Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

El fuerte aumento del gasoil ya tiene consecuencias concretas en el transporte público del AMBA: las empresas de colectivos anunciaron que desde este miércoles 1 de abril reducirán la frecuencia de los servicios, una medida que impactará directamente en los pasajeros con mayores tiempos de espera y menor disponibilidad de unidades.

La decisión afecta a líneas de jurisdicción nacional y provincial, y responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de operación frente al encarecimiento del combustible y la falta de actualización de esos costos por parte de las autoridades. Según advirtieron las cámaras empresarias, el incremento del gasoil deterioró de forma crítica la ecuación económica del sector.

En las últimas semanas, los combustibles registraron subas de entre el 18% y el 20%, lo que elevó significativamente los costos operativos. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el gasoil supera los $2.000 por litro, presionando aún más sobre un sistema que depende en gran medida de subsidios y tarifas reguladas.

Como consecuencia, las empresas comenzarán a ajustar la oferta de servicios, principalmente en horarios de menor demanda, aunque no descartan que la situación se profundice si no hay una respuesta oficial. Desde el sector alertaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y que podría volverse insostenible en el corto plazo.

La reducción de frecuencias no solo complica la movilidad diaria de millones de usuarios, sino que también expone el deterioro estructural del transporte público en el AMBA. Las empresas, que aseguran haber advertido con anticipación sobre esta situación, reiteraron el pedido urgente de medidas que compensen el aumento de costos y eviten una crisis mayor en el servicio.

El escenario se da en medio de una nueva escalada de costos y aumentos en las tarifas del boleto, factores que tensan aún más el esquema de financiamiento del sistema y profundizan la incertidumbre sobre su sostenibilidad.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

Por Rafael Méndez*

En Moscú no solo irrumpirá la primavera climática. También asoma el intento de parir una herramienta política que mira al pasado para proyectar un futuro donde la soberanía deje de ser tratada como delito. En ese marco, el sendero trazado por los mártires de aquel abril dominicano y por líderes revolucionarios contemporáneos busca consolidarse como una ruta sin retorno hacia una aspiración de emancipación universal.

La historia de los pueblos oprimidos, tantas veces escrita a contramano, vuelve a aparecer como un hilo conductor. La resistencia y la memoria no operan como consignas vacías, sino como mecanismos que enlazan derrotas y esperanzas, proyectando un destino común que desafía las fronteras impuestas por el capital y la guerra.

Este itinerario político encuentra una de sus raíces más visibles en la intervención de Estados Unidos en la Revolución de Abril de 1965, cuando la República Dominicana intentó recuperar su institucionalidad. Aquel episodio, lejos de quedar encapsulado en la historia caribeña, funciona hoy como símbolo de una disputa mayor: la capacidad de los pueblos de definir su propio destino frente a presiones externas.

Desde el ideario integrador de Hugo Chávez hasta la convocatoria en Moscú bajo el nombre de Sovintern, se advierte un intento de reorganización del campo progresista en clave contemporánea. El diagnóstico es conocido: un orden internacional en transición, con un occidente cuestionado por su incapacidad de ofrecer estabilidad sin recurrir a mecanismos de exclusión, presión económica y conflicto.

El eco de abril en la geopolítica actual

El legado de 1965 sigue operando como referencia simbólica. No por nostalgia, sino por su valor como antecedente de resistencia. La lectura de figuras como Juan Bosch o Fidel Castro sobre aquel episodio insistía en un punto: cuando una nación intenta romper su dependencia, la reacción externa suele ser inmediata y contundente.

Ese patrón, con matices, se replica hoy en distintos escenarios del llamado sur global. De allí que la evocación de abril no sea meramente histórica, sino política: funciona como advertencia y como inspiración.

De la nostalgia a la articulación

El desafío, sin embargo, es otro. No se trata de reeditar esquemas del siglo XX, sino de traducir esa tradición en herramientas adaptadas a un mundo digitalizado. La idea de los “bolcheviques digitales” apunta precisamente a eso: disputar sentido y organización en un terreno donde la información se ha vuelto un campo de batalla central.

En ese marco, experiencias como la de Cuba vuelven a aparecer en el discurso como ejemplo de resistencia prolongada, especialmente frente a sanciones económicas que son leídas como instrumentos de presión geopolítica.

Una apuesta con interrogantes

La convocatoria en Moscú busca, en definitiva, algo ambicioso: articular una red política internacional capaz de coordinar agendas, discursos y estrategias en tiempo real. Una suerte de internacional adaptada al siglo XXI.

El objetivo declarado es claro: sustituir la lógica de competencia por cooperación y evitar, en esa transición, una deriva hacia escenarios de mayor conflicto global. Pero entre la retórica y la construcción efectiva hay una distancia que la historia —la vieja, la conocida— suele encargarse de recordar.

Porque si algo enseña ese pasado que se reivindica, es que las épicas son más fáciles de declamar que de sostener.

*El autor del artículo fue diputado dominicano en tres ocasiones y ex presidente del Colegio de Periodistas.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

La política anti-inflacionaria del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un límite claro: hace meses que está en torno al 2/3% y no baja de ahí más allá del discurso libertario. Hoy, se confirmó que la nafta cuesta por encima de los 2000 pesos, lo que encarece todos los costos de la economía.

Según el gobierno, los incrementos se deben a la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio internacional del petróleo. Ahora, el impacto puede estar claro para países que no producen petróleo. ¿Por qué Argentina tiene precios internacionales en su mercado interno si tiene yacimientos muy importantes?

El gobierno nacional tiene una política que va a contramano del mundo, donde se implementan políticas que protegen los mercados locales. Desde China hasta Rusia y Estados Unidos, más allá de diferencias geopolíticas. Solo Argentina mantiene una política que se desentiende de la actividad doméstica.

La más reciente medición de Atlas Intel refleja un marcado deterioro en la percepción del gobierno nacional. De acuerdo con el relevamiento, la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó por tercer mes consecutivo y alcanzó el 61,6%, el registro más alto desde el inicio de su mandato.

En paralelo, el nivel de aprobación descendió hasta el 36,4%, configurando su piso histórico, mientras que la evaluación negativa sobre el desempeño general del Ejecutivo también se profundizó por segundo mes consecutivo y ya supera a más de la mitad de la población (57,4%). Estos indicadores consolidan una tendencia de desgaste que se viene acentuando en los últimos meses.

Tras un repunte en febrero, impulsado por avances legislativos en el Congreso, la imagen presidencial volvió a retroceder en marzo, con una caída de dos puntos que interrumpe esa recuperación parcial. El cambio de tendencia sugiere que el impacto político de aquellas victorias parlamentarias fue transitorio frente a un contexto económico y social cada vez más exigente.

El estudio, además, se inscribe en un escenario donde las políticas de ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo comienzan a tener un correlato más nítido en la opinión pública. En ese marco, la caída en los niveles de aprobación y el aumento del rechazo aparecen como señales de alerta para un gobierno que, hasta hace pocos meses, lograba sostener mejores expectativas en amplios sectores de la sociedad.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que volverán a golpear los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros sensibles que inciden de manera directa en el costo de vida cotidiano.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%, lo que marcaría una desaceleración leve pero aún insuficiente para recomponer el poder adquisitivo, especialmente en sectores que vienen acumulando fuertes pérdidas en los últimos meses.

En este escenario, comienzan a evidenciarse con mayor claridad las tensiones del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia de ajuste basada en la liberalización de precios, la quita de subsidios y la contracción del gasto público tiende a trasladar el peso de la estabilización a los ingresos de la población, sin mecanismos de contención que amortigüen el impacto social. Mientras, la inflación mensual sigue altísima, en torno del 3%.

A esto se suma que la dinámica de aumentos en servicios esenciales no parece acompañada por una mejora equivalente en salarios o ingresos, lo que profundiza la pérdida de poder de compra y enfría la actividad económica. Distintos analistas advierten que el esquema actual corre el riesgo de consolidar una estabilización “recesiva”, donde la baja de la inflación se logra a costa de una caída en el nivel de actividad, el empleo y el bienestar general. En ese marco, abril no solo llega con aumentos, sino también con interrogantes sobre la sostenibilidad social del rumbo económico.

Bajo el rótulo aparentemente neutral de un “traslado”, Estados Unidos concretó la salida de 100 millones de dólares en oro venezolano hacia su territorio, en una operación anunciada por el propio secretario del Interior, Doug Burgum.

El funcionario confirmó que el metal fue llevado “físicamente” a Estados Unidos tras su reciente visita a Caracas, donde mantuvo reuniones con autoridades venezolanas y ejecutivos del sector energético y minero. Según sus declaraciones, se trata del primer envío de este tipo en más de dos décadas y será destinado a “usos industriales y comerciales”.

Sin embargo, este “traslado” no puede entenderse como un simple movimiento logístico. La operación fue posible tras la firma de nuevas licencias que habilitan el flujo de minerales críticos y metales preciosos entre ambos países, abriendo la puerta a la exportación de recursos estratégicos venezolanos hacia el mercado estadounidense.

El envío se produjo inmediatamente después de la visita de Burgum a Venezuela, donde sostuvo reuniones prolongadas con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en el marco de una agenda centrada en petróleo, minería y otros recursos naturales.

En este contexto, lo que se presenta oficialmente como cooperación económica o “intercambio” ocurre en paralelo a un renovado interés de Washington por las riquezas venezolanas. Además del petróleo —del que el país posee algunas de las mayores reservas del mundo—, Estados Unidos ha señalado su interés en el oro, la bauxita y otros minerales considerados críticos para la industria y la defensa .

Así, el uso del término “traslado” funciona como un encuadre discursivo que suaviza una dinámica más amplia: la salida de recursos estratégicos desde Venezuela bajo nuevas condiciones legales que favorecen su inserción en cadenas productivas controladas por actores externos.