El Ministerio de Educación de Córdoba impuso un protocolo de control extremo que obliga a los alumnos a usar bolsas transparentes. Una medida que importa una paranoia de guerra ajena a la Argentina para tapar la falta de inversión en gabinetes psicopedagógicos y contención social.

Lo que el Gobierno de Córdoba presenta como un “protocolo de seguridad e higiene” es, en realidad, la institucionalización de una paranoia importada. El Ministerio de Educación decidió prohibir las mochilas y exigir que los alumnos trasladen sus pertenencias en bolsas plásticas transparentes, utilizando como disparador una supuesta amenaza de tiroteo que circuló en redes. Sin embargo, mientras la justicia investiga si se trató simplemente de un reto viral de adolescentes, la respuesta oficial fue la militarización de la mirada: tratar a cada estudiante como un sospechoso y a cada aula como una potencial zona de conflicto bélico.

Esta lógica de “seguridad low-cost” instala en la Argentina un problema que no tenemos. En un país sin cultura de armas en las escuelas y sin conflictos bélicos, el Estado decide copiar los modelos de vigilancia de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Es el absurdo total: en lugar de trabajar sobre la alfabetización digital o el acompañamiento psicológico de los pibes ante los fenómenos de internet, el Gobierno opta por despojarlos de su intimidad. La bolsa de plástico no previene una masacre, pero sí garantiza que el Estado pueda revisar hasta el fondo de la cartuchera sin necesidad de protocolos judiciales.

El componente social de la medida es demoledor. En una Argentina donde la pobreza infantil no para de crecer, obligar a los chicos a exhibir sus pertenencias en una bolsa de nailon es una humillación planificada. El derecho a la privacidad queda suspendido bajo el mantra del control, y los alumnos quedan expuestos a mostrar desde la falta de merienda hasta el estado de sus útiles. Es la transparencia aplicada únicamente a los más vulnerables, mientras la gestión de los problemas reales —como el hambre en los comedores y el derrumbe salarial— sigue ocurriendo detrás de puertas cerradas.

Finalmente, este protocolo revela la orfandad de criterios de un modelo que prefiere el impacto visual de la requisa antes que la complejidad del vínculo pedagógico. Al alimentar el pánico por un reto de TikTok para justificar la desaparición de las mochilas, el Gobierno de Córdoba está formando a una generación en la cultura de la sospecha. Mientras los pibes cargan sus cuadernos en bolsas de residuo a la vista de todos, queda claro que la única “libertad” que se promueve es la de ser vigilado, importando miedos extranjeros para no tener que dar respuestas a las urgencias nacionales.

Ni Messi, ni Maradona: para Milei, el “argentino más importante” ahora es el mismo al que antes trataba de “zurdo asqueroso”.

La política argentina siempre te da sorpresas, pero lo de Javier Milei ya es para el Guinness. El tipo que se hizo famoso en la tele gritando contra todo el mundo y pegándole duro al Papa Francisco, hoy se despertó con ganas de pedirle la bendición. ¿Qué pasó con el “León” que no se callaba nada?

Parece que a Milei se le borró el historial de Twitter (o eso quisiera él). Hace no mucho tiempo, sus redes eran un ventilador de insultos contra el Papa. Mirá algunas de las “joyitas” que decía:

• “Imbécil”: Así lo llamó por el tema de los impuestos.
• “Representante del maligno”: Directamente dijo que el Papa era el enviado del diablo en la Tierra.
• “Zurdo de m…”: El insulto favorito del Presidente para cualquiera que no piense como él, incluso para el Jefe de la Iglesia.

Para el Milei de hace un par de años, el Papa era el enemigo número uno. Lo acusaba de ser un “peroncho” que quería hundir al mundo en la pobreza.

Del insulto al abrazo: ¿Tanto cambió la cosa?

Hoy la historia es otra. El Presidente subió una foto abrazando a Francisco y lo llamó “el argentino más importante de toda la historia”. Sí, el mismo que antes era “el maligno”, ahora es el más grande de todos.

¿Qué cambió?

1. ¿El Papa se hizo libertario? No parece.
2. ¿Milei se arrepintió de verdad? Difícil de creer después de tantos años de odio.
3. ¿Conveniencia política? Bingo.

Milei nos vendió que era “distinto”, que no era de la “casta” y que sus principios no se negociaban. Pero la foto de hoy demuestra que, cuando necesita poder o una buena imagen para el exterior, se guarda los gritos en el bolsillo y va a pedirle perdón al “zurdo” que tanto criticó.

Al final del día, el archivo no perdona. Podés borrar los tuits, pero la gente no es tonta. ¿Cuál es el verdadero Milei? ¿El que insulta por Twitter o el que viaja al Vaticano a pedir un abrazo?

El Frente Sindical de Universidades Nacionales y el movimiento estudiantil convocan a una nueva jornada de protesta nacional. El reclamo se centra en la asfixia presupuestaria, la caída de los salarios docentes y la defensa de la educación pública.

El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario entra en una etapa de máxima tensión. Este martes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron la convocatoria a una segunda Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo. La medida es la respuesta directa a una política oficial que, según denuncian los gremios, sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo y mantiene el presupuesto en niveles de parálisis técnica.

Un punto central del reclamo es la brecha insostenible entre los salarios y el costo de vida. Datos recientes del sector revelan que el Gobierno otorgó un aumento salarial equivalente a apenas la mitad de la inflación registrada desde el inicio de la gestión libertaria. Esta pérdida del poder adquisitivo, que ya supera el 40%, ha empujado a gran parte de los docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza, convirtiendo la situación en una crisis humanitaria dentro de los claustros.

La movilización del 12 de mayo busca superar el hito del pasado 23 de abril, denunciando que el Ministerio de Capital Humano utiliza “maniobras de distracción”. Mientras el Ejecutivo anuncia actualizaciones menores para gastos de funcionamiento (luz, gas y limpieza), ignora sistemáticamente la recomposición de los salarios, que representan el 90% del presupuesto universitario. Desde los sindicatos advierten que la estrategia oficial de “auditar para no pagar” es una excusa para avanzar en el desmantelamiento de la educación pública.

El malestar se extiende también a la falta de inversión en ciencia y tecnología. Investigadores y becarios se sumarán a la marcha para denunciar que el Gobierno está violando de forma flagrante la ley vigente, que obliga al Estado a garantizar el financiamiento adecuado para las altas casas de estudio. “No hay universidad posible con trabajadores que no pueden cubrir la canasta básica”, señalaron desde el Frente Sindical, remarcando que la oferta oficial es “una burla” frente a la escalada de precios en alimentos y servicios.

La logística de la marcha prevé una columna central en la Ciudad de Buenos Aires que se desplazará desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, replicando las protestas en todas las capitales provinciales. Se espera que la jornada sume el apoyo de diversos sectores sociales que ven en la universidad pública el último refugio de ascenso social. La organización ya trabaja en un documento que exigirá el cese inmediato del ahogo financiero y el cumplimiento estricto de las leyes de financiamiento que el Ejecutivo hoy ignora.

Finalmente, la convocatoria pone en jaque el discurso de austeridad de la Casa Rosada. Para los rectores y gremios, el desfinanciamiento no es un problema de “falta de plata”, sino una decisión política de asfixiar al sistema. La cuenta regresiva hacia el 12 de mayo ya comenzó, y promete ser el desafío más importante para la gestión de Javier Milei en este semestre, con una comunidad educativa que se declara en estado de alerta permanente hasta que se recupere el valor real de los salarios y el presupuesto.

Una nueva denuncia pone bajo la lupa la declaración jurada del vocero presidencial tras la adquisición de una propiedad en el barrio de Belgrano.

La transparencia del entorno de Javier Milei sufrió un duro golpe tras las declaraciones testimoniales de Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, los responsables de la firma inmobiliaria que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni. Según los empresarios, la propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Belgrano tenía un valor real de mercado de 340.000 dólares, pero llamativamente terminó figurando en la escritura por apenas 230.000 dólares. Esta diferencia de 110.000 dólares es la que la justicia investiga ahora como una presunta maniobra de subvaluación para ocultar el patrimonio real del funcionario.

El dato más impactante que surgió del testimonio es la modalidad de pago, calificada por expertos como “totalmente fuera de mercado”. Según Rucci y Trimarchi, el vocero presidencial habría convencido a las vendedoras —dos mujeres jubiladas— de otorgarle un préstamo personal por 200.000 dólares para cubrir casi la totalidad de la operación. Es decir, las vendedoras no solo aceptaron cobrar un tercio menos de lo que valía su propiedad, sino que además se convirtieron en las “financistas” de Adorni, permitiéndole pagar su vivienda de lujo en cómodas cuotas.

Para los investigadores de Comodoro Py, esta estructura tiene todas las características de una operación simulada. En el mercado inmobiliario actual, no existe el precedente de un vendedor que resigne una suma millonaria en dólares y, simultáneamente, le preste el dinero al comprador para que se lo devuelva a largo plazo. La sospecha principal es que ese “préstamo” es en realidad una pantalla para blanquear fondos de origen desconocido que el vocero no podría justificar con su salario público ni con sus ahorros previos declarados.

La celeridad del trámite también generó sospechas. La transferencia se realizó en tiempo récord, eludiendo varios de los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre el origen de los fondos en transacciones de este calibre. Mientras Adorni utiliza su atril diario en Casa Rosada para exigir sacrificios a la población y hablar de “transparencia”, los papeles de su vivienda propia revelan un entramado de beneficios y opacidad administrativa que lo aleja por completo de la ética que pregona su discurso oficial.

Desde el bloque de la oposición ya se preparan pedidos de informe sobre el rol del escribano interviniente y la situación patrimonial de las vendedoras. Resulta difícil explicar por qué dos jubiladas accederían a un negocio tan perjudicial para su propio capital, a menos que el préstamo sea una ficción jurídica para cerrar una brecha contable. “Es el primer gran caso de corrupción inmobiliaria del riñón libertario”, señalan fuentes judiciales que siguen de cerca la causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Finalmente, la Justicia deberá determinar si la discrepancia de valores constituye un delito de evasión y lavado de dinero. El impacto político es directo: el vocero estrella del Gobierno queda atrapado en una contradicción moral insalvable, donde la “motosierra” parece haber funcionado solo para recortar el precio de su propia casa. Si la tasación oficial confirma los 340.000 dólares denunciados por la inmobiliaria, el destino judicial de Adorni podría complicarse seriamente antes de que termine el primer semestre.

La coordinadora para América Latina del Festival Internacional de la Juventud, Aleksandra Osmolovskaya, visitó Buenos Aires para promover la inscripción de jóvenes al encuentro que se realizará en septiembre en Ekaterimburgo.

Con la mira puesta en ampliar la participación argentina, Osmolovskaya encabezó una conferencia de prensa en la Casa Ruso Argentina, donde convocó a jóvenes de todo el país a sumarse al principal encuentro global de juventudes.

“Este es el año de la unidad de los pueblos”, afirmó la funcionaria, quien remarcó el carácter integrador del evento. “Unidad entre diferentes pueblos. Educación para los jóvenes”, agregó, al tiempo que subrayó que el festival busca fortalecer la cooperación internacional. “Tenemos un plan para la cooperación internacional”, señaló.

El festival prevé reunir a unos 10.000 participantes, 2.000 voluntarios y delegaciones de 190 países, además de representantes de 89 regiones de Rusia, en una agenda centrada en el intercambio cultural, el desarrollo de proyectos y el diálogo con expertos internacionales.

Las postulaciones para Argentina permanecerán abiertas hasta el 30 de abril de 2026, con una instancia adicional de inscripción —en carácter de reserva— entre el 1 y el 31 de mayo. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años.

En ese marco, Osmolovskaya destacó la importancia de la participación latinoamericana y llamó a los jóvenes argentinos a involucrarse activamente. “Estoy orgullosa de poder estar con tantos jóvenes que quieren participar de nuestras actividades”, expresó, y añadió: “Invitamos a otros países para ver Rusia y conocer más”.

Por su parte, Ignacio Moyano, presidente del Comité Nacional Preparatorio del festival en Argentina, enfatizó la necesidad de garantizar una representación federal. “Nuestra idea es que este evento llegue a todo el país, que estemos todos representados. Que no quede en la ciudad de Buenos Aires o el AMBA”, sostuvo.

Asimismo, Moyano remarcó el valor del intercambio cultural que propone el encuentro. “Para conocer a las personas de allá. No hay nada mejor que conocer su cultura e idioma”, indicó., para luego agregóar: “Lo que tiene de interesante, en un mundo multipolar, es que el festival permite derribar muchas ideas que tenemos sobre otros países”.

El dirigente también destacó su experiencia previa en el evento: “La primera vez que fui, me permitió conocer muchas personas de otros países, con otras experiencias”.

De esta manera, el Festival Internacional de la Juventud se consolida como un espacio de articulación global que promueve la cooperación, el entendimiento entre culturas y la construcción de una agenda común entre jóvenes de todo el mundo.

De cara a una segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos Por el Perú plantea revisar el esquema de inserción internacional del país y cuestiona el impacto de los acuerdos comerciales en la distribución de la riqueza.

En Perú, Roberto Sánchez, candidato de los movimientos sociales y de la izquierda de Juntos Por el Perú (JPP), propone una auditoría internacional a los Tratados de Libre Comercio y la renegociación de los contratos de inversión extranjera.

Sánchez anticipó que promoverá la renegociación de esos contratos y una auditoría internacional a los acuerdos de libre comercio, con el objetivo de reducir las desigualdades en el país, especialmente en las comunidades con altos índices de pobreza donde se desarrollan los grandes proyectos mineros.

“Respetuosamente queremos revisar todo, pero queremos que nos traten como tratan a sus ciudadanos en sus países. Perú necesita respetar siempre el debido proceso y la legislación. Nosotros no queremos ser tampoco más papistas que el papa, porque el país del liberalismo (Estados Unidos) es el más conservador, el más defensista y el que más cierra el comercio internacional, el que actúa como si fuera un imperio aplicando aranceles como le da la gana”, declaró.

El candidato de JPP planteó integrar a Perú en la comunidad internacional como una nación democrática, abierta al comercio y respetuosa de la soberanía.

El congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo señaló que su intención es hacer “una gran auditoría internacional” que permita “mostrarle al mundo, después de un proyecto de 25 o 30 años bajo los actuales estándares, a dónde se fue la riqueza: cuántas utilidades ha generado la minería a esa bandera internacional y cuánto de eso ha servido para la comunidad de origen”.

“Sobre esos datos, le queremos decir respetuosamente que queremos mejorar los estándares: uso de tecnologías limpias, reparación de cada componente del sistema ecológico a cero, consulta previa, intereses justos e impuestos a la sobreganancia. ¿Quién iba a pensar que el commodity del oro iba a aumentar tanto? ¿Acaso pedir eso es antidemocrático e irrespetuoso?”, se preguntó.

“Ya no queremos ser productores primarios y exportadores. No queremos vender solo piedras y concentrados. Queremos transferencia de tecnología. Les planteamos que nos den transferencia de tecnología y que pongan su industria aquí, y que generemos valor agregado sobre la materia prima aquí, y que tenemos capital humano y masa crítica para transformar y democratizar esa gran utilidad y riqueza”, agregó.

Con el 93,48 % del escrutinio completado, Keiko Fujimori suma el 17,05 % de los votos válidos (2.687.621 sufragios). Sánchez ocupa el segundo lugar con el 12 % (1.891.906 votos), y Rafael López Aliaga lo sigue con el 11,92 % (1.878.493 apoyos). La distancia entre estos dos últimos supera ligeramente los 13.000 votos, mientras los jurados electorales deben resolver más de 5.000 actas impugnadas.

Informes de las principales consultoras del país revelan que el “blindaje mediático” en redes sociales ya no alcanza para contener el malestar social. Por primera vez, la aprobación del Gobierno cae por debajo de la inflación acumulada y el pesimismo le gana a la esperanza en los centros urbanos.

El ecosistema digital que funcionó como el gran motor del ascenso de Javier Milei muestra signos de fatiga estructural. Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la imagen negativa del presidente ha escalado hasta perforar el piso del 55%, marcando que el discurso de la “lucha contra la casta” ya no es suficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo. El fenómeno, que antes se mantenía en una burbuja de interacciones positivas, hoy choca con una realidad donde la preocupación por el desempleo y la pobreza ha desplazado al debate sobre la ideología de género o el cierre de organismos estatales.

Por su parte, el Monitor de Humor Social de D’Alessio IROL/Berensztein destaca un dato alarmante para la Casa Rosada: el 70% de los consultados afirma que su situación económica personal es peor que hace un año. Esta percepción de deterioro constante ha generado un “apagón” en la militancia digital orgánica, que ya no logra dominar la conversación pública con la misma intensidad. El estudio revela que el apoyo de la clase media se está licuando ante el aumento desproporcionado de las tarifas y la medicina prepaga, sectores que fueron el núcleo del voto castigo en 2023.

La consultora Poliarquía también observa un fenómeno de “desgaste prematuro”. Sus mediciones indican que el índice de optimismo sobre el futuro económico cayó 12 puntos en el último bimestre, situándose en niveles similares a los de los momentos de mayor crisis de gestiones anteriores. Lo más impactante es que la credibilidad de la palabra presidencial está en su punto más bajo, ya que gran parte de la población percibe que los datos de inflación que celebra el Gobierno no se reflejan en el ticket del supermercado.

La estrategia de comunicación, liderada por el equipo de Santiago Caputo, intenta contrarrestar estos números con una hiperactividad en la red X (antes Twitter), pero los especialistas en big data advierten que se trata de un “eco-chamber”. Es decir, el oficialismo está hablando para su propio núcleo duro mientras el ciudadano de a pie se desconecta de la política por agotamiento. El análisis de sentimiento en redes demuestra que las menciones negativas hacia la gestión ya no provienen solo de la oposición, sino de usuarios que se identificaban como “independientes” y que ahora utilizan las redes para denunciar la falta de sensibilidad social.

El problema de fondo que señalan los analistas es el choque frontal entre el superávit fiscal “de planilla” y el déficit habitacional y alimentario de las provincias. Mientras el Presidente se enfoca en sus interacciones con magnates tecnológicos, las encuestas territoriales muestran que el ajuste en las provincias ha unificado a gobernadores e intendentes en un reclamo que las redes no pueden silenciar. La desconexión entre la agenda de la cuenta personal de Milei y las urgencias del interior profundo está creando un vacío de representación que la oposición comienza a capitalizar.

Finalmente, el dato más disruptivo de las últimas semanas es la caída de la imagen de Milei entre los jóvenes de 16 a 24 años, el segmento que fue su principal base de apoyo. Para este grupo, la promesa de libertad se ha transformado en la imposibilidad de planificar un futuro básico. Si la gestión no logra traducir el relato de los “clics” en una mejora tangible del consumo interno, el riesgo de que el modelo se apague definitivamente es una posibilidad que los consultores ya miden como un escenario de alta probabilidad para el próximo semestre.

El dato, difundido por el INDEC, representa el mayor aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) desde septiembre del año pasado y refleja el traslado de tensiones internacionales a los costos locales.

El principal motor de la suba fue el salto en los precios del petróleo crudo y el gas, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades logísticas en el estrecho de Ormuz, que derivaron en un incremento del 15% en los combustibles. Este fenómeno repercutió de forma directa en toda la estructura productiva, elevando los costos en cadena.

El rubro de hidrocarburos mostró un comportamiento excepcional, con un aumento del 27,3% en apenas un mes. Como consecuencia, los productos primarios nacionales subieron en promedio un 7,8%, aunque este avance fue parcialmente compensado por la caída del 3,2% en los precios agropecuarios.

En el sector industrial, las manufacturas nacionales registraron una suba del 2,3%, con incrementos destacados en refinados del petróleo (6,6%) y alimentos y bebidas (2,5%), mientras que los productos importados se mantuvieron relativamente estables, con una variación de solo el 1,1%, favorecidos por la calma en el tipo de cambio oficial.

La dinámica del mes evidenció una fuerte brecha entre sectores: mientras los bienes ligados a la energía reflejaron el shock externo, los productos importados mostraron mayor estabilidad. Este comportamiento es seguido de cerca por analistas, ya que los precios mayoristas suelen anticipar la evolución de los costos que luego impactan en el consumidor final.

En este marco, el hecho de que la inflación mayorista haya igualado a la minorista en marzo (3,4%) vuelve a poner el foco en la presión de costos hacia adelante. Si bien ambos indicadores responden a metodologías distintas, el encarecimiento energético en el origen de la cadena productiva plantea dudas sobre la capacidad de las empresas para absorber estos aumentos sin trasladarlos a los precios finales.

Mientras el precio de la nafta asfixia el bolsillo de los argentinos, el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal los fondos del impuesto al combustible destinados por ley a obras públicas, configurando un desvío millonario que paraliza al país.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó una denuncia demoledora contra la administración de Javier Milei y Luis Caputo: el Gobierno está “robándose” y desviando fondos que, por ley, tienen un destino específico y obligatorio. Según detalló, el Ministerio de Economía ha recaudado la astronómica cifra de 6 billones de pesos (millones de millones) a través del impuesto a los combustibles en los últimos dos años, pero no ha volcado ni un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar.

Esta maniobra representa un incumplimiento flagrante de acuerdos que llevan más de 30 años de vigencia institucional. Cada vez que un ciudadano carga el tanque, paga un impuesto que debería garantizar la seguridad vial y el desarrollo regional; sin embargo, el Ejecutivo nacional utiliza ese dinero para engrosar el ajuste fiscal mientras “hace la plancha” frente a la crisis energética. La denuncia subraya que este desvío no es solo una omisión administrativa, sino un ataque directo a los recursos que pertenecen a las provincias y municipios.

El escenario planteado por Katopodis es de una “crueldad sin antecedentes“. Mientras el precio del combustible se dispara y se traslada automáticamente a los alimentos, el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a los intendentes y gobernadores de todo el país que exigen respuestas. Caputo ya ha ignorado más de seis pedidos de audiencia, manteniendo una política de puertas cerradas mientras el Plan Nacional de Vacunación se desarticula y la obra pública queda en el abandono absoluto.

La paradoja del modelo libertario queda expuesta: Argentina, siendo un país exportador de petróleo, tiene hoy el litro de nafta más caro que los países a los que les vende el recurso. No existe un beneficio para los ciudadanos, sino una transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase media hacia las arcas del Tesoro, sin que ese esfuerzo retorne en servicios, salud o infraestructura. Es un esquema de “ajuste sin fin” donde las prioridades están fijadas exclusivamente para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.

Finalmente, la denuncia advierte sobre el quiebre del contrato social y legal. Bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el binomio Milei-Caputo parece operar al margen de las normativas vigentes que los obligan a coparticipar o invertir los fondos específicos. Lo que Katopodis describe es un modelo de exclusión que destruye el empleo en 23 de las 24 provincias y que, lejos de las promesas de bienestar, ha sumido a la población en una espiral de recesión y desamparo estatal.

Un comunicado difundido por la Liga Antiimperialista de Francia reclama la libertad del secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Sa’adat, y de todos los prisioneros palestinos y libaneses detenidos en las prisiones sionistas.

El texto fue difundido en la antesala del 17 de abril, Día Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos, y sostiene que la situación de los detenidos constituye una expresión central del conflicto, denunciando condiciones de detención que califican como “inhumanas”, con casos de tortura, aislamiento, hambre, negligencia médica y muertes bajo custodia.

Sa’adat, detenido desde 2002, es presentado en el documento como una figura clave del movimiento nacional palestino y símbolo de unidad dentro del sistema penitenciario. El pronunciamiento lo equipara a otros dirigentes encarcelados y advierte sobre el incremento de la tensión tras octubre de 2023, así como sobre la situación de miles de detenidos bajo distintas figuras legales, incluidas detenciones administrativas sin juicio.

El comunicado también condena la reciente legislación israelí vinculada a la pena de muerte para prisioneros palestinos y llama a intensificar la movilización internacional en defensa de los detenidos.

Entre los firmantes figuran el secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, Lois Pérez Leira; el analista político Esteban Silva Cuadra; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y el sociólogo Atilio Boron, junto a otras personalidades del ámbito académico, político y de derechos humanos de América Latina y Europa.

El texto convoca a una jornada de movilización internacional el 17 de abril y plantea que la defensa de los prisioneros forma parte de la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino, en un contexto de recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado sionista.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la solidaridad internacional y a la liberación de todos los detenidos palestinos y libaneses.

Comunicado completo

¡Libertad para Ahmed Sa’adat y todos los prisioneros palestinos y libaneses!

La cuestión de los prisioneros palestinos es central en la lucha de liberación nacional. Estos combatientes, encabezados por el camarada comandante Ahmed Sa’adat, Secretario General del Frente Popular, encarnan el verdadero significado del compromiso revolucionario al enfrentarse a la maquinaria de represión colonial con una firmeza legendaria, resistiendo todas las formas de brutalidad y represión que se han intensificado en los últimos meses con mayor ferocidad. Los prisioneros son los líderes de la lucha dentro de las cárceles y un símbolo vivo de la unidad y la firmeza de nuestro pueblo. Defenderlos es defender la esencia misma de la causa palestina.

FPLP – abril de 2026

Desde el 15 de enero de 2002, el Secretario General del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Sa’adat, se encuentra detenido. Sigue luchando desde las cárceles, donde ha liderado el movimiento de prisioneros y representa una figura unificadora para todo el pueblo palestino y para todos los prisioneros, más allá de las afiliaciones faccionales. Más de 24 años después, sigue encarcelado en prisiones sionistas, junto a cerca de 10.000 prisioneros palestinos, incluidos más de 350 niños. Más de 3.000 prisioneros están en detención administrativa, sin juicio ni condena. Recordemos también que 23 prisioneros libaneses están detenidos en cárceles sionistas, y que probablemente varios sirios capturados en 2025 y 2026 también están encarcelados sin juicio.

Las condiciones en las cárceles sionistas, que siempre han sido desastrosas e inhumanas, han alcanzado un nuevo nivel de horror desde el 7 de octubre de 2023. Los casos de malos tratos, tortura, hambre, aislamiento, negligencia médica y violaciones son innumerables. Es un verdadero infierno en la tierra. Casi 90 prisioneros han sido asesinados en las cárceles de la ocupación desde el 7 de octubre de 2023, en medio de un silencio casi total de la comunidad internacional.

La lucha por la libertad de los prisioneros palestinos no es una simple lucha humanitaria. Al poner en evidencia la barbarie de la ocupación sionista, persigue otros objetivos, en particular defender la vida de quienes han luchado por la liberación de su patria ocupada. El combatiente de la resistencia Ahmed Sa’adat, al igual que Marwan Barghouti, es un símbolo de unidad. Luchar por su vida y exigir su libertad significa convertirlo en un ejemplo para todo el pueblo palestino encarcelado. No se trata de una lucha por una sola persona, sino por todos los prisioneros en las cárceles sionistas. Más aún tras la reciente ley aprobada por el parlamento israelí sobre la pena de muerte para los prisioneros palestinos, es urgente movilizarse y desarrollar la lucha a nivel nacional e internacional de manera coordinada en su apoyo.

Defender la libertad de Ahmed Sa’adat es apoyar el proyecto de liberación palestino y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Defender a los prisioneros palestinos y libaneses es afirmar que estas figuras de la resistencia no pueden ni deben ser abandonadas, y que toda la brutalidad sionista no logrará someterlos. Defenderlos es también defender el derecho de los pueblos oprimidos a su liberación, un derecho reconocido por la ONU, pero cuyo apoyo es reprimido en muchos países, incluido aquí en Francia. Significa exigir y luchar para que la comunidad internacional y la ONU garanticen el respeto de los derechos fundamentales del pueblo palestino.

Llamamos a una gran jornada de acción el 17 de abril, Día Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos, que trascienda las fronteras para exigir la libertad del camarada Ahmed Sa’adat y de todos los prisioneros palestinos y libaneses.

¡Libertad para todos los prisioneros palestinos y libaneses! ¡Libertad para Ahmed Sa’adat!

¡Abajo el imperialismo!

¡Palestina vivirá, Palestina vencerá!