La multipremiada película “Argentina, 1985” que recrea el Juicio a las Juntas Militares se proyectará el próximo sábado a las 20 horas en las escalinatas del Congreso de la Nación con entrada libre y gratuita.
A través de una iniciativa impulsada por la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y el titular del INCAA, Nicolaás Batlle, el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, bajo la dirección de Santiago Mitre, tiene como objetivo concientizar acerca de la importancia de los valores democráticos, en el marco de la conmemoración por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia y los 40 años del regreso de la democracia en nuestro país.
De esta manera, en el acuerdo firmado por el Congreso y el INCAA se creó el ciclo “Cine y Democracia”, que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematográfica nacional y los valores democráticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la Nación y el pueblo argentino.
La elección de esta película se basa en su importancia para rescatar la historia reciente de nuestro país, y proyectarla con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, remarca el compromiso de ambas instituciones con la decisión del pueblo argentino de NUNCA MÁS.
“Tenés una historia, tenés un derecho” se denomina el nuevo spot para continuar con la búsqueda de más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983.
El spot contiene el testimonio de Guadalupe Miguel Penovi, nieta de Mabel Venegas de Miguel, quien fue secuestrada y desaparecida el 4 de mayo de 1978, a los 32 años, durante la última dictadura cívico-militar. Su cuerpo fue enterrado sin identidad en el Cementerio de Mar del Plata, en 1978. En 2011, el EAAF identificó el cuerpo de Mabel y lo restituyó a su familia, que decidió enterrarla en el Cementerio de La Plata.
“La recuperación de mi abuela fue algo que sirvió para cerrar una etapa, cerrar un ciclo. Pero también fue saber qué había pasado con ella. Por eso, a jóvenes como yo, que tienen familiares desaparecidos, les digo que no duden ni un segundo en dar su muestra o incentivar a su familia para que lo haga, porque es muy importante. Lo que siempre dice mi papá, y yo lo repito, es completar un poco ese rompecabezas al que le faltaban piezas”, cuenta Guadalupe en el video.
Virginia Urquizu, coordinadora de la unidad de casos del EAAF, detalló que “los familiares nos pueden contactar por teléfono, mail o por la página para que les informemos. Si aportan su muestra de ADN se compara con el ADN de los cuerpos que tenemos en resguardo”.
Los familiares de personas desaparecidas que aún no hayan aportado su muestra de sangre pueden llamar al 0800-345-3236, escribir al mail [email protected], contactarse por redes sociales a @EAAFoficial, o vía un formulario de la página web www.eaaf.org.
Las muestras de ADN son confidenciales, gratuitas y no implican ningún tipo de obligación para los familiares. Las tomas de muestras se pueden realizar en todo el país y también en el exterior.
Desde su fundación en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a más de 820 personas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y mantiene en resguardo más de 600 cuerpos a la espera de ser identificados.
Una vez que el familiar decide dar su muestra de sangre, el EAAF compara su ADN con la base de datos de las personas desaparecidas sin identificar. En caso de existir una coincidencia, el cuerpo es identificado y restituido para que la familia pueda despedirse.
Además, una muestra del ADN queda bajo resguardo en el EAAF y otra en el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
En caso de no haber coincidencia, esas muestras sirven para ser comparadas en el futuro ante eventuales nuevos hallazgos de víctimas.
El análisis de la vicepresidenta es de ineludible actualidad y pone de manifiesto la miserabilidad de los relatos de la oposición.
En el tramo final de su exposición del martes pasado en el CCK, la vicepresidenta se refirió a los problemas de nuestro tiempo, siendo el narcotráfico uno de ellos. En relación a dicho fenómeno señaló que el mismo surge con el repliegue del estado alimentado por el modelo neoliberal, y que para combatirlo de verdad hace falta poner más el foco en el sistema financiero que en palabras de Cristina “es el que lava la guita al narco” permitiendo así el funcionamiento y blanqueo del negocio y no tanto en el más visible narcomenudeo. Estas palabras tienen especial relevancia en nuestro contexto actual donde la crisis de seguridad en Rosario solo hallo como respuesta abordajes superficiales y mediocres, en este sentido las declaraciones de la vicepresidenta son claramente una contestación a las propuestas miopes, demagógicas y reaccionarias de ciertos candidatos opositores que creen que imitando el modelo del presidente de El Salvador Nayib Bukele , (quien manifestó estar orgulloso de contar con la cárcel más grande de américa latina, algo que despierta simpatías en referentes opositores del macrismo que por otro lado piden no crear universidades públicas) o quesacando tropas a las calles y militarizando la sociedad podrán solucionar un problema estructural que requiere tomar medidas igualmente estructurales y no propuestas superficiales de claro oportunismo mediático electoral que juegan con el miedo de la población. En los países de América Latina donde se dio el involucramiento de los militares en la lucha contra el narco, no solo no se solucionó el problema, sino que además se lo agravo notoriamente, incluso en algunos países los militares terminaron siendo mano de obra del narco o constituyendo ellos mismos sus propios cárteles como ocurrió en México con los tristemente célebres “zetas”, además de facilitar al crimen organizado el acceso a verdaderos arsenales y conocimientos. Retornando al rol del sistema financiero merece recordarse las denuncias hechas hace pocos días por parte del senador nacional Oscar Parrilli (FdT) quien señalo que la Ley de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) implementada por el macrismo, permitió bajo la idea de facilitar el “emprendedurismo” eliminar el control estatal y ser utilizada por la banda delictiva de “Los Monos”. Lo denunciado por Parrilli pone evidencia la contradicción entre los discursos del macrismo y lo que fue su accionar concreto cuando les toco ser gobierno, los antecedentes son varios: más atrás en el tiempo, funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunciaron que durante el gobierno de Mauricio Macri se evitó a toda costa sancionar a los funcionarios del banco HSBC los que incumplieron con el procedimiento de prevención de lavado de dinero en el caso del cliente Marcelo Oscar Chirizola, luego acusado de blanquear dinero del narco Colombiano Henry de Jesús López Londoño , apodado “Mi Sangre”. A esto debemos sumar los vínculos de Macri con el presidente de Paraguay Horacio Cartes quien fue sancionado por el propio gobierno de los EEUU que lo califico de persona “significativamente corrupta”.y que esta envuelto en una causa por narcotrafico El caso del intendente macrista narco de Paraná condenado por la justicia y el del ex presidente de la sociedad rural de Diamante y hombre de extrema cercanía y confianza del ministerio de agroindustria del entonces gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) detenido por narcotráfico y portación de armas de fuego. Parece entonces bastante llamativo que quienes no tuvieron precisamente durante su gestión un desempeño honrado, eficaz y transparente en materia de prevención y lucha contra el narcotrafico, hoy pretendan dar cátedra de cómo se debe combatirlo. Tampoco podemos dejar de mencionar el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que con aparente preocupación promueve el envío masivo de fuerzas federales a Rosario, pero que se muestra totalmente ineficaz para poner fin a la creciente escalada de inseguridad, violencia y narcotráfico que viene copando los distintos barrios del distrito más rico del país y que en lo que va del año ya se saldó con numerosas muertes.
El PBI del cuarto trimestre del año pasado fue 1,9% superior al de igual período de 2021.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió un informe en el cual detalló que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 5,2% durante el año pasado.
Además, el PBI del cuarto trimestre del año pasado fue 1,9% superior al de igual período de 2021, pero 1,5% por debajo del tercer trimestre de 2022.
El organismo de estadísticas también mostró que durante el cuarto trimestre del año pasado se observó un incremento del 0,1% en la formación bruta de capital fijo, al tiempo que el consumo privado creció un 5,1%, el consumo del sector público descendió un 2,1%, y las exportaciones de bienes y servicios reales registraron un aumento del 8,6%.
En términos desestacionalizados, con respecto al tercer trimestre de 2022, las importaciones cayeron 8,6%, el consumo privado registró un descenso del 1,5%, el consumo del sector público bajó un 0,3%, las exportaciones subieron un 8,7%, y la formación bruta de capital fijo registró una merma del 7,2%.
Por otro lado, se informaron los niveles de desempleo en el último trimestre de 2022. El índice de desocupación bajó al 6,3% al término del año pasado, siete décimas menos que el 7% registrado en similar período de 2021.
Con respecto al tercer trimestre de 2022, cuando el nivel de desempleo fue del 7,1%, el período octubre-noviembre-diciembre también marcó una disminución de ocho décimas porcentuales, detallaron.
La Argentina empezó a crear su propio banco de datos genéticos a gran escala. Se trata del programa PoblAr, que generará un biobanco del genoma completo de unos 1800 voluntarios y cruzarán esa información con datos de estilo de vida, de alimentación, sociales, del fenotipo de las personas, y enfermedades propias y de sus familiares.
El Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr), está encarando una campaña federal de muestreo genómico y de datos asociados de alrededor de 1.800 voluntarios y voluntarias distribuidos en el país. Así, se buscarpa contar con un banco de datos genéticos de la población argentina, que también recopilará información sobre hábitos alimentarios, de estilo de vida y características fenotípicas y sociales de interés biomédico sobre la población local. Muchos países cuentan con este tipo de repositorios genómicos, pero dadas las exigencias técnicas y económicas de estos relevamientos, generalmente se trata de los países de mayor desarrollo y en los que los datos genéticos provienen de poblaciones anglosajonas o mediterráneas, y hay muy poca información de culturas originarias de América.
PoblAr aportará datos clave para indicadores de salud (enfermedades comunes, enfermedades poco frecuentes o raras) y la toma de decisiones en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en función de las características de la población local. Este tipo de bancos sirven, por ejemplo, para encontrar predisposición genética de las población a ciertas enfermedades y mejorar las políticas de prevención. En las entrevistas que se hacen a los voluntarios del PoblAr también se les pregunta si sus abuelos hablaban otro idioma además del español, como forma indirecta de conocer si pertenecían a algún pueblo originario.
Estudios sobre el genóma en América Latina han descubierto que las poblaciones amazónicas desarrollaron una resistencia a la enfermedad de chagas y por eso se enferman menos a pesar de convivir con la vinchuca. Se espera que PoblAr pueda encontrar asociaciones similares en otras enfermedades.
En la Argentina ya existía el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), donde voluntarios que dudan de su identidad por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar pueden entregar una muestra para conocer si están siendo buscados por familiares de desaparecidos. “En el caso del Índice de Abuelidad del BNDG se toman solo algunos pocos marcadores que son necesarios para establecer el vínculo. Aquí hacemos un estudio más exhaustivo del genoma de las personas y no se cruzará la información de ambos bancos”, dijo Rolando González-José, doctor en Biología, director del CENPAT y coordinador del PoblAr.
De todas formas, hay estudios preliminares en el PoblAr que servirán para ver qué marcadores habría que tomar para realizar un índice de bisabuelidad, ya que el tiempo se está llevando la vida de algunas abuelas y sus nietos, por lo que habría que reconocer los vínculos genéticos que unen a cuatro generaciones.
El programa cuenta con financiamiento propio de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del MINCYT ypara iniciar las pruebas es necesario que los comités de bioética de cada provincia lo aprueben. Ya se cuenta con el visto bueno de los comités de la provincia de Buenos Aires y de Misiones, por lo que las pruebas están empezando allí. Las pruebas hoy no se van a hacer en todas las provincias pero es posible que el futuro se sumen más voluntarios de diferentes zonas.
Los registros serán anonimizados, es decir, que se guardarán en lugares distintos los datos personales de cada voluntario, como su nombre, y los datos del genóma, ya que solo interesa tener la información general para hacer el mapa genómico nacional, y no los datos individuales de cada persona. Además, representaría un riesgo a la privacidad de los voluntarios. “Con la Fundación Sadosky desarrollamos un software para proteger la información y para que sea accesible por los investigadores que la puedan necesitar”, explicó González-José.
La secuenciación del genoma se hará en el ANLIS Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que fue necesario que el programa tenga un carácter biministerial. Además, contó con la aprobación del COFECYT y el COFESA, los organismos federales de ciencia y de salud con representantes de estos ministerios de cada provincia.
Ya hay 34 muestras que se están analizando en ese instituto y llegarán muchas más cuando se completen las aprobaciones de los comités de bioética de los demás nodos del país. De momento, habrá nodos en provincia de Buenos Aires, CABA, Misiones, Chubut, Córdoba y Salta, aunque esperan que en el futuro puedan sumarse más.
El ANLIS Malbrán podrá analizar unas 300 muestras por año, con capacidades de equipamiento de última generación para análisis de ADN adquiridas durante la pandemia para hacer la secuenciación de las variantes de COVID. El análisis requiere una muestra de sangre similar a la de cualquier análisis de rutina y una entrevista de unos 40 minutos que incluye hábitos alimenticios y estilo de vida, enfermedades propias y del grupo familiar, entre otras.
Además, señaló además que quienes están criticando la medida “se van a tener que meter la lengua en el bolsillo”
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, replicó hoy las críticas de Diego Bossio y le recomendó “leer cuál es el mecanismo sobre el canje con ANSES” y lo calificó como uno de los “opinadores precoces sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y los jubilados”.
En ese sentido, Moreau señaló además que quienes están criticando la medida “se van a tener que meter la lengua en el bolsillo”, a través de una respuesta por su cuenta de la red social Twittter.
Bossio había criticado las medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de bonos en dólares que pertenecen a organismos públicos, con el objetivo de evitar saltos en la brecha cambiaria.
La Comisión de Juicio Político realizó una nueva audiencia con el foco puesto en el rol de la Corte Suprema en el fallo del 2×1.
En una nueva jornada de testimoniales, hubo una extensa lista de citados a exponer en el marco del pedido de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
Dentro de la lista previa de invitados a exponer figuraban el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; el senador nacional José Torello (PRO); el ex asesor judicial de Mauricio Macri, Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia; la periodista Silvana Boschi; y el juez del Tribunal Superior de Justicia de CABA, doctor Santiago Otamendi, quienes no se presentaron a brindar declaración sobre el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017 en favor de genocidas condenados.
La hipótesis de investigación de la Comisión es que habría habido un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte para beneficiar a los represores.
En tanto, tampoco concurrieron la doctora María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, y el abogado Marcelo Mazzeo, quienes estaban citados para hablar acerca de los chats de Marcelo D´ Alessandro, tema de una reunión anterior.
Al comienzo de la reunión, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT), respondieron preguntas Gladys Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas, y Zulema Chester, hija del detenido desaparecido Jacobo Chester, ex trabajador del Hospital Posadas, quienes se refirieron al desempeño de la Corte Suprema en el fallo sobre el 2×1.
En primer lugar, Cuervo sostuvo que no conoce personalmente a los magistrados, sino “por sus fallos”. Con respecto al fallo dejó en claro que “es una amnistía encubierta”. “Espero que se haga justicia siempre”, remarcó.
Asimismo, recordó que “Muiña -Luis, el represor que fue beneficiado con la aplicación del 2×1- y su patota se paseaban impunemente por todo el Hospital (Posadas), con armas y fusiles al hombro, eran totalmente reconocibles a cara descubierta. Pero cuando me tuvieron encerrada se tapaban las caras y yo reconocía sus voces”.
Zulema Chester, actual integrante de la Dirección de Derechos Humanos del Posadas, expresó que “el tema del 2×1 fue una aberración jurídica, nefasto, que nos cayó muy mal, generó impotencia y frustración y seguimos buscando justicia”. “Durante el gobierno macrista hubo una oficina de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) que funcionó dentro del Hospital Posadas”, especificó.
En contrapartida, la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) criticó el hecho de traer a la Comisión a declarar a personas que “han pasado por momentos tan difíciles” para analizar jurídicamente el caso Muiña en la semana del 24 de marzo al considerar que es “banalizar el horror y denigrar la memoria”.
Otro de los interrogados fue Horacio Pedro Diez, Sub procurador del Tesoro de la Nación, quien se refirió a la demanda de Elena Highton como “un caso de relevancia institucional”. “Tenía que ver con la integración del alto tribunal y era un proceso de amparo por lo que era imprescindible responder por parte del sistema jurídico”, añadió.
Por su parte, la fiscal María Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, también fue consultada acerca del fallo de 2×1 de la Corte por delitos de lesa humanidad. El diputado Leopoldo Moreau (FdT) advirtió que “la inmensa mayoría de los pronunciamientos no fueron en línea con el fallo de la Corte”.
En tanto, Ramos explicó que “no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una ´plancha´, como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás”. Por último, fueron convocados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía del doctor Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consultado sobre la causa Muiña, Morgenstern consideró: “No tengo idea de nada extra jurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando”.
Desde ATE se exigió que se aceleren los pases a planta permanente.
A través de notas dirigidas a distintos funcionarios del Gobierno Nacional, el Consejo Directivo Nacional (CDN) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió que se acelere los pases a planta permanente de 30.000 estatales.
Asimismo, desde ATE solicitaron una reunión con representantes del Poder Ejecutivo, para llevarles los planteos de los trabajadores estatales por la falta de estabilidad y precariedad laboral, bajo diversas formas de contratación, en el Empleo Público Nacional.
Según detallaron desde ATE, de los 132.000 afiliados a la asociación, más del 50% son precarizados con vínculos frágiles y endebles. “Cuando la derecha avanzó, decenas de miles de trabajadores fueron arbitraria e injustamente despedidos”, recordó el gremio.
En ese sentido, ATE exigió que se cumpla “el período de prueba de 12 meses para la adquisición de estabilidad plena en la planta permanente de los contratados que regularizan empleo en el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público”.
Las exigencias del gremio, fueron postuladas en notas dirigidas al jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos; y a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.
En esos escritos, ATE también subrayó la necesidad de agilizar los concursos para lograr 30.000 pases de planta permanente antes de que finalice el año, y recordó que, en 2020, el Gobierno nacional se comprometió en ascender a esa condición a trabajadores estatales que prestan servicios desde hace cinco o más años.
No obstante, a pesar de la promesa del Gobierno, ATE sostuvo que apenas 3000 trabajadores estatales pudieron regularizar su situación laboral al contar con planta permanente, y denunció que “no se están cumpliendo las metas y los objetivos” de la medida.
En vísperas de los comicios que se celebrarán en agosto, ATE aseguró que “es inminente un nuevo proceso electoral que definirá los destinos de nuestra Nación”, y manifestó su preocupación ante un supuesto advenimiento de la derecha en el poder.
“La corporación neoliberal político-mediático-judicial-empresarial que ataca permanentemente a los procesos nacionales y populares tiene como blanco constante al Estado, los representantes de dicha siniestra alianza ya vienen exponiendo sus planes y medidas de llegar al poder: despidos en masa, desguace del Estado, flexibilización laboral, y devastación del sistema previsional, entre otras aberraciones”, advirtió el gremio de los trabajadores estatales.
Por último, ATE señaló el carácter urgente de los pases a planta permanente, los cuales “necesitan de un impulso decisivo para que sea una conquista de todos”. “Porque fortalecer el Estado y liberar la Nación requiere de trabajadoras y trabajadores con estabilidad laboral y salarios dignos”, destacó la asociación.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne para abordar el sistema y fortalecimiento de la Justicia Penal Federal desarrollado en la provincia de Santa Fe.
Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia.
Esta comisión no podrá incorporar en el articulado de la ley general de presupuesto disposición alguna relacionada con materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, si no cuenta con despacho favorable de la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva.
La actividad se podrá seguir en los siguientes links:
El aumento tendrá tres tramos no acumulativos de 26,6%, con revisión en julio próximo.
La CGT y las cámaras empresarias acordaron hoy un nuevo salario mínimo, vital y móvil en tres tramos no acumulativos de 26,6%, con revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1 de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio, informaron las fuentes gremiales.
Fue aprobado por amplia mayoría: 30 votos a favor, una abstención y un voto en contra.
En tanto, la CTA que lidera Hugo Yasky se abstuvo en la votación y, su par Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy, rechazó la propuesta y anunció una medida de fuerza para abril.
