Posible corrupción.

El Municipio de Olavarría afronta un escándalo tras destaparse una serie de denuncias por un presunto “uso indebido” de vales por mercadería y las tarjetas alimentarias “Cabal”, el sistema de ayuda social digitalizado que ideó la gestión del intendente Ezequiel Galli (PRO) para reemplazar a la antigua bolsa alimentaria.

Según informó Infocielo, las presuntas irregularidades apuntan hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Silvana Rosales, una funcionaria muy cercana a Galli. Es la primera diputada provincial suplente de Juntos por la Séptima sección electoral (en 2019 ocupaba el cuarto lugar en la nómina).

Se sospecha que el macrismo usó los fondos de programas sociales para destino partidario. Algo similar ocurrió en Pinamar, donde también gobierna el PRO. Todo parece indicar que la funcionaria va a ser echada o pedirá licencia.

El tema ya llegó a la legislatura local y no se descarta que pueda llegar a la justicia. Nadie puede explicar qué pasó con muchas tarjetas “alimentar” y, menos aún, con vales para alimentos que se reparten con total arbitrariedad. El macrismo y otro escándalo de corrupción que lo salpica.

Desde el organismo denunciaron que un empleado macrista realizó más de 55 mil consultas en “los sistemas internos del organismo” y que la mayoría “no tenían justificativo alguno”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en la justicia penal a un empleado del organismo que realizó tareas jerárquicas durante el macrismo por “accesos indebidos a los sistemas internos” en referencia a la base de datos donde constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos; y repudió “cualquier maniobra de espionaje y persecución”.

Se trata de Vicente Luis Magnaterra a quién se acusó de haber “realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno“, sostiene la presentación a la que tuvo acceso Télam, firmada por el titular del organismo, Carlos Daniel Castagneto, con fecha 16 de febrero y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

El organismo solicitó asimismo investigar “a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor” de lo denunciado debido a que el organismo considera que es materialmente imposible que una sola persona haya podido realizar todos esos ingresos.

Según precisaron, “los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada y se considera”.

Las 60.000 consultas realizadas por Magnaterra corresponden al periodo comprendido desde el “01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP”.

La AFIP se puso a disposición de la justicia y repudió “cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución”El fiscal Ramiro González firmó un escrito en el que impulsó la investigación.

La ex titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ya había denunciado en 2020 la existencia de un grupo de tareas dentro del organismo recaudador que habría perseguido durante la gestión de Mauricio Macri a personalidades o empresas a los que sindicaba como opositores.

El PBI del cuarto trimestre del año pasado fue 1,9% superior al de igual período de 2021.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió un informe en el cual detalló que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 5,2% durante el año pasado.

Además, el PBI del cuarto trimestre del año pasado fue 1,9% superior al de igual período de 2021, pero 1,5% por debajo del tercer trimestre de 2022.

El organismo de estadísticas también mostró que durante el cuarto trimestre del año pasado se observó un incremento del 0,1% en la formación bruta de capital fijo, al tiempo que el consumo privado creció un 5,1%, el consumo del sector público descendió un 2,1%, y las exportaciones de bienes y servicios reales registraron un aumento del 8,6%.

En términos desestacionalizados, con respecto al tercer trimestre de 2022, las importaciones cayeron 8,6%, el consumo privado registró un descenso del 1,5%, el consumo del sector público bajó un 0,3%, las exportaciones subieron un 8,7%, y la formación bruta de capital fijo registró una merma del 7,2%.

Por otro lado, se informaron los niveles de ­desempleo en el último trimestre de 2022. El índice de desocupación bajó al 6,3% al término del año pasado, siete décimas menos que el 7% registrado en similar período de 2021.

Con respecto al tercer trimestre de 2022, cuando el nivel de desempleo fue del 7,1%, el período octubre-noviembre-diciembre también marcó una disminución de ocho décimas porcentuales, detallaron.

El ministro del Interior compartirá con los ex presidentes de Ecuador y Colombia un panel bajo el nombre “40 años de democracia: luchas, desafíos, aprendizajes”.

El titular de la cartera de Interior, Wado de Pedro, participa este mediodía en la Ex Esma del panel “40 años de democracia: luchas, desafíos, aprendizajes” junto a los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Ernesto Samper en el marco de la celebración de III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrolla en Buenos Aires.

El Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio público que busca promover el respeto a las diferencias, la inclusión social y la reducción de las desigualdades a través del diálogo sobre los derechos humanos a nivel mundial. Esta tercera edición busca profundizar en el diagnóstico de la situación de los derechos humanos, compartir experiencias exitosas y propuestas innovadoras, así como promover la cooperación y el intercambio de conocimientos entre participantes de distintos países.

Suma fija y paritarias.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, rechazó hoy las críticas de ayer de la titular de la cartera homónima de Nación, Raquel “Kelly” Olmos, a los salarios de los trabajadores municipales de la provincia. “Está mal informada, estamos avanzando en los derechos de los trabajadores municipales”, dijo.

Además, Correa aseguró que no es incompatible “la negociación paritaria con la suma fija”, como sostiene la funcionaria nacional. El gobierno nacional se niega a sumar un monto fijo a los salarios más bajos del país. Inentendible.

“En este momento nosotros estamos garantizando los derechos de los trabajadores municipales, estamos avanzando en la conformación del Consejo del Empleo Municipal para ayudar a dar cumplimiento en todos los distritos a los convenios colectivos”, detalló Correa en AM 750, y agregó: “Creo que la ministra no está informada adecuadamente de todo lo que se está haciendo”.

Antes, Olmos había pedido que la provincia de Buenos Aires se ocupara de los salarios de los trabajadores municipales, los más retrasados del país.

La AFIP denunció un entramado de espionaje ilegal dentro del organismo durante la gestión de Macri.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en la justicia penal un entramado de espionaje ilegal que presuntamente se habría desplegado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri adentro del organismo, tras descubrir que un empleado jerárquico ingresó miles de veces para recopilar información tributaria privada de 11.000 cuentas.

El principal denunciado es un empleado que se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna, Vicente Luis Magnaterra, quien realizó 56.864 consultas, de las cuales un 62,32% no tenían justificativo alguno, a la base de datos de la AFIP donde figuran todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los ciudadanos argentinos.

La denuncia por espionaje ilegal ante la Justicia, fue presentada el 16 de febrero por el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, que detalla que las casi 60.000 consultas se realizaron en el período comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2019, mientras el funcionario de Macri, Leandro Cuccioli, estaba a la cabeza del organismo.

De la misma manera, la AFIP solicitó que se investigue “a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor” del espionaje ilegal, ya que se consideró que tal cantidad de ingresos no los podría haber realizado una sola persona.

Cabe destacar que, los funcionarios del organismo no tienen permitido indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada, por lo que la AFIP consideró en su denuncia que el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri también “agravia directamente a la administración pública”, ya que se utilizaron los sistemas informáticos y bienes del organismo.

Por este motivo, la AFIP entendió que la denuncia penal por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri tenía carácter de urgencia, a los efectos de “preservar la integridad de los datos de las personas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada”, y que además, en su gran mayoría son personas de alta exposición pública.

En este marco, el organismo se puso a disposición de la Justicia para colaborar con el avance de la causa por espionaje ilegal, mientras que también repudió “cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución”.

Vale recordar que, en 2020 ya se había realizado una denuncia similar respecto a un grupo de tareas durante ese período , que se dedicaba a perseguir a personalidades o empresas. Ambas causas cayeron en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, que todavía no avanzó sobre la primera pesquisa. De esta manera, la nueva investigación por el espionaje ilegal de la AFIP de Macri, será impulsada por el fiscal Ramiro González.

Serál el 29 de marzo.

El presidente Alberto Fernández se reunirá con su par de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo miércoles 29 de marzo. El encuentro será en la Casa Blanca, tras las gestiones de ambos equipos de gobierno.

Se sabía del viaje del presidente argentino a Estados Unidos pero no estaba confirmada la reunión con su par norteamericano. Será el segundo encuentro entre los dos. Por ahora no trascendió la agenda de ese encuentro.

Desde las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de Alberto Fernández se inclinó por el líder de los demócratas. Se sabe: la gestión de Donald Trump apoyó fuertemente a Mauricio Macri. El respaldo de Trump fue clave para que Argentina recibiera 50 mil millones de dólares del FMI, que se fugaron casi inmediatamente. Muchos fondos de inversión norteamericanos necesitaban dólares para salir de Argentina.

Con el macrismo aumentó mucho.

El peronismo lo hizo otra vez. El desempleo volvió a a caer y logró el índice más bajo desde 2004. Así las cosas, la desocupación bajó al 6,3% al término del 2022, siete décimas menos que el 7% registrado en similar período de 2021, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con el macrismo había subido al 11%.

El dato negativo pasa por la precariedad. Por ejemplo: la subocupación demandante, que comprende a las personas que trabajan hasta 35 horas semanales y quieren sumar más horas, alcanzó en el último trimestre del año pasado el 7,1%, por debajo del 8,6% de igual período del 2021.

La película del desempleo en Argentina es clara. Aumentó mucho durante el gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Después, bajó de forma sistemática durante las gestiones kirchneristas (del 25% al 7%). Con el macrismo, otra vez volvieron el ajuste y los despidos: la desocupación subió al 11%. Ahora, con Alberto Fernández, otra vez baja.

Acompañada por ex mandatarios hispanoamericanos, destacados juristas internacionales y militantes políticos, la vicepresidenta realizó un discurso donde dejó fuertes definiciones y desafíos del mundo, el continente y el país.

Por Ignacio Corradi y Santiago Masetti

En el marco de la cumbre del Grupo de Puebla celebrada ayer martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y del Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023), el discurso de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, no sólo sirvió para abordar las catastróficas consecuencias del fenómeno del lawfare en América Latina, sino para repasar buena parte de la historia política, social y económica argentina y para leer, muy entre líneas, una potencial candidatura de la ex mandataria para las elecciones de octubre próximo que despierta la esperanza de muchos.

Antes de la intervención de la Vicepresidenta en la “Ballena Azul” del CCK, se realizó un panel que contó con la presencia de la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom; la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán; la historiadora Silvina Romano; el senador Oscar Parrilli el diputado español Enrique Santiago (Unidas Podemos); el hispano-argentino Gerardo Pisarello (Unidas Podemos-En Comú Podem) y el diputado Eduardo Valdés.

Esa mesa, que funcionó como una especie de banda soporte, fue la encargada de presentar el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, editado y producido por el Grupo Puebla. Allí también intervino el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien relató las diferentes peripecias del lafware en su país, que lo llevó a la proscripción y al exilio, tras 51 denuncias penales.

Una vez finalizadas las exposiciones de los destacados juristas, legisladores e intelectuales hispanoamericanos, desde todos los rincones de la Ballena Azul comenzaba a escucharse el fuerte cántico de “Cristina presidenta” que con atronadora rapidez inundó todos los rincones de la enorme sala del CCK.

Antes de que empezara la conferencia de Cristina titulada: “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, la Vicepresidenta recibió el apoyo de los ex mandatarios de Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay y España, quienes en diferentes intervenciones cuestionaron las sentencias en las causas en su contra, destacando las contradicciones, inconsistencias técnicas y lo endeble de las argumentaciones plasmadas en las mismas. Luego recordaron muy especialmente la figura de Néstor Kirchner, destacando su activo rol en la política regional y hasta realizaron diferentes paralelismos históricos entre San Martín, Evita y la propia Cristina.

Al llegar el momento del discurso de la ex presidenta, una vez más los asistentes volvieron a entonar la canción de “Cristina Presidenta”, la cual funcionó como introducción para el comienzo del discurso de la figura central de la política en nuestro país.

Un poco de historia: partido militar y lawfare

Luego de la caracterización del concepto de lawfare hecha por los mandatarios y panelistas expertos en el tema, Cristina hizo un lúcido análisis del fenómeno en perspectiva histórica haciendo un paralelismo entre lo que fue el rol del partido militar durante buena parte del siglo XX y el que hoy cumplen de manera coordinada los medios de comunicación hegemónicos que mediante distintas teatralizaciones dictan sentencias, mientras que el poder judicial las convalida, siendo así el lawfare un instrumento de perturbación de la vida democrática y constitucional del país.

En tal sentido CFK destaco que “el lawfare es lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX y que hoy en día se aplica contra los gobiernos populares, nacionales y democráticos del siglo XXI”.

Por otro lado se reconoció como “hija de aquella Argentina de la movilidad social ascendente que tuvo su mejor representación en el peronismo”, este modelo pese al derrocamiento del peronismo por parte de la revolución fusiladora del 55´ mantuvo algunos de sus rasgos y resistió pese a las inestabilidades propias de aquellos años con ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares endebles, sumado a la larga proscripción y el exilio forzado del principal y más legitimo líder político del país; por ello resalto que: “el punto de inflexión histórico se dio con el golpe de Estado de 1976 con consecuencias sociales, económicas y culturales, cortando con el modelo de producción, acumulación y trabajo. Constituyo el punto de inicio de la economía bimonetaria”.

La era de los gobiernos nacional populares

Por otra parte, Cristina recordó el legado de los doce años y medio de gobiernos nacionales y populares, periodo que coincidió con el de otros procesos similares en la región, que permitieron construir un rumbo distinto para América Latina luego de la debacle neoliberal. En ese sentid, recordó la situación heredada producto de la implosión del modelo neoliberal de los 90s que desembocó en la fatídica crisis del 2001 y en sus conocidas consecuencias: el drama social ,económico, y en especial al descrédito de la dirigencia política y de los poderes del Estado, sobre todo, los poderes legislativos y judiciales. “Hay algunos candidatos de la oposición que hoy opinan como si hubieran salido de un cráter marciano, pero que fueron parte de aquel gobierno de la Alianza”, destacó.

La vicemandataria caracterizó como logro “el haber reconstruido el estado democrático constitucional” desde el 2003, que incluyó en el plano institucional la reconstrucción de los poderes, mientras que en el plano social y económico el ganar autonomía como país, quitándose de encima el yugo del FMI, recuperando los sectores estratégicos entregados en los 90s: YPF, complejo científico tecnológico, AFJP etc., generándose así una “década virtuosa tanto en el plano nacional como regional donde se redujo la desigualdad económica y social”.

Restauración neoliberal, lawfare e impugnación de los gobiernos nacional populares

Más adelante, la vicepresidenta analizó el periodo macrista iniciado en 2015, destacando en primer lugar que la realidad del país que ella había dejado distaba notoriamente de ser la misma del relato difamatorio que se montó mediáticamente, donde la cuestión de la corrupción y los eslóganes como “se robaron un PBI” o “se robaron todo” estaban a la orden del día y sirvieron para justificar el astronómico y ruinoso crédito al FMI.

Cristina citó incluso las declaraciones hechas en su momento por el ex ministro macrista Nicolás Dujovne y del Jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta que contradicen el relato mediático oficial del macrismo y ratifican que el kirchnerismo dejó niveles de endeudamiento insignificantes y un banco central con reservas. “La persecución”, dijo Cristina, fue en definitiva “por haber impulsado un modelo político social y económico diferente, con distribución de la riqueza con importante participación de los trabajadores en el PBI”. La vicepresidenta concluyó el análisis del gobierno macrista preguntando: ¿Me quieren decir que hicieron en cuatro años que dejaron el país hecho percha?

En relación al lawfare destacó que sus objetivos son: La criminalización de una forma determinada de hacer política, esto es la de los proyectos nacionales que representan los intereses populares de movilidad social, de distribución del ingreso etc. Y por otro lado el disciplinamiento de la dirigencia política para disuadirla de emprender modelos y políticas similares en el futuro. Para finalizar cristina resaltó que hoy como ayer la pelea de fondo es por el modelo económico.

Los dramas de nuestro tiempo

Casi en el tramo final de su exposición, la vicepresidenta se refirió a los problemas de nuestro tiempo: narcotráfico y recursos naturales. En cuanto a este tema señaló que el mismo surge con el repliegue del estado alimentado por el modelo neoliberal, y que para combatirlo de verdad hace falta poner más el foco en el sistema financiero que en palabras de Cristina “es el que lava la guita al narco” permitiendo así el funcionamiento y blanqueo del negocio, y no tanto en el narcomenudeo. Esto claramente en contestación a las propuestas demagógicas y reaccionarias de ciertos candidatos que creen que imitando el modelo del presidente de El Salvador Nayib Bukeleo, sacando tropas a las calles podrán solucionar un problema estructural que requiere tomar medidas igualmente estructurales y no superficiales y de claro oportunismo electoral.

Los recursos naturales también fueron mencionados por CFK, en tal sentido dijo “vienen por ellos”, y si bien no señaló puntualmente a nadie, su advertencia se da en un contexto de competencia geopolítica por los mismo, hace pocos días la jefa del comando sur de EE.UU, Laura Richardson, se refirió a los recursos naturales de América Latina como si fueran los de Washington, lo que le valió el repudio de algunos funcionarios y gobiernos. Por todo ello dijo cristina es necesario contar con un poder judicial realmente democrático.

Sin duda alguna, la jornada dejó en claro que Cristina pasó a ser la referencia central de todo proyecto nacional, popular, democrático y progresista en América Latina, en tiempos donde el coraje y la valentía no abundan a la hora de hacer política para las grandes mayorías.

La Argentina empezó a crear su propio banco de datos genéticos a gran escala. Se trata del programa PoblAr, que generará un biobanco del genoma completo de unos 1800 voluntarios y cruzarán esa información con datos de estilo de vida, de alimentación, sociales, del fenotipo de las personas, y enfermedades propias y de sus familiares.

El Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr), está encarando una campaña federal de muestreo genómico y de datos asociados de alrededor de 1.800 voluntarios y voluntarias distribuidos en el país. Así, se buscarpa contar con un banco de datos genéticos de la población argentina, que también recopilará información sobre hábitos alimentarios, de estilo de vida y características fenotípicas y sociales de interés biomédico sobre la población local. Muchos países cuentan con este tipo de repositorios genómicos, pero dadas las exigencias técnicas y económicas de estos relevamientos, generalmente se trata de los países de mayor desarrollo y en los que los datos genéticos provienen de poblaciones anglosajonas o mediterráneas, y hay muy poca información de culturas originarias de América.

PoblAr aportará datos clave para indicadores de salud (enfermedades comunes, enfermedades poco frecuentes o raras) y la toma de decisiones en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en función de las características de la población local. Este tipo de bancos sirven, por ejemplo, para encontrar predisposición genética de las población a ciertas enfermedades y mejorar las políticas de prevención. En las entrevistas que se hacen a los voluntarios del PoblAr también se les pregunta si sus abuelos hablaban otro idioma además del español, como forma indirecta de conocer si pertenecían a algún pueblo originario.

Estudios sobre el genóma en América Latina han descubierto que las poblaciones amazónicas desarrollaron una resistencia a la enfermedad de chagas y por eso se enferman menos a pesar de convivir con la vinchuca. Se espera que PoblAr pueda encontrar asociaciones similares en otras enfermedades.

En la Argentina ya existía el Banco Nacional de Datos Genéticos  (BNDG), donde voluntarios que dudan de su identidad por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar pueden entregar una muestra para conocer si están siendo buscados por familiares de desaparecidos. “En el caso del Índice de Abuelidad del BNDG se toman solo algunos pocos marcadores que son necesarios para establecer el vínculo. Aquí hacemos un estudio más exhaustivo del genoma de las personas y no se cruzará la información de ambos bancos”, dijo Rolando González-José, doctor en Biología, director del CENPAT y coordinador del PoblAr.

De todas formas, hay estudios preliminares en el PoblAr que servirán para ver qué marcadores habría que tomar para realizar un índice de bisabuelidad, ya que el tiempo se está llevando la vida de algunas abuelas y sus nietos, por lo que habría que reconocer los vínculos genéticos que unen a cuatro generaciones.

El programa cuenta con financiamiento propio de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del MINCYT ypara iniciar las pruebas es necesario que los comités de bioética de cada provincia lo aprueben. Ya se cuenta con el visto bueno de los comités de la provincia de Buenos Aires y de Misiones, por lo que las pruebas están empezando allí. Las pruebas hoy no se van a hacer en todas las provincias pero es posible que el futuro se sumen más voluntarios de diferentes zonas.

Los registros serán anonimizados, es decir, que se guardarán en lugares distintos los datos personales de cada voluntario, como su nombre, y los datos del genóma, ya que solo interesa tener la información general para hacer el mapa genómico nacional, y no los datos individuales de cada persona. Además, representaría un riesgo a la privacidad de los voluntarios. “Con la Fundación Sadosky desarrollamos un software para proteger la información y para que sea accesible por los investigadores que la puedan necesitar”, explicó González-José.

La secuenciación del genoma se hará en el ANLIS Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que fue necesario que el programa tenga un carácter biministerial. Además, contó con la aprobación del COFECYT y el COFESA, los organismos federales de ciencia y de salud con representantes de estos ministerios de cada provincia.

Ya hay 34 muestras que se están analizando en ese instituto y llegarán muchas más cuando se completen las aprobaciones de los comités de bioética de los demás nodos del país. De momento, habrá nodos en provincia de Buenos Aires, CABA, Misiones, Chubut, Córdoba y Salta, aunque esperan que en el futuro puedan sumarse más.

El ANLIS Malbrán podrá analizar unas 300 muestras por año, con capacidades de equipamiento de última generación para análisis de ADN adquiridas durante la pandemia para hacer la secuenciación de las variantes de COVID. El análisis requiere una muestra de sangre similar a la de cualquier análisis de rutina y una entrevista de unos 40 minutos que incluye hábitos alimenticios y estilo de vida, enfermedades propias y del grupo familiar, entre otras.

Fuente AgendAR