El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.

Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?

La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?

Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?

Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.

Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?

El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.

Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.

A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?

Tal como había lo había adelantado, el presidente dejó sin aumento a los jubilados y jubiladas.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó este lunes el veto total al aumento de los haberes jubilatorios que había sido sancionado por el Congreso a fines de agosto.

En el texto del veto, el presidente argumentó que “corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. De esta manera, se rechazó el incremento adicional del 8,1% que se sumaba a la actualización por inflación de las jubilaciones, aprobada previamente en marzo mediante un DNU firmado por el propio Milei.

La medida buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por una inflación que superó el 20% en enero, pero que no fue abordada en su momento por el Gobierno.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el aumento vetado representaba “un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”. En su lugar, el Gobierno ha decidido otorgar un nuevo bono para jubilados y pensionados por un monto máximo de 70.000 pesos, que se abonará en septiembre de 2024.

A pesar del contexto inflacionario, el monto del bono no ha sido actualizado desde su primera entrega en marzo.

¿Quiénes recibirán el bono?

El decreto establece que el bono será destinado a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables cuyo pago también está a cargo de la ANSES.

Este miércoles por la noche fue detenido en Corrientes el diputado Germán Kiczka, luego de que se emitiera una orden de arresto internacional.

El diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue detenido tras emitirse una orden de arresto internacional en su contra, acusado de distribuir contenido pornográfico infantil en la web. Kiczka, vinculado al partido La Libertad Avanza, fue capturado en la provincia de Corrientes luego de que una persona lo identificara y diera aviso a las autoridades.

Kiczka se encontraba prófugo desde que la Justicia lo involucró en la Operación Guardianes Digitales por la Niñez, una investigación realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) en febrero, que reveló su participación en la distribución de 603 fotos y videos con contenido de abuso infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también implicado, sigue siendo buscado.

El legislador fue trasladado este jueves por la mañana a la localidad de Apóstoles, Misiones, donde quedó detenido. A su llegada, esposado y rodeado por la prensa, Kiczka proclamó: “Basta de persecución política”, intentando desviar la atención de las graves acusaciones en su contra.

La captura de Germán Kiczka

La detención de Kiczka fue posible gracias a una llamada telefónica de una vecina de Loreto, Corrientes, que alertó a la policía sobre la presencia del legislador prófugo en un camping cercano. Esta localidad, ubicada a 200 kilómetros de Apóstoles y cercana a la frontera con Paraguay, se convirtió en el escenario de la captura del diputado.

La mujer que hizo la denuncia explicó que, tras reconocer la imagen del diputado en su celular, lo vio en persona en el camping. La policía acudió rápidamente al lugar, donde encontró el Toyota Corolla de Kiczka estacionado cerca de una precaria habitación en el predio.

Inicialmente, Kiczka intentó evadir a los agentes, pero al verse acorralado, no tuvo más opción que identificarse. Fue trasladado al hospital del pueblo para constatar su estado de salud antes de ser llevado a la comisaría.

Según fuentes de Infobae, Kiczka estaba solo en el momento de su detención. Durante la noche y madrugada, las fuerzas de seguridad realizaron intensos rastrillajes en la zona en busca de su hermano Sebastián.

En poder de Kiczka se encontró un celular sin chip, y se supo que utilizaba el teléfono del encargado del camping para comunicarse con sus allegados, motivo por el cual dicho aparato fue secuestrado por las autoridades.

El cuidador del lugar relató que Kiczka le había dicho que estaba atravesando problemas familiares y que necesitaba quedarse en el camping unos días, una excusa que ahora queda completamente desacreditada.

“Nos tiraron gas en los ojos, es una locura esto”, sostuvo uno de los jubilados presentes en el lugar.

La brutalidad del gobierno de Javier Milei volvió a hacerse presente este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde jubilados se congregaron para exigir el aumento de sus haberes y rechazar el veto anticipado a la nueva movilidad jubilatoria. Lo que debería haber sido una protesta pacífica encabezada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) se convirtió en una escena de horror, con la represión policial desatada contra los ancianos que más sufren las políticas de ajuste.

“Nos tiraron gas en los ojos, es una locura esto”, gritaba uno de los jubilados mientras intentaba recobrar el aliento. La Policía, actuando con total insensibilidad, no dudó en atacar a quienes, con 75 años o más, solo buscaban defender su derecho a una vida digna. Las imágenes transmitidas por C5N mostraron la brutalidad del operativo, con palos y gas pimienta dirigidos a los mismos ancianos que apenas pueden subsistir con haberes mínimos.

Uno de los manifestantes, visiblemente afectado por la violencia, comparó la represión con la oscura época de la dictadura: “Yo viví la época de Videla y esto parece lo mismo, es lo mismo”. Otro jubilado denunció: “La Policía reacciona porque les pagan bien, pero nosotros no tenemos ni para comer”. Mientras tanto, las cámaras capturaban cómo los ancianos eran asistidos tras los golpes, el gas y el desamparo.

Ana Valverde, líder de la UTJEL, denunció que el gobierno de Milei, lejos de atender las necesidades urgentes de los jubilados, optó por reprimirlos brutalmente. “Milei vociferó que iba a anular la ley, y nosotros la vamos a defender aunque no sea la mejor”, afirmó. Valverde explicó que la ley que defienden busca que el haber mínimo sea igual al valor de la canasta del adulto mayor, que hoy está calculada en 900 mil pesos, muy por encima de los 370 mil contemplados por la ley, que ni siquiera cubren todos los gastos esenciales.

La líder sindical también denunció el recorte en los medicamentos cubiertos por el PAMI, que pasó de ofrecer cinco remedios al 100% a solo cuatro, dejando fuera los más costosos y vitales, como los del corazón y para la hipertensión, que cuestan alrededor de 80 mil pesos.

En lugar de proteger a los más vulnerables, el gobierno de Milei parece decidido a atacarlos, demostrando una vez más su insensibilidad y falta de compasión hacia quienes han trabajado toda su vida y ahora solo exigen lo que les corresponde.

La crisis económica y el desplome del consumo, llevó a la empresa a iniciar negociaciones con posibles compradores.

Una de las principales cadenas de supermercados mayoristas en Argentina, Makro, podría estar a punto de cambiar de propietarios. Este cambio estaría motivado, en parte, por la recesión económica y la disminución en la demanda de bienes de consumo masivo, que son el principal impulsor de este sector comercial.

A pesar de que la oficina de Makro en Buenos Aires niega cualquier intención de venta, se confirmó que la empresa ha establecido contactos con actores del sector mayorista y cadenas de supermercados debido a la caída general en el consumo. Según información publicada por la agencia Noticias Argentina (NA), la cadena mayorista, que está bajo el control del grupo neerlandés SHV Holding, ha encargado al Banco Santander la tarea de vender la empresa e iniciar negociaciones con posibles compradores, incluidas empresas competidoras. La operación en Argentina se valuó en aproximadamente USD 200 millones.

El grupo Makro llegó a Argentina en 1988 al inaugurar su primer supermercado en Olivos, Buenos Aires. Actualmente, cuenta con 24 sucursales en 10 provincias. Makro lidera el mercado mayorista junto a Maxiconsumo y Diarco, y también compite con Vital y Yaguar en el sector de retail al por mayor de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Además de su extensa red de sucursales, la empresa posee tres marcas propias: Aro (que ofrece empanadas, hamburguesas, leches, atún y arroz), M&K (que incluye soda, aceites, tomates en lata y duraznos al natural) y Ternes (especializada en cortes de carne envasados).

Megacrisis de consumo

Desde luego, el contexto económico adverso no solo afecta a Makro, sino que también ha tenido un impacto considerable en las cifras de ventas en todo el país. Según la consultora Scentia, en agosto se registró una disminución del 18,8% en el consumo, lo que subraya la necesidad de que muchas empresas se reestructuren para adaptarse a las condiciones actuales.

Las estadísticas del Indec también reflejan la difícil situación económica. En junio de 2024, el Índice de ventas totales a precios constantes para autoservicios mayoristas mostró una caída del 14,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, entre enero y junio de 2024, se observó una disminución acumulada del 12,6% respecto al mismo período de 2023. En ese mes, el índice desestacionalizado registró una baja del 0,5%, mientras que el índice de tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,7%.

Fuente: Data Gremial

De cara a un evento que iba a organizar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, un alumno simpatizante de Javier Milei amenazó a sus compañeros con asesinarlos con una escopeta.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una situación de extrema gravedad que ha conmocionado a la comunidad universitaria. En un hecho que no recuerda precedentes en nuestro país, un estudiante libertario ha amenazado con asistir a una fiesta de la facultad armado con una escopeta.

La amenaza fue difundida a través de un grupo de Telegram, en el que el joven escribió: “Voy a ir a la fiesta de Exactas con una escopeta. Esto no es un chiste. Tengo una escopeta y la voy a usar en la fiesta de Exactas. Vayan si tienen huevos”.

La amenaza, que ha causado una gran alarma, llevó a la suspensión inmediata del evento para proteger la seguridad de todos los asistentes. Este tipo de incidentes, extremadamente raros en el ámbito universitario argentino, ha generado un profundo impacto en la comunidad académica. La facultad ha iniciado un sumario administrativo para investigar el grave hecho, mientras que el centro de estudiantes de la Facultad de Exactas y Naturales ha emitido un comunicado titulado “Basta de violencia política” en el que condena la amenaza.

El centro de estudiantes denunció que el joven ya había mostrado comportamientos violentos previos hacia miembros de la agrupación estudiantil y otros estudiantes, en especial mujeres. En el comunicado, se detalló que el estudiante había increpado a compañeros en el Pabellón II y a través de WhatsApp, y que sus recientes amenazas son de “una enorme gravedad”.

La utilización de armas en un entorno académico es una situación extremadamente grave y rara en Argentina, donde los actos de violencia armada en instituciones educativas son prácticamente inexistentes. Este incidente no solo refleja un serio quiebre en la convivencia universitaria, sino que también plantea una preocupación sobre la creciente radicalización y violencia política en el país.

La comunidad universitaria se encuentra en estado de alerta, mientras las autoridades de la UBA y de seguridad trabajan para esclarecer la situación y garantizar que no se repitan estos hechos tan graves. La urgencia de abordar y prevenir la violencia en el ámbito académico nunca ha sido tan evidente.

La solución que encontró el gobierno porteño para aquellos que no puedan afrontar los aumentos de transporte es autorizar los pagos con tarjeta de crédito, debito o aplicaciones.

La profunda crisis económica continúa afectando a todos los sectores, y el subte de Buenos Aires no es la excepción. En lugar de ofrecer soluciones para mejorar el servicio o aliviar la carga financiera de los usuarios, el gobierno ha optado por facilitar el endeudamiento, permitiendo que los pasajeros paguen los boletos en cuotas con tarjetas de crédito. Esta medida no solo refleja la gravedad de la situación, sino que también evidencia la falta de respuestas concretas para enfrentar la creciente precariedad del sistema de transporte.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que en los próximos meses se remodelarán los molinetes del subte para permitir nuevos métodos de pago, como celulares con tecnología NFC, tarjetas de débito y crédito, además de la tradicional SUBE. Este anuncio llega poco después de que el Gobierno nacional informara sobre las pruebas piloto que comenzarán en septiembre para habilitar otros medios de pago en el transporte público, además de la SUBE. Según las autoridades de la Ciudad, a partir de diciembre, los usuarios podrán pagar sus viajes con el celular o tarjetas de crédito y débito de cualquier banco, manteniendo la vigencia de la SUBE.

Macri celebró la medida señalando que busca modernizar el sistema de pagos, pero no se puede ignorar que esta iniciativa facilita que los usuarios acumulen deudas para poder seguir utilizando un servicio que no deja de encarecerse. “En campaña dije que en mi gestión íbamos a cambiar la forma en la que se pagaba el subte. Por eso, en estos meses vamos a estar cambiando los molinetes para que se pueda abonar con nuevos medios de pago”, declaró el jefe de Gobierno. Además de la SUBE, “se va a poder usar tarjetas de crédito o débito, y también el celular, si tiene tecnología NFC”.

El nuevo sistema también permitirá acceder a beneficios como la tarifa escalonada, con descuentos progresivos del 20%, 30%, y 40% superados los 20, 30, y 40 viajes, respectivamente, siempre que se utilice la misma tarjeta. Además, “las personas podrán seguir utilizando la tarjeta SUBE para contar con el mismo beneficio o el de la Red SUBE, que aplica descuentos para viajes realizados en el lapso de dos horas: del 50% en el segundo boleto y del 75% a partir del tercero”.

Lejos de ser una solución real, la decisión de permitir el pago en cuotas subraya la gravedad de la crisis. En lugar de abordar el problema de fondo, se invita a los ciudadanos a endeudarse para poder seguir utilizando un servicio esencial, profundizando la desigualdad y aumentando la presión sobre aquellos que ya están al límite.

Con esta estrategia, el gobierno muestra una preocupante desconexión con la realidad de los usuarios, quienes enfrentan un servicio cada vez más costoso y deficiente. La posibilidad de endeudarse para pagar el transporte público es solo un paliativo que ignora la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema de transporte de la Ciudad.

El proyecto de ley que vetó Milei buscaba elevar el haber mínimo de 230 mil a 250 mil pesos, un aumento que el gobierno de Milei ha calificado de “una estafa moral”

El ajuste de Javier Milei golpeó con mucha fuerza sobre millones de jubilados que perdieron 30% de sus ingresos en solo 8 meses. El haber mínimo actual está en 230 mil pesos.

En el Congreso y con amplia mayoría, diputados y senadores acordaron un proyecto de ley para suber el haber jubilatorio para que los trabajadores pasivos puedan recomponer sus ingresos.

En el debate parlamentario, un senador describió: “Aprobar esta ley es un acto de justicia y de reparación. En 2015, un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.

Con el proyecto de los legisladores, se pretendía que el haber mínimo pase de 230 mil a 250 mil pesos. Para el gobierno de Javier Milei ese aumento es “una estafa moral”, por lo cual vetará el proyecto del Congreso. Ayer, Mauricio Macri apoyó al gobierno. Lo sufren seis millones de jubilados.

El líderl del PRO apoyó el veto de Milei a la reforma jubilatoria que aumentaba el haber mínimo a 250 mil pesos, intensificando las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza.

El expresidente Mauricio Macri anunció que apoya el veto de Javier Milei sobre la reforma jubilatoria, luego de tensos cruces entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso: “No se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”. Ayer, los senadores votaron una ley para aumentar el haber mínimo de los jubilados y mandarlo a 250 mil pesos. Para Milei y Macri, eso no puede ser.

“La mayoría de los que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, aseguró. Vale recordar que durante el gobierno de Macri no se privatizaron empresas públicas.

Esta semana, el Congreso aprobó un proyecto para que millones de jubilados puedan recomponer haberes después del brutal ajuste que está realizando Milei. Con el proyecto legislativo, la mínima pasa de 230 mil pesos a 250 mil. Es una suba mínima. Milei lo vetó inmediatamente con el respaldo de Macri. ¿Hay plata para la SIDE pero no para los jubilados?

Un informe del CEPA reveló que las grandes empresas concentran el 70% de la pérdida de empleo registrado, mientras que el 99,5% de los empleadores que cerraron corresponden a PyMEs.

A poco más de seis meses de la llegada de Javier Milei a la presidencia, las cifras continúan mostrando el panorama preocupante en el mundo laboral argentino. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) evidencia un retroceso significativo en las principales variables del empleo registrado, que afecta tanto a trabajadores como a empleadores en todo el país.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, la cantidad de empleadores en Argentina se redujo en 9.972 casos, un dato que resalta el difícil contexto para las unidades productivas en la actual gestión. Este retroceso en la capacidad empresarial se refleja también en la pérdida de 265.308 puestos de trabajo registrados, lo que representa una disminución del 2,69% en el empleo formal.

El informe del CEPA subraya que la mayoría de las empresas que dejaron de operar en este período son de menor tamaño. En detalle, el 99,5% de las empresas que cerraron tienen hasta 500 trabajadores, mientras que solo un 0,5% corresponde a grandes empresas con más de 500 empleados. Esto sugiere que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que constituyen el corazón de la economía argentina, están sufriendo las consecuencias más severas de la gestión de Milei.

Sin embargo, al analizar la pérdida de empleo, se observa que cerca de 186.357 trabajadores se vieron afectados en empresas de más de 500 empleados, lo que representa el 70% del total de empleos perdidos. En contraste, las empresas más pequeñas (con menos de 500 trabajadores) redujeron su personal en 78.951 puestos, lo que explica el 30% de la disminución. En términos porcentuales, mientras las grandes empresas recortaron su personal en un considerable 3,90%, las pequeñas y medianas redujeron su dotación en un 1,56%.

Un escenario preocupante

La gestión de Javier Milei ha traído consigo un claro retroceso en el empleo registrado, afectando especialmente a las PyMEs y contribuyendo a un proceso de concentración del empleo en las grandes empresas. Mientras las unidades productivas más pequeñas luchan por sobrevivir, las grandes empresas también recortan personal en un contexto de incertidumbre y ajustes económicos.

Este panorama plantea serias interrogantes sobre el futuro del mercado laboral argentino bajo la gestión de Milei, donde la estabilidad del empleo y la capacidad de generación de trabajo parecen estar en jaque.