En plena temporada alta, Flybondi canceló 125 vuelos en apenas cinco días, afectando a más de 22.000 pasajeros y dejando en evidencia que el discurso de que “lo privado funciona” no se traduce en servicio ni previsibilidad para la gente.

Flybondi, la aerolínea low cost que se promociona como la gran apuesta privada al transporte aéreo, volvió a estar en el centro de la polémica: entre el jueves y este lunes canceló 125 vuelos programados, lo que representa casi una cuarta parte de sus servicios previstos en ese período, y afectó a un número enorme de pasajeros justamente cuando comenzaban las vacaciones.

Con una capacidad promedio de unos 180 asientos por avión, más de 22.000 turistas y viajeros quedaron sin ruta definida, muchos de ellos con tickets en mano, planes armados y expectativas arruinadas por cancelaciones que se repiten en el tiempo. Las compañías bajo este modelo suelen adjudicar las interrupciones a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, una explicación que no alcanza para explicar por qué el servicio falla de manera tan reiterada.

Este nuevo episodio no es aislado en la historia de Flybondi: ya en diciembre pasado la compañía había protagonizado otra tanda masiva de cancelaciones, suspendiendo decenas de vuelos durante la previa de las fiestas y complicando a miles de personas.

La empresa intenta justificar su operación en base a cifras positivas —como el número de vuelos operados o la cantidad total de pasajeros transportados desde su creación— y a planes de expansión con la incorporación de nuevos aviones, pero los números de cancelaciones y demoras constantes ponen en duda ese argumento.

Mientras tanto, los usuarios afectados se enfrentan a reprogramaciones, reembolsos incompletos o la incertidumbre de no saber si podrán llegar a sus destinos, situación que desnuda el mito de que el sector privado, por ser competitivo, ofrece mejores servicios. La realidad muestra que las promesas de eficiencia y ahorro muchas veces se traducen en caos operativo y falta de respuestas claras para quienes pagan por un servicio que no se cumple.

El escándalo de estas cancelaciones masivas abre la discusión sobre la responsabilidad real de las low cost y si realmente sirven a la población que las elige, o si, detrás del marketing de tarifas bajas, hay un modelo que sacrifica calidad y certeza en pos de ganancias y expansión sin control.

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA presentó un mapa interactivo que sistematiza por primera vez información oficial sobre la extranjerización del suelo argentino.

El relevamiento, elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, constituye la primera herramienta pública que ordena y visibiliza datos oficiales dispersos sobre la propiedad de la tierra en manos extranjeras. El mapa permite identificar regiones, superficies y patrones de concentración territorial, y pone en evidencia la magnitud de un proceso que se profundizó en las últimas décadas.

La publicación del informe no es casual. Llega en un momento crítico, cuando vastas zonas del sur argentino enfrentan incendios forestales de enorme gravedad, y cuando el Gobierno nacional impulsa cambios normativos que apuntan a desmantelar las protecciones legales que restringen la venta de tierras a extranjeros. Para los especialistas, la combinación de ambos factores expone un escenario de alto riesgo para la soberanía territorial y ambiental.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que la extranjerización no es solo un problema de titularidad legal, sino una cuestión estructural que involucra el control de recursos estratégicos como el agua, los bosques, la producción de alimentos y la biodiversidad. En muchos casos, señalaron, grandes extensiones de territorio quedan bajo decisiones que se toman fuera del país, sin considerar las necesidades de las comunidades locales.

El mapa interactivo busca precisamente romper con esa opacidad. Al sistematizar información oficial, permite dimensionar el fenómeno y generar herramientas para el debate público, la planificación y la resistencia social frente a políticas que favorecen la concentración y la entrega de tierras a intereses financieros y corporativos.

Organizaciones sociales, ambientales y campesinas remarcaron que la ofensiva del Gobierno para eliminar los límites a la extranjerización se inscribe en una lógica más amplia de “poner el país a la venta”, donde el territorio aparece como un activo negociable y no como un bien común estratégico. En ese marco, alertaron que la flexibilización normativa profundizaría desigualdades y conflictos territoriales.

El informe del CONICET y la UBA se transforma así en una herramienta clave para comprender lo que está en juego: mientras se debilitan las protecciones estatales, crece la presión sobre el suelo argentino. El debate ya no es solo jurídico o económico, sino profundamente político: quién controla la tierra, para qué y en beneficio de quién.

Organizaciones comunistas y obreras de América Latina y el Caribe denunciaron una “agresión imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela, repudiaron bombardeos y reclamaron la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Partidos Comunistas y Obreros de América Latina y el Caribe difundieron una declaración conjunta en la que condenaron con dureza la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la región, a la que calificaron de “colonialista” y orientada a la apropiación de recursos estratégicos.

En el comunicado, las fuerzas firmantes denunciaron a la administración estadounidense por reivindicar la Doctrina Monroe y considerar a los países de América Latina como su “patio trasero”, lo que —advirtieron— pone en riesgo la soberanía de los pueblos del continente.

Las organizaciones también repudiaron los recientes bombardeos, que consideraron una “violación criminal” del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, y exigieron la “libertad inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a quienes definieron como víctimas del asedio y la persecución de la política exterior estadounidense.

En ese marco, hicieron un llamado a las clases trabajadoras y a los sectores progresistas de la región a movilizarse para rechazar las agresiones y defender la dignidad continental, al tiempo que reafirmaron su respaldo a la Revolución Bolivariana.

La declaración fue suscripta, entre otros, por los partidos comunistas de Venezuela, Argentina, Brasil (PCdoB), Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Panamá, además de organizaciones políticas y sociales de Costa Rica, Haití y República Dominicana.

El texto cuenta además con adhesiones individuales de dirigentes políticos, exfuncionarios, legisladores, periodistas e intelectuales de distintos países de la región y de Europa, quienes coincidieron en rechazar lo que calificaron como una nueva escalada imperialista contra Venezuela.

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó del expresidente Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio.

Según el canal C5N habría una tercera en discordia, nada menos que Juana Viale.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram. No dijo nada más.

Mientras, en C5N aseguraron que “no está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, ironizaron.

La inflación porteña saltó al 2,7 por ciento y le pone presión al INDEC de Javier Milei: ¿mantendrá el rango del 2% o reconocerá que los precios se dispararon? El economista Marco Lavagna, titular del organismo público, viene siendo muy criticado por números cada vez más sorpresivos. La realidad: la desinflación se terminó.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes el informe sobre los precios en diciembre de 2025, con un salto del 2,7 por ciento en el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista.

Con ese número, el 2025 cerró en 31,8 por ciento. A priori, se trata de un número positivo comparado con años anteriores, pero en el mercado ven luces rojas en el último cuatrimestre. Desde el 1,6% de agosto, el IPC porteño se mostró al alza y nunca bajó del 2 por ciento. La política de desinflación de Milei encontró un límite en un piso alto, en torno al 2% y pico. Y todavía faltan los tarifazos y el ajuste por inflación del dólar, que podría retroalimentar la suba de precios.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.

El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.

La producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual. El dato confirma la debilidad del sector, en un contexto de retracción generalizada de la actividad. Es una de las caídas en un mes más grandes de la historia reciente del país.

Pese al retroceso, el acumulado de enero a noviembre de 2025 exhibió un incremento del 2,0% respecto de igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación previos. Sin embargo, la tendencia de corto plazo volvió a mostrar señales negativas.

En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial presentó en noviembre una caída del 0,6% en comparación con octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,1% mensual.

El informe del Indec señala que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas se observaron en “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, 17,9%.