Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.

Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

La medida, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del precio mayorista del gas natural que tendrá un impacto directo en las facturas que pagan los hogares y los comercios. La medida, dispuesta por la administración de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una suba del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el precio mayorista que abonan las distribuidoras antes de que se sumen los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran el monto final de la boleta.

El PIST es uno de los componentes clave de la tarifa del gas, por lo que su actualización tendrá un efecto inevitable sobre lo que pagan los usuarios residenciales. En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a incorporar el nuevo valor en los cuadros tarifarios vigentes y a garantizar que todas las distribuidoras del país apliquen el ajuste de manera uniforme. La suba autorizada es del 0,53% respecto del precio que regía hasta ahora.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida se inscribe en el proceso de actualización de precios que impulsa el Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en un sendero de adecuación tarifaria en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según el organismo, la intención es evitar distorsiones entre los costos reales del servicio y los valores que abonan los usuarios.

El impacto concreto del aumento en las facturas dependerá del nivel de ingresos de cada hogar dentro del esquema de segmentación vigente. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, pagarán el costo pleno y absorberán en forma directa la totalidad del incremento. En tanto, los hogares de Nivel 2 y Nivel 3, correspondientes a sectores de bajos y medianos ingresos, mantendrán los subsidios y los topes de consumo bonificados, aunque el excedente se facturará a un precio más alto.

No obstante, el aumento del precio mayorista implica que incluso los usuarios subsidiados verán algún efecto en sus boletas, especialmente aquellos que superen los límites de consumo establecidos para conservar la bonificación. Según lo expuesto en la resolución, el esquema busca concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares con mayor capacidad contributiva afrontan el precio real del servicio.

La actualización del PIST se produce en un contexto de cambios más amplios en la política de subsidios energéticos. El Gobierno anticipó que a partir del próximo año avanzará hacia un régimen simplificado que dejará atrás la actual segmentación y programas específicos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, para dar paso a un sistema con solo dos categorías: hogares con asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta reconfiguración es “transparentar el precio real de la energía, incrementar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas”. En ese marco, el aumento del gas mayorista aparece como un nuevo paso dentro del proceso de recomposición tarifaria que el Gobierno impulsa desde el inicio de la Emergencia del Sector Energético Nacional.

La resolución establece además que el ENARGAS y las empresas distribuidoras tendrán un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar contratos y aplicar el nuevo valor en las facturas, mientras el ente regulador deberá supervisar el mantenimiento de las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos.

En el último año, el precio de la carne vacuna aumentó más del doble que la inflación minorista, consolidándose como uno de los principales factores de pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 31,4%, la carne vacuna trepó 72,8%, una dinámica que impacta de manera directa en el consumo y reconfigura de forma estructural la dieta familiar.

La persistencia de aumentos muy por encima de la inflación general empuja a las familias a optar por cortes más económicos o a reemplazar la carne vacuna por alternativas como el pollo o el cerdo, cuyos incrementos de precios se ubicaron más cerca del promedio inflacionario. En este contexto, los aumentos registrados en carnicerías de barrio fueron superiores a los observados en los supermercados.

En términos interanuales, los precios de la carne mostraron en noviembre un incremento del 53,2%, acelerándose respecto del 47,3% registrado en octubre. Entre los cortes que más subieron se destacan el asado (76,8%), cuadril (75,9%), nalga (73,7%), paleta (71,2%) y carne picada común (59,7%). En contraste, las hamburguesas congeladas aumentaron 42,7%, mientras que el pollo entero registró un alza anual del 21,1%.

En cuanto a la producción, durante los primeros once meses del año se mantuvo prácticamente estable, con un total de 2,881 millones de toneladas res con hueso. No obstante, en noviembre se verificó una caída del 6,3% respecto de octubre y del 6,7% en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones de carne vacuna retrocedieron un 10% interanual, alcanzando 779,6 mil toneladas res con hueso en el mismo período. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la baja se explica principalmente por la menor demanda de China durante el primer semestre del año. En noviembre, además, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%) profundizó la contracción mensual. A nivel interanual, las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia superaron los aumentos registrados en los envíos a Países Bajos y Estados Unidos, mientras que Alemania, Brasil y España se mantuvieron estables.

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó un desplome de seis puntos en la actividad industrial durante noviembre, un dato que consolida un escenario de estancamiento productivo y anticipa un impacto directo sobre el empleo.

La caída va de la mano con la contracción del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que registró una baja del 5,8%, un indicador clave del freno en el ritmo de producción de las fábricas. A esto se suman otros datos contundentes: los despachos de cemento se redujeron un 7,7% y la producción automotriz se desplomó un 22%, reflejando la magnitud de la parálisis en sectores estratégicos.

La construcción continúa entre los rubros más golpeados. Desde la UIA advirtieron que la demanda interna sigue debilitada, mientras que los niveles de despacho de cemento se ubican más de un 20% por debajo de los registros de 2022 y 2023, profundizando el deterioro de una actividad con fuerte capacidad de generación de empleo.

La industria automotriz tampoco logra revertir la tendencia negativa. La fuerte caída de las ventas en el mercado interno obligó a frenar la producción durante más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroën, mientras que el complejo metalmecánico mostró una contracción adicional del 0,5%.

Desde la entidad que preside Martín Rappallini señalaron que “la actividad industrial aún se encuentra estancada”, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que confirma que la recuperación no logra consolidarse.

Impacto en las Pymes

El impacto más preocupante se registra en el entramado pyme. Según el informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 las pequeñas y medianas empresas atravesaron una “situación crítica”, con una caída acumulada de la producción del 4,1% y una reducción del empleo del 4,6%, una combinación que anticipa mayores tensiones laborales.

El 81% de las pymes reportó una fuerte presión de costos, mientras que el 37% denunció una pérdida de participación en el mercado interno frente al avance de productos importados, principalmente de origen chino. En este contexto, más de la mitad de las empresas informó retrasos en los pagos por parte de sus clientes y un 35% admitió dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El deterioro es transversal. Ya en octubre, once de los dieciséis sectores que componen el índice industrial registraron caídas interanuales. El sector textil encabezó el derrumbe, con una baja del 24%, consolidándose como uno de los focos más críticos de la crisis productiva.

Con estos indicadores, la industria argentina enfrenta un escenario de alta fragilidad que amenaza con traducirse en suspensiones, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde la caída del consumo y el avance de las importaciones profundizan el riesgo de una nueva crisis de empleo.

El ministro de Economía confirmó que el llamado Fondo de Asistencia Laboral impulsado dentro de la reforma laboral, no tendrá un objetivo laboral sino que será utilizado para “alimentar el mercado de capitales”, generando fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores críticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este viernes que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —la herramienta prevista en la reforma laboral para financiar una alternativa a la indemnización por despido— será canalizado hacia el mercado de capitales y no directamente para sostener empleo o compensar cesantías, tal como habían señalado diversos sectores gremiales durante el debate de la reforma.

Caputo explicó que el FAL, que se nutrirá de aportes equivalentes a alrededor de 3% de las remuneraciones, no tendrá “naturaleza laboral” sino financiera, y su objetivo principal será recomponer y dinamizar el mercado de capitales argentino al canalizar ese flujo de recursos hacia instrumentos financieros registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Según lo reconoció el propio ministro, se estima que este instrumento podría movilizar aproximadamente US$ 4.000 millones por año, colocando ese dinero en manos de fondos privados con el objetivo de “alimentar un nuevo mercado de capitales” y favorecer la inversión interna.

La definición de Caputo descartó así la interpretación de que el FAL pudiera actuar como un mecanismo directo de protección o asistencia a trabajadores desvinculados, generando críticas de sectores sindicales que ven en la medida una transferencia de aportes laborales hacia el mercado financiero.

Desde la oposición y organizaciones gremiales advirtieron que la medida profundiza la desprotección del régimen previsional, al desviar recursos que hoy se destinan a la seguridad social hacia un esquema financiero orientado al mercado de capitales, sin garantías claras de retorno social o laboral.

El anuncio de Caputo se produce en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones sobre otras medidas económicas que el Gobierno impulsa para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del financiamiento externo, aunque la estrategia enfrenta cuestionamientos crecientes tanto en el ámbito político como sindical.

Un hombre de 45 años fue asesinado durante un operativo policial en la Villa 20 de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Familiares y vecinos denunciaron como un caso de gatillo fácil.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizado en la tarde del jueves 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano terminó con la muerte de un vecino de ese barrio porteño, generando indignación entre familiares y organizaciones sociales por lo que consideran un posible caso de gatillo fácil.

La víctima fue identificada como Gabriel González, un hombre de 45 años que, según testimonios de allegados, se encontraba en el lugar cuando la policía acudió por una denuncia vinculada a disturbios durante la noche navideña. Las fuentes oficiales aún no brindaron detalles sobre las circunstancias precisas del hecho.

De acuerdo con vecinos presentes, los efectivos policiales intervinieron y se produjo un altercado en el que González recibió disparos. Tras ser herido, fue trasladado por el SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento horas después.

Familiares y personas que estaban en el lugar denunciaron que, tras el hecho, los policías impidieron que una trabajadora de la salud realizara maniobras de reanimación, lo que aumentó la bronca de los presentes y las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Los allegados describieron a González como un trabajador y vecino conocido en la comunidad, y cuestionaron con dureza la actuación policial, reclamando que se amplíe la investigación y se determine si hubo uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.

Mientras tanto, la Justicia porteña abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, con la recolección de pruebas, testimonios de testigos y la realización de pericias que permitan determinar responsabilidades en lo que ya es considerado un hecho grave de violencia policial en un contexto festivo.

El 2025 termina el año económico como empezó, con caos financiero y tensión en el mercado cambiario. El esquema de dólar barato y deuda necesita de mucho financiamiento externo. Primero fue el FMI, después Estados Unidos… ¿cuál será el nuevo salvataje que estire la película al menos unos pocos meses más?

Este martes apareció el dato que estaba esperando el mercado: el miércoles y el jueves d ela semana pasada, Toto Caputo volvió a quemar dólares, supuestamente del Tesoro, para contener la divisa. Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. 

Fueron USD 241 millones en 48 horas. Dólares que se supone, Caputo debería atesorar para enfrentar el vencimiento de más de USD 4.000 millones del próximo 9 de enero. Se viene un verano caliente y no solo por las temperaturas propias de la estación.

La industria del juguete cerró la campaña navideña con una contracción del 6,9% en las ventas, un resultado que confirma el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo.

El retroceso se dio en un contexto de extrema cautela por parte de las familias y del avance de plataformas internacionales de compra.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la caída interanual en unidades vendidas evidenció un mercado marcado por presupuestos ajustados, decisiones de compra racionales y una fuerte sensibilidad al precio. Aun así, el sector subrayó como dato positivo la estabilidad de los precios y el mejor desempeño del juguete de producción nacional frente al importado.

El presidente de la entidad, Matías Furió, sostuvo que, pese al resultado negativo, el cierre de diciembre fue “mejor al esperado”, especialmente en comparación con noviembre, mes que había registrado una baja abrupta e inesperada. No obstante, aclaró que la aceleración de las compras en los días previos a la Nochebuena no logró compensar la fuerte caída del Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses siguientes.

Cambios estructurales en el consumo y el financiamiento

El relevamiento de la cámara mostró una transformación profunda en las modalidades de pago y compra. El 95% de las operaciones se realizó a través de billeteras virtuales o tarjetas de crédito, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo. En este escenario, la posibilidad de ofrecer cuotas sin interés, favorecida por la normalización de las tasas, resultó clave para sostener el nivel de actividad.

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico se mantuvo estancado, concentrando el 25% del mercado, mientras que los locales físicos fueron los más afectados, con una caída cercana al 10% en sus ventas.

Producción nacional firme y dificultades para el importado

Aunque los precios se mantuvieron estables a lo largo del año, el desempeño fue dispar según el origen del producto. El juguete nacional mostró resultados positivos, impulsado por una mejor relación precio-calidad y costos más previsibles. En contraste, el juguete importado registró un desempeño negativo, afectado por la sobreoferta y “precios distorsionados”, según definió la cámara.

El ticket promedio también reflejó diferencias según el canal de venta: alrededor de $10.000 en supermercados, $19.000 en jugueterías de barrio y hasta $45.000 en cadenas especializadas.