“Acogemos con satisfacción la noticia, anunciada el 24 de septiembre, de un nuevo acuerdo general de cooperación entre las Malvinas y Argentina”.

El reciente reporte de la petrolera británica Rockhopper Exploration plc, que detalla los avances en la explotación de recursos petroleros en las Islas Malvinas, pone en evidencia cómo las políticas del gobierno de Javier Milei y la canciller Diana Mondino son funcionales a los intereses coloniales británicos y facilitan el saqueo de los recursos naturales argentinos.

Rockhopper, que en 2010 adquirió ilegalmente licencias de exploración en la Cuenca del Norte de las Malvinas, anunció que comenzará a explotar el yacimiento de petróleo Sea Lion en 2025, en sociedad con la israelí Navitas, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares. Se espera que extraigan 312 millones de barriles de petróleo en una primera fase, con una proyección de ingresos brutos de 4.000 millones de dólares en un plazo de ocho años.

Este enorme saqueo de recursos, en violación de la soberanía argentina, es posible gracias al restablecimiento de compromisos diplomáticos entre la administración de Milei y el Reino Unido, revalidando el Acuerdo Foradori-Duncan, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, celebró públicamente el reciente encuentro entre la canciller Mondino y el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, en el que se avanzó en la cooperación con el gobierno de ocupación de las Malvinas. Este acuerdo, que consolida la posición británica sobre las islas y sus recursos, va en contra de los intereses de la Argentina y permite a las empresas extranjeras lucrar con recursos que pertenecen legítimamente al pueblo argentino.

La participación de Navitas Petroleum en este proyecto, una empresa israelí que opera en asociación con Rockhopper, refuerza el control extranjero sobre el yacimiento Sea Lion, uno de los más grandes del Atlántico Sur. En total, se estima que el yacimiento contiene 791 millones de barriles de petróleo, superando las proyecciones iniciales de 580 millones, lo que profundiza aún más la pérdida de soberanía argentina sobre los recursos naturales.

El gobierno de Milei, lejos de defender los intereses nacionales, facilita esta explotación colonial y el saqueo de las riquezas argentinas en Malvinas, y ninguna compensación para el país. Esta política colaboracionista no solo favorece a las empresas británicas e israelíes, sino que también legitima el control colonial británico sobre el archipiélago y sus recursos, en detrimento de la soberanía argentina.

Desde el primero de octubre comenzarán a regir varios aumentos que golpearán, todavía más, al bolsillo de los usuarios.

Octubre llega con aumentos que agravan la situación económica, todos autorizados por el gobierno. A pesar de la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación no da tregua y las políticas de ajuste siguen asfixiando a los consumidores, que deberán enfrentar subas en todos los frentes: desde el transporte y los alquileres hasta las prepagas y los colegios privados.

Subte

A partir del 1º de octubre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un incremento del 16,46% en el boleto del subte, que pasará a costar $757, mientras que la tarifa del Premetro se elevará a $264,95. Aunque el ajuste había sido anunciado en julio, la implementación fue postergada hasta octubre para actualizar el sistema informático. Este aumento, autorizado por el Ejecutivo porteño, cierra un cuadro tarifario que en 2024 acumula una suba del 360%, alcanzando un alza total del 560% en lo que va del año.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga también se suman a la lista de incrementos, con aumentos autorizados por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Ahora, las prepagas pueden ajustar sus cuotas de forma diferenciada, subdividiendo los aumentos según la región y los planes, lo que abre la puerta a que las mismas empresas apliquen hasta cuatro índices de actualización en el mismo período, ejerciendo su “libertad de mercado” sin mayores restricciones.

Los afiliados ya recibieron las notificaciones: Swiss Medical informó un aumento promedio del 4,1%, Galeno del 4,5%, el Hospital Italiano del 5,86% y Omint del 5,9%. Sin embargo, el caso más extremo lo presentó Accord Salud, con una suba del 8,4%, duplicando la inflación oficial registrada por el INDEC. El gobierno, lejos de contener estos ajustes, sigue autorizando estos aumentos que deterioran aún más el poder adquisitivo de los usuarios.

Alquileres

El sector de alquileres tampoco queda exento de los aumentos. Los contratos regulados por la antigua Ley de Alquileres verán un incremento del 237,9% en octubre, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), que también es definido por las autoridades. Si bien este aumento muestra una leve desaceleración con respecto al mes pasado, cuando fue del 243,1%, sigue representando una suba considerable para los inquilinos, que deben soportar ajustes periódicos con el respaldo del propio gobierno.

Colegios privados en PBA y CABA

En el ámbito educativo, los colegios privados subvencionados por el gobierno provincial de Buenos Aires aplicarán un aumento del 4% en las cuotas de octubre. En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades aún no han confirmado el porcentaje, pero se estima que rondará en cifras similares. Los padres de los estudiantes deben prepararse para nuevos ajustes que el propio gobierno autoriza, mientras las instituciones aprovechan la libertad de fijar los precios según su conveniencia.

Tarifas de servicios públicos

Por último, el secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, anticipó que el gobierno prepara una nueva actualización en las tarifas de servicios públicos en octubre, aunque aseguró que “no será sustantiva” y que “no superará la inflación”. Sin embargo, los aumentos acumulados en lo que va del año apenas alcanzan para el mantenimiento del sistema, según el funcionario, dejando en evidencia que no hay margen para nuevas inversiones. Mientras tanto, el costo de vida sigue en aumento, y los consumidores son quienes pagan la factura.

Desde el gobierno de esa provincia sostuvieron que los focos continúan activos.

Los incendios en la provincia de Córdoba “continúan activos, pero con menor actividad”, todavía “no están contenidos ni controlados”, afirmaron desde la gobernación.

“Los bomberos lograron avanzar en la lucha contra el fuego y continúan trabajando en algunos perímetros inestables. Por el momento no están contenidos ni controlados”, destaca el comunicado publicado en la noche del martes.

En este sentido, indicaron que el foco ígneo de Villa Berna presenta menos actividad y continúa la lucha cuerpo a cuerpo, mientras que en Capilla del Monte, del lado oeste en dirección a San Marcos Sierras, están trabajando bomberos voluntarios.

Por otro lado, en La Granja ha disminuido la actividad del fuego y el incendio de Chancaní sigue con actividad por lo que continúa el trabajo de los bomberos.

“Este miércoles serán reemplazados los 800 bomberos por nuevos efectivos. Cabe destacar que el personal cuenta con el apoyo de todas las fuerzas especializadas, con la ayuda de bomberos de otras ciudades y como así también de cuarteles de otras provincias”, explicaron.

Según un informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ya se quemaron alrededor de 43 mil hectáreas, aunque en lo que va del 2024 se vieron afectadas casi 70 mil.

Asimismo, se trata de una jornada importante ya que el presidente Javier Milei viajará hasta la provincia para monitorear el operativo de emergencia.

Conforme a la informaron de fuentes de la Presidencia, el jefe de Estado irá en una comitiva integrada también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Así lo informó el Jefe de Gabinete. : “Va a haber una programación, está analizándose”, adelantó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que habrá cortes de luz programados durante la próxima temporada de verano, debido a la alta demanda eléctrica y la falta de generación suficiente. En declaraciones radiales, Francos señaló que se está elaborando un plan de contingencia: “Va a haber una programación, está analizándose”, comentó, anticipando un panorama difícil para los primeros meses de 2025.

Falta de inversión y la urgencia de una planificación energética

Francos subrayó que, si el verano es extremadamente caluroso, la demanda de electricidad podría incrementarse notablemente, complicando aún más la situación. “Es una realidad que viene de años y que debe encararse con seriedad”, advirtió. Al mismo tiempo, los usuarios siguen afrontando “tarifazos salvajes” mientras el servicio de las prestadoras eléctricas empeora, revelando un contexto cada vez más precarizado.

Ajustes tarifarios y reducción de subsidios en el centro del debate

El jefe de Gabinete también defendió los recientes aumentos en las tarifas de los servicios eléctricos, justificándolos como un esfuerzo por “sincerar” los precios. Según Francos, la falta de inversión en infraestructura energética se debe, en gran parte, a la falta de generación de ingresos: “Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, afirmó, y agregó que ajustar las tarifas es necesario para evitar que el Estado acumule deuda y que la inflación siga subiendo, un tema prioritario para el Gobierno.

El complicado escenario energético para el verano 2025

Las advertencias no solo llegaron desde Francos. Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, también anticipó un verano con serias complicaciones. El funcionario reconoció que el sistema eléctrico enfrenta restricciones, particularmente en la capacidad de transmisión, lo que podría derivar en cortes más frecuentes si las temperaturas o las condiciones hídricas agravan la situación. González también confirmó la creación de un comité especializado que trabaja en medidas de mitigación, aunque remarcó que las soluciones definitivas solo podrán venir del sector privado y su capacidad de inversión, dejando en claro que el horizonte de mejoras es a largo plazo.

Según los datos más recientes proporcionados por CAME el 16,7% de las pymes industriales reportaron problemas para cumplir con los sueldos

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales en Argentina continúan atravesando dificultades para equilibrar sus finanzas, con especial énfasis en el pago de salarios. Según los datos más recientes proporcionados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 16,7% de las pymes industriales reportaron problemas para cumplir con los sueldos correspondientes al mes en curso. A pesar de que esta cifra representa una leve mejora en comparación con el mes anterior, donde el 19,3% de las firmas manifestaron complicaciones similares, el panorama financiero sigue siendo motivo de preocupación para sectores clave de la economía.

Entre los rubros más afectados, la CAME destacó que los sectores de alimentos y bebidas, así como el textil e indumentaria, muestran los mayores porcentajes de dificultades, con un 22,8% y un 21,1% de sus empresas reportando problemas para pagar salarios. Estos números reflejan la persistente presión sobre los sectores tradicionales, que enfrentan una inflación que no baja del 4% mensual y un acumulado que llega al 94,8% en el último año.

Las industrias ligadas a la producción de metales, maquinaria, equipo y material de transporte también están sufriendo esta crisis, con un 19,3% de las pymes del sector informando dificultades para cumplir con sus obligaciones salariales. Además, las empresas vinculadas a la producción de químicos y plásticos no son la excepción, con un 15,8% de ellas enfrentando situaciones similares.

En contraste, los sectores de papel e impresiones, madera y muebles parecen estar en una situación relativamente más estable, aunque el 10,5% de sus firmas también reportaron problemas para afrontar el pago de salarios. Si bien sus números son más bajos, la tensión financiera sigue presente en estos rubros.

Para hacer frente a esta coyuntura, las pymes han implementado una serie de medidas. Según el relevamiento de la CAME, el 29,5% de las empresas optó por reducir sus gastos operativos, mientras que un 29,1% decidió diversificar su oferta de productos. Otra medida notable es la reducción de las horas laborales, que afectó al 13,4% de las firmas en el intento de ajustar costos y sostener las operaciones.

La situación refleja el complejo panorama que enfrentan las pymes industriales en Argentina. Sectores clave como alimentos, bebidas y textil luchan por mantener sus operaciones ante la constante presión de pagar salarios en medio de un escenario económico volátil y con costos de insumos al alza. A pesar de la leve mejoría en los datos, la CAME advirtió que es demasiado pronto para hablar de una recuperación sostenida. La lenta reactivación de la actividad industrial y el contexto inflacionario siguen siendo obstáculos significativos para la estabilidad financiera de estas empresas, que buscan diversas estrategias para sobrevivir en este entorno desafiante.

Es el momento de mayor contracción en lo que va de la administración de Javier Milei. No hay oferta ni promoción que valga para reactivar el consumo minorista.

Las ventas en supermercados y autoservicios cayeron un 17,2% interanual en agosto de 2024, de acuerdo a un informe confeccionado por una consultora privada. El consumo minorista está en el punto más bajo del mandato de Javier Milei aún a pesar de las ofertas y promociones de las cadenas comerciales.

En el caso de los supermercados se registró una baja del 17,9% interanual en ventas y en el de los autoservicios se contrajeron un 16,5% en el mismo período, según consta en el informe de la consultora Scentia.

Lo que más llamó la atención de los analistas sobre la variación interanual en ventas de supermercados fue que en agosto de 2023 se había registrado un crecimiento del 14,1%, pero a partir de ese mes la tendencia fue a la baja.

En el octavo mes de 2024 se puede ver que la caída de ventas en los supermercados de cadena fue del 19,2% en el interior del país, y del 16,5% en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si se mira góndola por góndola, las ventas de bebidas con alcohol bajaron un 24,3%; las de bebidas sin alcohol, un 24,7%.

Mientras tanto, en el rubro de productos de Higiene y Cosmética las ventas bajaron un 20,1%; en el consumo de productos para Limpieza del Hogar decrecieron un 15,9%; y en el de Alimentación la facturación cayó un 12,4% interanual a agosto de este año.

Argentina, el país con más inflación de América Latina.

Qué dice el INDEC sobre el aumento de la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló días atrás que el rubro que más aumentó en el mes pasado fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó un 7%, impulsadas por los incrementos en alquileres y servicios públicos.

“Le siguieron Educación (6,6%), por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza, y Transporte (5,1%) debido a los aumentos en el transporte público“, destacaron los analistas en su informe.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 3,6% en agosto, consolidándose como uno de los principales motores de la inflación.

Así lo vaticinó el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Pablo Biró. “No estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía”, avisó.

En el marco del conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas, que incluyó dos paros en menos de dos semanas, el Gobierno declaró al transporte aéreo como servicio esencial. El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, alertó que la situación “ya está grave y se va a poner mucho peor” y acusó al Ejecutivo de querer “llevarse puesta la aviación y hacer sus negocios a como dé lugar”.

Biró subrayó que el ejercicio de huelga es un derecho fundamental y reafirmó que los trabajadores no dejarán de manifestarse. “El Gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares”, advirtió.

El sindicalista cuestionó la decisión del Gobierno de declarar el transporte aéreo como esencial, calificándola de “ilegítima” y destacando que el derecho a huelga solo puede ser regulado en casos de peligro para la vida. Además, criticó al Ejecutivo por intentar demonizar a los dirigentes sindicales y señaló que el conflicto se ha visto exacerbado por una diferencia salarial significativa: los trabajadores están 77 puntos por debajo de la inflación.

Biró también denunció intentos de privatización de Aerolíneas Argentinas, acusando al Gobierno de buscar alternativas para tener el apoyo público a través de conflictos evitables. “Quisieron privatizar Aerolíneas en la Ley Bases, pero el Congreso lo rechazó. Ahora están buscando justificar la privatización con la crisis actual”, expresó.

Sobre la posibilidad de resolución, Biró remarcó la dificultad de encontrar soluciones cuando hay intereses enfrentados y criticó el intento de desplazarlo del directorio de Aerolíneas, calificándolo de “irregular e ilegítimo”.

El Gobierno, por su parte, justificó su medida argumentando que la interrupción del servicio aéreo podría causar daños graves al país, incluyendo amenazas a la seguridad y la conectividad. No obstante, el conflicto sigue sin resolverse mientras se avanza en un proyecto para privatizar la aerolínea, presentado por diputados del PRO y respaldado por La Libertad Avanza.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor.

Carla Marina Pegoraro, madre de la niña de diez años rociada con gas pimienta por un oficial de la Policía Federal durante la manifestación contra el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria, se presentó este lunes en la Justicia. Pegoraro solicitó ser querellante en la causa y pidió que se cite a indagatoria a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con otros funcionarios.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor. En el escrito entregado al Juzgado Federal N°9, que tiene a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, se pidió que se cite a declarar, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, a Bullrich, Alejandra Monteoliva, Luis Rollé, Gerardo Ariel Perillo Scampini, y Cristian Rivaldi. Según trascendidos, Rivaldi sería el policía acusado de haber lanzado el gas pimienta a la menor durante las protestas del pasado 11 de septiembre.

En la denuncia, Pegoraro relató los hechos: “El 11 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, mientras me encontraba con mi hija, Fabrizia Pegoraro, de 10 años, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el efectivo de la Policía Federal identificado como Rivaldi, bajo órdenes del comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini, nos lanzó gas de forma violenta e inesperada, a menos de medio metro de distancia”. La madre aseguró que el ataque “fue dirigido directamente a nuestros ojos, causando daños físicos y psicológicos”.

Además, Pegoraro denunció un intento de encubrimiento de los hechos, señalando que “Bullrich, Monteoliva y Rollé utilizaron sus cargos en el Ministerio de Seguridad y en la Jefatura de la Policía Federal para orquestar una maniobra mediática. Esto incluyó la difusión de un video manipulado con el fin de ocultar la brutalidad de lo sucedido”.

Entre las medidas solicitadas en la ampliación de la denuncia, Pegoraro y su abogado pidieron la declaración de la menor en Cámara Gesell, a fin de garantizar su resguardo durante el proceso judicial.

El fuerte ajuste que sufrieron los bolsillos de trabajadores y jubilados por inflación y eliminación de descuentos en el sector explica la situación crítica que exhiben las ventas internas. 

El precio de los medicamentos sigue subiendo por encima de la inflación, lo que profundiza la caída en las ventas y pone en jaque al sector farmacéutico. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de medicamentos cayeron un 17,4% en términos reales en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2023. Esta situación se agrava por el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, así como la eliminación de descuentos para los afiliados del PAMI.

En julio, los precios de los medicamentos registraron un aumento del 4,8%, superando en 0,8 puntos la inflación mensual, y acumulan un alza del 67,5% en lo que va del año.

Esta disparada de precios está golpeando especialmente a los jubilados, quienes enfrentan no solo la creciente inflación sino también la falta de un aumento acorde en sus ingresos. La eliminación de los descuentos del PAMI ha exacerbado aún más la situación, haciendo que el acceso a medicamentos esenciales sea cada vez más difícil para este sector vulnerable. El impacto es evidente en la caída de las ventas, que no solo afecta a los consumidores, sino también a la producción local, ya que los laboratorios se ven forzados a volcarse al mercado externo, en detrimento del interno.

La situación también refleja el derrumbe del sector fabril, afectado por la desregulación de tarifas, el atraso cambiario y la apertura descontrolada de las importaciones, lo que ha multiplicado los costos de producción. Frente a este escenario, el futuro del acceso a los medicamentos sigue siendo incierto, especialmente para los jubilados, quienes se ven cada vez más alejados de la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas de salud.

Se podrá cargar hasta 40 mil pesos de saldo.

A partir de este miércoles comenzará la activación “gradual” de la tarjeta SUBE Digital, a través de la cual los pasajeros que viajen en colectivo en las 61 localidades donde está implementado el Sistema podrán pagar directamente desde el celular.

La nueva solución tecnológica permitirá a quienes cuenten con Tarifa Social Federal o beneficios locales elegir que los descuentos se apliquen en su tarjeta digital o se mantengan en la tarjeta física. Si bien se podrá tener ambas registradas, solo una tendrá aplicados los beneficios.

Luego de pagar el boleto, las personas que viajen con Tarifa Social Federal o beneficios locales deberán actualizar el permiso de viaje en la SUBE Digital para ver reflejado el descuento.

¡Hoy comienza la activación progresiva de SUBE Digital en todas las localidades que viajan con #SUBE! 🙌#SUBEDigital es una funcionalidad de la app SUBE para pagar el pasaje de colectivo con tu celular 📲

Conocé cómo utilizarla y simplificá tu manera de viajar 👉… pic.twitter.com/YElijG8GzY

— Tarjeta SUBE (@TarjetaSUBEok) September 11, 2024

Para acceder a la SUBE Digital hay que descargar la App SUBE y luego activar de forma gratuita la tarjeta digital, que únicamente está disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC. Se podrá cargar hasta 40 mil pesos de saldo.

Cómo pagar con SUBE Digital:

Quienes ya tengan la aplicación, solo deberán actualizarla y seguir los pasos para activar la SUBE Digital. En cambio, quienes no cuenten con ella podrán:

• Descargar la aplicación desde el Play Store.
• Crear una cuenta en la app ingresando los datos solicitados.
• Deslizar hacia la izquierda la tarjeta principal para activar la SUBE Digital.
• Ingresar la clave SUBE.
• Quienes viajen con Tarifa Social Federal o tarifa con beneficio local pueden elegir aplicar los descuentos en su tarjeta SUBE física o en la digital.
• Cargar el saldo deseado con una tarjeta de débito desde la app SUBE o billetera electrónica.
• Indicar el destino al chofer y abonar el pasaje apoyando el celular con la pantalla encendida en la validadora del colectivo.

¿Cómo comprar carga?

El usuario puede adherir su tarjeta de débito a la aplicación o utilizar billeteras electrónicas para cargar el monto deseado, hasta 40 mil pesos. Es importante recordar que la tarjeta digital no necesita saldo de emergencia, ya que se puede cargar en cualquier momento y lugar.