El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró en enero una suba de 3,1%, un salto respecto al 2,7% de diciembre y el nivel más alto en casi un año. El dato se da en la antesala de la publicación de la inflación nacional, en medio de tensión por las mediciones oficiales.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró su ritmo en enero y alcanzó una variación mensual de 3,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, en lo que representa el mayor aumento registrado en los últimos 10 meses. Esta cifra marcó un avance respecto del 2,7% de diciembre y confirma la tendencia alcista del índice desde septiembre pasado.

En términos interanuales, el dato se ubicó en 31,7%, apenas por debajo del cierre de 2025, y anticipa un escenario inflacionario complejo para todo el país, ya que suele funcionar como un adelanto de los números que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento de precios en enero estuvo impulsado por fuertes subas en rubros sensibles al bolsillo de los consumidores. Las divisiones que más incidieron fueron Recreación y cultura, con una suba notable; Restaurantes y hoteles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Seguros y servicios financieros; y Transporte, todos con incrementos que empujaron la variación mensual general.

El informe también reflejó que los servicios tuvieron un incremento promedio superior al de los bienes, lo que muestra que las tarifas asociadas con movilidad, turismo y consumo fuera de casa siguieron presionando el nivel general de precios.

Estos datos se publican justo antes de que el INDEC dé a conocer su propio índice nacional de precios, en un contexto donde la medición de la inflación se volvió objeto de debate público y político tras la marcha atrás del Gobierno con la actualización del sistema de cálculo oficial, una polémica que llegó incluso a forzar cambios en la conducción del organismo.

Con el inicio del año marcado por un salto de precios en la capital del país, miles de hogares sienten el impacto directo en su presupuesto familiar, y los analistas advierten que la presión sobre los precios podría continuar si no hay cambios en las políticas económicas actuales.

Desde este domingo 1° de febrero rige un nuevo aumento en la tarifa del Subte: el pasaje pasó de $1260 a $1320, como resultado de una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilita subas mensuales por encima de la inflación.

El incremento vigente es del 4,8% y surge de la inflación de diciembre informada por el INDEC, a la que se le sumó un 2% adicional. Este esquema fue aprobado en audiencia pública y responde a la fórmula de actualización tarifaria autorizada el año pasado, que continuará aplicándose durante el resto de 2026.

En ese marco, el Gobierno porteño ya dejó habilitado un próximo aumento que llevará la tarifa plana a $1363, además de futuros ajustes mensuales que combinarán el índice de inflación con un adicional del 1% extra.

Pese a las subas, se mantiene el esquema de descuentos para usuarios frecuentes que paguen con tarjeta SUBE registrada o con el mismo medio de pago alternativo (crédito, débito, NFC o QR). Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

• De 1 a 20 viajes: $1320
• De 21 a 30 viajes: $1056
• De 31 a 40 viajes: $924
• Más de 41 viajes: $792

En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE no nominalizada, las tarifas son considerablemente más altas:

• De 1 a 20 viajes: $1950,51
• De 21 a 30 viajes: $1560,41
• De 31 a 40 viajes: $1365,36
• Más de 41 viajes: $1170,31

También continúan vigentes los descuentos de la Red SUBE para quienes abonen con tarjeta SUBE física o digital, con rebajas del 50% en la primera combinación y del 75% en las siguientes, dentro de un plazo de dos horas. Este beneficio no se aplica a los pagos realizados con medios alternativos.

Por último, siguen en funcionamiento la tarifa social y los pases y abonos especiales para estudiantes, docentes, personas con discapacidad, personas trasplantadas, jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, accesibles mediante tarjeta SUBE.

Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

Un nuevo frente de conflicto se abre en torno a las estadísticas oficiales del gobierno de Javier Milei. Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), el think tank cercano al espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

El estudio sostiene que, si en lugar de los ingresos declarados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se utilizaran los datos reales de salarios y jubilaciones provenientes de registros administrativos oficiales, la pobreza no habría disminuido, sino que habría aumentado en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.

La investigación apunta directamente a una falla metodológica central: los ingresos que releva la EPH muestran incrementos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de salarios y jubilaciones. Esta discrepancia, lejos de ser un tecnicismo, tiene consecuencias decisivas. Según el CEDEF, los 2,3 millones de personas que habrían salido de la pobreza según la medición oficial podrían responder, en gran medida, a un espejismo estadístico.

El informe aparece en un contexto de fuerte controversia institucional, tras la renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec, atribuida a presiones del Poder Ejecutivo para demorar la actualización del IPC. A las denuncias previas por el “dibujo” de la inflación y la manipulación de estadísticas de ocupación e ingresos —como las señaladas por la UCA— se suma ahora el cuestionamiento a la medición de la pobreza, un indicador clave para el relato oficial.

Los últimos datos de la EPH fueron celebrados por el propio presidente Milei como una mejora “espectacular”. Según esa medición, la pobreza se redujo un 74% entre jubilados, un 43% entre empleados públicos, un 37% entre asalariados registrados y un 21% entre trabajadores no registrados. En total, la incidencia habría caído del 40% al 32% de la población.

Sin embargo, al contrastar esos resultados con otros registros oficiales, el relato comienza a desarmarse. Mientras la EPH indica que los salarios reales del sector privado registrado crecieron casi un 12% entre 2023 y 2025, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un aumento del 1%, y el índice oficial de salarios del sector exhibe incluso una caída del 2,3%.

La divergencia es todavía mayor en el sector público: la EPH registra una suba real del 3%, pero las estadísticas salariales oficiales muestran una contracción superior al 18%. En el caso de los jubilados, la encuesta refleja una mejora cercana al 20%, un dato difícil de compatibilizar con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.

Para evaluar el impacto de estas inconsistencias, el CEDEF realizó una simulación clave. Tomó los microdatos de la EPH del primer semestre de 2023 y actualizó los ingresos utilizando exclusivamente la evolución registrada en las fuentes administrativas: SIPA para trabajadores registrados, estadísticas oficiales para salarios públicos y la movilidad previsional para jubilados.

Dando vuelta el relato oficial

El resultado invierte por completo la narrativa oficial. Bajo este escenario, la pobreza no baja, sino que aumenta cerca de un 9% en cantidad de personas, alcanzando al 44% de la población, tres puntos porcentuales más que dos años atrás. En otras palabras, habría más pobres, no menos.

El informe explica que las encuestas como la EPH dependen de la declaración de los hogares y están expuestas a errores de recuerdo, sub o sobredeclaración de ingresos y problemas de cobertura. Estas distorsiones se profundizan en contextos de alta inflación, donde las variaciones mensuales dificultan respuestas precisas. Los registros administrativos, en cambio, reflejan ingresos efectivos y suelen considerarse más confiables.

Una canasta que también subestima

El CEDEF identifica además un segundo factor que contribuye a reducir artificialmente la pobreza: la caída real de la Canasta Básica Total (CBT), estimada entre un 5% y 6% según región. Esta baja abarata el umbral para ser considerado pobre, pero responde —según el estudio— a problemas metodológicos graves.

La CBT continúa calculándose con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, lo que implica asumir que los patrones de consumo actuales son los mismos que hace más de veinte años. Un trabajo citado por el informe, elaborado por la consultora Equilibra, advierte que esta desactualización subestima de manera sistemática la verdadera línea de pobreza, especialmente en un contexto de fuertes cambios en los precios relativos.

Para el Gobierno, los datos de pobreza son centrales en su narrativa de estabilización tras el ajuste inicial. El informe del CEDEF, sin embargo, desmonta esa construcción y sugiere que la mejora exhibida es, en gran medida, producto de fallas de medición más que de una recuperación real de los ingresos.

Si querés, puedo hacer una versión más corta, una bajada más filosa, o adaptarla al estilo de un medio específico.

Una resolución del ENACOM intervenido suprime el esquema creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo reemplaza por un programa orientado a proyectos “competitivos”. Organizaciones del sector denuncian un vaciamiento y advierten por el impacto en la pluralidad informativa.

El Gobierno dispuso la eliminación del mecanismo que durante más de una década financió a radios, canales y productoras sin fines de lucro en todo el país. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), actualmente intervenido, dejó sin efecto el fondo concursable destinado a medios comunitarios y cooperativos, y lo sustituyó por un nuevo instrumento con criterios distintos.

El fondo eliminado había sido creado al amparo de la Ley 26.522 y se nutría de un porcentaje de los gravámenes que abonan los grandes grupos de comunicación. Su finalidad no era comercial sino garantizar el acceso a la comunicación, promover contenidos locales y sostener experiencias autogestionadas en regiones donde el mercado no llega o no considera rentables ciertos proyectos.

La nueva herramienta oficial, presentada como una actualización administrativa, prioriza iniciativas con perfil “innovador” y potencial de inserción en mercados más amplios. Para referentes del sector comunitario, el cambio no es meramente técnico sino conceptual: el Estado abandona un esquema de fomento orientado a derechos y adopta una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad.

A la supresión formal del fondo se suma un dato que las organizaciones vienen señalando desde hace meses: los recursos correspondientes a convocatorias ya adjudicadas permanecen impagos. Proyectos aprobados y ejecutados durante 2023, aseguran sus responsables, no recibieron las transferencias comprometidas, lo que generó deudas, paralización de producciones y riesgo de cierre en distintos puntos del país.

Entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia de retracción del Estado en materia de políticas públicas de comunicación. Sostienen que la decisión consolida un proceso de desfinanciamiento iniciado el año pasado y debilita a actores que históricamente garantizaron cobertura local y diversidad de voces.

Desde el organismo regulador argumentan que la modificación apunta a simplificar procedimientos y adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. Sin embargo, para sus críticos, el resultado es un corrimiento del Estado como garante del derecho a la información y una reconfiguración del mapa audiovisual que favorece a estructuras con mayor capacidad económica.

El impacto de la resolución ya comenzó a sentirse en cooperativas y asociaciones civiles que dependían de esos recursos para sostener programación, equipamiento y salarios. En un escenario de concentración mediática creciente, la eliminación del fondo abre un nuevo frente de disputa sobre el rol público en la defensa del pluralismo y el acceso equitativo a la comunicación.

Por Santiago Masetti

El ex presidente de Honduras y actual titular de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos difundió un documento dirigido a intelectuales y académicos en el que propone debatir los límites del progresismo, la disputa cultural en las redes sociales y la construcción de un orden multipolar.

En un texto de tono programático y apelación directa a la comunidad intelectual internacional, Manuel Zelaya lanzó una convocatoria a lo que define como una “ofensiva teórica” frente a la nueva etapa del sistema global. El ex mandatario hondureño, hoy presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, plantea que el mundo atraviesa “una encrucijada histórica” marcada por una mutación profunda del imperialismo, al que describe en su fase “más agresiva”.

Lejos de los comunicados coyunturales, el documento adopta un registro estratégico. Zelaya sostiene que las potencias tradicionales, ante una hegemonía en declive, apelan a “nuevas arquitecturas financieras, tecnológicas y militares” para sostener su influencia. En ese marco, convoca a intelectuales, académicos y analistas a elaborar un trabajo colectivo que aborde cinco ejes centrales.

El primero apunta a lo que denomina la “fase superior de la agresión imperialista”, con foco en las guerras híbridas, el lawfare y el asedio económico como mecanismos contemporáneos de disciplinamiento político. El segundo propone revisar “los límites del progresismo”, en una autocrítica sobre los alcances y techos de las reformas institucionales impulsadas en América Latina y otras regiones durante las últimas dos décadas.

El tercer eje se inscribe en el debate geopolítico: la construcción de un nuevo orden multipolar y el papel de las potencias emergentes en un equilibrio global que, según el texto, respete la soberanía de los pueblos. A la par, plantea discutir alternativas al capitalismo que superen el modelo extractivista y coloquen “la vida” en el centro de la organización social y económica.

Finalmente, Zelaya introduce la dimensión cultural y tecnológica. Advierte que la disputa por las “conciencias colectivas” se libra en el terreno de los algoritmos y la posverdad, y subraya la necesidad de comprender cómo operan las redes sociales en la configuración de sentidos comunes.

“La necesidad de coordinar las luchas de los pueblos y los gobiernos es imperativa. No basta con resistir; debemos proponer”, afirma en uno de los pasajes centrales. Allí radica el núcleo político de la convocatoria: articular pensamiento y acción en una izquierda que, a su juicio, debe escapar de “visiones panfletarias” y construir propuestas innovadoras capaces de movilizar mayorías.

El llamado de Zelaya se inscribe en una etapa de reconfiguración del mapa político latinoamericano, atravesado por avances y retrocesos de fuerzas progresistas, tensiones económicas y un escenario internacional signado por la competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias. Su apuesta es que la reflexión estratégica no quede rezagada frente a la dinámica de los acontecimientos.

Más que un manifiesto cerrado, el documento funciona como disparador. Propone abrir un debate sobre la forma que debería asumir una “Izquierda Socialista” en el siglo XXI y convoca a alimentar, en sus palabras, “este fuego colectivo”. En tiempos de discursos fragmentados y urgencias permanentes, la iniciativa busca reinstalar la discusión de fondo: qué proyecto histórico puede ofrecer hoy el campo popular en un mundo en transición.

El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Después de más de dos décadas de descenso sostenido, la Argentina registró en 2024 un aumento en la tasa de mortalidad infantil. El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Se trata de un incremento de 0,5 puntos, el más alto desde 2002, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, organización dedicada a la promoción y prevención en salud. “En 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, advirtió el documento.

Los especialistas vinculan este retroceso al deterioro de las condiciones socioeconómicas y sanitarias, agravadas por el avance de la pobreza. Señalan que la crisis comenzó durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, y se profundizó durante el primer año de gestión de Javier Milei.

En números absolutos, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año, lo que interrumpió una tendencia de mejora que se mantenía desde comienzos de los 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos.

Entre las principales causas del aumento figuran las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas.

Desigualdad entre provincias

El informe también expone fuertes diferencias regionales. Corrientes encabezó los registros con una tasa de 14 muertes infantiles, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). También se ubicaron por encima del promedio nacional provincias como Formosa y Santiago del Estero, con 10,7 decesos cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de una población, ya que refleja el acceso a controles médicos, condiciones de vida y calidad del sistema sanitario.

Por Gerardo Torres*

El pasado 27 de enero se cumplieron 20 años de la toma de posesión de José Manuel Zelaya Rosales, el último Presidente liberal que ha tenido Honduras.

El Estadio Nacional de Tegucigalpa estaba lleno hasta las torres de iluminación, vestido con decenas de miles de banderas rojas y blancas, los espectadores parecían no importarles el intenso sol de una mañana que ya rozaba el mediodía, y todas las miradas estaban puestas en el escenario, donde aquel Olanchano se disponía a dar su primer discurso como mandatario.

“En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos” empezó Zelaya despertando el alarido popular que salía del coloso capitalino y bañaba los barrios aledaños y a toda Honduras a través de las ondas radiales y televisivas.

Desde la década de 1980 cuando Honduras superó a las dictaduras militares, los Liberales ganaron 5 de las 7 contiendas electorales. El Partido Liberal era en ese momento, sin lugar a dudas, el partido más poderoso de Honduras con una clara ventaja sobre el Partido Nacional que le servía de revulsiva oposición. Un dato a subrayar es que aquella toma de posesión hace dos décadas fue la última en la que el Presidente saliente, Ricardo Maduro, acompañó la ceremonia de ascenso del nuevo Jefe de Estado.

Honduras ya era uno de los países más pobres del mundo, a pesar de ser un “buen amigo” de los Estados Unidos, de ser profundamente neoliberal, de haber firmado sin objeción el Tratado de Libre Comercio CAFTA con la potencia americana y de (des)balancearse siempre hacia la derecha. El bipartidismo había fracasado en la tarea de sacar a la gente de la pobreza y de procurar que la bonanza económica no se concentrara solo en la élite.

Manuel Zelaya lo sabía, desde siempre había sido un político diferente y hasta incómodo dentro del Partido Liberal. Sin padrinos fuertes en los dueños del mismo, y creando su perfil como un eficiente ministro en el Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS, con mucha cercanía a la gente. Y antes, como diputado ganándose el título de “Ranger” por su costumbre de usar botas y sombrero todo el tiempo.

“Yo no llegué acá por un acuerdo de cúpulas, yo salí de los barrios de Tegucigalpa y Comayagüela, no es el dinero y el poder lo que hace a un político si no el apego a los ideales y la coherencia a los principios” sentenciaba el presidente frente a miles de sus seguidores.

Horas antes de que le colocaran la banda Presidencial, el Congreso Nacional había aprobado la ley de participación ciudadana que garantizaba una participación activa de la población y una mayor vigilancia al gobierno.

La primera orden de Zelaya fue garantizar la matrícula gratis en todo el sistema de educación pública, también dedicó el 1% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República a la conservación forestal y de cuencas, enfatizó su interés en potenciar la micro, pequeña y mediana empresa con una priorización en el sector agrícola, habló de seguridad, de enfrentar los monopolios, de no permitir la corrupción ni siquiera la de sus amigos, de cambiar la fórmula de los combustibles para bajar los precios y comprar en licitación internacional, de rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de sumarse fielmente al Libre Comercio.

Como buen liberal habló de reducir el gobierno, de darle una importante participación en su mandato a los empresarios y de incorporarse a los mercados globales. También dedicó un respetuoso saludo al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, a la iglesia católica y evangélica.

Tres años y medios después de aquel majestuoso acto de toma de posesión, Zelaya recibiría un Golpe de Estado de muchos de quienes lo acompañaron esa mañana en el estrado, pero resistió y volvió al poder gracias a la solidaridad y el acompañamiento de quienes lo miraron desde los sectores populares.

Cumplió y mantuvo su postura en la mayoría de los temas que prometió esa mañana, pero cambió la lógica privatizadora neoliberal para apostarle a cuidar los bienes y empresas del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Su relación con los empresarios se fue deteriorando porque interrumpió sus negocios históricos, les puso reglas claras y puso un alto a la corrupción con la que se hicieron multimillonarios saqueando al Estado.

También se peleó con los Estados Unidos por buscar petróleo barato en Venezuela, por fortalecer las relaciones con Latinoamérica y hacer respetar la dignidad y la soberanía nacional. Esto le trajo problemas con las iglesias y los medios de comunicación, aparatos de control ideológico de esas élites sobre las masas marginadas.

Zelaya fue traicionado por el Partido Liberal que se confabuló para derrocar a uno de los suyos, en conspiración con el Partido Nacional, la oligarquía nacional y la embajada de los Estados Unidos. A base de fuego y sangre la cúpula hondureña le puso un alto al sueño de los sin voz de participar en la política y la economía nacional.

Zelaya organizó a la Resistencia Popular y al Partido Libertad y Refundación LIBRE que ganó las elecciones en 2021 y gobernó el país bajo el mando de Xiomara Castro. Por su parte el Partido Liberal no ha logrado volver al poder, atrapado en un dilema permanente de enfrentar casi con odio a Libre, lo que los ciega y los lleva siempre a entregarse a su otrora rival histórico, hoy patrón político; Partido Nacional.

En noviembre del 2025 el Partido Liberal por fin ganó las elecciones, pero se las dejó robar por los nacionalistas arrastrados por las olas de su resentimiento a la izquierda, su dogmatismo conservador y su temor de enfrentar a las élites que antes tantas veces venció. Traicionaron a su candidato: un outsider que parecía poder revivirlos, y lo hizo. Pero en el CNE votaron en su contra, y en el Congreso Nacional también. Parecieran haber perdido su última oportunidad de volver al poder.

Desde el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya el Partido Liberal perdió su contacto con el pueblo y olvidó saber defenderlo. Se quedó en perpetuidad en la foto de aquella mañana de hace 20 años, con sus trajes finos, sudando a escondidas, viendo de lejos a la muchedumbre, esperando obediencia y con un permanente miedo a que se atrevieran desafiar esa distancia segura que los separaba.

*Ex vicecanciller de Honduras

Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

El histórico secretario general de los metrodelegados falleció este jueves. Desde la AGTSyP lo despidieron con profundo dolor: “¡Hasta la victoria siempre!”.

El sindicalismo argentino despide a uno de sus dirigentes más carismáticos y combativos. Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (metrodelegados), falleció dejando un vacío en la militancia porteña. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada oficialmente por voceros sindicales. A través de sus redes sociales, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro publicó un emotivo mensaje: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Pianelli fue recordado por sus compañeros como “uno de los mejores sindicalistas de nuestra época”, destacándose por su lealtad a los ideales, su capacidad de formación y una militancia política activa que nunca abandonó.

De Flores al sindicalismo combativo

Criado en el barrio de Flores, Pianelli tuvo su despertar político en plena dictadura militar, una época que lo marcó a fuego entre el miedo y la rebeldía juvenil. Se salvó de ir a la Guerra de Malvinas por tener un número bajo en el sorteo, pero la coyuntura del país lo empujó a la militancia, primero acercándose a la izquierda a través de lecturas de Trotsky y luego consolidando su perfil en el gremialismo.

Su historia en el transporte subterráneo comenzó en 1994, cuando ingresó como boletero de la línea E en pleno menemismo. Ante la ola de despidos y la falta de representación, comenzó a organizar a sus compañeros desde la base, gestando lo que luego sería el sindicato de los Metrodelegados.

La batalla contra la burocracia

Su liderazgo se forjó en la confrontación directa con la conducción de la UTA, a la que desafió denunciando métodos violentos y patoteriles. “Teníamos que parar los traslados, nos juntamos todas las líneas y lo logramos”, recordaba sobre aquella primera victoria que cimentó su conducción.

Fanático de Boca y lector voraz, en su oficina convivían fotos de Cristina Kirchner, Lula da Silva y El Eternauta. En sus últimas apariciones públicas, se había mostrado preocupado por el avance de la derecha, advirtiendo que el escenario político venía “como un tren acelerando”.

Por Christian Duarte*

El pasado 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras para designar presidente de la República, 128 diputados al congreso nacional y 298 alcaldes.

En un hecho sin precedentes en la región, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió 3 mensajes públicos amenazando al pueblo hondureño para que votaran por “su candidato”. En sus mensajes, Trump también anunció que otorgaría indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, el ex presidente del mismo partido político y más grande capo de la historia de Honduras.

Junto a los mensajes de Donald Trump, el Partido Nacional y Liberal operaron con el crimen organizado acciones de intimidación contra la población y ejecutaron un fraude durante la votación y al seno del órgano electoral, que fue puesto al descubierto gracias a 26 audios en poder del Ministerio Público.

Estos hechos develan una compleja pero organizada operación para alterar de forma sustancial la voluntad popular y el resultado de las elecciones, fundamentalmente a nivel presidencial, constituyéndose en un golpe de estado electoral. Una nueva forma de injerencia imperial operado por los Estados Unidos para intervenir los procesos electorales e imponer sus intereses en la región, lo que se suma a sus intervenciones en Ecuador, Argentina y Venezuela.

Cronología de hechos

1. Los mensajes de Trump y el Gobierno de los Estados Unidos

Según encuestas propias y de terceros, la disputa por el primer lugar se daba entre Rixi Moncada, candidata del partido de gobierno LIBRE, y Salvador Nasralla, contendiente por el Partido Liberal, partido históricamente aliado del Partido Nacional y promotor del golpe de estado del 2009 al presidente Zelaya; Nasry Asfura, del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, figuraba en un lejano tercer lugar, como el mismo Donald Trump ha afirmado en diversas entrevistas.

En medio del llamado silencio electoral y a pocos días de las elecciones, Donald Trump emitió su primer mensaje el 26 de noviembre, presentando las elecciones generales de Honduras como una disputa geopolítica entre “comunistas narco- terroristas” y los demócratas; señalando a Rixi Moncada como “su principal opositora”, llamando a votar abiertamente por Nasry Asfura del Partido Nacional.

El 28 de noviembre, Donald Trump emitió un segundo mensaje, esta vez más contundente y amenazante, pues condiciona la relación entre Estados Unidos y Honduras al triunfo de Nasry Asfura, llamando nuevamente a votar por este, y anuncia el indulto a Juan Orlando Hernández.

Finalmente, el 1 de diciembre, un día después del proceso electoral, Trump manifestó en sus redes sociales que “desataría un infierno en Honduras” si alguien “intenta alterar los resultados de la elección” y declara ganador a Nasry Asfura con el solo el 47% de los votos escrutados.

Los mensajes del Presidente Trump se suman a una campaña de mensajes y amenazas de diversos personeros del Gobierno de los Estados Unidos, como el Secretario de Estado Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi, asesores, senadores republicanos y mensajes oficiales desde diversas agencias de gobierno.

2. Los mensajes y las amenazas al pueblo

Junto a los mensajes de Donald Trump, en Honduras y en Estados Unidos fueron enviados millones de mensajes amenazando a los migrantes y a las familias receptoras de remesas. Amenazas realizadas bajo una narrativa en la que se colocó al Partido LIBRE y a su candidata, Rixi Moncada, como enemigos de los Estados Unidos.

3.6 millones de mensajes de texto fueron enviados durante el período de silencio electoral, amenazando a la población con perder sus remesas. El mensaje literalmente decía: “Las remesas no se pueden perder, votar para que tus remesas lleguen es importante. No votes por Rixi Moncada #TuEliges”. A estos, deben sumarse los miles de mensajes enviados por los bancos a las familias beneficiarias y una multimillonaria campaña en redes sociales.

La relevancia del mensaje de Trump, junto a los millones de mensajes, cobra sentido cuando se tiene en cuenta que Honduras tiene más de 1.2 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, que envían en remesas el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto, beneficiando a 625,000 familias del país, muchas de las cuales dependen enteramente de este ingreso para su supervivencia.

3. El indulto a Juan Orlando, el lobby financiero y el crimen organizado

Juan Orlando Hernández fue condenado en el año 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión federal más 60 meses de libertad supervisada. Sus delitos fueron haber importado cerca de 500 kilos de cocaína a los Estados Unidos, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspirar usándolos para traficar droga.

En su ascenso, el más grande capo de la droga de Honduras, cometió dos fraudes electorales (2013 y 2017), se reeligió inconstitucionalmente, utilizó el poder estatal para erigir su propio cartel de drogas y sumió al país en las más altas tasas de violencia y pobreza. Por lo que su indulto fue un duro golpe para el pueblo hondureño y un claro espaldarazo a las estructuras del crimen organizado que operaron junto al Partido Nacional después del Golpe de Estado de 2009.

Es importante señalar que diversas fuentes señalan como los responsables del lobby por el indulto a Juan Orlando a oligarcas estadounidenses ligados al pensamiento libertario, las criptomonedas y empresas informáticas, destacando el multimillonario dueño de Palantir Peter Thiel. Quien también es inversionista y fundador de la ciudad modelo Próspera, bajo la ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), derogadas por el Gobierno de LIBRE y declaradas inconstitucionales por las Corte Suprema de Justicia (CJS). Próspera interpuso una demanda por $10,000 millones contra el Estado de Honduras ante CIADI por la derogatoria.

Al respecto del rol de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en los fraudes electorales es importante señalar que, en su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales presentaron evidencia de que Juan Orlando:

1. usó dinero del narcotráfico para sobornar juntas receptoras de votos y manipular resultados;
2. sobornó ingenieros informáticos del órgano electoral para hackear los sistemas y alterar los resultados;
3. pagó a pandillas para promover el caos y justificar la represión.

El día de la pasada elección, los servicios de atención a incidentes de seguridad del Estado contabilizaron cientos de llamadas de ciudadanos denunciando amenazas de las pandillas para que no ejercieran el sufragio, no llevaran gente a votar y no pusieran carpas incitando al voto por el Partido LIBRE y su candidata Rixi Moncada.

4. El fraude en el órgano electoral y el rol del cuerpo diplomático y la sociedad civil

El 29 de octubre el Fiscal General dio a conocer 26 audios que develaron el plan para robar la elecciones y alterar la soberanía popular. La conspiración fue liderada por la representante del Partido Nacional en el órgano electoral y un diputado del mismo partido, con el apoyo de la representante del Partido Liberal en el órgano electoral, un militar retirado, personeros de la sociedad civil y la Embajada de los Estados Unidos.

El plan consistió en boicotear la integridad de los resultados electorales para declarar como ganador a un candidato sin la mayoría de los votos. El boicot se operó en los siguientes elementos:

1. Fallas en la conectividad de los centros de votación con el objetivo de alterar el resultado electoral preliminar.
2. Desactivación del lector biométrico como un requisito para el conteo de actas con el objetivo de inflar 480,000 votos sin respaldo.
3. Sistema de transmisión de resultados electorales defectuoso en 87% de los casos.
4. Retención sin justificación de 16,615 actas en todos los niveles en la noche de la votación.
5. Caso omiso de los informes de auditoría que alertaron sobre las fallas críticas en los sistemas informáticos y su vulnerabilidad a ser manipulados.
6. Emitir una declaratoria parcial, sin haber contado cerca de 5,000 actas.
7. Aceptación acrítica de los resultados electorales de parte del cuerpo diplomático y de países con gobierno aliados a los Estados Unidos y de la sociedad civil. Ha trascendido inclusive que la Embajada de Francia y de Argentina acogieron a dos consejeras electorales durante las semanas finales del conteo.

Esto último evidencia el doble rasero de Estados Unidos, Europa y sus aliados, porque frente a las elecciones presidencial de Venezuela en 2024 exigieron vehementemente el recuento de los votos y la publicación de las actas, mientras que en Honduras corrieron a aceptar el resultado electoral sin que hubiera terminado el conteo, sin que el órgano electoral respondiera los reclamos administrativos y sin que existiera una declaratoria total.

Conclusión

El Golpe de Estado Electoral se operó utilizando 7 instrumentos: 1) Injerencia política sin precedentes del Presidente de los Estados Unidos y otros voceros del gobierno; 2) Chantaje económico, “si gana la izquierda, perderán sus remesas y el apoyo de los Estados Unidos”;

3) Crimen organizado: Juan Orlando Hernández y pandillas; 4) Campañas masivas, multimillonarias y multiniveles de comunicación y desinformación; 5) Apoyo de la sociedad civil para validar el fraude y los resultados; 6) Apoyo del cuerpo diplomático y países aliados de los Estados Unidos; 7) Financiamiento multimillonario de oligarcas estadounidenses con proyectos en Honduras.

El resultado fundamental es el irrespeto al voto popular y el ejercicio del sufragio bajo amenaza. Esto se refleja en el nivel de participación electoral, con apenas un 52.8%⁴, la segunda menor participación en los últimos 45 años, solo superada por las elecciones post golpe de estado en 2010. Asimismo, la ilegitimidad de las elecciones está acompañada por el retorno de un Partido Político que gobernó junto al crimen organizado, destruyó las instituciones públicas y saqueó las arcas del Estado, arrojando a cientos de miles a la pobreza y al desplazamiento forzando y convirtiendo a Honduras en el país más violento del mundo.

La sociedad hondureña es fuerte y resiliente, y junto a ella, haremos resistencia y oposición desde el Partido LIBRE y los movimientos sociales y populares de Honduras, luchando contra el despojo y el saqueo, por la conservación de las victorias del Gobierno de Xiomara Castro y de los bienes públicos.

*Ex Ministro de Finanzas de Honduras