Una investigación reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial.

El exintendente de La Plata, Julio Garro (PRO), fue imputado por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta por encabezar una maniobra que habría autorizado ilegalmente 400 desarrollos urbanísticos, perjudicando a cientos de familias y al municipio en un monto cercano a los 700 mil millones de pesos.

La investigación, impulsada por el actual intendente Julio Alak, reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial. Esto no solo encareció el acceso a la tierra, sino que también elevó los alquileres del cordón frutihortícola, complicando la situación de pequeños productores e incrementando las inundaciones.

Además, la Justicia comprobó que se manipularon expedientes para inflar el costo de obras públicas. Un caso revelador fue el de una rotonda en el barrio La Cañada, cuyo presupuesto pasó de 40 a 70 millones de pesos tras la alteración de documentos oficiales.

La trama incluyó la participación de funcionarios de confianza de Garro y empresarios vinculados. Entre los implicados figuran su exsecretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta, el exdirector de Obras Viales, Marcelo Genoro, y empresarios como Ariel Bordigoni, de la firma Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, de Sol Vial Construcciones; y representantes de Agrycon.

El fiscal los señaló como “coautores penalmente responsables” de una serie de delitos que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.

La Justicia también ordenó allanamientos en busca de documentación clave, incluyendo el domicilio de Garro en el exclusivo country Grand Bell, dejando en evidencia la oscura red de corrupción que manejó el PRO en La Plata durante los últimos años.

La convocatoria es para este martes, con el objetivo de sentar postura en el tratamiento del DNU que tendrá lugar al día siguiente en Diputados.

El Partido Justicialista (PJ) que preside Cristina Kirchner llamó a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Federal con el objetivo de definir su postura frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei busca autoaprobarse un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La convocatoria es para este martes a las 18:30 en su sede de Matheu 130. Fue anunciada a través de las redes oficiales del partido.

El llamado a reunión responde a la sesión en la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 19 de marzo, donde se debatirá el decreto presidencial que, según denunció el peronismo, “pretende eludir el cumplimiento de la Ley 27.612 y las disposiciones constitucionales” en materia de endeudamiento.

“El Presidente de la Nación busca avanzar unilateralmente hacia un acuerdo con el FMI que nadie conoce”, advirtió el PJ en su comunicado.

Se espera que del encuentro participen referentes del peronismo de todo el país, quienes debatirán la estrategia a seguir en el Congreso y la posibilidad de impulsar una impugnación formal contra el DNU que habilitaría la toma de deuda sin pasar por el Parlamento.

La citación del PJ se produjo después de que la Cámara de Diputados confirmara la convocatoria a una sesión especial para tratar el DNU que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el FMI, que tendrá lugar este miércoles 19 a las 10.

El pedido había sido elevado al titular de la Cámara baja, Martín Menem, con firmas de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, CREO y Producción y Trabajo. La sesión especial se superpone con los plenarios de comisiones dictados la semana pasada sobre la investigación de la cripto $LIBRA, promocionada por Milei.

Eb este marco, la postura del PJ será clave en el debate legislativo, ya que el oficialismo necesita mayoría en Diputados para ratificar el decreto y evitar su rechazo.

Diego Santilli y Cristian Ritondo se reunieron con Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en Casa Rosada en el marco del armado electoral que impulsa La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires donde se habló de “integración” de un sector del macrismo a las fuerzas del cielo. ¿El PRO tendrá algún rol institucional en ese armado?

El encuentro se produce luego de una tensa reunión de mesa ejecutiva del PRO celebrada por zoom este domingo donde Mauricio Macri lanzó una dura advertencia ante la posibilidad de que sigan las fugas en su partido: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”. Macri se queda solo en su armado porteño.

Antes de Santilli y Ritondo, que por ahora siguen en el PRO aunque con tensiones, se dieron los casos de Patricia Bullrich y Horacio Larreta, que sí decidieron abandonar al partido amarillo, que se va quedando sin sus principales figura. ¿Qué hará Macri ante esas fugas? ¿Buscará su propia candidatura para salvar al partido?

Este lunes allanaron su vivienda, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido de La Plata.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó este lunes distintos allanamientos La Plata, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido.

Entre estos últimos estuvo la casa del ex intendente Julio Garro, que quedó imputado por los delitos de “Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad Ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

La solicitud también pesó sobre otros exfuncionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las supuestas maniobras fraudulentas que se investigan. Se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares. El caso lo lleva adelante Marcela 
Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, que hizo efectivo el pedido del titular de la UFI Nº16 de la ciudad.

En total se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, los asientos físicos, operativos y administrativos de cuatro empresas privadas y domicilios particulares de empleados municipales y privados.

“En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia”, según informó El Día.

“De los elementos reunidos en la presente investigación, se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, destaca la resolución judicial.

“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas intervinientes, por un monto aproximado de 1.500.000.000 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700.000 millones de pesos. En esta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas”, se agrega.

En tanto, en función de la investigación llevada adelante hasta el momento, el fiscal señala tener la “sincera e íntima convicción” de la existencia de “la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión”.

Además, entre los considerandos señala que las peticiones “tienen como fin resguardar la documentación y elemento de interés que pueda existir en poder de las empresas y los causantes en cuestión, así como poder avanzar en los hechos que se investigan, y la interconexión entre si, especialmente entre los sindicados en las presentes como aquellos que devengan de las pruebas que se colecten”.

Además de Garro, quedaron imputados en la causa los ex funcioanarios María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones). También se ordenaron allanamientos a las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A.

Finalmente, Concomí Alcorta pide investigar si hubo sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell. La obra encomendada por la Municipalidad de La Plata consistía en “la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, es decir en intersecciones de las calles 467 y 160 de la ciudad de La Plata, la cual particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”.

De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de 39.080.657 millones de pesos, debiéndose abonar según convenio del 13 de julio de 2022 (…) (firmado por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y por el ex intendente Garro) y que la plusvalía total ascendía de 77.459.684 millones de pesos (no se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto)”.

Comunicado de la Municipalidad de La Plata

 “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables. 

En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas.

Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.

Ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares.

El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanza que no están convalidadas. La situación de irregularidad fue advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.

El presidente encabezó Expoagro y dejó una amenaza a toda la ciudadanía, “Imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más”.

En un nuevo capítulo de su gestión polémica y confrontativa, el presidente Javier Milei respaldó públicamente la represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso. Durante su participación en la muestra Expoagro en San Nicolás, Milei no solo justificó el accionar violento de las fuerzas de seguridad, sino que lanzó una amenaza velada contra quienes protestan, en un claro menosprecio al derecho a huelga y a la libre expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

En su discurso, Milei se refirió a las fuerzas de seguridad como “los buenos son los de azul”, mientras calificó a los manifestantes como “hijos de puta que andan con trapos en la cara, esos son los malos”. Además, aseguró que “los vamos a meter presos” y advirtió: “Imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más”. Estas declaraciones, lejos de ser un llamado al diálogo o a la pacificación, reflejan una postura autoritaria que busca criminalizar la protesta social.

El violento operativo represivo contra jubilados y manifestantes en las puertas del Congreso ya había generado un amplio repudio en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, en lugar de rectificar o buscar una salida conciliadora, Milei decidió llevar a Bullrich a Expoagro para mostrarle su respaldo incondicional. Allí, el presidente agradeció a su ministra “por su enorme trabajo sosteniendo y defendiendo los valores de la república”, en una clara defensa de la represión como método de gobierno.

El derecho a huelga, bajo ataque

La Constitución Nacional argentina, en su artículo 14 bis, garantiza el derecho a huelga como una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales y sociales. Sin embargo, las acciones del gobierno de Milei parecen ir en contra de este principio básico. La represión a manifestantes no solo viola este derecho, sino que también envía un mensaje intimidatorio a la sociedad: quien proteste será tratado como un enemigo.

Milei, en su afán de justificar lo injustificable, intentó desviar la atención asegurando que su gobierno ha cumplido con el “97% de las promesas de campaña”. Sin embargo, estas declaraciones, como muchas otras del presidente, carecen de sustento verificable y forman parte de una estrategia de manipulación de la información. Mientras se jacta de supuestos logros, su gestión avanza sobre derechos fundamentales y profundiza la división social.

Un gobierno que acelera hacia el autoritarismo

Las palabras de Milei en Expoagro no dejan lugar a dudas: su gobierno está dispuesto a intensificar la represión y a criminalizar la protesta. Al amenazar con “acelerar en las curvas”, el presidente no solo confirma su desprecio por los derechos constitucionales, sino que también revela una peligrosa deriva autoritaria.

En un contexto en el que la inflación de febrero sigue golpeando a los sectores más vulnerables, la respuesta del gobierno no es el diálogo ni la búsqueda de soluciones, sino la represión y la estigmatización de quienes reclaman por sus derechos. Milei y Bullrich parecen haber elegido el camino de la fuerza bruta, ignorando que en una democracia el disenso no es un delito, sino un derecho.

Hoy más que nunca, es necesario recordar que el derecho a huelga y a la libre expresión son pilares fundamentales de la democracia. La represión no puede ser la respuesta de un gobierno que se dice defensor de la libertad. Milei no solo está fallando a la Constitución, sino también a la sociedad que lo votó.

El Grupo Clarín negocia con el gobierno de Javier Milei que le permitan comprar Telefónica y así quedarse con el monopolio de internet y la telefonía celular. Ya tiene Telecom (Personal). Total normalidad.

En esa negociación, el Grupo que dirige el oscuro empresario Héctor Magnetto puso todos sus cañones mediáticos a disposición del gobierno. Por eso, salió con todo a defender la brutal represión que llevó adelante Patricia Bullrich y que tiene a un chico en estado muy grave en un hospital.

“Marcha de barras” llamó a la movilización para reclamar mejoras de haberes a los jubilados, que ganan menos de 300 mil pesos por mes. Ahora, se metió con la jueza “camporista” que dejó en libertad a los detenidos por la policía de Bullrich. Volvió a hablar de “barras” en la tapa cuando se sabe que no hay barras detenidos.

Como pasó durante la última dictadura, cuando Clarín no informó sobre las desapariciones de personas mientras negociaba quedarse con el negocio de Papel Prensa (lo que finalmente ocurrió), ahora la empresa hace todo lo posible para sumar una nueva empresa a su multimedios. Milei había hablado de “la gran estafa argentina” pero parece que ya se olvidó.

Un día después de la represión a los jubilados el gobierno de Javier Milei decidió aumentar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en más de 7.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.600 millones serán “gastos reservados”.

Apenas un día después de la violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar de manera desmedida los fondos discrecionales para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). A través de un decreto, se autorizó una ampliación presupuestaria de más de 7.300 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones corresponden a gastos reservados, es decir, partidas cuyo destino no se hace público.

Esta maniobra refuerza el carácter opaco de los manejos financieros del gobierno en materia de inteligencia, mientras sectores vulnerables como los jubilados sufren ajustes y represión. En total, el nuevo presupuesto incluye 6.300 millones de pesos en gastos corrientes y 1.022 millones en bienes de capital, pero el foco está puesto en la exorbitante cifra de recursos discrecionales destinados a la SIDE, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.

No es la primera vez que Milei intenta direccionar sumas multimillonarias a los fondos reservados de inteligencia. En julio del año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el retorno del viejo esquema de espionaje estatal, dirigido entonces por Sergio Neiffert, hombre cercano a Santiago Caputo. Sin embargo, aquella medida fue rechazada por el Congreso, convirtiéndose en el único DNU anulado por el Poder Legislativo en la historia del país.

El nuevo incremento de fondos se oficializó a través del DNU 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga al programa de Información e Inteligencia de la SIDE un “crédito” de 7.366.286.591 pesos, equivalentes a cerca de 7 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta asignación millonaria contrasta con los recortes aplicados en otras áreas esenciales y se produce en un contexto de fuerte represión estatal contra la protesta social.

En septiembre del año pasado, el Congreso ya había rechazado un intento similar de Milei de asignar 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, cuestionando la falta de transparencia y el uso desconocido de semejante cantidad de dinero. A pesar de ello, en apenas un mes, el organismo ya había ejecutado el 75% de esos recursos, evidenciando la rapidez con la que se consumen partidas de origen y destino inciertos.

Este nuevo aumento presupuestario, aprobado con total discrecionalidad y en un contexto de represión creciente, refuerza la estrategia de un gobierno que prioriza la expansión de los mecanismos de inteligencia y control, mientras ajusta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Con fuertes críticas al Gobierno, el gobernador bonaerense consideró que “la represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada”.

Luego de lo que fue una nueva jornada de violencia ejercida por el Gobierno a través de efectivos de seguridad en las inmediaciones del Congreso y durante una marcha de jubilados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un fuerte comunicado lamentando lo sucedido y condenando el accionar oficial.

El mandatario provincial consideró que “la represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada”, y añadió: “Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste”.

La represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia.

Mientras un fotógrafo lucha por su vida,…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 13, 2025

“Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia. Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario”, remarcó el gobernador.

Kicillof hizo hincapié en la situación del fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado tras ser golpeado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras trabajaba cubriendo la represión policial.

Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo, era operado debido a la pérdida de masa encefálica. En las imágenes que trascendieron en las redes sociales se observa que el reportero gráfico se encontraba realizando su trabajo cuando fue golpeado en la cabeza por el cartucho lanzado por efectivos policiales.

El proyecto proponía que los tres niveles del Estado coordinaran acciones inmediatas para asistir a los afectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Además, planteaba la creación de un Comité de Emergencia con la participación de especialistas.

En un episodio bochornoso y revelador de la falta de sensibilidad, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se unieron para impedir el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la emergencia en Bahía Blanca y establecer un plan integral de asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador temporal del 7 de marzo.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), proponía que los tres niveles del Estado coordinaran un plan de emergencia que asegurara la movilización inmediata de recursos y medidas concretas para atender la crisis. Entre sus puntos clave, el proyecto establecía la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por vecinos, trabajadores afectados, especialistas de organismos científicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada. El objetivo de este comité era no solo responder a la emergencia inmediata, sino también implementar estrategias de prevención y reconstrucción a mediano y largo plazo, abordando las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales del desastre.

A pesar de la urgencia y la gravedad de la situación, los legisladores de LLA y el PRO decidieron bloquear el tratamiento del proyecto, priorizando su agenda política por encima de la necesidad de miles de personas que aún lidian con la destrucción de sus hogares y la pérdida de bienes esenciales. Este accionar provocó un fuerte repudio dentro y fuera del recinto.

La diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una coordinación efectiva de proyectos de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Sin embargo, Menem, lejos de mostrar la mínima preocupación ante la catástrofe, respondió con una frialdad alarmante: “Este es el juego de la Cámara de Diputados. Se vota o no se vota.”

Las palabras del presidente de la Cámara y la postura del PRO y LLA desataron indignación tanto entre legisladores como en la sociedad, que ve cómo el Congreso se convierte en un campo de batalla político en lugar de un espacio para resolver las urgencias del país. Mientras la oposición se enreda en maniobras para bloquear soluciones, las familias de Bahía Blanca siguen esperando la ayuda que les fue negada en el recinto.

La mujer, que se manifestaba pacíficamente, fue golpeada fuertemente en su cabeza por un efectivo que, además, se escondió tras su accionar.

Dentro del caos que significó un nuevo accionar represivo por parte de las Fuerzas de Seguridad, un episodio trascendió en los distintos medios y redes sociales por la brutalidad que representa: un policía le pegó un duro palazo en la cabeza a una jubilada y, luego, se escondió detrás de sus compañeros.

Mientras la mujer de avanzada edad se manifestaba de manera pacífica, el efectivo la atacó sorpresivamente, provocándole una fuerte herida en su cabeza. Inmediatamente, la jubilada debió ser asistida por quienes allí se encontraban, de acuerdo a lo que muestra el video compartido en redes sociales por el periodista Lautaro Maislin de C5N.

El video no demoró en viralizarse, generando todo tipo de repudio al accionar policial habilitado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien antes de la marcha amenazó a los hinchas de los diferentes clubes con que los iban “a encontrar” si hacían desmanes.

Así fue agredida por la Policía Federal una jubilada durante la manifestación en las afueras del Congreso.

📹 @LautaroMaislin pic.twitter.com/te1TJZydId

— Corta 🏆 (@somoscorta) March 12, 2025

El Gobierno endureció el derecho de admisión en la previa a la marcha

Sin disimular su desesperado intento por afectar el apoyo que miles de hinchas del fútbol están dando este miércoles por la tarde al largamente ignorado reclamo de los jubilados, el gobierno de Javier Milei endureció durante la mañana el derecho de admisión a los estadios de fútbol.

Así quedó plasmado en Resolución 321/2025 del ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.

Allí el gobierno libertario extendió las causales por las cuales se puede aplicar el derecho de admisión a los estadios de fútbol y entre ellas se incluyó una que no tiene nada que ver con incidentes en espectáculos deportivos y que apunta lisa y llanamente a impedir que se sumen a cualquier manifestación popular.

La resolución expande así los criterios a aplicarse y alcanzan a personas imputadas o condenadas por delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o alteración del orden público, ya sea en el ámbito de un espectáculo futbolístico o en eventos relacionados.