Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.

En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.

A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.

El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.

La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.

La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.

Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.

El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.

Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.

El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.

La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.

Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.

Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.

La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.

El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.

La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.

La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.

El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.

Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.

El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.

En una nueva avanzada privatizadora, el Ejecutivo confirmó la liquidación del material rodante del Belgrano Cargas y la concesión de vías, talleres e inmuebles, en medio de un ajuste feroz y sin plan productivo.

La Resolución 1049/2025 oficializó un nuevo capítulo del desguace estatal: el Gobierno nacional avanza con la privatización total del Belgrano Cargas y Logística S.A., incluyendo el remate de trenes y la concesión de toda la infraestructura ferroviaria. La medida responde a una lógica de ajuste que prioriza la venta de activos públicos para tapar urgencias fiscales, sin contemplar el impacto estratégico ni social del abandono del sistema ferroviario de cargas.

Con una economía debilitada y sin capacidad para sostener un rumbo productivo, la administración de Javier Milei insiste en desprenderse de empresas públicas a cualquier costo. En este caso, la operación incluye líneas clave como la General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las tareas para ejecutar la privatización ya están en marcha: desde los inventarios del material hasta la organización de subastas digitales, todo apunta a una transferencia acelerada de funciones que históricamente pertenecieron al Estado.

La decisión, que se da apenas semanas después del anuncio sobre Aysa, consolida un modelo de desmantelamiento estatal en nombre de la “eficiencia”, pero que termina beneficiando a actores privados con bienes ya amortizados y financiados por décadas de inversión pública. El Belgrano Cargas, concebido como eje vertebral del desarrollo regional y la integración productiva, se transforma así en un símbolo más del retiro del Estado y de una política que prefiere rematar antes que construir.

Peter Lamelas, propuesto por Donald Trump para encabezar la embajada de Estados Unidos en la Argentina, aseguró que buscará una alianza estratégica sin precedentes con el gobierno de Javier Milei y apuntó contra países como China, Venezuela, Cuba e Irán.

En una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, delineó los principales ejes de lo que, según anticipó, será una alianza estratégica sin precedentes con el gobierno de Javier Milei. Designado por el expresidente Donald Trump, Lamelas elogió al mandatario argentino y aseguró que trabajará para reforzar los vínculos bilaterales bajo el lema “America First”.

Durante su exposición, Lamelas afirmó que “Argentina es un jugador clave en el hemisferio occidental, y nuestra relación es vital para la estabilidad regional”. En ese marco, destacó a Javier Milei como un aliado estratégico y sostuvo: “El presidente Milei es un amigo del presidente Trump. Alcanzaremos niveles de cooperación nunca antes vistos”.

Uno de los aspectos centrales de su intervención fue el énfasis en los desafíos geopolíticos que enfrenta América Latina. Lamelas identificó a “países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán” como amenazas a los valores democráticos en la región. “Voy a trabajar para mantenerlos fuera del continente”, advirtió, en un mensaje que profundiza la línea dura promovida por la administración Trump.

En cuanto a la agenda bilateral, el diplomático anticipó que su gestión buscará fortalecer la cooperación en seguridad y lucha contra la corrupción, a los que consideró “pilares fundamentales para las inversiones norteamericanas”. También fue consultado sobre un eventual tratado de libre comercio entre ambos países. Aunque aclaró que los aranceles no están dentro de su competencia, señaló que impulsará una agenda para reducir las “barreras comerciales no arancelarias, que son muchas”.

Por otro lado, Lamelas fue interrogado acerca de la posición que tomará Estados Unidos respecto al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas. Su respuesta fue escueta pero contundente: “Estados Unidos es neutral”, y aclaró que su país no reconoce la soberanía de las islas ni para la Argentina ni para el Reino Unido.

La nominación de Lamelas aún debe ser confirmada por el Senado estadounidense, pero su exposición dejó en claro la línea política que buscará seguir en caso de asumir. Sus elogios a Milei, el alineamiento explícito con Trump y su posicionamiento en el tablero geopolítico anticipan una embajada que podría marcar un giro fuerte en la relación bilateral, en un contexto global atravesado por tensiones entre China y Estados Unidos.

La salida de la economista ocurre en pleno proceso de revisión del acuerdo con el Fondo. Su rol técnico y político había sido central en la relación con el gobierno de Javier Milei.

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dejará su cargo a fines de agosto para volver a la Universidad de Harvard como profesora de economía. La economista india ocupó un lugar clave en el diseño y monitoreo del programa argentino con el FMI, y mantuvo una relación cercana con Javier Milei y Luis Caputo, participando activamente en reuniones técnicas y de alto nivel.

Durante su gestión, lideró análisis macroeconómicos fundamentales y tuvo un papel decisivo en la supervisión de países con programas de alto impacto, como Argentina y Ucrania. Su salida fue anunciada por la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó su aporte como “una líder intelectual sobresaliente” y subrayó su capacidad para abordar crisis complejas con mirada técnica y sensibilidad política.

La renuncia de Gopinath llega en un momento crítico para el gobierno argentino, que busca asegurar nuevos desembolsos del Fondo y renegociar metas en medio de la creciente presión cambiaria y el deterioro de reservas. Su ausencia podría afectar la fluidez del diálogo técnico y el respaldo interno al programa, en un contexto donde el FMI mantiene en suspenso el giro previsto para junio.

Al despedirse, Gopinath expresó que se va “profundamente agradecida” por su paso por el FMI y que espera seguir contribuyendo desde la academia a los debates sobre finanzas internacionales y macroeconomía global. Su reemplazo, aún no anunciado, deberá asumir en medio de tensiones crecientes en la relación entre el organismo y la Argentina.

Tras años de dilaciones, el Tribunal Oral Federal ratificó su competencia territorial y despejó los obstáculos legales que impedían el inicio del proceso oral por el hundimiento del submarino argentino en 2017.

La Justicia federal resolvió mantener en la provincia de Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, decisión que representa un paso decisivo en una causa marcada por años de demoras judiciales, controversias de competencia y reclamos de familiares.

El fallo, dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, rechazó los pedidos de trasladar el expediente a Mar del Plata o a la Ciudad de Buenos Aires. Con esta resolución, se destraba el proceso oral contra los mandos navales imputados por su presunta responsabilidad en la tragedia que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

El tribunal sostuvo que el lugar de los hechos —una zona del Atlántico Sur próxima al límite entre Chubut y Santa Cruz— es clave para definir la jurisdicción. También subrayó que fue el Juzgado Federal de Caleta Olivia el que intervino desde el comienzo, a partir de la denuncia que realizó la propia Armada Argentina.

Los acusados son el contraalmirante Luis López Mazzeo, los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están imputados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado. Según la investigación, habrían desoído alertas técnicas sobre las condiciones del submarino antes de su última zarpada.

El tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto también valoró que cualquier cambio de jurisdicción en esta etapa implicaría nuevos retrasos y afectaría a las familias que desde hace casi siete años esperan respuestas judiciales. La querella encabezada por la abogada Valeria Carreras había advertido sobre el riesgo de una “revictimización” si se desplazaba el proceso a otra ciudad.

Aún no hay fecha confirmada para el inicio del juicio oral, pero la decisión judicial allana el camino para avanzar con un proceso largamente esperado por los familiares y por la sociedad argentina.

El organismo se quedó sin número de Cuit mientras está dejando sin teléfonos a muchas de sus estaciones en el interior del país.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, demuestra eficacia a la hora de eliminar normativas y predicar reformas. Sin embargo, su intervención sobre el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) expone un nivel alarmante de improvisación y desorganización. Según el sitio Bichos de Campo, tras ser degradado e intervenido, el organismo quedó súbitamente sin número de CUIT, lo que le impide facturar, realizar compras o efectuar pagos.

A esto se suma un recorte brutal de líneas telefónicas: cientos de celulares que conectaban a los técnicos del INTA con los productores rurales fueron dados de baja de un viernes a un lunes, sin planificación ni transición. “¡Aviso importante! Esta línea dejará de estar operativa”, rezan los mensajes masivos que inundaron los WhatsApp de productores en todo el país. Según trascendió, apenas cuatro líneas por experimental seguirán activas.

La decisión fue ejecutada de manera abrupta, dejando a numerosas agencias sin medios de contacto directo con el campo, especialmente en zonas donde ni siquiera existen teléfonos fijos. Empleados del INTA denuncian que, bajo el pretexto de “ahorrar”, se está desmantelando una red de asistencia clave en plena era de las telecomunicaciones.

“El discurso será que cortan gastos, pero en realidad están desconectando al INTA de los productores y destruyendo capacidades territoriales”, advirtió una fuente interna. Además, la eliminación del Consejo Directivo y la intervención total del organismo concentró todo el poder en manos del presidente Nicolás Bronzovich, sin que se haya aprobado una nueva estructura de funcionamiento. “Ahora van a hacer fulbito para la tribuna diciendo que cortaron no sé cuántos celulares. Pero no hay ninguna propuesta de mejora sería, pensada, inteligente… Todo es improvisado, sin preguntar, desarmando y destruyendo capacidades en vez de ampliando o creando nuevas”, se quejó el funcionario.

Mientras Sturzenegger celebra su cruzada desreguladora, en el interior profundo las oficinas del INTA quedan incomunicadas y paralizadas administrativamente. Una postal clara de improvisación y desmantelamiento sin plan, donde el supuesto ahorro se traduce en deserción del Estado.

Se trata del segundo aumento en el mes, pues el 1 de julio pasado la empresa había aumentado los precios en un 3,5%, con un atípico rezago respecto de las otras empresas petroleras, que lo habían aumentado dos semanas antes.

YPF volvió a aplicar un aumento en los precios de los combustibles, generando un nuevo impacto directo en el bolsillo de los consumidores. Desde este lunes, los valores subieron un 2,5% promedio en todo el país, según confirmó la petrolera de mayoría estatal.

Se trata del segundo incremento en lo que va del mes, tras la suba del 3,5% registrada el pasado 1° de julio. Con este nuevo ajuste, llenar el tanque vuelve a ser más caro, en un contexto en el que los precios ya habían quedado rezagados respecto a otras petroleras que aplicaron aumentos semanas atrás.

Según explicó YPF en un comunicado, “este incremento responde al monitoreo permanente de las variables que impactan en los costos de producción, especialmente el precio internacional del crudo”. Además, bajo su nueva política de “precios dinámicos”, la compañía anunció que continuará realizando micro-ajustes en función de la oferta y demanda, franjas horarias y ubicación geográfica.

El primer aumento del año fue el 3 de enero, cuando los valores en surtidor arrancaron 2025 con la nafta súper a $1.108, la nafta premium a $1.370 y el gasoil común a $1.123.

A estos aumentos se suma la reciente implementación de precios diferenciados por horarios y modalidades de carga, que permite un descuento de hasta el 6% durante la madrugada (de 0 a 6 AM), aunque por ahora se aplica en apenas cinco de las más de 1.600 estaciones que opera YPF en todo el país.

Con un tono desafiante, el presidente brasileño denunció la falta de respuesta a los mensajes enviados a la administración norteamericana, pero subrayó su voluntad de negociar, siempre dejando claro que “Brasil será respetado”.

En medio de la creciente tensión comercial con Estados Unidos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono de su discurso y lanzó un contundente mensaje de soberanía frente a su par estadounidense, Donald Trump. “No es un gringo quien va a dar órdenes a este presidente de la República”, exclamó Lula, recibiendo una ovación durante el 60.º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (Conune), en Goiânia.

El mandatario brasileño no se limitó a responder a los recientes aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos, sino que también responsabilizó a su antecesor, Jair Bolsonaro, por la situación. Lula se mostró categórico al afirmar que Brasil hará respetar su soberanía ante cualquier intento de imposición extranjera.

“Si Trump hubiera hecho en Brasil lo que hizo en el Capitolio, ya estaría preso”, advirtió, en alusión al asalto al Congreso estadounidense en enero de 2021. Además, Lula recordó los 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos y recalcó: “No aceptamos que ningún país venga a inmiscuirse en los asuntos internos del pueblo brasileño”.

Con un tono desafiante, el presidente brasileño denunció la falta de respuesta a los mensajes enviados a la administración norteamericana, pero subrayó su voluntad de negociar, siempre dejando claro que “Brasil será respetado”.

“Vamos a responder con civilización y democracia, pero con firmeza”, sostuvo. Lula también apuntó contra Trump por su desconocimiento de los términos comerciales, aclarando que Brasil mantiene un déficit con Estados Unidos desde hace más de 15 años.

El mandatario brasileño no dejó pasar la oportunidad para criticar a Bolsonaro, acusándolo de “traición a la patria” por su alineamiento con Washington. “Bolsonaro se abraza a la bandera estadounidense, pues que se quede allá. Aquí quien manda somos los brasileños”, remarcó, ondeando la bandera verde y amarilla ante un auditorio entusiasta.

Con un discurso que combinó firmeza y orgullo nacional, Lula dejó en claro que Brasil no se someterá a presiones externas y defenderá su autonomía en cualquier escenario internacional.