La central obrera pidió declarar inconstitucional la ley impulsada por Milei y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Tal como adelantó previo a la aprobación de la reforma laboral, este viernes la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proyecto que promulgó hoy el presidente Javier Milei. La presentación busca que los tribunales declaren su inconstitucionalidad por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional.

El amparo fue presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la central sindical junto a dirigentes de distintos gremios que integran la CGT.

Desde la central obrera sostienen que varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. También plantean que la norma viola el principio de progresividad del derecho laboral, que establece que las conquistas laborales no pueden retroceder.

La reforma laboral, aprobada por el Congreso y defendida por el gobierno como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo, introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre otras medidas, flexibiliza contrataciones, modifica el sistema de indemnizaciones y redefine el alcance de la negociación colectiva, lo que generó un fuerte rechazo del movimiento sindical y abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales.

Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.

El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.

Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.

Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.

La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.

La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró este miércoles en Diputados el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que reconfigura la protección de suelos y ambiente periglacial y despierta preocupación entre ambientalistas.

Luego de que el Senado le diera media sanción a la reforma de la Ley 26.639 —la norma que protege los glaciares y áreas periglaciales—, la discusión parlamentaria dio un nuevo paso este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsó el inicio del tratamiento en plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, plantea cambios en la regulación del régimen de protección ambiental, delegando mayor potestad a las provincias para definir qué áreas deben permanecer protegidas, y ajustando la definición de glaciares y ambiente periglacial para permitir actividades económicas en zonas cuya función hídrica no esté comprobada.

La apertura del debate en Diputados se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo, que busca mostrar avances legislativos y atraer inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten que las modificaciones podrían debilitar las garantías de protección de recursos estratégicos de agua dulce.

Organizaciones sociales y ambientales vienen reclamando la realización de audiencias públicas y una discusión más amplia antes de avanzar con el proyecto, argumentando que la reforma implicaría “una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”, mientras que grupos políticos opositores también impulsaron la convocatoria a debattes más amplios en torno a la iniciativa.

El oficialismo busca que la normativa reformada sea sancionada antes de fin de mes, y las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comenzarán a analizar el texto con el objetivo de cerrar dictamen en los próximos días, en un último round de la discusión que promete tener impacto en el acceso al agua, la protección de los bienes naturales estratégicos y la política ambiental del país

Organizaciones políticas y especialistas jurídicos solicitaron formalmente que el presidente sea citado a indagatoria en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei.

Un grupo de organizaciones políticas y profesionales del derecho presentó un escrito ante la Justicia para que el presidente Javier Milei sea citado a declarar como imputado en la causa que investiga la conocida como estafa de Libra, un expediente judicial que sigue su curso tras denuncias de maniobras fraudulentas en torno a esa presunta operación engañosa.

La solicitud formal, que fue elevada ante el juez a cargo de la investigación, argumenta que existen elementos de prueba suficientes como para que Milei explique su rol y posibles vínculos con los hechos que se investigan, y sostienen que su declaración ante la Justicia resulta clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Quienes impulsan el pedido señalaron que la investigación ya acumula indicios y testimonios que involucran a diferentes actores vinculados al caso Libra, en el que se denunciaron ofrecimientos de inversión con carácter de estafa y daños económicos a múltiples inversores particulares. En ese marco, consideran que la declaración de figura central de la vida política actual permitirá esclarecer puntos nodales de la causa.

El escrito judicial también menciona la necesidad de que Milei explique si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o vínculo con personas o estructuras señaladas en la causa, así como su postura sobre las acusaciones que se han formulado en torno a las operaciones de Libra, que nuevamente volvieron al centro del debate público tras el avance de la investigación.

La presentación se produce en un contexto en el que la causa Libra sigue sumando pedidos, apelaciones y actuaciones judiciales, y ahora amplía el foco hacia figuras de relevancia pública, lo que eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso en los próximos pasos procesales.

Quienes solicitaron la citación a indagatoria sostienen que la transparencia y el acceso a la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza de los damnificados en el sistema judicial y para que se determinen con claridad las responsabilidades de todas las personas involucradas, sin importar su posición actual o pasada.

La decisión de avanzar con la citación de Milei quedará en manos del juez interviniente, quien evaluará los argumentos aportados y definirá si corresponde avanzar con la audiencia de indagatoria o si se requieren más elementos probatorios antes de dar ese paso procesal.

Referentes de derechos humanos señalaron que las condiciones impuestas a la expresidenta son más restrictivas que las aplicadas en otros casos y reclamaron que la Justicia garantice las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas.

Referentes de múltiples entidades de derechos humanos se reunieron este martes en una conferencia de prensa para denunciar las restricciones que, según sostienen, fueron impuestas sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto en un departamento en Buenos Aires tras su polémica condena en la causa Vialidad.

Los organismos reclamaron a la Justicia federal que evalúe la veracidad y proporcionalidad de las condiciones de detención que se le aplican a la exmandataria, sosteniendo que las limitaciones sobre sus visitas, contactos y actividades son más severas que las impuestas a otros condenados que también gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria.

Las entidades firmantes —entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)— señalaron que esas restricciones impactaron de manera directa en los vínculos personales de la ex presidenta y limitaron el ejercicio de sus derechos políticos.

El comunicado firmado por los organismos comparó la situación de la expresidenta con la de condenados por delitos de lesa humanidad que también accedieron a la prisión domiciliaria, pero sin que se les impusieran las mismas limitaciones en visitas y permisos, una diferencia que los denunciantes consideran injusta e inequitativa.

En la conferencia prevista en la Cámara de Diputados, los referentes manifestaron que la defensa de Fernández de Kirchner ya había presentado solicitudes para modificar el régimen de detención, sin que hasta el momento se hayan incorporado cambios significativos.

La denuncia de los organismos de derechos humanos se enmarca en un debate más amplio sobre cómo se aplican y supervisan las medidas restrictivas en casos de prisión domiciliaria, y sobre la necesidad de que esas decisiones respeten los estándares de proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantía de derechos fundamentales.

El último informe de la consultora Zuban Cordoba advierte que el 51% de la población se encuentra en “alerta roja” como consecuencia del deterioro de sus ingresos y su situación de empleo.

El estudio refleja un nivel creciente de preocupación social frente al impacto de la crisis en la vida cotidiana. Más de la mitad de los encuestados manifestó atravesar un escenario de fragilidad económica, con dificultades para sostener sus ingresos y perspectivas laborales inciertas.

La situación es aún más delicada entre los jóvenes de 18 a 30 años. En ese segmento, la falta de empleo aparece como la principal inquietud, señalada por el 34,5% de los consultados, lo que expone las barreras que enfrentan las nuevas generaciones para ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo.

El relevamiento se realizó sobre 1.500 casos en todo el país, con trabajo de campo desarrollado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026. Los resultados describen un escenario atravesado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica, con un fuerte impacto en las expectativas de futuro.

Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.

Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.

La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.

Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.

En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.

Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.

El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.

El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.

Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.

En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.

Por ​Lois Pérez Leira*

En un escenario marcado por la desconfianza hacia la política tradicional y el avance de expresiones de derecha, emergen dirigentes que desbordan los formatos convencionales. En Argentina, Myriam Bregman; en España, Gabriel Rufián. Ambos lograron reinstalar un discurso de izquierda con capacidad de interpelación, impacto mediático y coherencia política.

Más allá de sus bancas en el Congreso y sus trayectorias partidarias, comparten una estrategia: intervenir con claridad en debates atravesados por tecnicismos y ambigüedades. En contextos sociales tensionados por la crisis económica y la fragmentación política, apelan a un lenguaje directo, reconocible y con anclaje ideológico explícito.

Rufián se consolidó en la política española a partir de intervenciones irónicas y de fuerte síntesis, cuestionando a las élites políticas y económicas desde una narrativa disruptiva. Bregman, por su parte, combina su trayectoria como abogada en causas de derechos humanos con una presencia parlamentaria firme, centrada en la denuncia de políticas regresivas y en la defensa de garantías constitucionales.

La exposición constante también los convirtió en blancos habituales de sectores conservadores y mediáticos. Sin embargo, su proyección pública no se apoya exclusivamente en estructuras partidarias tradicionales, sino en una construcción de identidad política que conecta con segmentos militantes y votantes desencantados.

El desafío, no obstante, excede la retórica. En España, Rufián ha planteado la necesidad de articular mayorías amplias frente al crecimiento de fuerzas reaccionarias. En Argentina, el debate en torno a la unidad y la construcción de una alternativa con capacidad competitiva atraviesa a todo el espectro progresista.

En ambos casos, la discusión de fondo es estratégica: si esa capacidad de interpelación logra traducirse en construcción política sostenida y en opción real de gobierno. La eficacia del discurso, en definitiva, se medirá en su posibilidad de convertirse en poder.

*Periodista, escritor y dirigente político gallego-argentino.

Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.

Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.

Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.

La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.

En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.

Un informe oficial reveló que más de 36.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos dos años, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 72.000 empleos, un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sector minorista y el pequeño comercio en todo el país.

La actividad de los kioscos, uno de los pilares del comercio minorista en Argentina, sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, según datos oficiales que dan cuenta de un deterioro sostenido de este segmento productivo. El informe indica que más de 36.000 locales cerraron definitivamente, dejando a su paso la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a este rubro.

Los cierres de kioscos se inscriben en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y presión inflacionaria que impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de proximidad. Factores como el aumento de tarifas, las tasas financieras y el encarecimiento de insumos y alquileres hicieron cada vez más difícil sostener estos negocios, que suelen funcionar con márgenes estrechos.

La pérdida de empleo en este sector no sólo representa una cifra cuantitativa significativa, sino que también tiene un fuerte impacto social y territorial, dado que los kioscos constituyen una fuente de ingresos para miles de familias y un punto de acceso cotidiano a bienes y servicios en barrios de todo el país.

Organizaciones del sector empresarial y cámaras que agrupan pequeños comerciantes advirtieron que la magnitud de los cierres pone en riesgo la sustentabilidad de un modelo comercial basado en la proximidad y que la situación podría profundizarse si no hay medidas de apoyo concretas para aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso al crédito y sostener la actividad productiva.

Además, el cierre de locales influye en la dinámica urbana y en la vida cotidiana de los vecindarios, ya que los kioscos suelen ser una pieza clave en la red de comercios barriales que abastecen desde productos básicos hasta servicios de pago y recarga.

La cifra de 72.000 empleos perdidos refleja que el impacto no se limita a la desaparición física de los locales, sino que afecta de manera directa la economía de cientos de miles de personas vinculadas a estos puestos de trabajo, agravando la ya delicada situación del mercado laboral en sectores informales y formales.

Con estos datos sobre la mesa, la discusión sobre la crisis del comercio minorista y las políticas de protección para los pequeños negocios se vuelve cada vez más urgente, en un escenario donde las cifras de cierre y desempleo ponen de manifiesto la profundidad de las dificultades económicas que atraviesa el sector.