4,5% y consolidan un esquema tarifario cada vez más expulsivo para usuarios y trabajadores.

El 2026 comenzó con un nuevo golpe al bolsillo de millones de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente moverse. Desde el 1° de enero rige un incremento del 4,5% en las tarifas de colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con la política de ajuste sostenido impulsada por el gobierno nacional.

Con la actualización, el boleto de colectivo trepó hasta los $880 según el recorrido y la jurisdicción, mientras que el subte superó los $1.250 por viaje. El Premetro, en tanto, se ubicó por encima de los $440. Lejos de ser un hecho aislado, el aumento se suma a una cadena de subas que se arrastra desde 2024 y que convirtió al transporte en uno de los rubros que más rápido devora salarios.

En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el tramo más corto ya ronda los $685, mientras que los recorridos más extensos alcanzan valores cercanos a los $900. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo quedó por encima de los $619 y escala progresivamente hasta casi $800 en los trayectos más largos. En el subte, la tarifa volvió a actualizarse y se consolida como una de las más altas de la región en relación al ingreso promedio.

El nuevo tarifazo vuelve a exponer una matriz de gestión que traslada el peso del ajuste a los usuarios, reduce subsidios sin recomponer ingresos y desatiende el impacto social de estas medidas. Para amplios sectores, moverse dejó de ser un derecho básico y pasó a ser una cuenta más difícil de pagar en un contexto de inflación persistente y salarios en retroceso.

Mientras el discurso oficial insiste en el “ordenamiento” de las cuentas públicas, en los hechos el transporte público se encarece mes a mes y empuja a miles de personas a recortar viajes, cambiar rutinas o resignar calidad de vida. El año recién empieza, pero el ajuste ya viaja en colectivo.

El excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata), Ernesto Alonso, advirtió que el presidente Javier Milei “viola públicamente la Constitución Nacional” con sus declaraciones sobre Malvinas y alertó sobre una “grave entrega de soberanía” en el Atlántico Sur.

Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, cuestionó con dureza la política del gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y trazó un paralelismo entre la actual gestión y la dictadura militar que encabezó Leopoldo Galtieri en 1982, en declaraciones brindadas a la AM530.

“Nosotros hacemos este paralelismo por lo que representó aquella decisión de la dictadura, absolutamente alejada de una política de defensa de la soberanía nacional, basada en la doctrina de la seguridad nacional, con desapariciones, torturas, muerte y un proceso de privatización y enajenación de los activos del Estado”, sostuvo Alonso.

En ese marco, señaló que la guerra de Malvinas tuvo como consecuencia “la consolidación del imperialismo en el Atlántico Sur”, con la instalación de una fortaleza militar británica y un posicionamiento geopolítico clave para el control bioceánico, los recursos naturales y la proyección antártica. “Eso mismo es lo que estamos viendo hoy”, afirmó.

Alonso apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en medios internacionales, en las que sostuvo que Argentina no renunciará al reclamo de soberanía, pero que las islas deberán ser devueltas “cuando los isleños lo deseen”. Para el dirigente del CECIM, esas expresiones “violan de manera flagrante la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional”.

“El presidente le está diciendo a la comunidad internacional que a una población implantada desde 1833 le correspondería el derecho a la autodeterminación, algo que no reconoce Naciones Unidas y que va en contra de toda la construcción histórica de la diplomacia argentina”, remarcó. En ese sentido, recordó la Resolución 2065 de la ONU, de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, sin admitir la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Alonso advirtió además que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias jurídicas internacionales. “Hay antecedentes, como el caso de Noruega y Dinamarca por Groenlandia, donde dichos de funcionarios terminaron haciendo perder reclamos soberanos. No es futurología: estamos ante una gravedad institucional”, subrayó.

El referente del CECIM denunció la existencia de “un plan sistemático de entrega”, que incluye el decreto 70/23, la transferencia de recursos estratégicos, el intento de derogación de la Ley de Tierras y la consolidación del control británico sobre el Atlántico Sur. “La Argentina está siendo colocada como un nuevo Potosí: recursos para afuera, argentinos afuera”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas, con concesiones otorgadas por el Reino Unido y la posible entrada en fase de extracción, con apoyo de Estados Unidos y empresas aliadas. “Ya no hablamos de exploración, sino de extracción directa de petróleo de clase mundial”, señaló.

Finalmente, Alonso anticipó que desde el CECIM evalúan enviar una carta documento al presidente para exigir que rectifique sus dichos. “Acá está en juego la integridad territorial y todo el andamiaje de la política soberana argentina. Milei dejó de ser un panelista: está haciendo exactamente lo que le dicen que haga, y de manera eficaz. Esperamos una respuesta institucional de los otros poderes del Estado ante semejante barbaridad”, concluyó.

La senadora libertaria Patricia Bullrich no logró imponer la designación de Gerardo Milman como director dependiente de la Presidencia Provisional. Milman perdió una nueva beca estatal… ¿Quien frenó la designación de Milman?

Desde el gobierno acusaron al vicepresidente Victoria Villarruel de frenar el nombramiento de Milman, aunque otras versiones hablan de una decisión de Karina Milei, que no quería esa asunción por el vínculo de Milman con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. “Todos los días en el Senado iba a ser un show opositor con este tema”, aseguran cerca de Karina.

La situación judicial del ex funcionario macrista nunca fue aclarada en la causa por la investigación del intento de asesintato a Cristina. Según un testigo, Milman habría asegurado en una charla que “cuando la vieja esté muerta yo voy a estar de viaje”. Esa charla ocurrió antes del intento de magnicidio. Cuando la justicia le pidió su celular, Milman presentó uno nuevo y no el que tenía cuando pasaron los hechos investigados.

Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

Pese a que el Gobierno sostiene que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación, un relevamiento de la consultora Zentrix muestra una realidad muy distinta en la percepción social. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

El contraste con el discurso oficial es marcado. De acuerdo con el INDEC, en octubre los salarios crecieron en promedio 2,5% mensual y 43,1% interanual, superando a una inflación que habría avanzado 2,3% mensual y 31,1% interanual. Sin embargo, el propio desglose del organismo muestra que los salarios registrados —que representan el 70,07% del total— aumentaron por debajo de la inflación, con subas de apenas 2,0% mensual y 31,0% interanual. El promedio positivo se explica casi exclusivamente por los salarios no registrados, que representan solo el 19,93%, pero tuvieron incrementos muy superiores.

Más allá de los números oficiales, la encuesta de Zentrix revela un clima social claramente adverso. El 55,3% de los encuestados califica la situación económica general como negativa, una evaluación mucho peor que la de la situación personal, lo que —según el informe— confirma que “el clima macroeconómico es percibido como más crítico que la experiencia individual”.

Desconfianza creciente en los datos oficiales

El estudio también expone un fuerte deterioro en la credibilidad del INDEC. El 59,7% de los encuestados afirma no sentirse representado por el dato de inflación que publica el organismo, en un contexto atravesado por la polémica en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y las revisiones retroactivas que modificaron la lectura de la tendencia económica.

Para Zentrix, estas correcciones contribuyeron a profundizar la desconfianza pública y a ensanchar la brecha entre los indicadores oficiales y la percepción cotidiana de los hogares.

Ajuste en el consumo y fin de año con restricciones

“El cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes”, advierte el informe. En ese marco, el 48,5% de los encuestados señala que su gasto en las fiestas será inferior o muy inferior al del año pasado, con menor volumen de compras, sustitución de productos y conductas defensivas.

Las vacaciones también aparecen atravesadas por el ajuste: el 39,3% declara no contar con recursos para viajar este verano, mientras que entre quienes sí lo harán predominan escapadas cortas y turismo de cercanía, lo que la consultora define como “decisiones económicas forzadas”.

Al pedir una sola palabra para definir 2025, predominan términos como “desastre”, “destrucción”, “horrible” y “espantoso”, aunque “esperanza” aparece como la principal palabra positiva. Para Zentrix, esa convivencia refleja el balance social del año: salarios que no alcanzan, consumo recortado y una fragilidad generalizada, atenuada apenas por la expectativa de que el próximo año marque un punto de inflexión.

El uso de la capacidad instalada en la industria cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8. Son datos del Indec.

En el caso de la pandemia, esa caída se explicó por las medidas de confinamiento para enfrentar a un virus mortal que por ese entonces no tenía cura. Ahora se explica por razones económicas: el gobierno de Javier Milei parece decidido a destruir el entramado productivo argentino con políticas como la apertura de las importaciones o el achique del mercado interno. Siempre pasa lo mismo: cuando gobierna el no peronismo cae notablemente el stock de empresas privadas dedicadas a la producción.

La caída producción industrial tiene un impacto directo en provincias productivas como Buenos Aires ya que la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

Tras romper con el Indec por no tolerar los datos oficiales que exponían el derrumbe del sector, Daniel Scioli logró ahora que el Banco Central modifique la metodología de medición y maquille los números rojos del turismo, uno de los fracasos más visibles de su gestión.

El Central dejó de contabilizar dentro del rubro turismo los consumos con tarjeta asociados a servicios digitales y las compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon. El cambio metodológico permitió reducir artificialmente el déficit del sector y fue celebrado por el secretario de Turismo y Deportes.

Como reveló el portal LPO, Scioli había cortado el financiamiento de las mediciones del Indec luego de chocar con Marco Lavagna, molesto por los datos que mostraban una sangría constante de divisas. Sin embargo, encontró mayor receptividad en el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien agradeció públicamente por las gestiones que derivaron en la “reclasificación” de consumos.

“Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva, un 23% menos”, celebró Scioli, aunque el alivio es un dibujo puramente estadístico.

Incluso con la intervención del Central, el balance sigue siendo demoledor: el déficit entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de US$9.983 millones a US$6.935 millones. Menos rojo en los papeles, pero rojo al fin.

En paralelo, Scioli también decidió dejar de financiar dos herramientas clave del sistema estadístico: la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Turismo Internacional del Indec. En este último caso, los números eran imposibles de disimular.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes y apenas ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas. Un derrumbe histórico que explica por qué Scioli prefirió cambiar la metodología antes que cambiar la realidad.

Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.